Sospecha generalizada

ANTONIO MORALES MÉNDEZ (*)


A lo largo del tiempo que llevo manteniendo una cita semanal con los lectores de este medio he escrito, en muchas ocasiones, sobre la corrupción y el enorme peligro que supone su existencia para la democracia. Me he referido también muchas veces a los peligrosos abismos que se abren con las generalizaciones que aventan el desafecto y la duda sobre el sistema democrático, sus instituciones y representantes, pero no he dejado de plantear reflexiones sobre la insaciabilidad de los partidos políticos en su financiación y la perversa ligazón de la política con los negocios. Los últimos barómetros del CIS o los datos de Transparencia Internacional nos hablan de la peligrosa percepción ciudadana sobre la conexión de la política y la corrupción y como la crisis ha aumentado los casos de podredumbre social, institucional y política. Está claro que el problema existe y que tenemos que luchar contra él, pero su denuncia y combate no puede llevarnos nunca a la destrucción de la propia democracia. Y no cabe la menor duda de que para que eso sea posible tenemos que profundizar en la transparencia del Estado, en proteger a los ciudadanos electos más allá de la partitocracia y su oscura financiación como señaló a principios de año el Grupo de Estados contra la Corrupción(Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, en garantizar el funcionamiento de sus órganos y poderes y en ejercer de electores responsables de nuestros propios actos, desde el poder de nuestros votos, aunque con todas las limitaciones del mundo.

Hecha esta introducción, quiero dedicar las próximas líneas a un artículo publicado por Francisco J. Chavanel (La corrupción efectiva) en Canarias7. Citaba una conversación que había mantenido en su programa de radio con el empresario y dueño de Número 1 Amid Achi en la que éste, “con toda la sinceridad del mundo”, le planteaba que “en Senegal sólo tengo que pagar a uno mientras que aquí paso por doce y aún así no arreglo nada. Es una corrupción efectiva, no como la nuestra”. Y a partir de aquí es el periodista el que se explaya y nos sumerge en un mar de fangos del que nadie, absolutamente nadie, sale impoluto. Aquí no se mueve nada, en ningún sitio, si no se paga antes a funcionarios, partidos, políticos que gobiernan o están en la oposición…según se desprende de la confesión de Achi.

Ese mismo día los medios de comunicación se hacían eco del discurso del fiscal superior de Canarias, en la apertura del año judicial, en el que, entre otras cosas afirmaba que carecían de medios suficientes para actuar ya que “somos más jefes que indios”. No puede ser otra la razón, entiendo, por la que fiscalía no actúa de inmediato contra un empresario que hace este tipo de declaraciones en las que reconoce que está cometiendo delitos y que acusa, creando una enorme alarma social, a los funcionarios públicos y responsables políticos de flagrante corrupción. Y no es la primera vez que esto sucede. Con rotundidad entiendo que ante afirmaciones de este tipo los fiscales deberían actuar sin dilación porque se está atacando directamente a la línea de flotación de la democracia, más allá incluso del cuestionamiento de la honorabilidad y la legitimidad de las instituciones públicas y sus servidores, que ya es grave. Este señor que actúa creyéndose impune debería ser sometido de inmediato al imperio de la ley, que le debe recordar que no puede ser cómplice o protagonista de un delito como los que tan alegremente señala y difunde. Y si se trata de una fantasmada, de una boutade de riquísimo que está por encima del bien y del mal, pues que apechugue con sus consecuencias. Ya está bien de balandronadas que hacen muchísimo daño sin que paguen ningún precio en los tribunales. O que sea valiente y arremeta contra los que lo someten a sobornos y cohechos. Pero no está bien hacer tanto daño con generalizaciones y esconder la mano pusilánimemente. La sospecha se ha generalizado auspiciada por el populismo barato y, las informaciones interesadas para minar lo público, pero un Estado de Derecho no puede permitir impunemente que un señor, por muy número uno que sea, siembre el descrédito arbitrariamente sobre nuestra democracia, llena de imperfecciones, pero a la que no podemos renunciar.

La dignificación del servicio público no puede quedar al albur de un sistema judicial ineficaz, lento y sin recursos y desde luego no ayuda mucho a ello una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Pero hay que ponerse a ello y lo que se puede permitir es que se hagan oídos sordos ante manifestaciones tan dañinas como las del empresario tinerfeño. La corrupción se debe combatir con todas las fuerzas y todos los medios incluso porque, como da a entender este señor, limita las inversiones económicas por el miedo, el riesgo y la inseguridad que suponen.

Como dice el catedrático de derecho constitucional argentino José Miguel Onaindia, “la sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la iniquidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza del sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública”.

En el mismo sentido se ha expresado en muchas ocasiones Josep Ramoneda: “la defensa de la política se está convirtiendo en una urgencia. Cada paso más en su descrédito es un triunfo del poder económico en su intento de controlarlo todo. Sin política, es la inmensa mayoría de la ciudadanía la que queda al pairo...Por eso creo que tenemos que exigirnos y exigir a todos los sectores implicados –política, justicia y medios de comunicación- mayor ecuanimidad en el juicio crítico. No hay nada que favorezca más a los corruptos que la sospecha generalizada. Si se tira indiscriminadamente contra todos –corruptos y no corruptos-, es evidente que los que salen beneficiados son los corruptos y los corruptores. Hay que defender el honor de la política y de los políticos responsables, que son muchos, precisamente para que no queden impunes los políticos corruptos”.

Por eso, ante afirmaciones como las realizadas por Amid Achi la fiscalía debe actuar sin demora y con contundencia. Porque nos jugamos mucho.

(*) Antonio Morales Méndez es alcalde de Agüimes