lunes, 11 de noviembre de 2013

Alternativa Galega de Esquerda, un ejemplo de frente popular

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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf09-11-2013


La viceportavoz de AGE en el parlamento gallego, Yolanda Díaz, participa en un acto de EUPV-IU y Acontracorrent


Enric Llopis



Antes de que se celebraran las elecciones autonómicas en Galicia (octubre de 2012), se configuró una fórmula que pretendía asemejarse a Syriza y al tradicional modelo de frente popular, con el fin de arrebatarle la hegemonía al PP. Una malgama formada por Esquerda Unida (IU), ANOVA (escisión del Bloque Nacionalista Galego liderada por Xosé Manuel Beiras), Equo-Galicia y el Espazo Ecosocialista. Con 9 diputados y el 14% de los sufragios, AGE (Alternativa Galega de Esquerda) alcanzó la tercera posición tras el PP y el PSOE. Actualmente, el objetivo es mantener la “unidad de acción” para derrotar a las “políticas oligárquicas” del PP, ha declarado la viceportavoz de AGE en el parlamento gallego, Yolanda Díaz, en unas jornadas organizadas por EUPV-IU, el sindicato Acontracorrent y la Universitat de València. ¿Resulta el modelo exportable?
La unidad de las distintas formaciones de izquierda (la idea de Frente Popular tan en boga) cuajó en Galicia. A ello contribuyó, sin duda, la figura del histórico Beiras como cabeza de cartel y catalizador de la idea. La novedad residía, según Yolanda Díaz, coordinadora de la Federación Gallega de IU, en la coincidencia de organizaciones con visiones muy diferentes del modelo territorial. Nacionalistas, federalistas e independentistas (con planteos progresistas o de izquierda) se dieron la mano para derrotar al PP en una coyuntura histórica crítica, según Díaz, “cuando se están liquidando las conquistas históricas del movimiento obrero, las mujeres y el menguado estado del bienestar con el que contábamos”. En la primera semana de campaña, a partir de un sonado mitin celebrado en el Pazo da Ópera de A Coruña con representantes de Syriza y el Front de Gauche, se vio que la idea podía prosperar.
La clave es, según Yolanda Díaz, entender la importancia de la unidad de acción “en una coyuntura de guerra ideológica brutal” (“El capitalismo es sobre todo un sistema de ideas y valores”, añade). “Y la guerra de clases, por ahora, la van ganando ellos”. El diagnóstico acertado parece que puede rendir frutos, de acuerdo con encuestas recientemente publicadas. AGE podría ser, según estos sondeos, la segunda fuerza política de Galicia (por delante del PSOE) con 18-20 diputados en las próximas elecciones. Además, la coalición superaría al partido socialista en ciudades como Ferrol (donde el PSOE superó a AGE en los anteriores comicios por un voto), A Coruña y Santiago (donde en las últimas elecciones AGE ya resultó más votada que el PSOE). Los indicios de “sorpasso” ya se perciben en la actualidad política gallega, en la que, a juicio de Yolanda Díaz, “cada vez se observa con más claridad la polarización PP/AGE”.
La gran cuestión es si la idea de Frente Popular, de unidad de acción entre las izquierdas más allá del sectarismo y la miopía política, puede extenderse en el estado español. Si el modelo puede trascender la política gallega. Yolanda Díaz responde afirmativamente y asegura que no queda otra opción. Y apunta algunos ejemplos del campo del que procede, el Derecho: Las normas promovidas por Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría implican un proceso destituyente del título VIII de la Constitución, que afecta a la cuestión territorial. La nueva legislación sobre municipios supone una “salvaje recentralización” y, en el caso gallego, defiende “la supresión de parroquias y comarcas, unas formas de organización territorial consustanciales a Galicia”. La LOMCE de Wert apunta en la misma dirección, por ejemplo, con el diseño de currículos desde el estado central. Otro ejemplo que abunda en la legislación reactiva es el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, señala Yolanda Díaz, “pues condena a la clase trabajadora al precariado, la pobreza y a la generalización del salario mínimo (645 euros)”.
En ese contexto de crisis (“que aprovechan para convertirnos en siervos”) y de un cambio de paradigma socioeconómico, Yolanda Díaz subraya la necesidad de los frentes populares (o la fórmula Syriza) por muchas razones. El sociólogo portugués Boaventura da Sousa Santos, entre otros muchos, ha señalado las semejanzas entre la crisis actual y la de los años 30, cuando los frentes populares eclosionan. “Necesitamos mayorías sociales”, afirma Díaz. ¿Cómo construirlas? “Agregando fuerzas entre partidos y movimientos de izquierda, incluidas las de los territorios históricos” (el acuerdo para la constitución de AGE incluía entre sus puntos el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos; se daba, así, una convergencia entre organizaciones federalistas como IU, con otras nacionalistas, independentistas y confederalistas). En la noción de “unidad” también insiste machaconamente Alexis Tsipras, líder de Syriza. Por eso, Yolanda Díaz hace hincapié en que Izquierda Unida (organización en la que es responsable de la secretaría de Políticas Sociales) “no es un fin en sí mismo”.
Para que “Syriza” no se convierta en una mera “marca” o tópico huero, se requiere una definición del contenido. Yolanda Díaz rescata una consigna de la coalición griega que puede, a su juicio, orientar la acción de la izquierda en Galicia y en todo el estado español: “Vamos a por los poderosos”. “Feijóo representa a la Troika en nuestro país y tenemos el deber ético de derrotarlo”. Para ello, siguiendo el paradigma heleno, “hay que sumar”. Díaz señala la fuerte coincidencia que se da entre los planteos de AGE y los movimientos sociales en cuestiones sanitarias, educativas o ambientales, entre otras. Hay, por tanto, un camino ya recorrido. Además, puede que en la hegemonía del PP gallego se esté abriendo alguna fisura. En las últimas elecciones autonómicas Núñez Feijóo revalidó su mayoría absoluta y el PP aumentó sus escaños a pesar de perder 140.000 votos. Actualmente, destaca Yolanda Díaz, “las encuestas apuntan a que perdería la mayoría absoluta, por eso pretenden ahora cambiar la ley electoral; los votantes del PP parece que cuestionan la política de ajustes y recortes”.
Si al País Valenciano se le conoce, a grandes rasgos y fuera del territorio, por la cultura de los “grandes eventos” y la corrupción; a la comunidad de Madrid, por sus políticas Thatcherianas, antisindicales y, en algunos casos, incluso a la derecha del propio Rajoy, ¿qué singularidades podrían entresacarse de la Galicia de Feijóo? Según Yolanda Díaz, “es éste un país expoliado, con los recursos productivos (industria, minería o fuentes de energía) que se le han arrebatado al pueblo gallego para entregarlos a los intereses oligárquicos que tan bien representa Feijoo”. Con una política lingüística que roza extremos a los que no llegó Fraga Iribarne. Tampoco está exenta Galicia de los efectos del rodillo neoliberal.
Díaz apunta, entre otros muchos casos, la política de copagos en los comedores escolares, que en municipios rurales está produciendo estragos; destaca que en Lugo “hay padres que se han declarado insumisos a esta medida, por la que se cobra entre 1,5 y 4 euros en el uso del comedor cuando en Galicia viven 200.000 personas en paro sin ninguna prestación y el 26% de la población se halla en situación de pobreza”; o el copago de medicamentos en los hospitales, que otras autonomías han rechazado mientras Feijóo lo aceptaba incluso reconociendo que no supondrá un ahorro relevante. Así las cosas, recuerda Díaz, en políticas de ajuste y reducción del déficit, el presidente gallego es un alumno aventajado: “empezó a aplicarlas incluso antes que Rajoy”, recuerda.
Para combatir al enemigo político, conviene definirlo y caracterizarlo. ¿Quién es Núñez Feijóo? “Un desclasado al servicio de los poderosos; una persona que procede de un pueblo de Ourense, de familia humilde, y que ha decidido alejarse de su clase social para atacarla; además, parece un césar laureado, pero al que nadie le recuerda que es mortal”. Como a un “hooligan de la privatización” le señaló también Yolanda Díaz en una rueda de prensa. Al final, el discurso de AGE puede resumirse en términos muy simples: “el derecho a la vivienda, empleo digno, pensiones y cobertura social; esto es en lo que fuimos capaces de ponernos de acuerdo y dejamos otras cuestiones ideológicas para otros momentos históricos”, resumía Yolanda Díaz en una entrevista a Efe antes de las últimas elecciones autonómicas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

domingo, 10 de noviembre de 2013

Lo peor de lo de Wert no es Wert

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JESUS MARAÑA


Actualizada 05/11/2013 a las 22:39  

El último escándalo generado por (o a través de) el personaje es elrecorte de las becas Erasmus, su defensa de la medida y finalmente la rectificación (provisional) tras la presión recibida desde el propio PP, el Gobierno y la Comisión Europea. Lo que hizo el Gobierno fue colar en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de octubre una orden ministerial que cambia, sin ningún aviso previo y con el curso ya iniciado, los requisitos exigidos a los alumnos de Erasmus para obtener una ayuda que ronda los 120 euros mensuales. Denunciada la maniobra por estudiantes y familias, Wert continuó en la mañana de este martes defendiendo su medida, y explicándola como una "priorización de las becas de carácter general" y una forma de favorecer a los "estudiantes con menos recursos". Tras mantener un "diálogo" con el presidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ministro de Educación ha anunciado una marcha atrás de carácter "transitorio y limitado". Es decir, asumen que es un disparate cambiar las reglas a mitad de partido (salvando las enormes distancias, es lo que dice la sentencia de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'). Pero se trata de una marcha atrás "provisional", sólo para resolver el problema de los alumnos que ya están en las universidades de destino. El próximo curso se aplicará la nueva 'doctrina Wert' sobre los requisitos de Erasmus.
No hay rectificación de fondo

Ni el ministro ni su mano derecha (e izquierda), la secretaria de Estado Montserrat Gomendio, se sienten "desautorizados" por haber tenido que rectificar. Y no es extraño. Más allá del cuajo demostrado por Wert ante las mil polémicas ya generadas, lo cierto es que no hay rectificación de fondo. Ni tampoco de formas, que en este caso también son graves. El Gobierno está asentando ya como costumbre introducir en el BOE medidas que afectan a la gente sin ofrecer la menor explicación previa. Ha ocurrido con los alumnos de Erasmus lo mismo que en su día ocurrió con las ayudas a la dependencia, cuyo recorte no se consideró suficientemente "interesante" como para informar del mismo tras el consejo de ministros. Por lo demás, la capacidad de improvisación de medidas y contramedidas de este Gobierno recuerda aquella exitosa insistencia del PP en calificar a Zapatero como un improvisador cuasi profesional.

En el PP y en el Gobierno hablan de Wert como si fuera un pariente lejano y pesado al que hay que soportar en navidad. Mientras tanto, el Gobierno va enviando al Congreso o colando en el BOE recortes en la educación o ayudas a los colegios que segregan por sexo. Se van aprobando medidas que coinciden con los intereses de la Iglesia mientras se rechazan todas y cada una de las reclamaciones de profesores, padres o sindicatos de la educación. La mayoría absoluta sirve para vender como revolucionaria una Ley de Transparencia más bien oscura y para utilizar la opacidad con el mismo desparpajo.

Mientras Wert entretiene las tertulias y bate récords como trending topic, los datos quedan en segundo plano: en 2011 el presupuesto destinado por el ministerio al programa Erasmus fue de 62,7 millones de euros; para 2014 se han presupuestado 18,1 millones. Es decir que en tres años se ha recortado más de un 70%. Y no es culpa exclusiva de Wert, ni siquiera del Gobierno. La propia Comisión Europea, con su infatigable apuesta por la austeridad, se está cargando lo que ha sido un buen instrumento para construir la idea de Europa y para ayudar a decenas de miles de estudiantes a ampliar experiencias, conocimientos y posibles contactos para su futuro profesional. ¿Es mejorable la gestión de los fondos destinados a las becas Erasmus? Seguro que sí. Pero es mucho más fácil recortar a golpe de BOE y difundir la idea de que los alumnos de Erasmus se dedican (mayormente) al botellón.  

EL MUNDO SE LIBERA DE EEUU

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NOAM CHOMSKY

Durante el más reciente episodio de la farsa de Washington que ha dejado atónito al mundo, un comentarista chino escribió que si Estados Unidos no puede ser un miembro responsable del sistema mundial, tal vez el mundo deba separarse del Estado rufián que es la potencia militar reinante, pero que pierde credibilidad en otros terrenos.
La fuente inmediata de la debacle de Washington fue el brusco viraje a la derecha que ha dado la clase política. En el pasado se ha descrito a Estados Unidos con cierto sarcasmo, pero no sin exactitud, como un Estado de un solo partido: el partido empresarial, con dos facciones llamadas republicanos y demócratas.
Ya no es así. Sigue siendo un Estado de un solo partido, pero ahora tiene una sola facción, los republicanos moderados, ahora llamados nuevos demócratas (como la coalición en el Congreso ha dado en designarse): existe una organización republicana, pero hace mucho tiempo que abandonó cualquier pretensión de ser un partido parlamentario normal. El comentarista conservador Norman Ornstein, del Instituto Estadunidense de Empresa, describe a los republicanos actuales como una insurgencia radical, ideológicamente extremista, que se burla de los hechos y de los acuerdos, y desprecia la legitimidad de su oposición política: un grave peligro para la sociedad.
El partido está en servicio permanente para los muy ricos y el sector corporativo. Como no se pueden obtener votos con esa plataforma, se ha visto obligado a movilizar sectores de la sociedad que son extremistas, según las normas mundiales. La locura es la nueva norma entre los miembros del Tea Party y un montón de otras agrupaciones informales.
El establishment republicano y sus patrocinadores empresariales habían esperado usar esos grupos como ariete en el asalto neoliberal contra la población, para privatizar, desregular y poner límites al gobierno, reteniendo a la vez aquellas partes que sirven a la riqueza, como las fuerzas armadas.
Ha tenido cierto éxito, pero ahora descubre con horror que ya no puede controlar a sus bases. De este modo, el impacto en la sociedad del país se vuelve mucho más severo. Ejemplo de ello es la reacción violenta contra la Ley de Atención Médica Accesible y el cierre virtual del gobierno.
La observación del comentarista chino no es del todo novedosa. En 1999, el analista político Samuel P. Huntington advirtió que para gran parte del mundo Estados Unidos se convertía en la superpotencia rufiana, y se le veía como la principal amenaza externa a las sociedades.
En los primeros meses del periodo presidencial de George Bush, Robert Jervis, presidente de la Asociación Estadunidense de Ciencia Política, advirtió quea los ojos de gran parte del mundo el primer Estado rufián hoy día es Estados Unidos. Tanto Huntington como Jervis advirtieron que tal curso es imprudente. Las consecuencias para Estados Unidos pueden ser dañinas.
En el número más reciente de Foreign Affairs, la revista líder del establishment, David Kaye examina un aspecto de la forma en que Washington se aparta del mundo: el rechazo de los tratados multilaterales como si fuera un deporte. Explica que algunos tratados son rechazados de plano, como cuando el Senado votó contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades en 2012 y el Tratado Integral de Prohibición de Ensayos Nucleares en 1999.
Otros son desechados por inacción, entre ellos los referentes a temas como derechos laborales, económicos o culturales, especies en peligro, contaminación, conflictos armados, conservación de la paz, armas nucleares, derecho del mar y discriminación contra las mujeres.
El rechazo a las obligaciones internacionales, escribe Kaye, se ha vuelto tan arraigado que los gobiernos extranjeros ya no esperan la ratificación de Washington o su plena participación en las instituciones creadas por los tratados. El mundo sigue adelante, las leyes se hacen en otras partes, con participación limitada (si acaso) de Estados Unidos.
Aunque no es nueva, la práctica se ha vuelto más acentuada en años recientes, junto con la silenciosa aceptación dentro del país de la doctrina de que Estados Unidos tiene todo el derecho de actuar como Estado rufián.
Por poner un ejemplo típico, hace unas semanas fuerzas especiales de Estados Unidos raptaron a un sospechoso, Abú Anas Libi, de las calles de Trípoli, capital de Libia, y lo llevaron a un barco para interrogarlo sin permitirle tener un abogado ni respetar sus derechos. El secretario de Estado John Kerry informó a la prensa que esa acción era legal porque cumplía con las leyes estadunidenses, sin que se produjeran comentarios.
Los principios solo son valiosos si son universales. Las reacciones serían un tanto diferentes, inútil es decirlo, si fuerzas especiales cubanas secuestraran al prominente terrorista Luis Posada Carriles en Miami y lo llevaran a la isla para interrogarlo y juzgarlo conforme a las leyes cubanas.
Sólo los estados rufianes pueden cometer tales actos. Con más exactitud, el único Estado rufián que tiene el poder suficiente para actuar con impunidad, en años recientes, para realizar agresiones a su arbitrio, para sembrar el terror en grandes regiones del mundo con ataques de drones y mucho más. Y para desafiar al mundo en otras formas, por ejemplo con el persistente embargo contra Cuba pese a la oposición del mundo entero, fuera de Israel, que votó junto con su protector cuando Naciones Unidas condenó el bloqueo (188-2) en octubre pasado.
Piense el mundo lo que piense, las acciones estadunidenses son legítimas porque así lo decimos nosotros. El principio fue enunciado por el eminente estadista Dean Acheson en 1962, cuando instruyó a la Sociedad Estadunidense de Derecho Internacional de que no existe ningún impedimento legal cuando Estados Unidos responde a un desafío a su poder, posición y prestigio.
Cuba cometió un crimen cuando respondió a una invasión estadunidense y luego tuvo la audacia de sobrevivir a un asalto orquestado para llevar los terrores de la Tierra a la isla, en palabras de Arthur Schlesinger, asesor de Kennedy e historiador.
Cuando Estados Unidos logró su independencia, buscó unirse a la comunidad internacional de su tiempo. Por eso la Declaración de Independencia empieza expresando preocupación por el respeto decente por las opiniones de la humanidad.
Un elemento crucial fue la evolución de una confederación desordenada en una nación unificada, digna de celebrar tratados, según la frase de la historiadora diplomática Eliga H. Gould, que observaba las convenciones del orden europeo. Al obtener ese estatus, la nueva nación también ganó el derecho de actuar como lo deseaba en el ámbito interno. Por eso pudo proceder a librarse de su población indígena y expandir la esclavitud, institución tan odiosa que no podía ser tolerada en Inglaterra, como decretó el distinguido jurista William Murray en 1772. La avanzada ley inglesa fue un factor que impulsó a la sociedad propietaria de esclavos a ponerse fuera de su alcance.
Ser una nación digna de celebrar tratados confería, pues, múltiples ventajas: reconocimiento extranjero y la libertad de actuar sin interferencia dentro de su territorio. Y el poder hegemónico ofrece la oportunidad de volverse un Estado rufián, que desafía libremente el derecho internacional mientras enfrenta creciente resistencia en el exterior y contribuye a su propia decadencia por las heridas que se inflige a sí mismo.
El libro más reciente de Noam Chomsky es Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire. Interviews with David Barsamian (Conversaciones sobre levantamientos democráticos en el mundo y los nuevos desafíos al imperio de Estados Unidos). Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Mass., EU. (c) 2013, Noam Chomsky Distributed by The New York Times Syndicate.

Los socialismos español y catalán son históricamente distintos

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Los últimos desencuentros entre el PSC y el PSOE dan cuenta de una difícil relación que no viene de ahora, sino que se remonta a la aparición del socialismo en España.



Los últimos desencuentros entre el PSC y el PSOE dan cuenta de una difícil relación que no viene de ahora, sino que se remonta a la aparición del socialismo en España. Ambas organizaciones representan dos socialismos que en realidad siempre han sido distintos desde sus respectivos orígenes, y que también han tenido evoluciones ideológicas y orgánicas diversas. El PSOE proviene del grupo marxista que en 1873 se organizó en torno al diario La Emancipación dentro de la sección española de la AIT, de mayoría anarquista. Fue el grupo embrionario del PSOE, constituido seis años después en Casa Labra. El origen del socialismo español es, pues, el marxismo internacionalista. En cambio, el socialismo catalán proviene del republicanismo federal que, de la mano de Valentí Almirall, rompe en 1881 con el Partido Federal de Pi y Margall. Almirall (“Lo catalanisme”, 1886) defendió entonces un federalismo particularista que daría lugar a la corriente liberal y republicana del nacionalismo catalán, como más tarde Prat de la Riba (“La nacionalitat catalana”, 1906) sería el inspirador del nacionalismo conservador.
Ya entre los años 1880 y 1882, los grupos socialistas de Madrid y de Barcelona intentaron acordar un programa conjunto, con la mediación de Fernando Mora. Sin embargo, Pablo Iglesias y José Pamias no se entendieron, lo que dio lugar a la marcha de éste y la formación de un efímero Partido Socialista Oportunista. El socialismo barcelonés era reformista y federalista, mientras que el madrileño mantenía una retórica revolucionaria y combinaba el internacionalismo obrero con la asunción unitaria de la nacionalidad española y el rechazo al federalismo.
Una generación posterior de socialistas catalanes se organizó, a partir de una conferencia pronunciada en 1910 por Gabriel Alomar, para defender la síntesis entre nacionalismo y socialismo. La polémica de 1914 entre Andreu Nin y Antonio Fabra Ribas en las páginas del periódico La Justicia Social marca el inicio de un enfrentamiento entre el socialismo español y el catalanista. Esos socialistas catalanes (Nin, Alomar, Campalans, Serra i Moret, Martí Julià, los Xirau, Vidiella, Comorera) actuaron como una corriente del nacionalismo republicano y pretendieron copar la dirección de la Federación Catalana del PSOE apoyados por Recasens i Mercader, su presidente, que sin ser nacionalista sí era partidario de la autonomía y de la promoción de la lengua catalana. A través de ella, quisieron federalizar al PSOE, consiguiendo la aprobación, de la mano de Julián Besteiro, de una moción que reclamaba la Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas en el XI Congreso de 1918Sin embargo, esa resolución sería sustituida, en el congreso extraordinario de 1919, por otra más moderada que defendía la autonomía regional de tipo gradual y que marcaría la doctrina del PSOE hasta la guerra civil. En consecuencia, esa hornada de socialistas catalanistas abandonaron el partido y fundaron, en 1923, la Unió Socialista de Catalunya, dirigida por Serra i Moret, Rafael Campalans y luego Joan Comorera. En ese mismo año tuvo lugar una nueva polémica entre Campalans y Fabra Ribas, apoyado esta vez por Indalecio Prieto, que marcaría la ruptura entre ambos socialismos y una difícil reconciliación futura.
Durante la Segunda República, Juan Simeón Vidarte, dirigente socialista y secretario primero de las Cortes, intentó integrar a los cuatro diputados de la USC en el grupo del PSOE, pero no lo consiguió porque, según dice en sus memorias (“Todos fuimos culpables”, 1973)fueron a dos reuniones pero no se entendieron. En los años 1933 y 1934 tuvo lugar un intento de fusión que estuvo cerca de llegar a buen puerto, pero Largo Caballero y Comorera, los máximos dirigentes de ambas organizaciones, no alcanzaron un acuerdo laboriosamente trabajado por Enrique de Francisco. Básicamente, Largo Caballero no aceptaba la soberanía de la USC en la política catalana ni la disolución de la Federación de Barcelona, profundamente anticatalanista y perteneciente a su corriente interna en el PSOE. La unidad socialista en Cataluña se produciría poco antes de la guerra civil al integrarse ambas organizaciones en el PSUC, dirigido por Comorera.
Finalmente, el Congreso de Montjuïc de 1978 permitió la unidad de las tres organizaciones socialistas que actuaban en Cataluña: el PSC Congrés de Joan Raventós, el PSC-Reagrupament de Josep Pallch, y la Federación Catalana del PSOE de Josep Mª Triginer. Se trató más de una unidad orgánica que ideológica. Los dirigentes del PSC- Congrés consiguieron copar la dirección y el rumbo ideológico del socialismo catalán hacia el viejo nacionalismo en el que siempre estuvieron integrados. En realidad, más que una unidad entre las tres organizaciones territoriales, se trató de un pacto entre las direcciones del PSC-Congrés y del PSOE, por la que los socialistas catalanes recuperaban la soberanía en la política catalana que Largo Caballero negó a Comorera, a cambio de integrarse plenamente en la estrategia del PSOE en la política nacional.
Esta unidad orgánica no ha podido ocultar, con el paso de los años, la lealtad dividida tanto de la militancia como del electorado socialistas. A pesar del fuerte compromiso del PSC con el proyecto socialista español durante los años 80, desde las primeras elecciones autonómicas de 1980, en las que se daba por descontado el triunfo de Raventós, ha habido siempre un desfase cualitativo entre los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y generales, llegando al 50 %. Si bien el PSC ha obtenido tradicionalmente unos magníficos resultados en las legislativas, llegando casi a doblar a CiU en votos y escaños, en cambio en las autonómicas ha sucedido normalmente al revés. Eso indica que aproximadamente la mitad del electorado socialista que ha apoyado al PSC en las generales, por identificarse con el PSOE, ha dejado de votarle en las autonómicas, y no para ir a otros partidos sino para nutrir la abstención. Esto se puede comprobar comparando sus resultados y la participación entre ambos tipos de elección en las zonas en las que el PSC normalmente ha sido el partido más votado en las legislativas y en las municipales. No se trata del clásico desfase que puede sufrir un partido de ámbito estatal entre unas elecciones generales –más favorables- y unas autonómicas –más localistas-. Es un problema particular, pues ese desfase indica que una buena parte del electorado socialista de Cataluña siempre se ha identificado más con el PSOE que con el PSC, actuando cuando éste le aportaba a aquél sus votos y sus escaños. Este electorado ha acabado por abandonar al PSC tras su apoyo al Estatut, el pacto con ERC y la deriva nacionalista bajo la dirección de Pasqual Maragall.
El socialismo catalán nunca ha sido la versión catalana del socialismo español, sino la versión socialista del nacionalismo catalán. Su prioridad ha sido siempre la construcción nacional de Cataluña, para desde su soberanía pactar federalmente con España. El nuevo federalismo del PSOE, en cambio, pretende que España sea un Estado federal de tipo orgánico y cooperativo, lo que es muy distinto. Ambos defienden federalismos distintos. Constatar esto nos permite entender las discrepancias actuales. Cuando el PSC defiende el Estatut de 2005, el carácter nacional de Cataluña y el derecho de autodeterminación, está siendo coherente con la historia del socialismo catalán. Y cuando el PSOE recorta el Estatut en las Cortes, defiende la soberanía nacional española y rechaza el derecho de autodeterminación, es también coherente con la historia del socialismo español en este aspecto. En el fondo se trata de dos socialismos que siempre han sido, y siguen siendo, distintos y difícilmente conciliables. Como lamentablemente lo son Cataluña y el resto de España.

La desigualdad

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El Nobel de Economía Stiglitz es uno de los científicos sociales que han situado a la desigualdad en el frontispicio de sus reflexiones. En uno de sus últimos trabajos destaca que a los desastres naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis… hay que añadir al menos otro provocado por el hombre: la desigualdad. “Ignorar deliberadamente las lecciones del pasado es un acto criminal”, dice. Todo modelo de desarrollo que no aborde la tendencia global a una desigualdad exponencial en el seno de los países acabará enfrentándose a una crisis de legitimidad.
Otros dos premios Nobel de Economía, Robert Shiller y George Akerlof (marido de la flamante próxima presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, una de las personas con más poder en el planeta: pone precio al dinero), dicen que el concepto de igualdad no solía figurar en los análisis económicos: “La teoría económica siempre lo ha arrinconado. Basta mirar los libros de texto. Aunque algunos mencionan la equidad, normalmente la relegan a figurar al final de algún capítulo, e incluso del libro (…). Hablar de equidad con algunos economistas equivale a eructar en una cena de gala: sencillamente no se hace” (Animal spirits. Editorial Gestión, 2000).

La gente opina que las reglas políticas han beneficiado a los de arriba
La igualdad ha formado históricamente parte del ADN de los partidos socialdemócratas. Por motivos sociales. La novedad que aporta el documento de laConferencia Política del PSOE (Ganarse el futuro) es que asume la teoría de los últimos estudios del FMI y de economistas de moda como Enmanuel Sáez y Thomas Piketty, que destacan que sin un cierto grado de igualdad (de oportunidades y de resultados, de rentas y patrimonios) no se pueden conseguir la eficacia económica y el crecimiento para crear empleo.
La mayor dificultad para el PSOE es cómo ser creíble en la contención de esa lacra que ha hecho de España uno de los países más desiguales de Europa, junto a Portugal, Bulgaria y Letonia. Si se repasa lo ocurrido en los 37 años de democracia española en relación con la evolución de la desigualdad, hay dos etapas diferenciadas: durante los años de UCD (los salarios subían más que la inflación) y los socialistas de Felipe González (se universalizó la protección social y el Estado del bienestar), la desigualdad se redujo con más o menos ahínco. A partir de 1996 (las dos legislaturas de Aznar y las de Zapatero), la desigualdad aumenta porque se distribuyen peor los frutos de ese largo ciclo de crecimiento económico de 14 años y medio. En este aspecto, el PSOE tiene que hacer un profundo acto de contricción.
¿A qué se debe el incremento de la desigualdad? No solo, como dicen los tecnócratas, a la globalización y a la multiplicación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchos países se han abierto y se han digitalizado tanto como España y no son tan desiguales. Juegan un papel igual de significativo en la conformación de la renta las instituciones políticas, las regulaciones públicas, la relevancia de los impuestos, así como las normas sociales (la legislación del mercado de trabajo). A todas ellas dedica espacioGanarse el futuro, con especial énfasis en una reforma fiscal progresiva. Los filósofos materialistas, desde Platón y Aristóteles, pasando por economistas como Adam Smith, Jeremy Bentham, David Ricardo, John Stuart Mill, Marx, Alfred Marshall o Keynes, han escrito a favor de la fiscalidad progresiva. Incluso Milton Friedman inventó el impuesto negativo de la renta. Los impuestos son civilización: en vista de los niveles de gasto que hay que financiar, elegir recaudar menos entre las rentas altas exige recaudar más entre las rentas más bajas. Dadas las tesis de Zapatero (“bajar los impuestos es de izquierdas” o la redistribución se hace a través de los gastos pero no de los ingresos), el nuevo PSOE, sea quien sea el que lo lidere, habrá de hacer un esfuerzo para recuperar la fiabilidad entre la ciudadanía, tan deteriorada.
Las percepciones de injusticia afectan al comportamiento de la gente, que opina que las reglas políticas del juego han beneficiado directamente a los de arriba, garantizando que tengan una voz desproporcionada. Las protestas no se deben tanto a la dureza de las circunstancias económicas de la época como a la forma desigual en que se han visto afectados los distintos segmentos de la sociedad.
La periodista del Financial Times Gillian Tett ha escrito que a veces lo más importante es aquello de lo que no se quiere hablar. A veces, los silencios ayudan a reproducir un sistema y una estructura de poder a lo largo del tiempo. En las recientes memorias de Aznar (El compromiso del poder. Editorial Planeta) o en el programa electoral del PP (Súmate al cambio) apenas hay referencias, casi retóricas, a la igualdad de oportunidades, y ninguna a la tendencia a una cierta igualdad de resultados. Pero esta última tiene su importancia: a los niños que crecen en la pobreza, situación tan común hoy, les resulta mucho más difícil obtener una buena educación que a los niños que se educan en un entorno más acomodado y con más apoyo. La desigualdad arruina tanto las aspiraciones como los logros.