miércoles, 12 de diciembre de 2012

¿Hacia un Govern ectópico?

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J. RAMÓN GONZÁLEZ CABEZAS


Eldiario.es






CiU y ERC ultiman las condiciones para la formación de una suerte de Gobierno ‘ectópico’, en el que el centro de poder se instala fuera del lugar habitual para la gestación y el desarrollo de su propia vida. Como es sabido, este tipo de embarazos atípicos tiene una duración muy limitada, aunque en política los diagnósticos no rigen igual que en la medicina y las ciencias en general. Sea como fuere, el virtual pacto de gobierno entre ambas fuerzas soberanistas nacerá lastrado de forma inexorable por la dependencia de la federación nacionalista de su socio parlamentario, ubicado estratégicamente fuera del Ejecutivo pero con una influencia determinante sobre su programa de gobierno, su composición y, sobre todo, su fecha de caducidad. Artur Mas firmaría ahora mismo, sin duda, por volver donde estaba antes del 11-S.

El sigilo de las negociaciones no ha podido ocultar las diferencias entre ambas fuerzas. A cambio de asumir el trago de avalar un nuevo recorte de 4.000 millones, ERC exige convocar un referéndum en dos años, no más allá de la fecha simbólica de 2014, y un “giro social” que incluye una subida de tributos con la restitución del impuesto de sucesiones y un nuevo gravamen a la banca, así como la desaparición del euro por receta. El país asiste expectante al desenlace de esta ecuación inverosímil, que obligaría a Artur Mas a desdecirse ante sectores de su propio electorado a cambio de obtener la investidura en el Parlament y garantizar la estabilidad del nuevo Gobierno. Pese al batacazo de su órdago electoral, que ha servido para convertir a ERC en la llave maestra de la política catalana, el dirigente de CiU ha optado por profundizar su apuesta soberanista al amparo del simple recuento de escaños teóricamente afines en la nueva cámara. De la épica a las matemáticas.

Escenario de “wértigo”

La aportación del ministro Wert al inminente alumbramiento del frontismo en el Parlament de Catalunya no es menor y hasta se diría perfectamente calculada. La hipótesis de que el “abrazo del oso” con ERC y la incipiente desestructuración de UDC podrían romper CiU y acabar con CDC como fuerza central de Catalunya, parece salida de los laboratorios de la FAES. Allí donde el titular de Educación, Cultura y Ciencia (sic) ejerce con entusiasmo taurino como gran chamán de la revolución españolizadora abanderada por José Mª Aznar desde el cambio de siglo.

Una vez más, un “borrador” ha servido para dar alas al independentismo en un momento crucial del debate interno de Catalunya. El texto del pretencioso proyecto de ley de Mejora de la Calidad de la Educación, ha operado como una auténtica inyección en vena para sellar el pacto histórico entre Mas y Junqueras, además de resucitar la movilización social a favor de la secesión. El ministro Wert, que confiesa con deleite crecerse con el castigo como los toros, se ha apuntado el dudoso mérito de volver a inundar el centro de Barcelona de miles de personas clamando por la independencia y exhibiendo gigantescas banderas esteladas en defensa de la inmersión lingüística. La movilización arreciará con toda seguridad mientras persista la amenaza sobre el modelo de escolarización de Catalunya, sobre el que existe un consenso político y social extraordinariamente amplio.

No se trata de un artificio o una ficción colectiva. Está dicho y escrito hasta la saciedad que este modelo singular de escolarización en lengua catalana es la clave que explica la cohesión social de Catalunya tras el fin de la dictadura. Su aplicación en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria, que se remonta incluso al año 1978, se ha demostrado con creces como una experiencia de discriminación positiva exitosa desde el punto de vista pedagógico y social. Otra cosa es la instrumentación o apropiación de este modelo al servicio de ideas políticas o esquemas de orden sociocultural asociados a ellas.

El nuevo foco de discordia en torno a la cuestión lingüística amenaza con lubricar “ad nauseam” el proceso de constitución del nuevo Parlament y el trámite de investidura que debe dar lugar a un nuevo gobierno coherente con el sufragio popular. La “embestida” del “toro Wert” no hace otra cosa que contaminar el debate y, lo que es mucho peor, situar de nuevo en la pugna política algo que debería ceñirse al ámbito de la pedagogía y la competencia. Una vez más, hay que decir que los constituyentes perdieron en su día la gran ocasión de dotar a España de un modelo de enseñanza básica acorde con la realidad pluricultural y plurilingüe del país, de modo que todos los escolares conocieran y asumieran como patrimonio común las lenguas cooficiales propias de las comunidades históricas.

¿Gobierno de unidad?

El inesperado pronunciamiento del PSC en favor de un gobierno de “unidad nacional”, encabezado por un candidato de CiU que “preferiblemente” no sea Artur Mas, bucea en las aguas de un posible impasse en las negociaciones entre las dos primeras fuerzas surgidas de las urnas. Las crecientes muestras de incomodidad de Duran i Lleida, que rechaza el papel de chivo expiatorio del fiasco electoral y se opone a aceptar la exigencia de ERC de poner fecha a la consulta, mantienen abierta la hipótesis de un bloqueo de última hora de efectos imprevisibles.

Hay muchas cosas en juego y las presiones arrecian desde todos los sectores en múltiples direcciones. El inquietante escenario de un pacto de “media” legislatura entre CiU y ERC, que culminaría con la convocatoria de una consulta popular que volvería a recomponer el mapa político de Catalunya dentro de dos años, augura una etapa de grandes turbulencias institucionales y políticas entre la Generalitat y el Gobierno central, coincidiendo con la etapa más severa de la crisis económica y social provocada por las políticas de ajuste. La agenda previa a la constitución del nuevo Parlament agota sus días y el tiempo apremia.

martes, 11 de diciembre de 2012

Wert para creer

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XAVI CASINOS


El Periódico






Uno esperaba que tras las elecciones autonómicas, y con más razón a tenor de los resultados, empezaría a bajar el suflé de la hostil escalada dialéctica que en los últimos meses se ha alimentado desde Madrid y determinados entornos de Convergència, y que se sustituiría por una estrategia de gestos por ambas partes que permitiera ir reconduciendo la situación. Pero no.

A las primeras de cambio va el ministro Wert y pone en marcha su anteproyecto de ley de educación, que, entre otras medidas, pretende erradicar en la práctica el catalán de la escuela. Realmente empieza a ser preocupante el nivel de estos políticos que nos está tocando vivir por su escasa capacidad de análisis, empezando por el president Artur Mas, que no supo interpretar la manifestación del último Onze de Setembre, ni que los votos que consiguió hace dos años eran prestados, ni fue capaz de prever que el 25 de noviembre perdería 12 diputados en lugar de obtener la mayoría absoluta. Ahora aparece el incendiario de Wert, que por lo visto tampoco ha sabido leer correctamente los últimos resultados electorales en Catalunya.

Ante esta nula capacidad de análisis de la clase política, es lógico que los ciudadanos se interroguen seriamente y con cierta alarma sobre si nuestros gobernantes son lo suficiente competentes para tomar decisiones que determinan el futuro y calidad de vida de miles de personas. Las dudas son sumamente inquietantes, y quizá sea lo anterior lo que explica que todas las medidas que se están tomando para combatir la crisis no hacen más que empeorarla, porque por lo visto la capacidad política de análisis generalizada en este país está al nivel de una lata de atún.

Los derechos humanos en "la otra Cuba"

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IROEL SÁNCHEZ


Cubadebate





Mucho se habla en algunos escenarios sobre los derechos humanos en Cuba. Incluso, se ha convertido en lugar común reconocer el disfrute en la Isla de los derechos sociales y económicos -especialmente el acceso a la salud y la educación- para acto seguido declarar que los ciudadanos cubanos no disfrutan de derechos políticos.

Cierto que Cuba sobresale en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Fue el primer país en declararse libre de analfabetismo y su contribución a eliminarlo en otros países ha sido reconocida por la ONU. La tasa de mortalidad infantil en Cuba es la más baja de América, por debajo de Estados Unidos y Canadá y la UNICEF la ha declarado como el único país de América Latina sin desnutrición infantil, su Índice de Desarrollo Humano está por delante de la mayoría de los países latinoamericanos y en desempeño ambiental se coloca entre las primeras diez naciones del mundo.

En cuanto a violaciones de los derechos humanos, analistas afirman que la situación de la Isla no es comparable con lo ocurrido en países donde se suele acusar a Cuba -como los europeos- sobre los que Amnistía Internacional ha publicado numerosos informes que los grandes medios de comunicación suelen silenciar.

Pero son las noticias sobre la libertad de expresión, o más bien su ausencia, las que más aparecen cuando se habla de derechos humanos en Cuba, sobre todo asociadas a denuncias de personas vinculadas a los fondos de más de veinte millones de dólares anuales que destina Estados Unidos para un “cambio de régimen” en la Isla.

Sin embargo, una experiencia reciente puede ilustrar la manera en que entienden esos individuos la libertad de expresión. Durante un panel abierto al público del espacio “Último jueves”, organizado por la revista Temas acerca de Internet y los movimientos sociales, uno de ellos intervino con total libertad para expresar la incompatibilidad de un debate sobre la red de redes con el hecho de que en Cuba se penalizaba la diferencia, algo que le fue rebatido en un clima de civilidad y respeto por varios de los participantes. Poco después, dotados de la tecnología que Estados Unidos suministra a sus amigos en la Isla, los partidarios de la “otra Cuba” subieron a YouTube su versión en video de lo ocurrido en el referido espacio, eliminando cualquier punto de vista opuesto a sus concepciones.

Quizá sea posible entender así cómo sería la “otra Cuba” que estas personas preconizan bajo el llamado Plan Bush -aún vigente en la administración Obama- que les ha destinado los cuantiosos fondos y la tecnología para su desempeño y que incluye el desmontaje en una “Cuba postCastro” de todos los derechos sociales conquistados por los cubanos para equipararlos con los demás países del continente. Entonces ya no serían los vecinos los que nominarían los candidatos en las elecciones cubanas, donde ninguna de estas personas ha podido jamás ganar una circunscripción, sino las maquinarias políticas financiadas y construidas por Washington a su imagen y semejanza. Sí, sería “otra Cuba” pero sin derechos para los cubanos.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Un preso político en Madrid

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RUTH TOLEDANO


Eldiario.es




Alfonso Fernández Ortega, Alfon, un joven de 21 años, vecino del barrio de Vallecas de Madrid, salió de su casa temprano el miércoles 14 de noviembre. No era una mañana cualquiera sino la del 14N, día de la huelga general. Se dirigía a un piquete informativo, acompañado por su novia. Tenía previsto reunirse en un rato con su madre y con su tío, que también iban a secundar la huelga de manera activa, pero Elena Ortega, la madre, ya no pudo localizarlo: a cien metros de su casa, Alfon y su novia fueron detenidos. Ella fue puesta en libertad con cargos y debe presentarse en los juzgados dos veces al mes. Alfon pasó a prisión preventiva y cumple en la cárcel de Soto del Real lo que puede considerarse una pena anticipada a la sentencia.
La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en casos que producen gran alarma social. Es lo que adujo el juez para enviar a Alfon a prisión, aunque parece mayor la alarma que ha causado su detención, e incluso parece que fuera lo que persigue este caso. Muchos lo acusan de montaje policial, presuntamente para desviar la atención sobre el éxito de la huelga general en Vallecas, donde el cierre del pequeño comercio alcanzó casi al 100%.

Según la policía, Alfon llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención, extremo que él niega rotundamente: “Estoy tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el objetivo de la policía era otro y que me han utilizado a mí para ello”. Se lo ha dicho a su madre en una de las escasas visitas que le han permitido hacerle en la cárcel y no parece casualidad que ella, Elena Ortega, sea una conocida activista del barrio de Vallecas.

En una entrevista concedida al programa Todo Por la Kausa, de Tele K, televisión local de Vallecas, cuenta que su hijo y su novia se negaron a declarar sin presencia de un abogado y que por ello sufrieron tortura psicológica: fueron interrogados cada dos horas por individuos encapuchados que les amenazaron con hacer “cosas horribles” a sus familias. Como no consiguieron declaración alguna, decidieron hacer registros en sus domicilios. Elena cuenta que cuando cinco policías también encapuchados se presentaron de madrugada en su casa, amedrentándola a ella y a su marido, amenazándoles también con lo que le iba a pasar a su hijo, fue firme: “Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros que tengo. Pero no somos terroristas”.
A Alfon se le ha aplicado el Régimen F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), que conlleva aislamiento (lo llaman “la cárcel dentro de la cárcel”), restringe sus comunicaciones (solo puede recibir alguna visita de su familia) y controla su correspondencia. Se aplica a los presos que el sistema penitenciario considera “peligrosos”, generalmente personas que pertenecen a bandas armadas o grandes narcotraficantes. El propio Tribunal Superior de Justicia lo considera ilegal, por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de los reglamentos. Que le haya sido aplicado a Alfon puede ir en la misma línea de su detención: la criminalización de una juventud organizada, crítica y reivindicativa a través de un joven cercano a grupos antifascistas y aficionado al Rayo Vallecano. La sede de Bukaneros, seguidores de este equipo que se declaran “contra el racismo, la represión y el fútbol negocio”, también fue registrada por la policía.

Según Elena Ortega y los propios Bukaneros, que emitieron un comunicado posterior, el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno les someten a una persecución sin precedentes a partir del 25S porque en los partidos sacan pancartas denunciando, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados estuviera rodeado por 1.500 policías mientras que el marido de Cristina Cifuentes está en “ignorado paradero”. Denuncian también que la detención y envío a prisión de Alfon puedan ser una cortina de humo para desviar la atención sobre las manifestaciones históricas del 14N y sobre las cargas “desproporcionadas e inhumanas” de las fuerzas de seguridad.

La madre de Alfon, que llevó su historia al Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal y celebrado con enorme éxito en Madrid los pasados días 6 y 7 de diciembre, insiste en que quieren criminalizar a los jóvenes de barrios obreros y sacudidos por la crisis, como Vallecas, Villaverde o Carabanchel. Denuncia que son jóvenes que tienen que enfrentarse a un sistema que les niega el futuro, chavales que han tenido que abandonar la Universidad porque no la pueden pagar e incluso la Formación Profesional tras la subida de las tasas, chavales para quienes no hay previsión alguna de que puedan incorporarse al mercado laboral. “Una juventud”, dice, “sin expectativas, acorralada, acosada y perseguida por la policía”.

Ella resiste por “la fuerza de la razón y de la verdad”, porque conoce Vallecas desde que era un puñado de chabolas y sabe que es un barrio luchador que puede organizarse. Por eso advierte de que las madres de esos jóvenes están llegando a un límite: “Los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y con mucho respeto, para que ahora nos los apaleen, nos los maltraten y les quiten todo. Vamos a empezar a reaccionar porque no estamos dispuestas a permitir que nos los destrocen”.

Parte del proceso de ese destrozo puede ser la prisión preventiva. Si una persona detenida no tiene antecedentes y dispone de un domicilio conocido, no debe ir a prisión. Tampoco si no hay riesgo de fuga o puede controlarse imponiendo una fianza proporcional. Lo contrario es crear un preso. En este caso, por motivos ideológicos, es decir, un preso político. Tan político como una huelga general.

domingo, 9 de diciembre de 2012

Indigencia argumental

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RAMON TRUJILLO (*)



El pasado viernes día 30 de noviembre, el señor Alfonso González Jerez, un artículo titulado “Troikas” en Diario de Avisos, en el que me acusó de sustituir el “análisis económico con chascarrillos” y, asimismo, afirmó que “produce grima” hacer pasar “por análisis político” mis afirmaciones, publicadas el día antes, sobre alternativas fiscales a la situación actual.

El señor González Jerez, en lugar de rebatir mis argumentos, prefirió hacer el “análisis político” que uno esperaría de ciertos tertulianos controvertidos de la Cope, cuando me calificó de “luz perdurable de Izquierda Unida” y amontonó, una detrás de otra, una sarta de descalificaciones sobre mis argumentos: “patochada”, “chascarrillo ocasional”, “fiambrera proletaria”, “mesianismo de baratillo” o “avestrucismo”.

Sin embargo, en cuanto abandonamos la retahíla de descalificaciones, nos hallamos ante una indigencia argumental superlativa. Veamos. Constituye un proceder racional, por ejemplo, expresar cualquier discrepancia con los escritos de Keynes o Friedman, pero negar la existencia de tales escritos, como argumento contra las tesis que sostienen, ameritaría un puesto destacado en cualquier antología del disparate. Y algo muy parecido es lo que hace el comentarista de Diario de Avisos con el documento en que apoyo mis afirmaciones.

El señor González Jerez considera el informe que utilizo, elaborado por técnicos de Hacienda agrupados en Gestha, como “una de las versiones fiscales del brazo incorrupto de Santa Teresa”. A continuación, propone a sus lectores que “intenten buscar este informe [...], pero no lo encontrarán” (Los informes que he utilizado se hallan en: http://www.gestha.es/archivos/informacion/monograficos/2011/reducir-el-fraude-fiscal-y-la-economia-sumergida.pdf y en http://www.gestha.es/archivos/informacion/comunicados/2012/alternativas-de-gestha-a-la-subida-del-iva-y-recortes-del-rdl-20-2012-sin-anexos.pdf). Un economista tan destacado como Vicenç Navarro, ex asesor de Naciones Unidas, la Administración Clinton, o de gobiernos socialdemócratas suecos, describe a Gestha como “una de las instituciones más valiosas que tiene este país. De una manera metódica y rigurosa”, añade, “proveen información de una gran importancia que documenta las enormes injusticias existentes en el sistema fiscal español que se han acentuado todavía más con las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Zapatero y Rajoy” (http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2012/06/impuestos-y-fraude-fiscal-vdef.pdf).

Asimismo, el articulista indica que “el señor Trujillo nos cuenta que ha hecho unos cálculos -no explicita ni su metodología ni sus criterios contables- de los que se derivan que a Canarias le corresponderían unos 2.300 millones de euros, lo suficiente para que los recortes presupuestarios se convirtieran en una pesadilla del pasado”. Pues bien, el comunicado que envié dice textualmente: “la aplicación del plan fiscal propuesto por técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, recaudaría 63.800 millones de euros. Un reparto proporcional de esos ingresos aportaría 2.857 millones de euros al presupuesto de Canarias, una cantidad muy superior a los 1.500 millones de euros perdidos en relación al año de mayor presupuesto”. Es decir, si dividimos lo que se recaudaría, según el plan de Gestha, entre el número de españoles, y multiplicamos luego lo que correspondería a cada individuo por el número de canarios, tenemos una estimación de lo que supondrían tales ingresos equitativamente repartidos.

El señor González Jerez podría abordar con racionalidad su discrepancia con las propuestas económicas de Izquierda Unida si, en lugar de considerar erróneamente progresistas sus propios planteamientos económicos, reconociera el profundo conservadurismo de sus posiciones. No tiene sentido que, por no compartir una propuesta fiscal como la de Gestha, asumida en lo esencial por Izquierda Unida, afirme que tal propuesta es irreal y diga de IU que “o son un partido revolucionario o son una fuerza reformista”. Porque es que, además, cuando uno ve como “revolucionaria” una propuesta fiscal reformista está diciendo muy poco sobre tal propuesta fiscal y mucho sobre uno mismo.

Y es que, si España recaudara lo que proponemos Gestha e IU, simplemente lograría recaudar el mismo porcentaje del PIB que recaudan nuestros vecinos de la Unión Europea, según datos de Eurostat, que, quizá, el señor González Jerez no sepa encontrar, o los considere teñidos de “mesianismos de baratillo”. Para 2010, los ingresos fiscales representaron el 38.4% del PIB de los estados de la Unión Europea y, sin embargo, únicamente el 31.9% del PIB de España (http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-77_en.htm). Es decir, la propuesta fiscal que he comentado sólo serviría para ingresar los 6.5 puntos de PIB que tendría que recaudar España para estar en la media europea de recaudación fiscal. Como se ve, se trata de una propuesta moderadamente reformista, que reduciría el déficit público por debajo del 3% del PIB, acabaría con los recortes y permitiría un cambio positivo del rumbo económico.

Por último, al señor González Jerez le desagradó que yo afirmara que “PP, PSOE y CC, la troika canaria, nos castiga con sus políticas de desigualdad y con la pretensión de que no hay alternativas”. A quienes nos ofrecen chutes de conformismo suele molestarles que recordemos que quienes ayer nos pidieron votar sí a la Constitución Europea (luego más o menos transformada en Tratado de Lisboa) son corresponsables de los estragos que hoy nos causa el Banco Central Europeo. Por eso, señalé que “la troika canaria deberá explicar su apoyo a los tratados europeos que han convertido al Banco Central Europeo en el articulador de la especulación de la banca privada contra las arcas públicas. Se ha calculado que, si ese Banco Central hubiera financiado a los estados, la deuda pública española rondaría el 14% del PIB y, por lo tanto, en 2013, cada ciudadano español pagaría 114 euros en intereses de la deuda pública y no los 817 euros previstos. En tal caso, la cantidad de dinero liberada de nuestra abusiva deuda pública, permitiría aportar a las arcas canarias 1.486 millones de euros, si se repartiera de forma proporcional al número de habitantes” (para el estudio sobre el menor tamaño de la deuda pública véase http://eduardogarzon.net/?p=328).

En fin, que el señor González Jerez no debería proyectar en otros su falta de rigor y sí debería asumir su profundo conservadurismo económico que, por otra parte, es absolutamente mayoritario entre los comentaristas políticos y los tertulianos de este país, en donde los contertulios mediáticos suelen oponer y confrontar las mismas ideas.


(*) Ramón Trujillo es Coordinador de Izquierda Unida Canaria

Letra y sangre

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MONCHO ALPUENTE


Público







Si hubiera justicia en este mundo (no la hay) a José Ignacio Wert terminarían erigiéndole en Cataluña un monumento financiado por suscripción popular de sus agradecidos enemigos que se reagrupan y refuerzan cada vez que el españolizador irredento abre la boca o tira de ley. Si hubiera justicia en el otro, en cuya existencia tampoco creo, José Ignacio Wert ya habría obtenido una plaza concertada a perpetuidad en el paraíso por sus ímprobos esfuerzos para devolverle a Dios, al suyo que son tres, todos los resortes de la educación en detrimento de la enseñanza pública y laica. La asignatura de religión, la suya, vuelve a ocupar su lugar preeminente desplazando a la ética y laminando la Educación para la Ciudadanía, perversa herramienta en manos del Diablo y de sus satánicos intermediarios. El anteproyecto permite conceder subvenciones a los colegios que ofrecen educación diferenciada por sexos en contra de todas las sentencias del Tribunal Supremo. Solo hay un ser supremo y lo demás son vanas imitaciones humanas. El teorema de la duplicación de la Santísima Trinidad afirma que si Dios son tres, Dios y Dios son seis, de lo que se deduce que no hay Dios sin tres. Ofrezco esta especulación aritmética de mi invención al anticuado acervo de la enseñanza de la religión católica renovada y concertada.

Estudiante durante más de una década en colegios de curas y de frailes, escuché, como quien oye llover a buen recaudo, numerosos y falaces argumentos contra la coeducación sustentados por todos los padres dela Iglesia (no existen madres de la Iglesia con peso doctrinal relevante). El demonio acechaba debajo de todas las faldas, por largas y tableadas que fueran. Lo que Dios había separado en el Cielo que no lo unieran los hombres en la Tierra. Así estaban las cosas hasta que la democracia, otro invento diabólico, decidió no subvencionar a los colegios segregacionistas ni concertar nada con ellos. No tardó mucho la jerarquía católica en vender su primogenitura por el apetitoso plato de lentejas de las subvenciones y de las concertaciones. Con el ánimo encogido y la mano desplegada, los colegios religiosos abrieron sus puertas a la coeducación mientras oraban y conspiraban para que las cosas volvieran a ser como antes. Díscolos y renuentes estos mártires presuntos que ya habían renegado de la separación de poderes entre Dios y el César alentaron peregrinos informes y discursos sobre los graves peligros de encerrar en las mismas aulas a las niñas y a los niños.

Niñas y niños convenientemente segregados recibíamos con sus correspondientes matizaciones las mismas enseñanzas. La religión prevalecía sobre toda ciencia. Darwin solo aparecía por allí, como un intruso indeseable, en los últimos cursos del Bachillerato. Eva no era fruto de la creación suprema sino una recreación efectuada a partir del ADN de una costilla de Adán, obra esmerada de un diseño inteligente y práctico, los frutos del árbol de la Ciencia seguían siendo venenosos. El “Amaos los unos a los otros” se sustituía por “la letra con sangre entra” o el “quien bien te quiere te hará llorar”. Tanto amor y tanta colleja, capón, palmetazo o bofetada no consiguieron enmendarme. En contra de lo que afirmaba mi profesor de Filosofía, sigo manteniendo que Jaime Balmes no es la cima más alta del pensamiento filosófico español, ni siquiera del catalán; hasta Wert estaría de acuerdo en ello. Hace tiempo que prescribieron los delitos de abusos y malos tratos que nos infligieron a generaciones y generaciones de españolitos, cristianos por una gracia de Dios. Casi todos los culpables estarán muertos o fuera de juego y sus sucesores han aprendido a meterse las manos en los bolsillos aunque sus doctrinas sigan maltratando el sentido común.

Los niños de hoy serán los dirigentes del mañana. Con esta máxima de San Pero Grullo como lema, la Iglesia Católica mantiene como irrenunciable prioridad, por encima de cualquier razón (sinrazón) teológica o doctrinal, su papel preponderante en la educación adaptándose al principio del sabio San Camaleón: lo importante no es el color que tengas que adoptar sino seguir cazando moscas a lengüetazos antes de que el Diablo las mate con el rabo.

Díaz Ferrán no actuaba solo

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IGNACIO ESCOLAR



La funcionaria con más tiempo libre de España -la articulista, conferenciante, mitinera, tuitera y bloguera Esperanza Aguirre- ha dado su opinión esta semana sobre sanidad, horarios comerciales, el nuevo libro de Václav Klaus, los derechos humanos en Cuba¿ Lamentablemente, no ha tenido un rato para ilustrarnos sobre la detención de Gerardo Díaz Ferrán. Es un silencio sospechoso. Aguirre en particular y el PP en general tienen mucho que contarnos sobre el hombre del lingote de oro al que Aznar condecoró con la medalla de plata al Mérito en el Trabajo.


El expresidente de la patronal no solo decía que Esperanza Aguirre era «cojonuda», también lo demostraba con sus actos. En el 2003, varios importantes empresarios españoles donaron más de un millón de euros a Fundescam, una opaca fundación del PP de Madrid que después gastó los donativos en la campaña electoral de Aguirre. La trama Gürtel se ocupó de falsear las facturas para intentar borrar el rastro de aquel dinero. Díaz Ferrán fue el mayor donante de Fundescam: aportó 246.00 euros en seis entregas. Su generosidad no fue en vano. La Comunidad de Madrid concedió después a sus empresas 6,4 millones en contratos públicos.

El 'caso Fundescam' no prosperó. Tanto Anticorrupción como la Agencia Tributaria veían una presunta ilegalidad, pero ya estaba prescrita. En 'Españistán', el delito electoral caduca en solo cuatro años. El Tribunal de Cuentas lleva un retraso de cinco años en sus informes sobre la financiación de los partidos, así que estos pecadillos suelen quedar impunes.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Fundescam no es la única ocasión en que la justicia y sus curiosos plazos benefician a Díaz Ferrán con el PP de por medio. En el 2001, el Gobierno de Aznar vendió Aerolíneas Argentinas a Marsans por solo un euro. De propina, Díaz Ferrán y su socio recibieron 955 millones en ayudas públicas para reflotar la compañía. No lo consiguieron, pese a la escandalosa millonada: la compañía quebró. Díaz Ferrán fue acusado de apropiación indebida de fondos públicos y acabó en el juzgado número 35 de Madrid. Allí el caso se pasó entre diligencias y peritajes varios «nada menos que cinco años» (como criticó en un auto el juez de la Audiencia Eloy Velasco), hasta que el instructor descubrió que no era el tribunal competente y lo mandó a la Audiencia Nacional, donde aún no hay sentencia. ¿Saben quién llevaba aquel lentísimo juzgado 35 de Madrid? Gemma Gallego: la jueza del 'caso del ácido bórico', la que imputó a varios mandos policiales por un informe que relacionaba a ETA con el 11-M usando un desodorante para pies como prueba del nueve. Tras su paso triunfal por el juzgado 35, Gallego ascendió hasta el Consejo General del Poder Judicial: el PP la propuso para el cargo.

Crisis constitucional en España

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SANTIAGO MUÑOZ MACHADO (*)



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En su libro 'Informe sobre España', el catedrático Santiago Muñoz Machado explica que España sufre una crisis constitucional de enorme hondura, agravada por una característica singular de su historia. Ninguna de sus constituciones ha sido muy duradera y siempre se ha preferido empezar de cero antes que optar por la reforma de los textos en vigor. Aun así, los obstáculos políticos no pueden ocultar el hecho de que ahora los cambios son necesarios. El libro, del que ofrecemos un extracto de su primer capítulo, ha sido publicado por la Editorial Crítica.
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Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España. Se alude a estos problemas en los medios de comunicación mucho menos que a los derivados de la crisis económica que está arrasando empresas, destruyendo puestos de trabajo y haciendo retroceder a trancos la calidad de vida de los ciudadanos. Pero las encuestas más solventes muestran el crecimiento del desafecto del pueblo hacia la clase gobernante, cualquiera que sea el signo político de sus miembros, al tiempo que se consolida la convicción de que son necesarias amplias y profundas reformas del Estado.

Son las manifestaciones más generales de una crisis constitucional de enorme hondura, y que resulta más grave para España, y será más duradera y difícil de resolver, que la crisis económica. La generalidad de los ciudadanos, que entienden mal la economía y peor aún los análisis, diagnósticos y pronósticos de los sabios economistas, tan discrepantes entre sí y con tanta holgura para el yerro, creen que el arreglo no vendrá de las acciones de los gobiernos, sino que lo traerá la invisible ley de los ciclos económicos que, en un futuro no lejano, hará resurgir la riqueza de un modo tan inesperado y asombroso como un día nos abandonó. Ese momento llegará necesariamente, cualquiera que sea el monto de las equivocaciones con que el Gobierno afronte la actual depresión. Pero la crisis constitucional es, sin embargo, asunto de más difícil arreglo.

La relación de los españoles con sus Constituciones, desde 1812 hasta hoy, es bastante singular. Ninguna de ellas ha sido muy duradera y casi todas fueron cambiadas en el marco de revoluciones o convulsiones sociales o políticas. No han sido reformadas sino derogadas u olvidadas. Es decir que, de acuerdo con nuestra historia constitucional, ha bastado un lustro a veces, o no ha sido necesario que transcurriera el tiempo de una generación, para que se haya considerado que todo el esfuerzo constituyente previo era perfectamente inútil e inaprovechable. Es llamativa esta afición española por situarse siempre en el borde de todos los precipicios y preferir la confrontación y los momentos revolucionarios a cualquier otra alternativa de continuidad y mejora que parta de las soluciones alcanzadas en algún momento anterior. Los españoles han sido siempre más partidarios del poder constituyente, que permite empezar de nuevo y derribar las instituciones políticas desde sus cimientos, que asegurar la continuidad, el respeto y la mejora de las opciones ya establecidas.

Las rupturas revolucionarias con el pasado suelen ser consecuencia de la resistencia ofrecida al cambio por los grupos políticos y élites sociales que han conseguido instalarse en el poder y lo han convertido en una fuente inagotable de prebendas. El egoísmo y la corrupción propios de estas situaciones sólo pueden superarse mediante una fuerte contestación que acaba rompiendo las resistencias, pero que obliga a renovar las instituciones, también podridas por el mal uso. A un proceso constituyente sigue, en España, otro proceso constituyente, y no pacíficas y razonadas reformas de la Ley Fundamental establecida. La estabilidad constitucional de España, en los doscientos años de historia transcurridos desde 1812, ha sido mínima.

En algunos procesos constituyentes también se ha hecho presente de forma repetida otro rasgo caracterizador de las actitudes de los representantes políticos del pueblo, que es la improvisación. Asombra que rara vez los textos constitucionales hayan venido precedidos de estudios reposados y enjundiosos sobre las opciones organizativas disponibles, las razones de elección de algunas de ellas en concreto y los resultados esperables de su aplicación. Método valorativo éste que, en general, debería utilizar el legislador para establecer hasta las regulaciones más insignificantes, por lo que resulta inconcebible el manifiesto desprecio hacia el mismo cuando se incoa la tarea gravísima de poner en pie una Constitución nueva. Los estudios específicos sobre cada una de nuestras Constituciones históricas, hechos recientemente por renombrados autores para la importante colección en nueve volúmenes que ha dirigido el profesor Miguel Artola, reflejan perfectamente esa recalcitrante improvisación constitucional guiada más bien por tópicos y dogmatismos que por análisis bien fundados acerca de la idoneidad de las soluciones propuestas.

Cuando las Constituciones han durado más, como ocurrió con la de 1876, o está pasando con la de 1978 en la actualidad, ha sido porque la clase política y las élites sociales han conseguido trenzar sus intereses de modo que las ventajas de la estabilidad y el parasitismo sobre las instituciones públicas se reparta de un modo equilibrado entre ellos o, en su caso, procurando una razonable rotación en el disfrute de las prebendas. Si la situación aprovecha a todos los principales actores políticos y sociales existirán menos razones para cambiarla. El anquilosamiento o la congelación del régimen constitucional no es difícil si la trama se extiende por todo el territorio del Estado, apostando en cada lugar estratégico a un leal cacique local que asegure la aceptación pacífica, o incluso entusiasta, y desde luego participativa, del reparto del poder.

Con la Constitución de 1978 está pasando también algo de lo dicho. Pero su preservación a lo largo de casi treinta y cinco años, sin tocarla sino con dos reformas poco importantes vinculadas a nuestra relación con la Unión Europea, se ha debido también a las circunstancias históricas en que se aprobó y consolidó, que han contribuido, con la ayuda impagable de los medios de comunicación, a mitificarla. La Constitución vigente, en efecto, cerró los malos recuerdos de una guerra civil, puso fin al régimen de Franco y estableció una democracia cuarenta años después de consumido el efímero régimen republicano regulado por la Constitución de 1931. Las Cortes franquistas aceptaron voluntariosamente la transición hacia la democracia y los nuevos preceptos constitucionales fueron encadenándose en unas Cortes constituyentes convencidas de que tenían que levantar un monumento legal que no generara discrepancias irreductibles y asegurara que nunca más retornarían las situaciones bélicas ni los gobiernos autoritarios.

Por si no fueran suficientes esas emociones para mitificar un texto, el intento de derribarlo mediante un golpe militar el 23 de febrero de 1981 multiplicó los afectos hacia la Constitución establecida y sus instituciones, de forma más que justificada. La exaltación de la Constitución como una ley sagrada ha sido, desde entonces y hasta hoy, continua, lo que ha contribuido también a petrificarla ya que cualquiera que se haya atrevido a alzar la voz contra ella ha arriesgado a ser considerado un fascista irredento, heredero probable de las ideologías que señorearon el país durante cuarenta años.

Poco a poco, sin embargo, la razón se está imponiendo al mito, y entre los especialistas en Derecho público—constitucional y administrativo principalmente— no hay nadie serio que no crea que algunas partes de la Constitución deben ser reconsideradas. Hay poco que decir acerca de las declaraciones de derechos que contiene, pero mucho de todo lo demás. Estas consideraciones, basadas en el conocimiento de la aplicación práctica de ese texto fundamental y las carencias observadas, se han ido extendiendo también hacia los ciudadanos no especializados, como las encuestas de opinión más atendibles revelan.

Las proyecciones de estas exigencias alcanzan a la práctica totalidad de las instituciones, aunque la severidad de la crítica no sea equivalente en relación con todas ellas. La crisis económica ha determinado que se resalte más la contestación contra la regulación de la organización territorial del Estado. El sistema de autonomías está siendo cada vez peor considerado. La razón inmediata es que los ciudadanos creen que ha servido, sobre todo, para multiplicar la clase política, nutrida hoy de muchos más efectivos que en los primeros años de vigencia de la Constitución, que se reparten infinidad de cargos de nueva creación cuya necesidad y utilidad niegan. Aumenta progresivamente la crítica a su comportamiento manirroto, al desarrollo de inversiones inadecuadas y gastos desorbitados y prescindibles. Decididos además, según se lee o escucha cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación, por personajes sin ninguna cualificación, incapaces para la administración de la cosa pública porque, con toda seguridad, tampoco eran hábiles para la gestión del más modesto negocio familiar.

La aversión al sistema de autonomías está creciendo y, como es el núcleo de la gobernación del Estado, el desafecto se extiende naturalmente a la Constitución que lo ha establecido, traduciéndose en reclamaciones favorables a una reforma radical.

Más allá de esta genérica protesta, las propuestas específicas de reforma no abundan. Pero quizás de lo leído y oído durante estos últimos años puedan deducirse tres grupos de actitudes: la primera, radical, comprende a quienes defienden, sin más, la supresión del modelo actual de autonomías y la restitución del centralismo que dominó la organización del Estado durante la mayor parte de los dos siglos precedentes; la segunda postula una marcha atrás más limitada que podría consistir en la rebaja de las competencias de las Comunidades Autónomas y una reducción sensible de la organización política y administrativa de las mismas; y la tercera, además de lo anterior, también propone remarcar las diferencias de las regiones históricas, considerando como tales a Cataluña, País Vasco y Galicia, cuya condición especial habría que reconocer de algún modo para ordenar el Estado con criterios más cercanos a las reivindicaciones de estos territorios periféricos. En el límite de esta corriente se sitúan los grupos independentistas.

Cualquiera de estas propuestas, tan diferentes, parte de la convicción de que la Constitución de 1978 presenta su peor cara en materia de organización del Estado. En general estas críticas significan que los ciudadanos, y también los especialistas, perciben que el Estado y la clase gobernante son uno de los más serios problemas que condicionan el futuro. El Estado, aceptado por los ciudadanos libres como la mejor opción posible para asegurar la convivencia pacífica y garantizar, en el sentido de la teoría lockeana, la libertad y la propiedad, se ha convertido en el peor de los enemigos de los valores que está llamado a preservar. El Estado no resuelve problemas a los ciudadanos, sino que es un problema en sí mismo. Terrible situación ésta en que el pueblo soberano se percata de que ha permitido el nacimiento de una criatura monstruosa que terminará devorándolo.


(*) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense

sábado, 8 de diciembre de 2012

Hernández Spínola cabalga de nuevo

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RAFAEL GONZALEZ MORERA







Francisco Hernández Spínola cabalga de nuevo, y otra vez se está convirtiendo en un peligro para el Partido Socialista Canario. Según me cuentan en Tenerife, en donde he vuelto a contactar y conectar con mis gargantas profundas políticas laguneras y santacruceras, estas me chisman que Hernández Spínola anda trabajando para conseguir dos objetivos: cargarse el pacto de Gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE, y de paso desplazar a José Miguel Pérez de la secretaría general del partido. Para el primer objetivo anda dándose la lengua (políticamente hablando) con José Miguel Ruano, que se la tiene jurada a Paulino Rivero, con la anuencia de Manuel Hermoso, aunque en esta maniobra me comentan que debería tener mucho cuidado Hernández Spínola porque el expresidente de Canarias es más partidario de un pacto con el PP que con un hipotético futuro PSOE spinolista, y además Ruano también tiene muy buenas relaciones con Soria y se inclinaría por arrejuntarse con el PP sumando a herreños y palmeros, y de paso dándole un navajazo político a Spínola por la espalda, al que ahora mismo está utilizando. Claro que Hernández Spínola no es muy hábil a la hora de maniobrar políticamente, como tampoco lo fue cuando hace cuatro años siguió las directrices de Jerónimo Saavedra, José Miguel Pérez, y el grupo de socioliberales de Tenerife encabezados por Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, y con Julio Pérez, Julio Cruz y el propio Spínola como miembros del aparato inclinados más a la derecha, que lograron “controlar” a José Miguel Pérez para primero defenestrar a Juan Fernando López Aguilar, para seguir luego con la eliminación de Santiago Pérez, Viciana, Corrales, y en definitiva poner en “fuera de juego” al comité local de Santa Cruz y al insular de Tenerife en un majo y limpia que dejó al PSOE de Tenerife en la UVI política. La embestida fue de tal calibre que hasta un histórico como Pedro Anatael Meneses se puso al lado de los represaliados para desgracia de los spinolistas.

Mucho antes, la cuasicosa campaña interna de acoso y derribo de los socioliberales derechosos al sector más progresista y socialdemócrata, empezó con Saavedra haciendo declaraciones contra el propio secretario general, Juan Fernando López Aguilar, y Hernández Spínola se sumó al carro con su renuncia como vicesecretario general del partido y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. La grave crisis del PSC/PSOE estaba servida y se fue desgranando en lamentables capítulos, y todavía no se ve la luz al final del túnel en la que la ha colocado Spínola en Tenerife, y la ingenuidad y la nula experiencia del aparato del partido de José Miguel Pérez. Saavedra, en sus ataques a Juan Fernando López Aguilar, llegó a argumentar que no podía ser secretario general del partido “dirigiendo con un mando a distancia”, por las estancias de JFLA en Estrasburgo, obviando cuando el propio Saavedra era ministro en Madrid y dirigía al partido en Canarias. Lo de siempre, la ley del fonil: lo estrecho para ti, lo ancho para mí.

Lo que parece cada vez más claro es la derechización del PSOE tinerfeño de la mano de Hernández Spínola, con la anuencia de Rodríguez Fraga, Julio Cruz y Julio Pérez, este último “enredado” por sus presuntas vinculaciones con actores muy principales en el “caso de Las Teresitas”, sobre la cual el abogado Felipe Campos le ha señalado incluso con presuntas operaciones de evasión de capitales a la isla de Mann, y además por sus actuaciones en torno al Plan de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. Toda una viscosa situación, que terminó con la dimisión de Julio Pérez como primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, afirmando que esta decisión era motivada por razones estrictamente personales y profesionales, estas últimas relacionadas con la “organización de su despacho de abogados”.

Me comentan mis informadores tinerfeños que no ha estado muy brillante Hernández Spínola en sus últimas maniobras, y es que se le ve sus jugadas antes de empezar a realizarlas, como Juan Fernando López Aguilar vio hace cuatro años desde lejos que le estaba zancadilleando. Ahora con la nueva elección de la actual Ejecutiva Insular del PSOE en Tenerife, Hernández Spínola ha formado otro lio de gran magnitud enfrentándose a Javier Abreu, colocando en la candidatura rival a Abreu a Teófilo González, al que enchufó en la Dirección General del Participación Ciudadana en detrimento de Pedro Ramos, del grupo de Abreu, y además introduciendo también a un incondicional spinolista orotavense, Manuel González, que no tiene apenas predicamento entre las bases. También Spínola ha utilizado a Manuel Correa, exalcalde de La Victoria, y significado por ser contrario al pacto con CC, que ha tenido también problemas en su pueblo con las bases del partido y sus propios compañeros concejales de este municipio de Acentejo. Al final, la elección de Manuel Fumero, alcalde de Vilaflor, que le ganó las elecciones a Javier Abreu por veinte votos, no parece haber cerrado unas heridas que nacieron con la imposición de las Gestoras Local e Insular cuando defenestraron a Viciana y Corrales por imposición de Spínola, los Julio (Cruz y Pérez) a José Miguel Pérez.

Pero los líos de Hernández Spínola continúan, y en Tenerife siguen afilando los cuchillos unos y otros. La crisis de El Tanque, la del Congreso Insular de las Juventudes Socialistas, y las maniobras de Hernández Spínola para cargarse el pacto CC/PSOE, y buscar uno nuevo con parte de CC sin Rivero, o incluso con el Partido Popular, todo esto corre a gritos desde Santa Cruz a La Laguna, desde el Puerto de la Cruz a Vilaflor, en donde Manuel Fumero ahora se ha hecho un furibundo “spinolista”, y los rumores nacen por la mañana y no precisamente en el naciente del acuífero del pueblo, se incrementan al mediodía, y por la noche se escuchan a gritos. Manuel Fumero, poniendo una vela a Dios y otra al Diablo, declaraba en Radio Club Tenerife que la “estabilidad institucional está corriendo un gran peligro”. Para colmo, Javier Abreu pedía la semana pasada que Hernández Spínola dimitiera si no frena la crisis entre Coalición Canaria y el PSOE. Abreu acusó a Spínola claramente de estar trabajando a favor de explosionar el pacto de gobierno entre CC y PSOE, y de ir luego a por la secretaría regional del partido socialista. Las tensiones en el propio congreso de las juventudes han sido tremendas. Un socialista tinerfeño que conoce bien al personaje, con un poco de sorna, me decía que “Paco (Spínola) ya ve que va entrando en años, y tiene prisa por conseguir su gran anhelo, la dirección del partido y la vice o la presidencia si se puede, de Canarias, con el PP o con quién sea. Si yo fuera José Miguel Pérez me pondría en guardia con este hombre tan ambicioso y me guardaría mucho de los idus de marzo de 2013”. Lo dicho: la cuasicosa empezó porque había que tocar Poder (dixit Saavedra) y desembarazarse de Juan Fernando López Aguilar, Santiago Pérez, Sandra Rodríguez, y otros progresistas del partido, se toco un poquito de poder, chiquitito, haciendo enormes concesiones iniciales con los temas de la RTVC, con la guanchancha, con temas sociales y asistenciales, temas estos últimos en los cuales Hernández Spínola ha estado desafortunado en una carta a los sindicatos a cuenta de más ajustes y recortes desde el Gobierno canario, diciéndoles “esto son lentejas, o las tomas o las dejas”. Pero en definitiva, por tocar un poquito de poder han hipotecado al partido que como siga así es un firme candidato al desahucio y al suicidio político.

El declive del socialismo en España

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VINCENÇ NAVARRO

Hay que felicitar a los jóvenes (de todas las edades) miembros del PSOE por haber hecho un documental en el que, en nombre de los militantes de base, piden perdón al pueblo español en general, y a las clases populares en particular, por haber iniciado, cuando el PSOE estaba en el gobierno, políticas públicas que, expandidas más tarde por los gobiernos conservadores españoles (y catalanes), han dañado el bienestar y calidad de vida de la gran mayoría de la población. El reciente informe del Observatorio Social de España publicado por Ariel, titulado El impacto de la crisis en las familias y en la infancia, documenta con gran detalle las consecuencias de tales políticas sobre los niños, sobre los adolescentes y sobre las familias en nuestro país. Tal informe documenta que no sólo la crisis, sino también las maneras como el Estado ha respondido a la crisis, ha afectado negativamente el bienestar y calidad de vida de las familias. Las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos socialistas, políticas que han sido incluso más acentuadas y expandidas por el gobierno PP (y CiU en Catalunya), han sido responsables de tal deterioro.

Tales políticas públicas, de orientación claramente liberal, realizadas por el gobierno PSOE, estaban ya descritas en los escritos de economistas y pensadores influyentes en la corriente existente dentro del PSOE (liderada por el candidato, más tarde Presidente, del gobierno socialista español, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero) conocida como Nueva Vía. Uno de los mayores impulsores de tal corriente era el economista Jordi Sevilla, miembro entonces de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el cual escribió un libro, De nuevo socialismo, en el que resumía (haciendo suya) la sabiduría convencional existente dentro de la socialdemocracia europea, incluida la española, inspirada en gran parte en el New Labor dirigido por Tony Blair en Gran Bretaña. Decía retóricamente Jordi Sevilla: “alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe ir a favor de más impuestos y más gasto público…”. De ahí que el Presidente Zapatero bajara durante su primer mandato los impuestos, siguiendo el eslogan de que “bajar impuestos es también ser de izquierdas”. Reflejando también tal sensibilidad liberal, nada menos que el Ministro de Economía, el Sr. Pedro Solbes, en una entrevista a El País (22.07.07) al final del primer periodo del gobierno PSOE (2004-2008), indicara que la medida de la cual él estaba más orgulloso “era la de no haber aumentado el gasto público”, precisamente en el país de la UE-15 que tenía un gasto público (incluido el gasto público social) por habitante de los más bajos de tal comunidad (ver mi crítica del libro de Jordi Sevilla y de la Nueva Vía en mi libro El Subdesarrollo Social de España. Causas y Consecuencias. Anagrama 2006). En realidad, el gasto público (incluido el social) por habitante creció durante aquel periodo, resultado, primordialmente, del crecimiento de la economía, estimulado por la burbuja inmobiliaria, y no a cambios fiscales que hubieran generado un mayor ingreso al Estado.

Tal corriente dentro del PSOE significaba el desarrollo del liberalismo dentro del socialismo. Esta corriente estaba en contra de las limitaciones puestas al mercado mediante regulaciones públicas, alcanzando esta postura su máxima expresión en pensadores como Miguel Sebastián (que fue Ministro de Industria, Turismo y Comercio del gobierno Zapatero), también de la Nueva Vía. Tales medidas se consideraban parte de lo que definían como “modernización del socialismo” y que incluían, entre otras modernizaciones, la desatención a principios básicos del socialismo, como la redistribución de los recursos del país y el desarrollo de políticas fiscales progresivas y progresistas. Las escasas voces críticas de tales políticas eran ignoradas o definidas como “tradicionales” (la manera amable de decir anticuadas) merecedoras del olvido.

Muchas políticas públicas derivaron de tales posturas liberales, siendo una de ellas la Reforma Fiscal del 2006, que bajó los impuestos creando un agujero en los ingresos al Estado de casi 20.000 millones de euros, agujero que no se notó (hasta que la crisis estalló en 2007) debido al incremento de los ingresos al Estado como consecuencia de la citada burbuja inmobiliaria. Dicha burbuja se había generado en la época del gobierno Aznar y su desarrollo fue facilitado por las medidas tomadas por el Banco de España (presidido durante el gobierno PSOE por el Gobernador Fernández Ordóñez, una personalidad de sensibilidad liberal muy acentuada, nombrado por el gobierno Zapatero) que tuvo una gran responsabilidad en el desarrollo de la crisis financiera que España está sufriendo (el excelente documental crítico del PSOE al cual hago referencia al principio del artículo confunde, sin embargo, el Banco de España con los técnicos de tal institución, que sí que advirtieron de las políticas erróneas que la dirección política del Banco estaba aprobando) .

Dentro de este esquema conceptual liberal, puede entenderse como el gobierno respondió a la crisis, respuesta sacada de un libro de texto de economía liberal. Los equipos económicos de los gobiernos Zapatero, tanto antes como durante la crisis, eran claramente liberales. Su respuesta a la crisis dañó a las clases populares y empeoró la situación económica y social del país. No hay, sin embargo, suficiente concienciación en el establishment del PSOE de que el deterioro del bienestar de las clases populares se debe, no sólo a la crisis, sino también, como he subrayado anteriormente, a la manera cómo se respondió a ella. Tales medidas han sido enormemente impopulares.

Las políticas alternativas que ni siquiera se consideraron

Las políticas liberales (que en el lenguaje económico actual se conocen como neoliberales) que caracterizaron la respuesta a la crisis, se hicieron argumentando que “no había otras alternativas”, postura ampliamente reproducida en los mayores medios de información en España, conocidos internacionalmente por su escasa diversidad ideológica y sistemática discriminación contra voces críticas en las izquierdas. El gobierno PSOE congeló las pensiones públicas de vejez, intentando ahorrar 1.200 millones de euros para reducir el déficit del Estado (creado en parte por los recortes de impuestos de la reforma fiscal del 2006), sin considerar como alternativa el mantener el impuesto de patrimonio (que habría conseguido incluso más recursos, 2.100 millones de euros) o anular la rebaja del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o revirtiendo la bajada de impuestos de personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones de euros. Y así, una larga lista de alternativas. Como mostramos Juan Torres, Alberto Garzón y yo en el libro Hay Alternativas. Propuestas para crear Empleo y Bienestar Social en España, por cada recorte que hizo el gobierno PSOE (y más tarde el gobierno PP), había una alternativa. El que se aplicaran los recortes a unos y no a otros tenía y continúa teniendo mucho que ver con el distinto nivel de influencia sobre el Estado que tienen las distintas clases sociales y grupos de presión existentes en España.

Y fueron las clases populares las que resultaron más perjudicadas por aquellos recortes y por otras reformas, como las del mercado laboral, que tenían como objetivo (aunque no se dijera) rebajar los salarios a fin de aumentar –se decía- la competitividad de la economía española. Tales políticas, seguidas más tarde por los gobiernos PP y CiU, explican que, por primera vez en el periodo democrático, las rentas del Capital hayan sobrepasado las rentas del Trabajo. Aunque hoy el socialismo español no hable de ello, el hecho es que la lucha de clases está siendo ganada a diario por el mundo del capital financiero y de las grandes empresas a costa de la derrota del mundo del trabajo. Y las políticas del PSOE han contribuido a ello.

Ni que decir tiene que los gobiernos PSOE presididos por el Sr. Zapatero también hicieron reformas positivas (sobre todo en las áreas sociales). Pero en las políticas económicas y fiscales, que son las que condicionan en gran medida las políticas sociales, los gobiernos socialistas, y sobre todo su respuesta a la crisis, fueron claramente negativas, y alienaron grandes sectores de su electorado.

El inmovilismo del socialismo español

El declive electoral del PSOE, del PSC y de los otros componentes del socialismo español se debe a esta realidad. A la luz de estos acontecimientos varios hechos son particularmente sorprendentes. Uno es que el equipo dirigente del PSOE sea hoy el mismo que llevó a cabo aquellas políticas tan impopulares. Otro es que tal equipo no haya hecho ninguna autocrítica y se resista a hacerla. Pero otro hecho, también llamativo y muy sorprendente, es que no haya habido una rebelión de la militancia, un caso único entre los partidos socialistas europeos. Incluso en Alemania hubo una revuelta frente a las reformas neoliberales del gobierno socialdemócrata alemán, presidido por el canciller Schröder, que llevó a una escisión en aquel partido (creándose Die Linke –La izquierda-). Tal silencio en el socialismo español (y en el socialismo catalán, cuya reciente rotura tiene que ver con otras causas) está reforzando la percepción generalizada de que el PSOE (como también otros partidos) es la suma de los que tienen cargos políticos que defienden a ultranza sus privilegios más aquellos que aspiran a tenerlos. Tal percepción, profundamente injusta en cuanto a la militancia, se reproducirá a no ser que haya una revuelta de las bases del partido para cambiar profundamente tal instrumento político y sus políticas neoliberales. De no ser así, el futuro de los partidos socialistas en España verá su continuo declive.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Españoles, el Estado de Derecho ha muerto

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JAVIER GALLEGO


Eldiario.es




Españoles, después de la muerte del Estado del Bienestar, ahora también el Estado de Derecho ha muerto. El proceso de demolición ha terminado. Ya sólo queda construir en los escombros un país subdesarrollado con mano de obra sumisa y barata. Pero el desmantelamiento del Estado social anterior se ha completado en los últimos días con éxito gracias a una serie de medidas. A saber:

El Gobierno ha indultado a cuatro policías torturadores consagrando la impunidad de la violencia del Estado; el Ministro de Justicia ha aprobado las tasas judiciales que establecen la desigualdad de los españoles ante la ley; y el presidente Mariano Rajoy ha hecho el único recorte que le quedaba por hacer: las pensiones. Es definitivo, todos los españoles no somos iguales ante la ley pero casi todos somos iguales ante los recortes.

Se cierra el círculo que empezó a dibujar Zapatero. Lo que el PSOE inició, el PP lo retoma y finaliza. Los recortes de ZP comenzaron tocando las pensiones y los de Rajoy terminan rematándolas. La última decisión que tomó el Gobierno socialista fue indultar a un banquero. El último indulto del Gobierno popular ha exonerado por segunda vez de sus culpas y penas a cuatro Mossos d’Esquadra condenados por torturas.

Así que mientras el Estado consuma la pérdida de derechos de todas y cada una de las capas sociales del país, sitúa por encima de la ley a los dos estamentos sobre los que asienta su poder, la clase financiera y el aparato represor. Les concede a ambos inmunidad para actuar a su antojo al margen de la Justicia a cambio de obtener su protección económica y policial. No es un Estado, es una mafia. Sus matones recaudan a golpes el impuesto mafioso para sus padrinos.

También en estos días ha terminado otra medida de gracia para las élites monetarias que operan al margen de la legalidad: la amnistía fiscal. En lugar de perseguir a los grandes defraudadores como al resto de ladrones, el Gobierno les ha otorgado un trato de favor. Hace la vista gorda acerca del origen o destino fraudulento de sus fortunas y les ofrece una tributación del 10% para legalizar su dinero, muy por debajo del porcentaje que pagan los contribuyentes honestos. Pero pese a este regalo, no ha conseguido recaudar ni la mitad de lo que esperaba. No se puede hacer pactos con ladrones y esperar que compartan el Botín.

No terminan ahí los regalos. Hace unos días, el Gobierno anunció que vendería el permiso de residencia por 160.000 euros invertidos en una casa. Antes el Gobierno autonómico madrileño había prometido exenciones fiscales a los promotores de Eurovegas. Y en los próximos días, el Gobierno autorizará 37.000 millones de euros de la UE para rescatar a los bancos españoles en quiebra. El dinero será prestado a un interés por debajo del 1% y las entidades lo prestarán a un interés muy superior haciendo negocio con su propia deuda a costa del dinero y las prestaciones sociales de los ciudadanos. Los ricos reciben tratos de favor para hacerse aún más ricos de maneras poco legítimas. No es un Estado de Derecho, es derecho de pernada. Te cobro los diezmos y abuso de tu hija.

O te echo de tu casa. Esos mismos bancos que son salvados de su deuda con dinero público no son obligados a salvar a sus deudores y siguen ejecutando la mayoría de sus hipotecas con la permisividad del Gobierno. De nada ha servido que los jueces españoles y europeos hayan denunciado la desigualdad legal entre las partes. De poco ha servido la insuficiente medida del Ejecutivo para detener los desahucios. No pretendía parar los desalojos sino el malestar de la opinión pública por los suicidios de algunos desahuciados. Pasado el ruido, el Gobierno guarda silencio. No pretendía proteger a los ciudadanos sino protegerse de ellos.

Para protegerse de los ciudadanos tiene que proteger a sus cuerpos de seguridad cuando cometen excesos protegiendo a sus amos. Por eso, el Gobierno central ha indultado dos veces a policías autonómicos catalanes condenados por tortura y el Gobierno catalán ha exculpado a sus antidisturbios de haberle reventado un ojo a una ciudadana con una pelota de goma. El Estado dispara y esconde la mano. Pero la sacará para cobrarle dinero si ella decide recurrir a la Justicia. Como la saca si pides Sanidad, Educación, medicinas.

No es un Estado de Derecho, es un Estado del Revés. Permite a policías, banqueros y defraudadores actuar con impunidad mientras descarga toda su fuerza punitiva sobre el ciudadano. Ofrece inmunidad a antidisturbios y financieros mientras deja sin sistema inmunológico a la gente. Hay unos pocos que viven por encima de la ley mientras la mayoría vivimos debajo de ella como si las leyes no fuesen un sistema para equilibrar las desigualdades sino la losa de una tumba que se cierra inexorablemente sobre nuestras cabezas.

La losa se ha cerrado sobre el Estado de Derecho español. Ya no es un Estado democrático y social, ahora España es una mezcla de Guantánamo, Suiza y Las Vegas, un paraíso fiscal para las grandes fortunas que juegan a la ruleta con unos ciudadanos que viven en un infierno sin protección legal en el que son maltratados.

¡El Estado de Derecho ha muerto, viva el Estado del Revés!

jueves, 6 de diciembre de 2012

Latente 23-F

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PEDRO PITARCH (*)




Ya van siendo demasiados los disparates orquestados alrededor del cese del director de la revista Ejército. Mi opinión sobre el asunto la expresé en el post anterior: “Editorial desafortunado” (http://elblogdepitarch.blogspot.com.es/2012/12/editorial-desafortunado.html). Pero crecientemente, por la red y los ordenadores personales de militares y retirados —aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid”—, algunos están circulando profusamente mensajes y documentos gráficos incitando a saltarse las leyes y la normativa vigente. Compadecerse y apoyar al compañero en malos momentos es una cosa. Felicitarle públicamente cuando actúa fuera de la ley o la norma legalmente establecida es otra distinta. Cada vez me convenzo más que el asunto no fue cosa del general Pontijas solamente.



Hay roncerías de todos los calibres. Una es tan tremendamente taimada, que me ha empujado a salir al paso de tanto fervor desvariado. Se trata de una magnífica presentación histórica de diapositivas en “power point” (se la denomina “resumen recordatorio” y se acompañan tres de ellas), que gira alrededor de la proclamación de estado catalán por Lluis Companys, el 6 de octubre de 1934, y los hechos posteriores (entre ellos el propio fusilamiento del ex presidente de la Generalidad, el 15 de octubre de 1940, con certificado de defunción incluido). Una de las diapositivas, por ejemplo, recuerda lo que se atribuye al general Espartero primero, y a Azaña un siglo después: “Para gobernar España hay que bombardear Barcelona cada 50 años”. La verdadera intención del lote, se remata en la diapositiva (nº 89), que cierra la presentación, en la que se transcriben varios artículos de la Constitución “aplicables al caso”. Obviamente, ahí está el artículo 8 (misión de las FAS). Sin embargo, brilla por su ausencia el 97, que asigna al gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Más claro: se promueve el “ir por libre”.






¿Con qué fuerza moral se puede exigir a otros el cumplimiento de las leyes cuando simultáneamente se está amagando con incumplirlas uno mismo? No solo se está desinformando a la gente, sino que parece intentarse inocular y fomentar en el interior de las FAS un nocivo estado de opinión, que bien poco se compadece ni con la disciplina ni con la neutralidad política que los militares deben observar siempre, por ser rasgos característicos de la institución militar en un estado democrático de derecho en el siglo XXI. Algunos no quieren entender que las armas de los Ejércitos y la Armada no son un patrimonio de los militares. Que éstos son meros depositarios de aquéllas. Que el monopolio de la gran fuerza de la Nación es un colosal depósito de confianza que el pueblo español, del que emanan todos los poderes del estado, hace en favor de sus FAS. Es por ello que, simultáneamente con lo anterior, la propia ley no solo prescribe el cómo y el cuándo del uso de aquella fuerza, sino que también limita la libertad de expresión de los militares, imponiéndoles un comportamiento de estricta neutralidad política. Así fue, así es y así debe ser. Es algo consustancial con lo militar. Decir lo contrario por quienes vistan o hayan vestido el uniforme militar es, simplemente, una ruindad. Seamos claros: el perverso espíritu que animó el intento del golpe del 23 F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión.


Salida de los mossos d'esquadra del Palacio de la Generalidad tras su rendición
Instigar, jalear, aplaudir y/o fomentar bien desde el uniforme, o bien desde la ropa civil, actitudes, actos o manifestaciones contrarios a las leyes no son comportamientos de recibo. En el siglo XXI eso no es “lo militar”. No vale escudarse en supuestas y grandilocuentes expresiones de cariño al compañero o de pretendido fervor patrio, para instar públicamente a quebrar la disciplina y el ordenamiento legal. Reitero lo que decía en el post “¿Adiós Sr. Mas?”, (http://elblogdepitarch.blogspot.com.es/2012/11/adios-sr-mas.html), al cierre de los colegios electorales de la pasadas autonómicas catalanas: “Ningún servidor del estado, civil o militar, tiene bula para atacar pública e impunemente, ni siquiera en el mero plano declarativo, lo prescrito por las leyes y la constitución que han jurado guardar y hacer guardar. Quien quiera “ordaguear” que se descabalgue de la nómina oficial, o se contente con jugar al mus. Es llegado, pues, el momento para que el gobierno gane su propia libertad de acción… ¿se atreverá el gobierno a decir “hasta aquí hemos llegado”? Porque si no lo hiciera, seguro que otros se creerían legitimados para hacerlo en su lugar".


(*) Pedro Pitarch es teniente general del Ejército de España en la reserva

miércoles, 5 de diciembre de 2012

La irracionalidad del ministro Wert

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ROSA CAÑADELL


Público.es



En momentos en que nuestra educación pública está en “cuidados intensivos” por culpa de los recortes que contra ella han hecho las administraciones centrales y autonómicas, ¿tiene algún sentido aumentar las dificultades con nuevos cambios que en nada mejoran pero, sí, crean polémica? En momentos en que el proyecto de Ley del Sr. Wert (LOMCE) ya ha sido ampliamente contestado, por remitirnos a tiempos predemocráticos (reválidas estatales, direcciones autoritarias, religión como asignatura, privatización, etc.), ¿tiene algún sentido aumentar el rechazo de la comunidad educativa con nuevas medidas cada vez más polémicas? En un momento en que el grito de independencia suena más fuerte que nunca en Cataluña, ¿tiene algún sentido aumentar la tensión con un añadido al proyecto de ley que es un ataque frontal al modelo de escuela catalana?

¿Es pura provocación? ¿Se trata de azuzar el tema nacional para poder tapar las vergüenzas de los recortes y demás medidas que plantea la ley? ¿O realmente estamos asistiendo a unos planteamientos totalmente retrógrados respecto a la educación? No tengo respuestas, pero todo ello es altamente preocupante.

Nuestro sistema educativo tiene en este momento suficientes problemas para que el máximo responsable de la educación actúe con este grado de irresponsabilidad.

El modelo de inmersión lingüística, que durante más de 30 años se viene aplicando en Cataluña, ha tenido un éxito total, tanto por lo que se refiere a los resultados escolares en lengua castellana (nuestros alumnos terminan la educación obligatoria con un nivel de competencia en lengua castellana igual o superior al del resto de alumnos/as de otras comunidades del estado), como en su objetivo de ser una herramienta imprescindible para la igualdad de oportunidades y la inclusión social de todo el alumnado. En Cataluña existe un porcentaje muy alto de alumnado que proviene de familias que no tienen el catalán como lengua propia, los cuales sin inmersión nunca podrán tener la competencia suficiente en un idioma oficial Cataluña. Así pues, desmantelar este modelo implica, no solamente un ataque a la lengua catalana, sino un ataque a la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Proponer, como ha hecho el Sr. Wert, la posibilidad de escolarización en castellano en centros privados, pagados con dinero público, es otra de las irracionalidades de nuestro ministro. Si no hay dinero para el funcionamiento correcto de los centros públicos, ¿de dónde saldrá el dinero para subvencionar estas nuevas escuelas privadas? ¿No tenemos ya suficiente con pagar con el dinero de todos y todas centros privados que segregan por razón de sexo y/o de clase social, como para añadir nuevas segregaciones por cuestión de lengua? Esta nueva propuesta, además de profundizar en la privatización, abre las puertas a un sistema fracturado en la educación: escuelas en catalán y escuelas en castellano.

Es evidente que, desde los centros escolares, el profesorado y toda la comunidad educativa está cada vez más soliviantado. Necesitamos recursos y un poco de paz en nuestras escuelas e institutos. Necesitamos que las luchas partidistas no terminen por desmantelar definitivamente nuestra educación pública, necesaria, ahora más que nunca, para atender a todo tipo de alumnado en igualdad de condiciones. Es por ello del todo necesario la movilización para que esta ley no se apruebe, ni por lo que se refiere al ataque a nuestro modelo de escuela catalana, ni por todos los otros aspectos por los que está siendo ya altamente contestada por la comunidad educativa de todo el Estado.

Finalmente Sr. Wert: ¿por qué no deja la educación en paz y se dedica a otros menesteres? Muchos ciudadanos y ciudadanos se lo agradeceríamos.

La nueva Ley de Educación de Wert

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JORDI PUJOL


El Periódico




Como país y como sociedad Catalunya vive un tiempo de gran trascendencia. Y de gran gravedad. La ofensiva contra la viabilidad de Catalunya como país con una economía dinámica, como una sociedad equilibrada e integradora y como identidad de lengua, cultura y conciencia colectiva está encendida. A fondo.

Desde este espacio hemos advertido desde hace tiempo que se acercaba ese momento decisivo. Ya estamos en él. Y el ataque se produce con toda la amplitud del frente.

Unos niños meriendan en una sala de Itaca, en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet, poco después de salir de la escuela. ferran nadeu
La asfixia financiera. Y el consiguiente deterioro del Estado del bienestar en un grado que dificulta la calidad de la vida, la convivencia, la integración y la cohesión.

La constante aplicación a la baja de las competencias autonómicas. El ataque a fondo contra la lengua, especialmente en la enseñanza, donde el Gobierno español quiere rebajar la categoría del catalán --"lengua propia y cooficial de Catalunya"-- en la categoría de lengua no esencial. Con clara voluntad de dificultar la integración de la inmigración.

Todo ello utilizando todo tipo de medios. Con una radicalidad total. Con clara voluntad de destrucción.

El resultado de las elecciones de hace 10 días, por un lado, son una respuesta firme contra esta política. Lo son por el grueso de votos hostiles a esta política. Por el grueso más numeroso que nunca, y por el grado de determinación con que se expresan. Pero, por otro lado, permite un intento de introducir confusión e inestabilidad en la política catalana.

Se impone una reflexión muy seria. Hay que entender bien cuál es el objetivo de la ofensiva estatal. Y evitar darle ningún tipo de facilidad, aunque sea por irreflexión o inmediatismo táctico. Y se impone una reacción política. Que es posible vista la relación de fuerzas que se desprende de las elecciones del 25-N. Una reacción patriótica. Y más allá de la política se impone que cada uno ocupe bien su lugar y haga bien el trabajo de cada día.

En el mundo de la empresa. En el campo de la cultura y de la ciencia. En el del compromiso social. En el de todo lo que facilite la convivencia y la cohesión. En lo que dependa de cada uno en el buen funcionamiento de la Administración. En todas partes es preciso que ahora sople un viento de sentido de responsabilidad, de pasión por el trabajo bien hecho, de voluntad de ser, de conciencia del bien común...

Es decir, es necesario que en Catalunya haya una consigna de movilización moral. Volvemos a necesitar esa mentalidad del "no nos moverán", del espíritu de resistencia contra el abuso y contra la voluntad de irnos residualizando. Es necesario un espíritu mezcla de fortaleza y de esperanza. Como en los momentos más difíciles.

Volvemos a los tiempos de la resistencia porque contra nosotros se ha vuelto a despertar el espíritu hostil que quiere nuestra residualización, nuestra gradual pero acelerada e implacable anulación. Volvemos, por tanto, a la época en que nuestras armas deben seguir siendo políticas y económicas, pero también --y con especial importancia-- culturales y morales.

En la época en que ya no sirve ser ni más listo ni pícaro, sino sólido, paciente y comprometido.

Cada cual en su sitio y haciéndolo bien.

La Transición, un mito que se descompone

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JULIO ANGUITA GONZÁLEZ

Mundo Obrero.es


Durante décadas hemos venido escuchando desde fuera e incluso desde dentro de nuestra casa, las excelsitudes de aquella transacción entre dos miedos: el de la orfandad de quienes perdieron al dictador y el de los que habían previsto otra situación muy distinta: la ruptura democrática. Desde entonces la Transición ha sido planteada y aceptada (salvo excepciones) como una operación política modélica por la que se pasó desde una dictadura fascista a un sistema de democracia parlamentaria sin el trauma ni los conflictos inherentes a este tipo de cambios. La realidad que se ha ido imponiendo es que para unos la llamada Transición fue un armisticio necesario para recomponer fuerzas y hegemonizar el proceso y su desarrollo consecuente y para otros, ingenuos, casi el summum consecuente con los sacrificios, luchas, cárceles y mártires que habían jalonado la terrible travesía.

La Constitución que venía a sellar el pacto, redactada entre miedos y pies forzados de obligado acatamiento, contenía en sí misma los embriones de los problemas que hoy están a la vista de todo el mundo. Aceptada la monarquía, vinieron en cascada los demás pies forzados de los que me permito cuatro ejemplos:

- Aceptación del Real Decreto de 22 de Enero de 1977 por el que monarca designaba a su hijo Felipe como Príncipe de Asturias sin esperar a que funcionase el parlamento surgido de unas elecciones. Ante el hecho consumado la Ponencia Constitucional tuvo que acudir a copiar casi en su literalidad, el artículo 60 de l Constitución de 1876. El único cambio consistió en cambiar la palabra “hembra” por la de “mujer”.

- Copiar sin apenas cambios el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de 1967 y reproducirlo como el 8 de la Constitución.

- Reproducir el artículo 8 de la citada ley franquista en el artículo 56. 3. sobre la inviolabilidad del Jefe del Estado.

- Aceptación de que todavía el Rey no haya cumplimentado lo que le obliga el artículo 61 de la Constitución acerca del acatamiento de la misma por parte del monarca.

Tampoco es ninguna casualidad que la Constitución al hablar de los Derechos Fundamentales en el Título I, vaya describiendo y pormenorizando con rotundidad en los Capítulos I y II, los derechos y libertades de tipo político; una rotundidad que desaparece cuando en el Capítulo III se relacionan bajo el epígrafe de “principios rectores” lo que en la solemne Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948 se contemplan como Derechos Económicos y Sociales.

Es sorprendente la facilidad con la que la Constitución de 1978 contempla la cesión de soberanía a instancias económicas y políticas a organizaciones e instituciones internacionales. El estudio comparativo con otros países evidencia bien a las claras que tanto la cuestión de la OTAN como la de la CEE estaban en la hoja de ruta de quienes viniendo del franquismo se amoldaron a la nueva situación pero sin perder ni un ápice de su fuerza.

Al contemplar el desarrollo de las políticas económicas y sociales de las últimas décadas no podemos por menos que admitir la hegemonía conservadora en todo el proceso. Una hegemonía que ha venido gobernada tanto por el PSOE como por el PP.

Dejo para último lugar la cuestión de Cataluña. Los hoy se quejan escandalizados de las reivindicaciones de los nacionalismos conservadores (no olvidemos esta peculiaridad clave) deben volver sus ojos al texto constitucional vigente; es confuso y contradictorio como corresponde a un apaño para ir tirando. La Constitución en su artículo 2 dice:

- “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad e la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”

Veamos dos extravagancias del texto:

- ¿Cómo se puede decir que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española? Todas las constituciones dignas de tal nombre se fundamentan en la llamada Soberanía Nacional; el que se hable de la unidad de España será en todo caso un anhelo, un deseo, pero nunca un fundamento constitucional.

- Pero la madre de todas las confusiones reside en el texto cuando habla de nacionalidades y regiones como dos cosas diferentes. ¿Por qué son unas nacionalidades y otras regiones? ¿En qué se diferencian?

Los redactores no tuvieron más remedio que admitir una evidencia que el franquismo no pudo erradicar: Galicia, Euskadi y Cataluña desde la II República eran consideradas nacionalidades y en consecuencia con una entidad especifica.

Por otra parte, y también desde la II República en un proceso interrumpido por la sedición fascista de 1936, se habían empezado a tramitar estatutos de las regiones pero con una diferencia con los de las nacionalidades.

Fue el “café para todos” el que introdujo la confusión en una cuestión que ya estaba asumida por la memoria colectiva recuperada visiblemente a la muerte de Franco.

El problema se ha vuelto vidrioso por tanto enredo y por tanta dilación. Creo que en estos casos el Derecho a Decidir es una norma de obligado cumplimiento que la Transición no ha podido obviar. De aquella chapuza vienen estos lodos.

martes, 4 de diciembre de 2012

La gran patronal se dispone a destruir a la pequeña y mediana empresa española que crea empleo

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JUAN TORRES LOPEZ


Rebelión



Me atrevería a decir que la figura del empresario ha sido tradicionalmente mal entendida y considerada por las izquierdas, los sindicatos y, en general, los movimientos sociales "progresistas". Habitualmente se identifica empresario con capitalista y a éste con la explotación del trabajo (en el sentido estricto de apropiación de una parte del valor generado por los asalaridos) que efectivamente conlleva el uso del trabajo asalariado en las economías capitalistas, cuando en puridad no tienen por qué ser equivalentes.

La figura de los empresarios y su distinta naturaleza

Los empresarios son mucho más que eso, o menos; es decir, algo diferente. La prueba de ello es que en cualquier otro sistema social existirían o que en nuestra sociedad capitalista los hay en empresas de propiedad colectiva, como las cooperativas o las sociedades anónimas laborales, o en miles de empresas individuales o pequeñas en las que es muy forzado hablar de dominio del capital sobre el trabajo asalariado.

Con esto que acabo de señalar no quiero decir que los intereses "de clase" de empresarios (sea cual sea su naturaleza y suponiendo -que es mucho suponer- que solo haya una "clase" de empresarios) y los de los trabajadores tengan que ser idénticos, como tampoco lo son los de los diferentes segmentos que se se pueden encontrar dentro de la propia clase trabajadora.

En cualquier caso en texto breve no me propongo hacer un análisis de la naturaleza social del empresatiado sino que solo quiero señalar que la incomprensión del papel del empresario, que lo identifica exclusivamente con capitalista generador de explotación (insisto, no en un sentido caricaturizado sino como sujeto que se apropia del trabajo que no retribuye de otra persona) provoca dos efectos que me parece que son muy negativos. Uno, que se mete en un mismo saco a categorías de empresarios muy distintas. Y no me refiero a que haya, como a veces se quiere caricaturizar, empresarios "buenos y malos" (que los hay) sino a algo que no tiene que ver con ningún juicio moral sino con su función social y su posición de clase. Así, creo que es un grave error, por ejemplo, no disintiguie entre empresarios individuales, pequeños o grandes, propietarios o no propietarios de más o menos capital o de un tipo u otro de éste, de empresas productivas o especulativas, financieras o industriales, de empresas competitivas o de oligopolios o monopolios, de empresas cooperativas o de propiedad privada, etc.

El segundo error es que creo que al simplificar la naturaleza de la función social del empresario, limitándola a la de explotación del trabajo asalariado, se soslaya que una gran parte de los empresarios han desarrollado a lo largo de la historia y sigue desarrollando una función esencial como innovadores, dirigentes y organizadores de la actividad productiva que contribuye muy positivamente al bienestar y al progreso social (lo que, naturalmente no debe entenderse en el sentido de que la única forma de lograr el bienestar y el progreso social sea haciendo recaer esas funciones solo en los empresarios capitalistas y ni siquiera solo en los empresarios porque la empresa en su sentido más puro no puede funcionar sino como un sistema que requiere la función directiva u organizativa pero también la que desarrollan el resto de los sujetos que forman parte de ella y, como se demuestra en las de propiedad colectiva que funcionan muy eficientemente, incluso la dirección y la organización pueden llevarse a cabo de forma colegiada sin que así se resienta la eficacia, la rentabilidad o su buen funcionamiento en general.

Finalmente, me parece que ambos errores llevan a una situación que debilita mucho a las propias clases trabajadoras. Por un lado, a veces les impide entender que la consecución de su propio bienestar y liberación están vinculados en realidad al desarrollo de las empresas, es verdad que casi en total medida a nuevos tipos de empresas muy distintas a las que suelen predominar en las economías capitalistas. Y la consecuencia es que las clases trabajadoras luchan por mejorar su situación pero desentendiédose a la hora de la verdad de las fuentes de riqueza que pueden garabtizarla. Algo que, también es verdad, no siempre ocurre pues en muchas ocasiones, en las que son ejemplares y han de tomarse como referencia, la lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajasdores va acompañada de la puesta en marcha de nuevas experiencias (empresariales) de organización de la producción y del trabajo no dependientes del capital que está en manos de otros.

Otra consecuencia lamentable es que limitándose a demonizar al empresariado en su conjunto no se pueden hacer alianzas con cpas empresariales que en un momento dado tienen los mismos problemas y objetivos que las propias clases trabajadoras.

Y me parece que esto último está ocurriendo en estos momentos y especialmente en España cuando el capitalismo se ha hecho oligopolista y muy concentrado en torno a grupos de poder empresariales y financieros dominados por una oligarquía cuyos intereses son realmente tan ajenos a los trabajadores como a los de la gran mayoría de los empresarios pequeños, medianos o individuales.

Los grandes oligopolios y las finanzas especulativas, contra toda la sociedad

Esta crisis nos está poniendo de manifiesto, por ejemplo, que la viven de modo muy distinto los diferentes tipos de empresas. Sin ánimo de ser exhaustivo y sin poder desarrollar aquí un análisis detallado creo que, al menos y para el propósito que tiene este texto, se podrían distinguir tres grandes gruposde emprrsas y, por tanto, de problemas e intereses empresariales (dentro de los cuales se podrían considerar desde luego, otros igualmente significativos).

Por un lado están la banca internacional (que crea dinero bancario cada vez que genera deuda concediendo créditos), los grandes fondos de inversión y las grandes corporaciones que tienen mucha liquidez proveniente de sus grandes beneficios y además capacidad para crear dinero financiero (lo que significa que pueden financiar sus grandes inversiones creando sus propios títulos o activos que les sirven como medios de pago sin necesidad de recurrir al crédito habitual que dan los bancos). Estas son las empresas que han creado la crisis a base de moviliar con mucho peligro esos recursos financieros que ellas mismas crean y multiplican sin cesar. Han expandido un ámbito financiero muy lucrativo cada vez más ajeno a la actividad productiva (casi 75 veces mayor que ella) pues está centrado centrado en el intercambio de papel en el universo monetario en donde desarrollan una constante actividad de especulación financiera. Así obtienen una gran rentabilidad y mucho poder político, aunque generando un gran peligro para el conjunto de la economía. Primero, porque esa especulación conlleva un gran riesgo al no tener base real alguna y basarse en la constante fluctuación y en apuestas exageradas y, segundo, porque al derivar preferentemente los recursos a la circulación financiera se restringen los que van a la actividad prductiva, a la economía real, creadora de bienes y servicios y de empleo. Por eso este fenómeno de hiptertrofia de lo financiero esté vinculado a crisis constantes y a fases de menor actividad, menor empleo y rentas procedentes de la actividad productiva más bajas. Pero de las que estas grandes empresas pueden salir gracias a su gran poder ya que, como se ha puesto de moda decir, son "demasiado grandes para caer". De hecho, aunque fueron las que provocaron la crisis, su enorme poder político les ha permitido sobrevivirla y salir de ella incluso en mejores condiciones que antes de que se produjese

Por otro lado están las grandes empresas que aunque no tienen exactamente el mismo privilegio de crear dinero del que gozan las anteriores, tienen sin embargo un enorme poder de mercado, una demanda global o en un número amplio de países prácticamente asegurada, gran capacidad para desplazarse de un país a otro y, también como las primeras, suficiente poder como para haber podido externalizar gran parte de sus funciones o de la mano de obra y para conseguir tratos de favor de los gobiernos y las autoridades reguladoras.

Para la inmensa mayoría de este segundo tipo de grandes empresas globales o que no dependen de lo que ocurra en un mercado concreto, la crisis no ha sido un contratiempo. Aunque hayan podido sufrir inicialmente el impacto, lo cierto es que no han dejado de ganar miles de millones de dólares, como ponen de relieve sus cuentas y el gran aumento de la diferencia entre rentas e capital y del trabajo que se a prodiucido en estos últimos años de crisis. En España, el reparto de dividendos en las empresas cotizadas (las que a grandes rasgos formarían parte de estos dos grupos han batido niveles record en los primeros once meses de 2011, 33.247 millones de euros, lo que supone un 45% más respecto al mismo periodo de 2010 ( http://economiavanzada.blogspot.com/2011/12/la-retribucion-accionistas-bate-record.html).

Estas empresas (pensemos en Telefónica, Repsol o las grandes cadenas de distribución) viven la crisis sin demasiado sobresalto porque, como he dicho, disponen de gran liquidez propia o porque tienen acceso privilegiado a las fuents de crédito, de modo que el racionamiento que se ha producido apenas les afecta o les afecta en escasa medida. Además, porque ofrecen bienes y servicios que resulta más difícil que los consumidores dejen de utilizar y porque, en todo caso, la pérdida de ventas que puedan tener en algunos países como consecuencia de la caída en la demanda que lleva consigo la reducción de ingresos y el desempleo, la pueden compensar con relativa facilidad moviéndose de un lado a otro del planeta gracias a su gran dimensión y a las leyes que permiten su plena libertad de movimientos, establecias precisamente para que puedan sortear estas amenazas y puedan rentabilizar más fácilente sus capitales.

No hay que olvidar, por otro lado, que estas son las empresas dirigidas por los empresarios que forman parte de la oligarquía financiera, económica y política, de las grandes familias de los distintos países que llegan a sus consejos de administración unas veces por herencia, otras porque vienen de otras grandes empresas de su propiedad o (como es el caso de las emresas privatizadas en España) porque forman parte del entramado que mueve al mismo tiempo los hilos de la política y la gran empresa.

Un hecho muy importante a destacar es que estos dos grupos de empresas son las que menos empleos crean. Es más, son las que, a pesar de haber obtenido beneficios multimilonarios, han destruido un mayor número de puestos de trabajo en los últimos años, bien enviando directamente al paro a sus plantillas, bien obligando a que los trabajadores despedidos creen ellos mismos otras empresas con las que ahora negocian en condiciones mucho más favorables las condiciones de produción y trabajo.

Finalmente, hay que distinguir las miles de pequeñas y medianas empresas, en la mayoría de los cuales los empresarios que están al frente perciben ingresos que a veces ni siquiera son más elevados que los que tienen profesionales de mediano nivel que trabajan en las empresas anteriores o como independientes. Estas son las empresas y los empresarios que crean aproximadamente entre el 80% y el 90% del empleo, no solo en España sino en toda Europa.

Según un informe de la OCDE, en 2008 el 90% del empleo lo generaban en España las empresas de menos de 20 trabajadores e incluso fueron las "miniempresas" las que lograban aumentar los contratos fijos y reducir el empleo temporal, a diferencia de lo que han venido haciendo las grandes empresas.

La extraordinaria presencia de las pequeñas y medianas empresas en la economía se pone de relieve en los datos que proporciona el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística:

- El 81% de las empresas en 2010 tenía menos de 3 asalariados y solo el 2,3% tenía más de 20 empleados.

- El 99,2% de todo el empleo existente en España radicaba en ese año en empresas de menos de 50 trabajadores y el 80% en las que tienen menos de 3 trabajadores.

El 50% de las empresas españolas no tienen emplados, de modo que los empresarios que las dirigen no explotan a nadie más que a ellos mismos para obtener beneficio.

Pues bien, el problema dramático que a mi modo de ver está ocurriendo en la economía española es que los dirigentes que dominan las patronales defienden, bien por ceguera ideológica o por connivencia con los intereses de las grandes corporaciones, posiciones y políticas económicas y laborales que perjudican extraordinariamente a las pequeñas y medianas empresas y que solo benefician a las grandes, a las que, como he dicho, no tienen como objetivo ni como necesidad la creación de empleo y las que gozan de posiciones de privilegio en el mercado nacional e internacional a diferencia de las pequeñas y medianas que son muy dependientes de lo que pase en el mercado interno. Y lo dramático es que, en esta situación, las clases trabajadoras, los partidos que desean representarlas y las organizaciones sindicales, en lugar de aliarse con esta inmensa masa de empresarios pequeños y medianos que tienen esa extraordinaria capacidad para crear empleo, que en esta crisis están sufriendo los mismos problemas que afectan a los trabajadores y a los grupos de población de menor renta (la falta de financiación y de demanda que provoca el paro y la deuda), y que para colmo son fundamentales para cambiar el modelo productivo dominante y que es insostenbile, en lugar de ello, le dan la espalda e incluso siguen demonizando a los empresarios en su conjunto cuando hay unos, los grandes y privilegiados que provocan la crisis y luego se aprovechan de ella, y otros que la sufren en la misma medida o a veces incluso mayor que los propios trabajadores, porque no solo están perdiendo su puesto de trabajo sino también todo su patrimonio.

Y así, cuando no se proyecta un discurso que sea capaz de hacer alianzas amplias entre todos los sectores sociales que están sufriendo los mismos problemas, es cuando se pueder consolidar el que hacen los grupos oligárquicos privilegiados para imponer las medidas que a ellos les convienen como si fueran favorables para el conjunto de la población.

La consecuencia es que, sin respuesta alternativa y sin alianza entre ambos, los miles de pequeños y medianos empresarios que están siendo literalmente arruinados por las políticas favorables a las grandes empresas suscriben los discursos de los políticos y, particularmente, de la patronal que las defienden; y, por otra parte, que los trabajadores no disponen de la fuerza que les permita hacer frente a los verdaderos causantes de sus problemas. Y así ambos sufren los efectos devastadores de las políticas neoliberales que simplemente vienen a reforzar a los grandes poderes oligárquicos de las grandes empresas y de los financieros.

Las propuestas de la patronal española

Como es sabido, los dirigentes de la patronal española vienen reclamando una serie de medidas económicas muy clara y repetidamente expuestas por todo tipo de medios e intermediarios a los gobiernos y a la sociedad:

- Bajadas de impuestos directos y sobre las rentas más elevadas, así como de las cotizaciones sociales que obligan a llevar a cabo recortes de gasto público.

- Privatización de servicios públicos o de las pensiones con la excusa de que esos necesarios recortes no permiten suministrarlos con la calidad suficiente.

- Reducción de salarios con la excusa de que solo así será posible obtener más beneficios y poder invertir más para crear empleo.

- Flexibilización de las normas laborales con la excusa de que solo así será posible contratar a los trabajadores y aumentar el empleo.

El catalán, amenazado como nunca

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El Punt/Avui



El Estado español ha vuelto a demostrar, esta vez con vergonzosa alevosía, cuál es el futuro que le espera a Cataluña si sigue dentro de una organización estatal obsesionada sin disimulo por la aniquilación nacional y lingüística de los catalanes. El nuevo borrador de la ley de mejora de la calidad educativa del gobierno español dinamita el modelo de inmersión lingüística y prepara una regresión de la normalización nunca vista desde la recuperación de la democracia. Cataluña no hacia España si no es castellanizada, expoliada y humillada y el gobierno del Partido Popular está determinado a llevar a cabo esta tarea sin ninguna contemplación. Los temores manifestados ayer por la consellera Rigau son perfectamente fundamentados y contra este nuevo ataque frontal sólo hay el recurso a la unidad política y civil para resistir.
Aquellos que, ingenuamente, creen que es posible rehacer puentes y volver al diálogo con este gobierno opresor y despiadado no sólo no han visto la auténtica perversión destructiva del nacionalismo español sino que ni siquiera se han dado cuenta que la gran mayoría del pueblo de Cataluña sí es consciente de esta amenaza y por ello, masivamente, el día 25 votó en favor del derecho a decidir. En estos momentos no se puede confundir la aritmética partidista, que presenta una diversidad de sensibilidades, con la aritmética nacional, que está claramente encaminada a marcar distancias con esta España empeñada en borrar cualquier rasgo diferencial de Cataluña. Todas las formaciones soberanistas y las que se llaman catalanistas tienen, una vez más, la oportunidad de demostrarlo con hechos y actitudes firmes y insobornables.