Nadie se conecta a Internet invocando palabras mágicas. Por lo menos se requieren de tres condiciones ineludibles: la red de telecomunicaciones, las computadoras o equipos electrónicos que dialogarán con sus pares en el mundo y una cultura del uso de estas tecnologías. Si se vive en una isla, se necesita además de cables submarinos para enlazarse a redes continentales más eficientes que las transmisiones satelitales, muy caras y muy lentas.
El bloqueo decretado por Estados Unidos a Cuba existe desde antes del nacimiento de la Internet en 1969 y ha supuesto –y supone todavía- un obstáculo frontal a que esas condiciones sean propicias para la Isla. Cero tecnología electrónica puede llegar del mercado a 90 millas de nuestras costas, y hasta 1996 no había manera de conectarse con la red internacional, por decisión del gobierno de los Estados Unidos.
Desde entonces es posible, pero solo por esos satélites que convierten a los navegantes cubanos y a quienes visitan nuestros sitios web en mártires de la Internet. Desde 1996, repito, es posible, pero sin las prestaciones que puede disfrutar cualquier usuario que no sea cubano. Alegremente los principales proveedores de servicios en la web los han prohibido a rajatabla, haciendo suyas y aplicando muchas veces de manera extreterritorial las leyes norteamericanas. Aquí no se puede ver Google Earth, ni descargar Google Talk o Crome, ni usar el chat de Hotmail, ni acceder a los softwares gratuitos de Microsoft, ni adquirir dominios internacionales que parezcan favorecer el turismo hacia Cuba, por mencionar algunos servicios. Cuando detectan una IP cubana, estas empresas, estén en Alaska o en España, en París o Canadá, nos advierten que “usted no puede recibir este servicio porque vive en un país considerado terrorista por los Estados Unidos”, palabras más palabras menos.
Cada metro de cable y cada pieza de computadora, Cuba la ha tenido que comprar a precios hasta diez veces más caros en mercados al otro lado del mundo, mientras cada megabytes (MB) de conexión contratado a Estados Unidos necesita de un permiso del Departamento del Tesoro. Hasta este mismo minuto, el país entero dispone de un ancho de banda similar al de un café internet en Bethesda, un suburbio de Washington: 302 MB de bajada y 180 de salida. O todavía más gráfico: el servidor en Alemania –Strato- que aloja el publicitado blog de Yoani Sánchez posee un ancho de banda 60 veces superior al que dispone toda Cuba: 20 gigabytes (GB).
Pero esta realidad se asienta sobre una paradoja que generalmente se obvia en los análisis sobre la Internet cubana. El país bloqueado por más tiempo en el mundo, acosado y satanizado, está en condiciones, como ningún otro en la región, de dar un salto tecnológico extraordinario en el uso de la Red de Redes, cuando tres de aquellas cuatro circunstancias que hablábamos al principio les sean realmente dadas.
Todas las escuelas primarias cubanas tienen laboratorios de computación, incluyendo aquellas a las que asiste un solo niño en los lugares más remotos de la montaña. La computadora es un instrumento familiar en todos los niveles de enseñanza, en todas las depedencias públicas y en todos los barrios. En una población de 11 millones de habitantes, 2 000 000 han pasado cursos en los Joven Club de Computación y cientos de miles de jóvenes estudian o han estudiado las carreras de Informática en politécnicos y universidades.
Si Cuba fuera un “enemigo de la Internet”, la muletilla de turno, ¿por qué ha invertido tanto en la preparación de la población en estas tecnologías, empezando por los niños de edades muy tempranas? ¿Por qué un país que padece un brutal bloqueo informático –además del otro que intenta rendirnos por hambre y enfermedades-, obstinadamente capacita a millones de personas y extiende en las provincias filiales de una universidad como la de Ciencias Informáticas, que no tiene nada que envidiarle a sus pares en el mundo? Si no le interesara que sus ciudadanos se enlacen a la red internacional, ¿por qué firmó un contrato con Venezuela para tender en próximos años un cable submarino de más de 500 kilómetros desde La Guaira hasta Santiago de Cuba?
La respuesta es simple: porque la decisión de Cuba de extender el uso social de la red no es retórica, y la inversión en estas tecnologías no empezó como en todas partes –favoreciendo primero a grupos económicamente privilegiados y elites tecnológicas-, sino facilitando los espacios sociales y preparando a todo el mundo para el gran salto tecnológico que necesariamente tendría que darse, con bloqueo o sin bloqueo.
De modo que la reciente publicación en la Gaceta de Cuba de la decisión gubernamental de extender el servicio de Internet en las oficinas de Correos solo explica que el país, por sus propios medios, busca nuevas fórmulas para mejorar las comunicaciones, pero en lo absoluto es una prueba de que Cuba ahora se abre a la Red de Redes. Está abierta desde el principio, porque le ha costado millones preparar a su gente, producir tecnologías propias e invertir a precios más caros en su infraestructura tecnológica, bregando además con implacables castigos, acusaciones, ciber-vedettes y trampas de los Estados Unidos.
Todavía está por ver qué se concretará de las recientes regulaciones de la administración Obama. Si entre las medidas anunciadas por el Presidente y los reglamentos para empezar a hacerlas realidad mediaron casi seis meses, las posibilidades de contratos entre empresas de los países para mejorar el servicio de telecomunicaciones puede tardar todavía bastante más.
Mi opinión personal es que si en breve el cable submarino norteamericano se extiende esos 15 kilómetros que median entre el Atlántico y La Habana, y las empresas de telecomunicaciones de ambas naciones negocian en condiciones de normalidad y respeto, el salto de Cuba en la Red será inmediato para beneficio de los cubanos y de la comunidad de Internet, bloqueada también por el bloqueo y excluida de los aportes científicos, las soluciones tecnológicas y los nichos de indudable valor cultural que posee la Isla. Y si esto ocurre, no será por voluntad de Estados Unidos, sino a pesar de este país. Es cínico olvidar que Cuba, sola y contra viento y marea, adelantó muchísimo en esta dirección. Y honor a quien honor merece.
sábado, 22 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
Javier Pradera, la amnistía y la transición
VICENÇ NAVARRO
Público
Las propuestas de enjuiciar los crímenes del franquismo han creado un gran revuelo. Entre estas voces está la de Javier Pradera, quien, con un estilo agresivo, característico de sus escritos, insulta a aquellos que están intentando cambiar la Ley de Amnistía, los cuales quieren evitar que ésta proteja a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos, pertenecientes a la categoría internacionalmente conocida como “crímenes contra la humanidad”. Javier Pradera les llama de todo: “hipócritas”, “moralmente viles”, “ignorantes”, “fraudulentos”, “estúpidos”, y así una larga retahíla de ofensas, realizadas con gran exuberancia en su utilización de epítetos, todo ello con el objetivo de ridiculizar a los oponentes de su tesis. Ésta es la consabida y constantemente promocionada versión de la transición, que asume que la Ley de Amnistía fue un pacto entre vencedores y vencidos basado en una reconciliación y en un consenso que permitió a los españoles construir la democracia y aprobar la Constitución.
Javier Pradera es hijo de vencedores y yo soy hijo de vencidos. Y tengo una visión muy distinta de la que tiene Javier Pradera de lo que fue la Transición, de lo que fue la mal llamada reconciliación, y de como se aprobó la Amnistía. Su visión de este periodo de nuestra historia –que reproduce la sabiduría convencional del país- ha servido más a los sucesores de los vencedores que a los sucesores de los vencidos. Y la mejor prueba de ello es que, treinta y dos años después de haber producido aquella Transición, los familiares de 112.000 personas asesinadas por los fascistas están todavía encontrando enormes dificultades para poder localizar y enterrar a sus muertos. Y cuando un juez intenta ayudarles, el Tribunal Supremo lo enjuicia por atreverse a hacerlo, indicando que la Ley de Amnistía no le permite hacerlo. De esta manera, la Ley de Amnistía está siendo utilizada como freno para evitar que se juzguen aquellos crímenes que pueden catalogarse, como bien han dicho eminentes juristas nacionales e internacionales, como “crímenes contra la humanidad”. Tal tipología de crimen está reconocida y recogida en la legislación internacional. Javier Pradera niega, sin embargo, que tal categoría de la Ley Internacional (y la argumentación que la sustenta) invalide la Ley de Amnistía, aunque nunca dice por qué, redirigiendo al lector a un libro que supuestamente avala tal negación. Pero, siendo un elemento clave para sostener su tesis, sorprende la ausencia de evidencia en la defensa de su argumento.
Parece, pues, dar por sentado, como Santos Julià, Fernando Savater y muchos otros que han escrito estos días en las páginas de El País, que la Amnistía estaba basada en un consenso, resultado de una generosidad, tanto de los vencedores como de los vencidos, sobre la cual ocurrió la reconciliación. Pero las víctimas no fueron ni siquiera consultadas en aquel supuesto consenso. Los dirigentes de los partidos que pactaron aquella transición asumieron una representatividad que sólo las propias víctimas tenían. Asumir que hubo reconciliación entre los herederos de los asesinos y los herederos de los asesinados es una enorme tergiversación que no puede sostenerse a base de citar a dirigentes de izquierda que hablaron de reconciliación. El hecho de que el conflicto entre los unos y los otros pasara de ser un conflicto armado a un conflicto civil, no quiere decir que las víctimas se hubieran reconciliado con sus verdugos, situación de difícil realización, pues los últimos nunca han pedido perdón a los primeros, y ni siquiera les han reconocido, obstaculizando –por todos los medios- (tal como muestra el caso Garzón) que se les encuentre y se les homenajee (es fácil de ver que sin el mandato del estado –tal como intentó el juez Garzón- las víctimas no serán enterradas). ¿Quién puede decir que la familia que está buscando el paradero de sus padres y abuelos se ha reconciliado con el Juez Alfredo Prego, miembro del Tribunal Supremo, defensor del golpe fascista, que se opuso al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados por aquéllos que tal Juez defiende, y que ahora se opone a que el Estado les ayude a encontrarlos, consecuencia de las intervenciones del juez Garzón? El fin de la Guerra y de la Dictadura que se estableció no puede interpretarse como reconciliación, pues no se han dado las bases para que ésta ocurra. Como tampoco se puede asumir que el silencio existente sobre los crímenes del fascismo, que ha existido durante estos años, fuera resultado de la mal llamada reconciliación. Fue resultado del enorme poder de los sucesores de los vencedores, a través del control de los mayores aparatos de represión del estado –el Ejército, la Policía Nacional y la Judicatura- y de los medios de información y persuasión. Asumir este silencio como consenso es creer en una voluntad inexistente. No fue un silencio consensuado, sino impuesto (no fue hasta hace muy poco que la televisión –el instrumento más importante de difusión y persuasión en España- mostró en documentales como “Els nens perduts del franquisme” los horrores del fascismo), con la colaboración de muchos hijos de vencedores que no deseaban que se analizara el pasado de sus padres.
En cuanto a la Ley de Amnistía, ésta fue consecuencia, en parte, de las presiones de las protestas populares, pidiendo “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Esta llamada a la Amnistía no era una llamada al perdón de los asesinos, sino al deseo y exigencia de que se sacara de las cárceles a los que estaban en ellas por su oposición a la dictadura. Alianza Popular, el tronco del cual deriva el PP, no apoyó ni la petición de amnistía ni la Ley. Para hacerla más aceptable a las derechas se incluyó protección a los violadores de derechos humanos dentro del bando vencedor de la Guerra, y responsables del terrorismo de estado. En realidad, cuando las derechas hablan de víctimas del terrorismo, se olvidan de que el mayor número de estos crímenes los cometieron miembros de aquel estado dictatorial basado en el terror, que ellos nunca han denunciado por su nombre. La Ley de Amnistía excusó de la amnistía aquellos delitos de sangre realizados por ETA y otros grupos, amnistiando, sin embargo, los asesinatos terroristas llevados a cabo por el estado. Fue en la práctica una ley de punto final, aunque la ambigüedad de su narrativa deja abierta una brecha que sectores de izquierdas quieren cerrar, permitiendo el enjuiciamiento de aquellos asesinatos.
En la transición no hubo rotura sino cambios, algunos de ellos muy importantes y significativos como, por ejemplo, la aceptación del principio de que la soberanía popular es la base del estado español. Ahora bien, tampoco hubo rotura. Decir esto no es decir, como maliciosamente se atribuye a los que cuestionamos la imagen idealizada de la Transición (refiriéndose a ella como inmodélica), que no cambiara nada o muy poco. Esto es absurdo. Decir que la Transición fue inmodélica quiere decir que hay todavía muchísimo por hacer para alcanzar los niveles de bienestar social y democracia que existen en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la mejor prueba de ello es que el partido fascista ha llevado al juez Garzón ante la Corte Suprema por tratar de enjuiciar a la dictadura (permitiendo con ello que sea el Estado el que ayude a las familias a encontrar a sus desaparecidos), siendo probable que ahora tal Tribunal le penalice, y que el que escriba su auto sea el Juez Prego. Y todo ello como una maniobra por parte de las derechas de imposibilitar la labor del Juez Garzón, evitando que encuentre las entrañas corruptas de aquel partido, y una vez más –y como ocurrió durante la dictadura- utilice el fascismo para que le haga el trabajo sucio. Todavía queda muchísimo por hacer.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Blog de Vicenç Navarro
Público
Las propuestas de enjuiciar los crímenes del franquismo han creado un gran revuelo. Entre estas voces está la de Javier Pradera, quien, con un estilo agresivo, característico de sus escritos, insulta a aquellos que están intentando cambiar la Ley de Amnistía, los cuales quieren evitar que ésta proteja a aquellos que cometieron violaciones de los derechos humanos, pertenecientes a la categoría internacionalmente conocida como “crímenes contra la humanidad”. Javier Pradera les llama de todo: “hipócritas”, “moralmente viles”, “ignorantes”, “fraudulentos”, “estúpidos”, y así una larga retahíla de ofensas, realizadas con gran exuberancia en su utilización de epítetos, todo ello con el objetivo de ridiculizar a los oponentes de su tesis. Ésta es la consabida y constantemente promocionada versión de la transición, que asume que la Ley de Amnistía fue un pacto entre vencedores y vencidos basado en una reconciliación y en un consenso que permitió a los españoles construir la democracia y aprobar la Constitución.
Javier Pradera es hijo de vencedores y yo soy hijo de vencidos. Y tengo una visión muy distinta de la que tiene Javier Pradera de lo que fue la Transición, de lo que fue la mal llamada reconciliación, y de como se aprobó la Amnistía. Su visión de este periodo de nuestra historia –que reproduce la sabiduría convencional del país- ha servido más a los sucesores de los vencedores que a los sucesores de los vencidos. Y la mejor prueba de ello es que, treinta y dos años después de haber producido aquella Transición, los familiares de 112.000 personas asesinadas por los fascistas están todavía encontrando enormes dificultades para poder localizar y enterrar a sus muertos. Y cuando un juez intenta ayudarles, el Tribunal Supremo lo enjuicia por atreverse a hacerlo, indicando que la Ley de Amnistía no le permite hacerlo. De esta manera, la Ley de Amnistía está siendo utilizada como freno para evitar que se juzguen aquellos crímenes que pueden catalogarse, como bien han dicho eminentes juristas nacionales e internacionales, como “crímenes contra la humanidad”. Tal tipología de crimen está reconocida y recogida en la legislación internacional. Javier Pradera niega, sin embargo, que tal categoría de la Ley Internacional (y la argumentación que la sustenta) invalide la Ley de Amnistía, aunque nunca dice por qué, redirigiendo al lector a un libro que supuestamente avala tal negación. Pero, siendo un elemento clave para sostener su tesis, sorprende la ausencia de evidencia en la defensa de su argumento.
Parece, pues, dar por sentado, como Santos Julià, Fernando Savater y muchos otros que han escrito estos días en las páginas de El País, que la Amnistía estaba basada en un consenso, resultado de una generosidad, tanto de los vencedores como de los vencidos, sobre la cual ocurrió la reconciliación. Pero las víctimas no fueron ni siquiera consultadas en aquel supuesto consenso. Los dirigentes de los partidos que pactaron aquella transición asumieron una representatividad que sólo las propias víctimas tenían. Asumir que hubo reconciliación entre los herederos de los asesinos y los herederos de los asesinados es una enorme tergiversación que no puede sostenerse a base de citar a dirigentes de izquierda que hablaron de reconciliación. El hecho de que el conflicto entre los unos y los otros pasara de ser un conflicto armado a un conflicto civil, no quiere decir que las víctimas se hubieran reconciliado con sus verdugos, situación de difícil realización, pues los últimos nunca han pedido perdón a los primeros, y ni siquiera les han reconocido, obstaculizando –por todos los medios- (tal como muestra el caso Garzón) que se les encuentre y se les homenajee (es fácil de ver que sin el mandato del estado –tal como intentó el juez Garzón- las víctimas no serán enterradas). ¿Quién puede decir que la familia que está buscando el paradero de sus padres y abuelos se ha reconciliado con el Juez Alfredo Prego, miembro del Tribunal Supremo, defensor del golpe fascista, que se opuso al reconocimiento de los jueces republicanos asesinados por aquéllos que tal Juez defiende, y que ahora se opone a que el Estado les ayude a encontrarlos, consecuencia de las intervenciones del juez Garzón? El fin de la Guerra y de la Dictadura que se estableció no puede interpretarse como reconciliación, pues no se han dado las bases para que ésta ocurra. Como tampoco se puede asumir que el silencio existente sobre los crímenes del fascismo, que ha existido durante estos años, fuera resultado de la mal llamada reconciliación. Fue resultado del enorme poder de los sucesores de los vencedores, a través del control de los mayores aparatos de represión del estado –el Ejército, la Policía Nacional y la Judicatura- y de los medios de información y persuasión. Asumir este silencio como consenso es creer en una voluntad inexistente. No fue un silencio consensuado, sino impuesto (no fue hasta hace muy poco que la televisión –el instrumento más importante de difusión y persuasión en España- mostró en documentales como “Els nens perduts del franquisme” los horrores del fascismo), con la colaboración de muchos hijos de vencedores que no deseaban que se analizara el pasado de sus padres.
En cuanto a la Ley de Amnistía, ésta fue consecuencia, en parte, de las presiones de las protestas populares, pidiendo “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Esta llamada a la Amnistía no era una llamada al perdón de los asesinos, sino al deseo y exigencia de que se sacara de las cárceles a los que estaban en ellas por su oposición a la dictadura. Alianza Popular, el tronco del cual deriva el PP, no apoyó ni la petición de amnistía ni la Ley. Para hacerla más aceptable a las derechas se incluyó protección a los violadores de derechos humanos dentro del bando vencedor de la Guerra, y responsables del terrorismo de estado. En realidad, cuando las derechas hablan de víctimas del terrorismo, se olvidan de que el mayor número de estos crímenes los cometieron miembros de aquel estado dictatorial basado en el terror, que ellos nunca han denunciado por su nombre. La Ley de Amnistía excusó de la amnistía aquellos delitos de sangre realizados por ETA y otros grupos, amnistiando, sin embargo, los asesinatos terroristas llevados a cabo por el estado. Fue en la práctica una ley de punto final, aunque la ambigüedad de su narrativa deja abierta una brecha que sectores de izquierdas quieren cerrar, permitiendo el enjuiciamiento de aquellos asesinatos.
En la transición no hubo rotura sino cambios, algunos de ellos muy importantes y significativos como, por ejemplo, la aceptación del principio de que la soberanía popular es la base del estado español. Ahora bien, tampoco hubo rotura. Decir esto no es decir, como maliciosamente se atribuye a los que cuestionamos la imagen idealizada de la Transición (refiriéndose a ella como inmodélica), que no cambiara nada o muy poco. Esto es absurdo. Decir que la Transición fue inmodélica quiere decir que hay todavía muchísimo por hacer para alcanzar los niveles de bienestar social y democracia que existen en la mayoría de países de la Unión Europea. Y la mejor prueba de ello es que el partido fascista ha llevado al juez Garzón ante la Corte Suprema por tratar de enjuiciar a la dictadura (permitiendo con ello que sea el Estado el que ayude a las familias a encontrar a sus desaparecidos), siendo probable que ahora tal Tribunal le penalice, y que el que escriba su auto sea el Juez Prego. Y todo ello como una maniobra por parte de las derechas de imposibilitar la labor del Juez Garzón, evitando que encuentre las entrañas corruptas de aquel partido, y una vez más –y como ocurrió durante la dictadura- utilice el fascismo para que le haga el trabajo sucio. Todavía queda muchísimo por hacer.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Blog de Vicenç Navarro
Para salvar a los ricos, hunden las economías
JUAN TORRES LÓPEZ
Sistema Digital
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado por fin las medidas que seguramente nunca quiso tomar y ahora caen sobre él todo tipo de críticas. Solo recibe parabienes de los banqueros y de los poderosos que controlan los organismos internacionales y del poder ejecutivo de la Unión Europea, cada vez más parecida a un lobby de los ricos que a una institución al servicio de la libertad, la pluralidad y la democracia.
Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno son criticables pero que es necesario contextualizarlas adecuadamente, porque no me parece justo ni riguroso que caiga sobre él todo el peso de la responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestra economía. No es verdad, por ejemplo, que sea prioritario combatir ahora el déficit porque se haya alcanzado un nivel peligroso de deuda, puesto que el aumento que se está produciendo está todavía dentro de lo que se puede considerar plenamente aceptable. Lo principal, por el contrario, es recuperar cuanto antes la actividad, el empleo y los ingresos porque la deuda se ha generado justamente porque estos se han reducido a causa de la crisis. Tampoco es verdad que haya que reducir ahora el déficit porque el gobierno haya despilfarrado gasto, como se dice desde la derecha más demagógica.
Este gobierno administró los presupuestos públicos con superávit (incluso innecesariamente a la vista del retraso en bienestar y capital social que sufrimos desde hace decenios y a diferencia de lo que están haciendo administraciones municipales o autonómicas gobernadas por la derecha). El gran incremento del déficit se produjo cuando la banca internacional provocó una crisis sin parangón que hundió las economías de casi todos los países del mundo. Una crisis que en España se llevó también por delante un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que en esta última etapa de expansión había sido puesto en pie y alimentado inicialmente por el Gobierno del Partido Popular.
El Gobierno español, como tantos otros, no se ha endeudado caprichosamente, sino para salvar a los bancos y para evitar el colapso de las economías, algo que no se hubiera tenido que hacer si quienes ahora piden reducir el déficit hubieran actuado de otra manera en los últimos años: si la banca no hubiese sido tan irresponsable, si los bancos centrales no hubieran actuado como sus cómplices, y si la Unión Europea y el resto de los organismos internacionales se hubieran dedicado a imponer en los últimos años más coordinación política y políticas de estabilidad y bienestar social en lugar de limitarse a facilitar la libertad de actuación y movimiento de los capitales especulativos.
Dicho esto, y sabiendo que la reducción del gasto público ha sido impuesta por el Fondo Monetario, por el ejecutivo de la Unión Europea y en realidad por los grandes poderes financieros, como el propio presidente reconoció implícitamente en algún momento de su intervención en el parlamento, creo que hay que señalar algunas cuestiones esenciales para poder entender lo que está sucediendo.
La principal es que las propuestas que se hacen no buscan de verdad reducir la deuda del estado español. Hay que ser consciente de que la emisión de deuda pública y privada es el negocio de los banqueros y que son ellos quienes tratan de crearla constantemente por todos los medios. Por eso lograron que se estableciera la prohibición de que los bancos centrales financien en casos como este a los gobiernos. Hay que decirlo claro: lo que buscan los bancos es que los individuos, las empresas y los gobiernos tengamos sobre nuestras espaldas cada vez más deuda. Lo diabólico del caso es que gracias a la deuda que ahora han de emitir los gobiernos para hacer frente al desaguisado provocado por la banca y los grandes financieros, éstos ganan ahora miles de millones de euros: reciben liquidez al 1% de los bancos centrales y la invierten en deuda pública al 5% o incluso al 10% si logran, como en Grecia, que las agencias de calificación que trabajan a su servicio digan que es de baja calidad.
De hecho, el recorte del gasto que se propone no va a reducir la deuda de modo efectivo (y mucho menos satisfactorio socialmente) porque va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo, reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas. Valga como prueba de ello el caso del cheque bebé que va a suprimirse. Sin entrar en consideración de su carácter más o menos equitativo y sobre sus efectos negativos sobre la incorporación al empleo de las mujeres, lo cierto es que pone en manos de las familias una cantidad global de dinero bastante importante que éstas dedican al consumo. Un estudio reciente de Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra (“The Effects of a Universal Child Benefit: A Regression Discontinuity Approach”) pone de manifiesto que ha sido utilizado por las familias principalmente para aumentar el gasto en equipamiento del hogar y más concretamente en electrodomésticos.
Eso creo que demuestra muy gráficamente que las medidas impuestas al gobierno con la excusa de reducir el déficit son pan para hoy y hambre para mañana, porque redundarán en una nueva caída de la actividad y de la tasa de crecimiento y casi con toda seguridad van a significar que la economía española vuelva a entrar en recesión cuando comiencen a aplicarse.
Y al caer la actividad lo que ocurrirá será que disminuirán los ingresos de las empresas y de las familias, de modo que o se recurre más tarde de nuevo al endeudamiento o se da por bueno que la economía se deteriore constantemente.
Es verdad que ningún país puede soportar que su deuda crezca ilimitadamente, pero antes de entrar a limitar la actividad y a frenar la recuperación de economía española hubiera sido necesario plantear algunas consideraciones importantes.
La primera, como he dicho, que la deuda es odiosa en el sentido de que ha sido obligada por la especulación financiera con la que se han enriquecido, y lo siguen haciendo, banqueros e inversores cuyos nombres son bien conocidos y a quienes ahora no se les pide esfuerzo alguno para aliviar la situación que han provocado.
La segunda, que para frenar el crecimiento de la deuda la medida más eficaz es actuar sobre la causa que en realidad lo está generando, y que no es otra que la falta de ingresos productivos en la economía. Reducir los únicos que están consiguiendo relanzar la actividad y no hacer nada para garantizar que la financiación vuelva a las empresas y a los consumidores es una barbaridad, justamente lo contrario de lo que hay que hacer para que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible.
La tercera, que para ser mucho más eficaces e intervenir sobre la raíz del problema habría que actuar sobre lo que incentiva la creación de deuda financiada por la banca privada y sobre lo que la encarece constantemente: permitiendo que fueran los bancos centrales quienes la financiaran a mucho menor coste, evitando que la emisión de deuda sea un negocio para los bancos y los financieros privados, prohibiendo la actuación de las corruptas agencias de calificación, y frenando radicalmente el “terrorismo financiero” que denunció hace unos días el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
La cuarta, que para reducir el déficit no se puede actuar solo sobre el gasto. Es irracional limitar la fuente de ingresos productivos cuando lo que se requiere es precisamente generar ingresos y cuando al mismo tiempo existen recursos ociosos o dedicados a generar los problemas que se quiere combatir. Por eso es más justo y sería mucho más eficaz tratar de incrementar los ingresos públicos combatiendo el fraude y la evasión fiscal y haciendo que quienes han obtenido y obtienen ganancias extraordinarias contribuyan fiscalmente. Es sencillamente repugnante que la reducción del déficit la paguen las personas con menos rentas mientras que los bancos y las cajas españoles siguen actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales, y ganando miles de millones de euros gracias a las ayudas material de todos los ciudadanos y al apoyo legal del Estado.
La medida que se le ha impuesto al gobierno español no busca sanear nuestra economía. Es una expresión más de las llamadas políticas deflacionistas de los últimos decenios que tienen en realidad otro objetivo: limitar la actuación y la capacidad de decisión de los poderes públicos para que los grandes intereses privados actúen más fácilmente y puedan ganar dinero más cómodamente. No les preocupa que no se recupere el empleo o que bajen ingresos de la población porque saben que es cuando esto ocurre cuando hay menos capacidad de respuesta social. Buscan lo que han conseguido: que el gobierno que representa a todos los españoles (le guste o no a la derecha) se ponga de rodillas y se doblegue ante los poderes financieros. Enseguida dirán que las medidas ahora aprobadas son insuficientes y que hay que ir más lejos: todos los chantajes funcionan igual. Más tarde irán contra los sindicatos y los partidos porque lo fundamental para ellos no es que los niveles de deuda bajen (todo lo contrario mientras sean ellos quienes la financien) sino concentrar en sus manos el máximo poder de decisión. Dicen que van a sanear la economía pero lo que quieren es salvar a los bancos y a los poderosos y para ello no les importa hundirlas una vez más.
El gran error de la ciudadanía sería enfrentarse ahora al Gobierno de Rodríguez Zapatero (como quieren el Partido Popular y la patronal) y no hacerlo con lo poderosos. Aunque para que ese error no se produzca sería necesario que el partido socialista no se clone con ellos, que hable mucho más claro a los ciudadanos y se ponga cuanto antes a la tarea.
Sistema Digital
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado por fin las medidas que seguramente nunca quiso tomar y ahora caen sobre él todo tipo de críticas. Solo recibe parabienes de los banqueros y de los poderosos que controlan los organismos internacionales y del poder ejecutivo de la Unión Europea, cada vez más parecida a un lobby de los ricos que a una institución al servicio de la libertad, la pluralidad y la democracia.
Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno son criticables pero que es necesario contextualizarlas adecuadamente, porque no me parece justo ni riguroso que caiga sobre él todo el peso de la responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestra economía. No es verdad, por ejemplo, que sea prioritario combatir ahora el déficit porque se haya alcanzado un nivel peligroso de deuda, puesto que el aumento que se está produciendo está todavía dentro de lo que se puede considerar plenamente aceptable. Lo principal, por el contrario, es recuperar cuanto antes la actividad, el empleo y los ingresos porque la deuda se ha generado justamente porque estos se han reducido a causa de la crisis. Tampoco es verdad que haya que reducir ahora el déficit porque el gobierno haya despilfarrado gasto, como se dice desde la derecha más demagógica.
Este gobierno administró los presupuestos públicos con superávit (incluso innecesariamente a la vista del retraso en bienestar y capital social que sufrimos desde hace decenios y a diferencia de lo que están haciendo administraciones municipales o autonómicas gobernadas por la derecha). El gran incremento del déficit se produjo cuando la banca internacional provocó una crisis sin parangón que hundió las economías de casi todos los países del mundo. Una crisis que en España se llevó también por delante un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que en esta última etapa de expansión había sido puesto en pie y alimentado inicialmente por el Gobierno del Partido Popular.
El Gobierno español, como tantos otros, no se ha endeudado caprichosamente, sino para salvar a los bancos y para evitar el colapso de las economías, algo que no se hubiera tenido que hacer si quienes ahora piden reducir el déficit hubieran actuado de otra manera en los últimos años: si la banca no hubiese sido tan irresponsable, si los bancos centrales no hubieran actuado como sus cómplices, y si la Unión Europea y el resto de los organismos internacionales se hubieran dedicado a imponer en los últimos años más coordinación política y políticas de estabilidad y bienestar social en lugar de limitarse a facilitar la libertad de actuación y movimiento de los capitales especulativos.
Dicho esto, y sabiendo que la reducción del gasto público ha sido impuesta por el Fondo Monetario, por el ejecutivo de la Unión Europea y en realidad por los grandes poderes financieros, como el propio presidente reconoció implícitamente en algún momento de su intervención en el parlamento, creo que hay que señalar algunas cuestiones esenciales para poder entender lo que está sucediendo.
La principal es que las propuestas que se hacen no buscan de verdad reducir la deuda del estado español. Hay que ser consciente de que la emisión de deuda pública y privada es el negocio de los banqueros y que son ellos quienes tratan de crearla constantemente por todos los medios. Por eso lograron que se estableciera la prohibición de que los bancos centrales financien en casos como este a los gobiernos. Hay que decirlo claro: lo que buscan los bancos es que los individuos, las empresas y los gobiernos tengamos sobre nuestras espaldas cada vez más deuda. Lo diabólico del caso es que gracias a la deuda que ahora han de emitir los gobiernos para hacer frente al desaguisado provocado por la banca y los grandes financieros, éstos ganan ahora miles de millones de euros: reciben liquidez al 1% de los bancos centrales y la invierten en deuda pública al 5% o incluso al 10% si logran, como en Grecia, que las agencias de calificación que trabajan a su servicio digan que es de baja calidad.
De hecho, el recorte del gasto que se propone no va a reducir la deuda de modo efectivo (y mucho menos satisfactorio socialmente) porque va a deteriorar la capacidad de crear actividad e ingresos de la economía española: limitar la inversión en infraestructuras simplemente significa disminuir el negocio de las empresas que la llevan a cabo, reducir los sueldos o las pensiones es contener el consumo del que salen los ingresos de miles de pequeñas y medianas empresas. Valga como prueba de ello el caso del cheque bebé que va a suprimirse. Sin entrar en consideración de su carácter más o menos equitativo y sobre sus efectos negativos sobre la incorporación al empleo de las mujeres, lo cierto es que pone en manos de las familias una cantidad global de dinero bastante importante que éstas dedican al consumo. Un estudio reciente de Libertad González de la Universidad Pompeu Fabra (“The Effects of a Universal Child Benefit: A Regression Discontinuity Approach”) pone de manifiesto que ha sido utilizado por las familias principalmente para aumentar el gasto en equipamiento del hogar y más concretamente en electrodomésticos.
Eso creo que demuestra muy gráficamente que las medidas impuestas al gobierno con la excusa de reducir el déficit son pan para hoy y hambre para mañana, porque redundarán en una nueva caída de la actividad y de la tasa de crecimiento y casi con toda seguridad van a significar que la economía española vuelva a entrar en recesión cuando comiencen a aplicarse.
Y al caer la actividad lo que ocurrirá será que disminuirán los ingresos de las empresas y de las familias, de modo que o se recurre más tarde de nuevo al endeudamiento o se da por bueno que la economía se deteriore constantemente.
Es verdad que ningún país puede soportar que su deuda crezca ilimitadamente, pero antes de entrar a limitar la actividad y a frenar la recuperación de economía española hubiera sido necesario plantear algunas consideraciones importantes.
La primera, como he dicho, que la deuda es odiosa en el sentido de que ha sido obligada por la especulación financiera con la que se han enriquecido, y lo siguen haciendo, banqueros e inversores cuyos nombres son bien conocidos y a quienes ahora no se les pide esfuerzo alguno para aliviar la situación que han provocado.
La segunda, que para frenar el crecimiento de la deuda la medida más eficaz es actuar sobre la causa que en realidad lo está generando, y que no es otra que la falta de ingresos productivos en la economía. Reducir los únicos que están consiguiendo relanzar la actividad y no hacer nada para garantizar que la financiación vuelva a las empresas y a los consumidores es una barbaridad, justamente lo contrario de lo que hay que hacer para que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible.
La tercera, que para ser mucho más eficaces e intervenir sobre la raíz del problema habría que actuar sobre lo que incentiva la creación de deuda financiada por la banca privada y sobre lo que la encarece constantemente: permitiendo que fueran los bancos centrales quienes la financiaran a mucho menor coste, evitando que la emisión de deuda sea un negocio para los bancos y los financieros privados, prohibiendo la actuación de las corruptas agencias de calificación, y frenando radicalmente el “terrorismo financiero” que denunció hace unos días el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
La cuarta, que para reducir el déficit no se puede actuar solo sobre el gasto. Es irracional limitar la fuente de ingresos productivos cuando lo que se requiere es precisamente generar ingresos y cuando al mismo tiempo existen recursos ociosos o dedicados a generar los problemas que se quiere combatir. Por eso es más justo y sería mucho más eficaz tratar de incrementar los ingresos públicos combatiendo el fraude y la evasión fiscal y haciendo que quienes han obtenido y obtienen ganancias extraordinarias contribuyan fiscalmente. Es sencillamente repugnante que la reducción del déficit la paguen las personas con menos rentas mientras que los bancos y las cajas españoles siguen actuando en paraísos fiscales, blanqueando capitales, y ganando miles de millones de euros gracias a las ayudas material de todos los ciudadanos y al apoyo legal del Estado.
La medida que se le ha impuesto al gobierno español no busca sanear nuestra economía. Es una expresión más de las llamadas políticas deflacionistas de los últimos decenios que tienen en realidad otro objetivo: limitar la actuación y la capacidad de decisión de los poderes públicos para que los grandes intereses privados actúen más fácilmente y puedan ganar dinero más cómodamente. No les preocupa que no se recupere el empleo o que bajen ingresos de la población porque saben que es cuando esto ocurre cuando hay menos capacidad de respuesta social. Buscan lo que han conseguido: que el gobierno que representa a todos los españoles (le guste o no a la derecha) se ponga de rodillas y se doblegue ante los poderes financieros. Enseguida dirán que las medidas ahora aprobadas son insuficientes y que hay que ir más lejos: todos los chantajes funcionan igual. Más tarde irán contra los sindicatos y los partidos porque lo fundamental para ellos no es que los niveles de deuda bajen (todo lo contrario mientras sean ellos quienes la financien) sino concentrar en sus manos el máximo poder de decisión. Dicen que van a sanear la economía pero lo que quieren es salvar a los bancos y a los poderosos y para ello no les importa hundirlas una vez más.
El gran error de la ciudadanía sería enfrentarse ahora al Gobierno de Rodríguez Zapatero (como quieren el Partido Popular y la patronal) y no hacerlo con lo poderosos. Aunque para que ese error no se produzca sería necesario que el partido socialista no se clone con ellos, que hable mucho más claro a los ciudadanos y se ponga cuanto antes a la tarea.
Y esta vez sin pegar un tiro
MANOLO MARTÍN
Que país este, señores. Zapatero nos anuncia lo que se debería haber anunciado antes para así amortiguar el golpetazo y la estoicidad del españolito siempre acechando entre las sombras esperando que sea otro el que nos de la vueltita a la tortilla para empezar a dar golpes con el tenedor en el plato. ¿Y a que viene este comentario tan, tan? Pues señores, está clarito como el sol de mediodia de un mes cualquiera de agosto. Nos acostamos pensando en San Juan y nos despertamos pensando en San Pedro o lo que es lo mismo, la atención prestada al disparate que se perpetraba y se consumó contra Baltasar Garzón, quedó tapada y semienterrada entre la cara de circunstancias de Zapatero, de su anuncio y la perplejidad de los muchos que pensaban que estábamos a salvo del tiburonismo financiero internacional.
Asi vistas las cosas, los que antes enterraban en las cunetas tras el tiro de gracia, ahora se han vuelto a salir con la suya pero esta vez sin pegar un tiro y aquí todos atentos a la tortilla de Zapatero. Han defenestrado a un hombre que ha dedicado su vida no solo a la justicia que se escribe con mayúsculas, han defenestrado a un hombre que a diario se jugaba la vida para que la misma funcionase y por vocación que claro está, en este pais la vocación y el altruismo se premian con la desfachatez de la eliminación por incomodidad de los cómodos en vez del celo que se le debe prestar a personajes como el citado juez.
Lo han vuelto a hacer y esta vez con las manos limpias de pistolas o mosquetones, lo han vuelto a hacer a través de los mecanismos que ellos eliminaron cuando ostentaban el poder, lo han vuelto a hacer aprovechando una democracia que les quema y les hace arder pero que es tan válida como cuando los etarras recurren al supremo o a los tribunales internacionales, lo han vuelto a hacer y nos han llenado de vergüenza dentro y fuera de este país a través de las instituciones judiciales, lo han vuelto a hacer, nos han enterrado un poco a todos los demócratas y….esta vez sin pegar un tiro.
Que país este, señores. Zapatero nos anuncia lo que se debería haber anunciado antes para así amortiguar el golpetazo y la estoicidad del españolito siempre acechando entre las sombras esperando que sea otro el que nos de la vueltita a la tortilla para empezar a dar golpes con el tenedor en el plato. ¿Y a que viene este comentario tan, tan? Pues señores, está clarito como el sol de mediodia de un mes cualquiera de agosto. Nos acostamos pensando en San Juan y nos despertamos pensando en San Pedro o lo que es lo mismo, la atención prestada al disparate que se perpetraba y se consumó contra Baltasar Garzón, quedó tapada y semienterrada entre la cara de circunstancias de Zapatero, de su anuncio y la perplejidad de los muchos que pensaban que estábamos a salvo del tiburonismo financiero internacional.
Asi vistas las cosas, los que antes enterraban en las cunetas tras el tiro de gracia, ahora se han vuelto a salir con la suya pero esta vez sin pegar un tiro y aquí todos atentos a la tortilla de Zapatero. Han defenestrado a un hombre que ha dedicado su vida no solo a la justicia que se escribe con mayúsculas, han defenestrado a un hombre que a diario se jugaba la vida para que la misma funcionase y por vocación que claro está, en este pais la vocación y el altruismo se premian con la desfachatez de la eliminación por incomodidad de los cómodos en vez del celo que se le debe prestar a personajes como el citado juez.
Lo han vuelto a hacer y esta vez con las manos limpias de pistolas o mosquetones, lo han vuelto a hacer a través de los mecanismos que ellos eliminaron cuando ostentaban el poder, lo han vuelto a hacer aprovechando una democracia que les quema y les hace arder pero que es tan válida como cuando los etarras recurren al supremo o a los tribunales internacionales, lo han vuelto a hacer y nos han llenado de vergüenza dentro y fuera de este país a través de las instituciones judiciales, lo han vuelto a hacer, nos han enterrado un poco a todos los demócratas y….esta vez sin pegar un tiro.
viernes, 14 de mayo de 2010
El Sr. Camps, camino del banquillo
JOSE LUIS PITARCH
La República.es
El Tribunal Supremo ha resuelto que “ha lugar”, que tienen razón, los Recursos de “casación” (casar, en estas guardianías jurídicas, equivale a romper, quebrar, como el francés casser, esto es, a anular, revocar) elevados por la Fiscalía Anticorrupción y por el Partit Socialista del País Valencià contra la decisión de los Sres. Magistrados De la Rúa y Ceres (Auto del sábado 1 de agosto último), que ordenaban el libérrimo sobreseimiento o/y cese de las actuaciones judiciales en que estaban imputados el Sr. Camps y otros eximios gerifaltes del PP igualmente valenciano. Auto que ahora se anula porque el mismo “infringe la ley” (sic), dice el T.S. Permitan un comentario de alcance, a bote pronto.
Uno se alegra, como el Bautista en el vientre de Santa Isabel, de esta Resolución del T.S., tanto por el bien de la vapuleada moral pública –espantosamente dañada en la Comunidad Valenciana por infinidad de casos de corrupción a cargo de la “clase política”, mayormente la que gobierna con mayoría absoluta varios lustros hasta creerse, parece, que las Instituciones, el dinero de todos, la TV pública autonómica, son “suyos”– cuanto por haber uno defendido reiteradamente, y hasta apostado, que el Supremo pondría en su sitio el intento de De la Rúa y Ceres de cerrar y archivar el proceso a Camps y cia con tantas llaves como el sepulcro del Cid.
El Supremo no podía prácticamente hacer otra cosa, en términos jurídicos; ni podía admitir que los dos magistrados citados archivaran también de facto, enviándolo al limbo, vaciándolo de contenido, el Art. 426 del Código penal (cohecho, soborno “impropio”). No podía jurídicamente, decimos, entre otros motivos porque, si confirmaba tal pirueta, el más alto Tribunal del Poder Judicial casaría, quebraría su propia jurisprudencia (Autos, Sentencias anteriores), y además tendría que explicar razonada y convincentemente el porqué de tal giro de rumbo.
Y otro además: “el espíritu” del Art. 426 del Código Penal –por cuya presunta transgresión estaba y está de nuevo imputado Camps, aunque tiburón González Pons intente confundir o/y hacer méritos diciendo que no lo está, mientras aguarda discretamente, puesto que sí lo está, a ver si la Presidencia de la Comunidad Autónoma cae del zurrón de Camps al suyo–, la razón de introducir el PSOE este Artículo hace tres lustros en el Código Penal, siguiendo el “íter-itíneris” de las democracias avanzadas, es clarísimamente impedir por vía penal todo regalo a cualquier autoridad o funcionario público que no recibiría si no desempeñase ese cargo o función. En otras palabras, el Art. 426 busca asegurar y preservar la imparcialidad del cargo público.
Clarifiquemos, para el lector poco docto en Derecho (¡qué poco interés tiene “el Poder”, dicho sea de paso, en que las/os ciudadanos entiendan algo de Derecho, introduciendo alguna asignatura de iniciación o rudimentos jurídicos, verbigracia en el bachillerato!): a la conducta penada en el 426 se la denomina soborno, cohecho “impropio”, pues tal Artículo no persigue el que el funcionario o cargo acepte dádiva para hacer algo, ni como “pago” por algo que ha hecho (conductas ambas de cohecho “propio”); sino busca impedir aquellas dádivas que, en román paladino, encajan dentro del refrán “el que regala bien vende si el que recibe lo entiende” (o “el que regala bien invierte…”). Todo el mundo sabe que los agasajos y zalamerías de cientos de miles o millones de las antiguas pesetas buscan “reblandecer”, ablandar al obsequiado, persona “de influencia(s)”, por si al obsequiante le conviene en cualquier momento que el obsequiado “eche una manita” con sus “contactos” e influencias.
Mas los Sres. De la Rúa y Ceres “inventaron” que, para que exista el delito del 426, tiene que haber “causalidad” entre dádivas y adjudicaciones, esto es, que el recibiente de la dádiva sea el encargado “de firmar, de decidir”. En este caso, sobre la adjudicación de numerosísimos contratos millonarios bajo gran sospecha. Curioso invento del Sr. De la Rúa, “más que amigo“ del Sr. Camps, según palabras de éste. Debería conocer más entre otras cosas, si me permite decirlo, los estudios y trabajos del Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, que dirige el catedrático de Derecho Penal Enrique Orts.
Y es que –según señala hoy en “Levante” otro catedrático, éste de Derecho Procesal en Alicante, José María Asencio– el repetido 426 castiga la mera recepción de regalos en atención a ser el receptor un cargo público, “sin que sea necesaria una relación de causalidad” entre el obsequio “y un favor presunto o cierto. Se trata de un delito de peligro abstracto, que pretende salvaguardar la confianza de los ciudadanos en la Administración, en su honradez”. Verde y con asas, alcarraza (botijo). En fin, el ensayo de Rúa y Ceres de prácticamente “eliminar” –dicho en lenguaje coloquial– del Código Penal el “soborno impropio”, ha sido fulminado por el T.S. Y ¡atención!, lo ha sido por absoluta unanimidad de cinco altos magistrados. Sólo uno de los cuales pertenece a la asociación de jueces más conocidamente “progresista”. Los otros cuatro, “centristas” y “conservadores” (no me quiten las comillas). Interprete usted, lector.
Por lo demás, el análisis jurídico de un servidor –por suerte o desgracia, coherente con el análisis político, e incluso con la dicha amistad entre Camps y De la Rúa– le hicieron remusgar de la presteza de este último en cerrar a cal y canto y archivar el proceso penal de marras, incluso trabajando en sábado de agosto. Y cerrarlo antes de conocer “oficialmente” nuevos datos o/y pruebas que ya habían llegado de Madrid y verosímilmente podían agravar la situación del Sr. Camps. En fin, venturosamente había instruido un juez, José Flors, al que admiro profundamente desde hace muchos años, por su absoluta integridad y sentido intachable de la justicia.
Y un par de guindas: el imputado tiene derecho a mentir, a no declarar; pero el político, se supone que todo lo contrario, especialmente si le quieren preguntar en el parlamento estatal o autonómico los representantes del pueblo soberano. ¿Y cómo se come esta duplicidad, esta insoluble contradicción, quien no puede dimitir de imputado como el Presidente Camps? La otra refiere al Sr. De la Rúa –del que muchos pensamos que ya debió abstenerse en este proceso, por su amistad con Camps; y ahora corregido de plano y unánimemente en el Tribunal Supremo por “infringir la ley”–: si se le aplicara la “doctrina” sobre prevaricación utilizada para imputar penalmente a Garzón, ¿qué pasaría?
Claro que Rajoy respaldaría a ambos, gran consuelo (mientras no le devore su gran enemiga madrileira), pues ya tiene dicho don Mariano que se le da una higa la justicia. En fin, una pregunta algo perversilla, de cierre: ¿seguirá el Sr. Camps queriendo un huevo a su Cap.
La República.es
El Tribunal Supremo ha resuelto que “ha lugar”, que tienen razón, los Recursos de “casación” (casar, en estas guardianías jurídicas, equivale a romper, quebrar, como el francés casser, esto es, a anular, revocar) elevados por la Fiscalía Anticorrupción y por el Partit Socialista del País Valencià contra la decisión de los Sres. Magistrados De la Rúa y Ceres (Auto del sábado 1 de agosto último), que ordenaban el libérrimo sobreseimiento o/y cese de las actuaciones judiciales en que estaban imputados el Sr. Camps y otros eximios gerifaltes del PP igualmente valenciano. Auto que ahora se anula porque el mismo “infringe la ley” (sic), dice el T.S. Permitan un comentario de alcance, a bote pronto.
Uno se alegra, como el Bautista en el vientre de Santa Isabel, de esta Resolución del T.S., tanto por el bien de la vapuleada moral pública –espantosamente dañada en la Comunidad Valenciana por infinidad de casos de corrupción a cargo de la “clase política”, mayormente la que gobierna con mayoría absoluta varios lustros hasta creerse, parece, que las Instituciones, el dinero de todos, la TV pública autonómica, son “suyos”– cuanto por haber uno defendido reiteradamente, y hasta apostado, que el Supremo pondría en su sitio el intento de De la Rúa y Ceres de cerrar y archivar el proceso a Camps y cia con tantas llaves como el sepulcro del Cid.
El Supremo no podía prácticamente hacer otra cosa, en términos jurídicos; ni podía admitir que los dos magistrados citados archivaran también de facto, enviándolo al limbo, vaciándolo de contenido, el Art. 426 del Código penal (cohecho, soborno “impropio”). No podía jurídicamente, decimos, entre otros motivos porque, si confirmaba tal pirueta, el más alto Tribunal del Poder Judicial casaría, quebraría su propia jurisprudencia (Autos, Sentencias anteriores), y además tendría que explicar razonada y convincentemente el porqué de tal giro de rumbo.
Y otro además: “el espíritu” del Art. 426 del Código Penal –por cuya presunta transgresión estaba y está de nuevo imputado Camps, aunque tiburón González Pons intente confundir o/y hacer méritos diciendo que no lo está, mientras aguarda discretamente, puesto que sí lo está, a ver si la Presidencia de la Comunidad Autónoma cae del zurrón de Camps al suyo–, la razón de introducir el PSOE este Artículo hace tres lustros en el Código Penal, siguiendo el “íter-itíneris” de las democracias avanzadas, es clarísimamente impedir por vía penal todo regalo a cualquier autoridad o funcionario público que no recibiría si no desempeñase ese cargo o función. En otras palabras, el Art. 426 busca asegurar y preservar la imparcialidad del cargo público.
Clarifiquemos, para el lector poco docto en Derecho (¡qué poco interés tiene “el Poder”, dicho sea de paso, en que las/os ciudadanos entiendan algo de Derecho, introduciendo alguna asignatura de iniciación o rudimentos jurídicos, verbigracia en el bachillerato!): a la conducta penada en el 426 se la denomina soborno, cohecho “impropio”, pues tal Artículo no persigue el que el funcionario o cargo acepte dádiva para hacer algo, ni como “pago” por algo que ha hecho (conductas ambas de cohecho “propio”); sino busca impedir aquellas dádivas que, en román paladino, encajan dentro del refrán “el que regala bien vende si el que recibe lo entiende” (o “el que regala bien invierte…”). Todo el mundo sabe que los agasajos y zalamerías de cientos de miles o millones de las antiguas pesetas buscan “reblandecer”, ablandar al obsequiado, persona “de influencia(s)”, por si al obsequiante le conviene en cualquier momento que el obsequiado “eche una manita” con sus “contactos” e influencias.
Mas los Sres. De la Rúa y Ceres “inventaron” que, para que exista el delito del 426, tiene que haber “causalidad” entre dádivas y adjudicaciones, esto es, que el recibiente de la dádiva sea el encargado “de firmar, de decidir”. En este caso, sobre la adjudicación de numerosísimos contratos millonarios bajo gran sospecha. Curioso invento del Sr. De la Rúa, “más que amigo“ del Sr. Camps, según palabras de éste. Debería conocer más entre otras cosas, si me permite decirlo, los estudios y trabajos del Instituto Universitario de Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, que dirige el catedrático de Derecho Penal Enrique Orts.
Y es que –según señala hoy en “Levante” otro catedrático, éste de Derecho Procesal en Alicante, José María Asencio– el repetido 426 castiga la mera recepción de regalos en atención a ser el receptor un cargo público, “sin que sea necesaria una relación de causalidad” entre el obsequio “y un favor presunto o cierto. Se trata de un delito de peligro abstracto, que pretende salvaguardar la confianza de los ciudadanos en la Administración, en su honradez”. Verde y con asas, alcarraza (botijo). En fin, el ensayo de Rúa y Ceres de prácticamente “eliminar” –dicho en lenguaje coloquial– del Código Penal el “soborno impropio”, ha sido fulminado por el T.S. Y ¡atención!, lo ha sido por absoluta unanimidad de cinco altos magistrados. Sólo uno de los cuales pertenece a la asociación de jueces más conocidamente “progresista”. Los otros cuatro, “centristas” y “conservadores” (no me quiten las comillas). Interprete usted, lector.
Por lo demás, el análisis jurídico de un servidor –por suerte o desgracia, coherente con el análisis político, e incluso con la dicha amistad entre Camps y De la Rúa– le hicieron remusgar de la presteza de este último en cerrar a cal y canto y archivar el proceso penal de marras, incluso trabajando en sábado de agosto. Y cerrarlo antes de conocer “oficialmente” nuevos datos o/y pruebas que ya habían llegado de Madrid y verosímilmente podían agravar la situación del Sr. Camps. En fin, venturosamente había instruido un juez, José Flors, al que admiro profundamente desde hace muchos años, por su absoluta integridad y sentido intachable de la justicia.
Y un par de guindas: el imputado tiene derecho a mentir, a no declarar; pero el político, se supone que todo lo contrario, especialmente si le quieren preguntar en el parlamento estatal o autonómico los representantes del pueblo soberano. ¿Y cómo se come esta duplicidad, esta insoluble contradicción, quien no puede dimitir de imputado como el Presidente Camps? La otra refiere al Sr. De la Rúa –del que muchos pensamos que ya debió abstenerse en este proceso, por su amistad con Camps; y ahora corregido de plano y unánimemente en el Tribunal Supremo por “infringir la ley”–: si se le aplicara la “doctrina” sobre prevaricación utilizada para imputar penalmente a Garzón, ¿qué pasaría?
Claro que Rajoy respaldaría a ambos, gran consuelo (mientras no le devore su gran enemiga madrileira), pues ya tiene dicho don Mariano que se le da una higa la justicia. En fin, una pregunta algo perversilla, de cierre: ¿seguirá el Sr. Camps queriendo un huevo a su Cap.
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