MANUEL RICO
Público
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que ampara a cuatro diputados de la oposición en Les Corts Valencianes, a quienes la mayoría del PP en esa Cámara impidió presentar 29 preguntas sobre la gestión del Gobierno de Camps, entre ellas varias relacionadas con el caso Gürtel. El alto tribunal considera que se “ha vulnerado el derecho fundamental” de los diputados a la participación política en condiciones de igualdad y obliga a Les Corts a tramitar las preguntas censuradas por el PP.
La sentencia del TC es una enorme bofetada democrática en la cara de Francisco Camps. Otra más. Si estuviéramos hablando de un escenario político normal, el escándalo en el País Valencià tendría que ser mayúsculo, porque uno de los rasgos de un régimen autoritario es precisamente anular al Poder Legislativo y subordinarlo a los intereses del Poder Ejecutivo.
Pero no estamos ante un escenario normal. A un presidente como Camps que considera “amiguito del alma” a un corrupto apodado El Bigotes, que se viste con los trajes regalados por una trama de presuntos delincuentes y que recurre a un juez “más que amigo” para que lo absuelva de sus fechorías, a un político con ese expediente probablemente le da igual que el Constitucional lo acuse de violar los derechos de los diputados. Claro que tampoco parece importar demasiado el asunto a la dirección nacional del PP, ya que tras el varapalo del TC nadie del equipo de Rajoy ha salido a pedir disculpas a los ciudadanos y a anunciar que alguien como Camps no los representa. ¿O sí?
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