ALBERT SÁEZEl PeriódicoEl ministro Wert sabe lo que hace. La educación es la piedra filosofal de la posibilidad que en Catalunya se tenga un debate sobre la autodeterminación sin alterar la convivencia. El modelo catalán de la inmersión lingüística -inspirado por una militante socialista contra la opinión inicial de Pujol- ha hecho efectivo el lema de las manifestaciones de la transición en Catalunya: “Dues llengües, un sol poble“. Y es ese modelo en común el que hace inviables los diversos intentos de “balcanizar” el debate posterior a la manifestación de la Diada: los extremeños sustraídos, los empresarios presuntamente depurados o los hijos de los inmigrantes pretendidamente marginados por su condición “étnica” resultan inverosímiles para todos los “ciudadanos de Catalunya” que van juntos desde pequeños en la escuela, que se entienden en la lengua que prefieren, y que casi nunca hablan de sus remotos orígenes distantes. La convivencia en Catalunya no es de color de rosa pero administra su diversidad interna algo mejor que esa España mediática -que tampoco se corresponde a la realidad- que se limita aún al “una, grande y libre”.
A medida que el debate interno catalán añade complejidad al asunto -la posición de Mas en la conferencia de presidentes o el documento de un sector del PSC-, el debate en la opinión publicada madrileña se simplifica. Ningún referente sirve para entender situaciones tan singulares como la catalana y española. Estos días se está haciendo evidente lo equivocados que estaban aquellos que desde Catalunya se asimilaban al proceso vasco. El president Mas intenta imponer un marco nuevo de debate, con elementos tácticos propios de una campaña electoral pero también con componentes estratégicos de superación de algunos presupuestos tradicionales del catalanismo. En el Madrid político-mediático hay cierto desasosiego porque a este discurso, al posicionamiento ante él de los partidos catalanes y al millón y medio de personas de la manifestación, no se les puede dar las respuestas que se daban al peix al cove o a la puta y la ramoneta. Se busca un marco alternativo. No se encontrará uno que encaje al cien por cien, pero me temo que esto se parece más al Quebec, a Escocia o a Chequia que a los Balcanes, no se obsesionen.
VINCEÇ NAVARRO
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen. Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón). Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%. Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
El poder de la banca: el endeudamiento de España
Esta deuda, sin embargo, está basada, en parte, en la enorme influencia de la banca no solo sobre el BCE sino también sobre el Estado español. Hoy, la influencia de la banca sobre la sociedad española rebasa cualquier límite tolerable en un sistema democrático. Todos –desde los partidos políticos, a la prensa, las empresas y las familias– están enormemente endeudados con la banca. La actitud tan poco crítica de los medios de información hacia el comportamiento de la banca y su dominio de la vida política y mediática del país se basa precisamente en este hecho. En lugar de denunciar esta relación obvia entre las instituciones financieras y las instituciones políticas, los medios de mayor difusión y los partidos mayoritarios atribuyen el endeudamiento al comportamiento supuestamente irresponsable de las familias, de las pequeñas y medianas empresas (las grandes tienen ya más dinero de lo que necesitan para invertir) y del Estado. Es lo que se llama en inglés, el “victim blaming”, es decir responsabilizar a la víctima de su propia tragedia.
En tal argumentación se ignoran y/u ocultan varios hechos. El endeudamiento de las familias se debe a la disminución de su capacidad adquisitiva, resultado del descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total del país, descenso que ha sido mucho más acentuado durante los últimos años debido a las reformas laborales y a la disminución salarial que tales reformas intentaron y alcanzaron exitosamente.
El endeudamiento de las medianas y pequeñas empresas se debe, en parte, al descenso de la demanda de sus productos y servicios, consecuencia de la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares y también a la gran carestía del crédito, resultado de la desviación de la actividad crediticia de la banca hacia actividades especulativas más rentables como las inversiones inmobiliarias, habiéndose establecido el maridaje banca-sector inmobiliario que llevó al desastre.
El endeudamiento del estado se debe a las políticas fiscales regresivas que han beneficiado sistemáticamente a las rentas del capital y a las rentas superiores a costa de las rentas del trabajo. Esta regresividad explica la gran pobreza del estado (los ingresos al estado español son los más bajos de la UE-15, un 31% del PIB, comparado con un 44% en el promedio de la UE-15 y un 54% en Suecia). Y este problema se acentuó todavía más mediante las reformas fiscales regresivas aprobadas en el momento de expansión económica (estimulada por la burbuja inmobiliaria). Así, como resultado de la reforma tributaria del 2006, el estado dejó de recoger en 2008 19.600 millones de euros (según los datos del Servicio de Estudios y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas). Los impuestos sobre el capital descendieron un 39% y los de las rentas superiores un 11%.
España no se hubiera endeudado tanto si hubiera tenido un sistema tributario más justo y más avanzado. La bajada de impuestos explica que el estado tuviera que pedir prestado a los bancos para cubrir el agujero creado en sus arcas precisamente como consecuencia de la bajada de impuestos a las rentas del capital y rentas superiores. Como resultado de esta situación, el estado, además de bajarles los impuestos a los súper ricos, ahora les paga unos intereses muy altos, a través de los bancos, por los bonos que han comprado con el dinero conseguido en los recortes de impuestos. Otro negocio más que redondo, para el beneficio primordialmente de lo que se llamaba burguesía financiera y los súper ricos.
Pero esta enorme necesidad de endeudamiento fue una gran golosina, no sólo para la banca española sino también para la banca europea y, muy en especial, la banca alemana. De ahí que la banca alemana tenga hoy casi 200.000 millones de euros prestados en el territorio español, tanto en deuda pública como privada. Y está hoy muy preocupada pues el estallido de la burbuja inmobiliaria (a la que contribuyó en gran medida a que se inflara) puede arrasar toda la banca, incluida la alemana.
El llamado rescate al sistema bancario
Lo cual me lleva al segundo hecho acaecido el 28 de septiembre. La decisión del gobierno español de pedir el rescate a la banca, mediante el préstamo de 40.000 millones de euros (casi la misma cifra que el estado español tendrá que pagar a la banca por la deuda), para asegurarse lo que se llama “la viabilidad del sistema bancario español”, a lo que tendría que haberse añadido “y de la banca alemana”. Es decir que el estado pide dinero (que tendrá que devolver el propio estado, pagado por el ciudadano español) a las autoridades de la eurozona, donde la banca alemana es muy influyente, para ayudar a la banca, asegurándose así que no quiebre y que se pague a la banca alemana (entre otras). Como bien dijo el asesor económico al gobierno alemán, el Sr. Peter Bofinger, en su comentario sobre la aprobación de 100.000 millones de euros para el rescate a la banca española “Esta ayuda no es a estos países en problemas (como España) sino a nuestros propios bancos que poseen una gran cantidad de deuda privada en estos países”.
Las condiciones leoninas del rescate: el presupuesto del Estado
Este rescate se hace en condiciones leoninas que tendrán que pagar las clases populares a base de enormes sacrificios y recortes, incluidos los recortes que recoge el presupuesto propuesto por el gobierno el día 27 de septiembre, el tercer hecho digno de mención. La falta de medidas de protección de la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de los desempleados es un ejemplo más de la insensibilidad social del presupuesto que aparece con toda intensidad en los recortes de gasto público social y disminución muy notable de la protección social. Su brutalidad queda demostrada en que incluso la Troika indicó que las medidas tomadas por el gobierno iban incluso más allá de lo que la propia Troika les exigía. El gobierno español ha sido siempre el alumno aventajado del establishment neoliberal que domina las estructuras de la gobernanza de la eurozona.
Y todas estas políticas se presentan como las únicas posibles, negando y ocultando la evidencia fácilmente accesible de que sí las hay. El BCE podría actuar, por ejemplo, como un banco central, con el objetivo de estimular la economía y no sólo controlar la inflación. El estado español podría haber tenido ya en anteriores presupuestos y en los actuales una política fiscal mucho más progresiva, de manera que en lugar de recortar las pensiones (para conseguir 1.200 millones de euros) podría haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones) o anulado la bajada del impuesto de sucesiones (consiguiendo 2.552 millones) o anulado la bajada de impuestos a las personas que ingresen más de 120.000 euros al año (consiguiendo 2.500 millones). O en lugar de recortar 6.000 millones en sanidad, podrían haber anulado la bajada del impuesto de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), consiguiendo con ello 5.300 millones.
O en lugar de recortar 200 millones a los servicios de atención a las personas con dependencias, podrían haber eliminado el subsidio del estado a la Iglesia Católica para que enseñe religión católica en las escuelas públicas del estado. Y así una larga, larga lista mostrando que sí que hay alternativas, como Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos documentado en el libro Hay alternativas.
Y el estado español podría dejar colapsar bancos en España (Bankia es un caso claro), estableciendo bancas públicas o subvencionando cooperativas de crédito que lo garanticen. El rescate financiero es una ayuda más a la banca y a las rentas superiores que son los mayores accionistas de tales bancos, sin que se garantice el crédito. Hoy el obstáculo mayor al ofrecimiento de crédito es la banca, cuyo poder en España es único en la UE y en la OCDE. Lo que ocurre con los desahucios es un escándalo sin paralelo en otros países.
Estos tres hechos ocurridos al final de septiembre son indicadores del enorme poder de una minoría que está consiguiendo lo que siempre desearon: la destrucción de los sindicatos, la eliminación de la protección social, la bajada de salarios y la desaparición del estado del bienestar.
Permítanme que añada otro hecho digno de mención. El cuarto hecho: las movilizaciones del movimiento 15-M y otros movimientos para denunciar al Congreso, en Madrid. Fue sabio de este movimiento renunciar a la ocupación del congreso. Pero fue digno de ser aplaudido que intentaran denunciar lo que estaba ocurriendo dentro de él, pues los otros tres hechos son un indicador de la violación a la democracia que está ocurriendo en España. Ninguna de tales políticas traducidas en aquellos tres hechos tiene un mandato popular. Hoy, la mayoría del Congreso es un instrumento que claramente ni representa ni está al servicio de la mayoría de la población española. Sus políticas no han sido aprobadas por la ciudadanía española. No son los que se manifiestan los que están atacando a la democracia sino los que están dentro (refiriéndome a los partidos que están aprobando tales políticas sin mandato popular) que están violando la democracia.
RAFAEL GONZÁLEZ MORERA
Nos tienen locos con la deuda del Estado, pero hay pocos que dicen que los trabajadores no tienen culpa de la deuda estatal, y que la deuda es cosa de los ricos y de los políticos. La deuda hipoteca nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, y nosotros tan tranquilos sin mover un dedo. Después de leer un par de veces un resumen de los Presupuestos Generales del Estado me ha entrado una cierta depresión. Todo baja, menos los precios de los alimentos que van a subir. Van a bajar los sueldos, las pensiones, baja el dinero para la Sanidad, un 22,6 por ciento, Educación pierde un 17, 4 por ciento, ya ven, nos quieren enfermos y analfabetos, y por si fuera poco disminuyen los fondos destinados a las políticas de igualdad, las subvenciones a la cultura, las prestaciones por desempleo, a la cooperación al desarrollo.
¿Y qué es lo que sube? Los intereses de la deuda. La deuda nacional alcanzará en 2013 el 90,5 por ciento del PIB, cuando en 2012 cerró en un 70,2 por ciento. ¡Y todo esto a qué se debe? Al rescate de la banca, a las aventuras y desmanes de la banca, y no voy a hacer la lista desde Bankia a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ni la relación de grandes Ejecutivos que han sido premiados con escandalosas indemnizaciones y altísimas jubilaciones, por realizar atracos con guante blanco en los bancos que dirigían, que les voy a aburrir por repetitivo.
Está claro que salvar a la banca es un pozo sin fondo. Los dineros invertidos por el Estado han tenido como destinatarios Bankia, Novagalicia, Caixa de Catalunya, Cajasur, la CAM, Banca Cívica, Banco de Valencia y otros que haría el artículo muy extenso, y que significa una profunda contradicción en la concepción liberal de no inmiscuirse en los entresijos de un Estado y una economía capitalista. El Gobierno de Rajoy reconoce que 21 mil millones de euros no se recuperarán, y que esa cifra la pagaremos los trabajadores, los estudiantes, los parados, los pensionistas. Mientras los pobres pagamos un paquete de mantequilla, un paquete de arroz, una lata de sardinas, cualquier tipo de alimento, con los mismos impuestos indirectos que los ricos, las grandes fortunas y las rentas altas pagan cada vez menos impuestos directos.
La deuda nacional ha sido creada por la gran banca, por los empresarios, que han construido pisos que ahora están vacios, que han hecho aeropuertos que no tienen ningún tráfico de aviones, que han dilapidado dinero en inversiones poco productivas salvo para algunos bolsillos, que han creado una Gúrtel de robos a manos llenas y con ejecutivos de chaqueta y corbata. La deuda de los ricos la pagamos los pobres. Es una deuda muy gorda, pero que los trabajadores y los pensionistas no tendríamos que pagarla. Una quita de la deuda tendría que afrontarla un Gobierno auténticamente popular y con responsabilidad histórica. Y mandar a Angela Merkel, al FMI y al BCE, a la porra.
Pero no nos detengamos sólo en el tema económico, en el político ya se le está viendo la patita fascista al Partido Popular. El primer aviso lo dio Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid (¡qué redundancia centralista, delegada gubernamental en los madriles!) al decir que hay que “modular” las manifestaciones. No sé si refería a modular los gritos en las manifestaciones, a que los “manis” hablen bajito, vaya usted a saber, o que la policía “module” a los manifestantes a base de palos. Y luego salió el Fiscal General del Estado, Torres Dulce, avisando sobre más de lo mismo, es decir, que el PP de aquí a 2015 nos pone a todos firmes y yendo a misa de doce los domingos. También no hay que perder de vista lo dicho por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que el problema del independentismo de Cataluña es producto de la educación que allí se da, y anuncia una “españolización” de las escuelas catalanas. Más leña al creciente independentismo. Por si fuera poco en San Sebastíán dijo más o menos lo mismo, sin llegar a concretar la desaparición de las ikastolas, pero todo se andará como sigamos dejando al PP campar a sus anchas. Otros datos significativos de esta misma semana son dos hechos que retratan al fascismo “pepero”: el ayuntamiento de Berja ha quitado el nombre de Federido García Lorca a una plaza del pueblo, y el de Huercal- Óvera le ha quitado a Rafael Alberti una calle, todo esto en la Almería derechosa.
POSDATA: En mi blog “Mojo con Morera” he publicado una “Carta de Durán y Lleida” sobre Cataluña, y otro de Pilar Rahola titulada “Los errores de España” que creo son muy interesantes. Me permito recomendárselos por ser de gran actualidad.
DAVID TORRESPúblico A Mayor Oreja, gran diestro y gran defensor de las tradiciones patrias, le molesta mucho que se retransmitan corridas de perroflautas por televisión, en especial el tercio de varas. Ese espectáculo sanguinario podría animar a los espectadores a tirarse al ruedo, o peor todavía, a apuntarse a un cursillo rápido de antidisturbios y lo cierto es que no todos dan el perfil de ceporro. Ser antidisturbios de verdad es como ser torero: hay que tener vocación de matarife, de carnicero que ejerce su oficio en las plazas (Las Ventas o Neptuno) para que a ciertas señoras con mantilla y peineta se les mojen de gusto las bragas.
La televisión se inventó básicamente para retransmitir misas, galas de Bertín Osborne, sesiones parlamentarias, telediarios prefabricados desde Génova y otros espectáculos taurinos, aunque no haya apenas diferencia entre unos y otros. Al español no le conviene que la pantalla se abra como otra ventana a la calle porque la calle ya está demasiado jodida como para que te ofrezcan dos tazas. Si el español quisiera echarse al monte, saldría a pasear con una pancarta; si quisiera salir a protestar en vez de tragar mierda por un tubo catódico, tiraría el televisor por la ventana. Pero el español lo que quiere es distraerse, reírse un rato, olvidarse de la miseria que cobra, del trabajo que no tiene y de todo el dinero que le roban. Por eso ha vuelto Mayor Oreja a vestirse de luces (pocas), para que la fiesta no decaiga.
Es un despropósito eso de mostrar la realidad en vivo y en directo: la realidad hay que cocinarla primero porque si no, se te puede indigestar como un cacho de carne cruda. Lo que quiere Mayor Oreja es tranquilizar a la opinión a capotazos, del mismo modo que se tranquilizaba a aquellos médicos de la Cruz Roja que visitaban un campo de concentración nazi y veían a los prisioneros judíos tomando lecciones de piano; o que a aquellos periodistas suspicaces que iban a informar sobre la hambruna en Ucrania y los llevaban a un koljós lleno de bolcheviques gordos y pollos correteando por la estepa. Para eso están diseñando una programación que oscila entre la carta de ajuste y el NODO.
La realidad da mal por televisión, sale fea, mansa, embistiendo lo justo, sangrando mucho, pasando hambre, dando lástima. Mucha tauromaquia, sí, pero el español que quieren criar estos ganaderos del PP no es un toro bravo sino un cabestro que vaya de la tele a la alfalfa y de la alfalfa a la tele antes de trocearlo y sacarle sus buenos filetes. A Mayor Oreja, el Niño de Donosti, lo del toreo al natural no acaba de gustarle, pero sus derechazos da gloria verlos.
ANDREU FARRÀS CALATAYUD El periódico de CatalunyaOlga Merino y Ferran Cosculluela, dos compañeros del diario, fueron la semana pasada a Badia del Vallès y Sant Pere de Torelló, respectivamente, para relatar para el Cuaderno del Domingo cómo se vivía en estas dos poblaciones el debate sobre la independencia de Catalunya. Tina, viuda de 69 años, nacida en Cuenca, se encogió de hombros y le dijo a Olga: “A mí lo que me da miedo es que nos echen”. Josep Fontarnau, médico del CAP de Sant Pere de Torelló, independentista, le confió a Ferran: “La gente tiene miedo de perder las pensiones y no sabe qué pasará con los bancos”.
Miedo fue la palabra más pronunciada por Artur Mas en la entrevista de TV-3 del lunes. Porque hay muchos miedos. Mariano Rajoy tuvo pánico de la reacción de los barones de su partido antes de su encuentro con Mas sobre el pacto fiscal y fue esta una de las razones de su rechazo a, al menos, estudiar la propuesta de otra fórmula para la financiación de la autonomía catalana. Temor a perder el generador del 18% del PIB español es lo que tienen quienes desde el resto de España niegan a los catalanes su derecho a decidir en un referendo si quieren seguir formando parte como ahora de un Estado autonómico, si desea un Estado con una estructura más federal, una confederación o la independencia total.
Miedo hay a no poder afirmar en voz alta que eres independentista en determinados ambientes. O a decir que no quieres la independencia de Catalunya, en otros círculos. Miedo a no saber qué pasará tras las elecciones. Ni tras un supuesto referendo.
Temor a una Catalunya independiente tiene José Manuel Lara, presidente de Planeta. Y temor infunde en los trabajadores que un gigante empresarial como Lara diga a las claras que se marchará si hay independencia. Porque se infiere que no solo habla él, sino que hay muchos empresarios que piensan como él, pero que tienen miedo a expresar lo mismo que él.
E indignación –pero también miedo en determinadas personas que sufrieron la guerra civil y la posguerra— suscitan o quieren suscitar las provocadoras palabras de Alejo Vidal-Quadras, Jaime Mayor Oreja o militares retirados cuando desempolvan ridículos espadones, virtuales generales de brigada de la Guardia Civil o adivinan el fantasma de ETA hasta debajo del canapé de caviar. La derecha política y mediática española tiene miedo a la libertad de Catalunya. La derecha política y mediática catalana, a no alcanzar la mayoría absoluta el 25-N. El PSC, a sufrir su peor resultado de la historia y ser arrinconado en la calle mayor de la política catalana.
Miedos crean todo este debate; de momento, es solo eso, un debate conceptual que movilizó a un millón y medio de catalanes. Pero más preocupación y temor levantan la recesión económica. Miedo a perder el empleo. A no llegar a final de mes. A no poder pagar la hipoteca. A no poderse ir de la casa de los padres. A tener que regresar a la casa de los padres. A no volver a encontrar trabajo. A que te reduzcan más el sueldo. A que te recorten la pensión. A no tener más becas. A que se alargue la lista de espera hospitalaria. A que suban más la gasolina, el gas, el agua, la luz, el colegio, la guardería…
Franklin Delano Roosevelt, uno de estos líderes en blanco y negro que suelen usarse para demostrar la gris mediocridad de los actuales, dijo en su toma de posesión como presidente de Estados Unidos: “A lo único que debemos que tener miedo es al miedo”. Era en 1933. Ese miedo “paralizante” había engendrado muchos monstruos –Hitler, Stalin, Mussolini— y quedaban seis años para la segunda guerra mundial. En EEUU, solo habían pasado cuatro años del inicio de la gran depresión. Una depresión económica y social tan grave como la que pronto sufriremos en este país, si Mariano Rajoy pide el rescate y Artur Mas continúa, reforzado tras el 25-N, con los hachazos. Porque si esto ya no es una gran depresión, que baje Keynes y lo vea.
PILAR RAHOLALa VanguardiaUn buen amigo madrileño y a la par hombre de gran tolerancia y mayor sentido crítico me ha pedido que le hable de lo que él llama "los errores de España". "¿Qué hemos hecho mal?", me pregunta, añadiendo que está convencido de que la desafección de Catalunya nace de una España que ha tirado de la cuerda hasta romperla. Por supuesto, no escatima en críticas también a Catalunya, muchas de ellas cargadas de razón, pero en global cree que el Estado ha forzado la paciencia catalana hasta quebrarla. Y más allá del titular, me interroga por la letra pequeña, los momentos de inflexión, las grandes decepciones, los errores de bulto. "¿La sentencia del Estatut, quizás?". Es un punto de partida, pero la partida es otra. Porque el principal error de España es su propia concepción, nacida al albur de una idea de imperio y no de un pacto entre naciones. La obsesión por la uniformidad lingüística, el centralismo exacerbado, la imposición violenta cada vez que no ha sido capaz de resolver un conflicto por la vía política, en definitiva la historia de un Estado que siempre se ha concebido como un derecho de conquista. Y en esa concepción, el encaje de Catalunya ha sido siempre tan estridente como imposible. Incluso cuando, después de 40 años de dictadura -especialmente agresiva con la identidad catalana- conseguimos dibujar conjuntamente una estructura política, el recorrido se fue torciendo a golpe de escatimar, recentralizar, negar y el largo etcétera de verbos conjugados en la España centrípeta. Por supuesto nos hemos ido conllevando, pero siempre a la manera de Ortega, conllevando que no resolviendo.
Como mi amigo me pide una lupa más pequeña, aterrizo en la concreción y le remito a la carta semanal de Duran Lleida, que ha hecho una buena lista de agravios. Pero sin ser exhaustivos, es evidente que el error más grueso ha sido lo del Constitucional con el Estatut, porque fue una burla en toda regla, un bofetón sonoro, público y chulesco en la cara de Catalunya, un aviso a navegantes de que nuestras aspiraciones no tenían cabida en la legalidad, ni cuando las recortábamos por todas partes. Pero antes, un millón de firmas del PP contra Catalunya, y antes un sistema de financiación vampírico que lleva décadas chupándonos la sangre, y antes una permanente recentralización para recuperar competencias cedidas, y antes una campaña brutal contra nuestro idioma, y así suma y sigue hasta el hartazgo final. Incluso ahora, en pleno debate independentista, viene Wert con su fusil y se carga la soberanía que teníamos en materia educativa, dando por hecho que esa mentalidad cerrada y cerril no tiene remedio. Por ello retorno al inicio y respondo al amigo con inevitable causticidad. No se trata de los errores que han ido acumulando, que han sido muchos, es peor. Se trata de que, respecto de Catalunya, España es el error.
Durán i LLeida Queridas amigas y queridos amigos: aunque el plato principal de esta carta debe ser la reunión de los presidentes Rajoy y Mas, ligado también con las relaciones de Cataluña con el Estado quisiera retroceder a viernes de la semana pasada. Cuando mi última carta habitual de los viernes ya se había publicado el Consejo de Ministros nos dio a conocer, a través de su portavoz, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, los acuerdos que había tomado y las valoraciones sobre los hechos políticos de actualidad. Entre las más notorias, ya la vez más esperados por el silencio que hasta entonces había mantenido, existía la valoración que el Ejecutivo central hacía de la manifestación de nuestra última Diada Nacional. La respuesta del gobierno del Estado fue el antesala de la que Rajoy dio a Mas días después. Soraya Sáenz de Santamaría dejó claro que ante el clamor de una parte muy importante del pueblo catalán la actitud de Rajoy era sencillamente aplicar la Constitución y las leyes. No había ni el menor indicio de que la riada de cientos de miles de personas por las calles del centro de Barcelona hubiera provocado ninguna reflexión ni preocupación en el Palacio de la Moncloa. Qué lástima que sean ahora los que apelan a la Constitución y las leyes. Si hubieran respetado la Constitución cuando el PP obstaculizaba su cumplimiento a la hora de renovar los miembros del TC, ahora no estaríamos como estamos! La gente no estaría tan harta de las instituciones españolas. Si hubieran respetado su espíritu y no hubieran politizado la sentencia del TC, a estas alturas no habría tanta frustración! Si realmente se tomaran en serio el sagrado principio de la "igualdad de los españoles" y no permitieran que en Cataluña pagamos más por todo, seamos solidarios y recibimos menos a cambio, no habría un deseo generalizado de expresar que ya hay suficiente. Si hubieran respetado el máximo intérprete de la Constitución-el TC, desprestigiado después por ellos y por el PSOE-y hubieran ejecutado los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat-tanto el PSOE primero, como después el PP-y, por tanto, si hubieran pagado lo que todavía nos debe, 759 M €, de la Disposición adicional tercera del Estatuto, ahora, a pesar de la nefasta gestión del tripartito en Cataluña tendríamos menos ahogo económico y los ajustes presupuestarios serían menores! Y por las mismas razones, si nos hubieran transferido las becas tal como se aprobó y firmó con Rajoy cuando era ministro de Administraciones Públicas, y tantas otras cuestiones, la gente no se sentiría maltratada económicamente, políticamente y socialmente hasta el extremo de no querer continuar conviviendo bajo estas condiciones! O sea, que no debe entrar el pánico porque desde el Estado invoquen la Constitución que ellos han pasado por el forro tantas veces como les ha convenido. Con estos precedentes, y con la respuesta en la misma dirección que el Presidente Rajoy dio el miércoles, en la sesión de control parlamentario, ya una pregunta de Pere Macias que yo había formulado, era inimaginable que el presidente del gobierno español le dijera algo diferente al presidente de Cataluña. Unos minutos antes de que Artur Mas fuera a Moncloa me preguntaba si tenía algún input. No había mantenido ninguna conversación con nadie del gobierno del Estado, pero la intuición no me podía traicionar. La respuesta sería negativa y así fue. Rajoy no quiere saber nada del Pacto Fiscal. El gobierno del Estado no quiere ni oír hablar de lo que reivindicamos el 75% de los ciudadanos de Cataluña. Por tanto, ni el PP ni el PSOE quieren atender las peticiones de justicia que claman desde el agricultor hasta Fomento de Trabajo, desde el trabajador de la Nissan hasta el profesional liberal. Ayer es cerraba la puerta de la esperanza. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado y tampoco podrá considerar que ha sido para nosotros que se ha cerrado el paso a un intento serio y responsable de resolver una cuestión clave en el contencioso entre el Estado español y Cataluña. Lunes lo dije en nombre de CiU tras la reunión del CENFIM: la prioridad del gobierno de Cataluña y de la federación de CiU era el Pacto Fiscal. Hasta ayer jueves no queríamos oír hablar de nada más. El jueves, sin embargo, ha pasado, y la puerta se ha cerrado. Tenemos, pues, la obligación-como decía el presidente Mas-de reflexionar y de tomar decisiones. Supongo que hoy todo el mundo lo querría romper todo. No es hoy, cuando tenemos que tomar decisiones, pero tampoco debemos dejar para dentro de un mes. Ahora hay que dar un paso adelante, un paso firme, que dependa más de nosotros que de las instituciones del Estado ( por cierto, no sé quién aconseja el Rey, quizá quiere hacer amigos, pero en Cataluña habrá perdido y fuerza). Creo que debemos ser capaces entre todos de generar la garantía de nuestra soberanía fiscal, como garante de nuestra libertad. Pero atención, esto no dependerá sólo si CiU lo incluye en su programa electoral o de la posibilidad de que lo hagan otros partidos. Para este objetivo, la complicidad de la ciudadanía es imprescindible: desde el mundo empresarial hasta los asalariados. Si llegada la hora-por mucha agencia tributaria propia que tengamos-, la sociedad no responde, ella misma estará fijando los límites de su ambición nacional. Lo dije ya la semana pasada. Hay quien, dentro y fuera, ha pensado que el tsunami de nuestro 11-S había llevado nuestro proyecto de país y nuestro estilo y manera de hacer. Al revés. Serán útiles como nunca para los anhelos y para las necesidades de las personas que integran nuestra nación. Hoy el arrebato triunfará; pasado mañana se necesitará el sentido común.
Cordialmente, José A. Duran
