Monarquía o república

JULIÁN CASANOVA 6 ABR 2013 - 16:49 CET 

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No resulta fácil ofrecer una visión general de la sociedad española, de esta larga crisis, de los límites de la democracia y de la decadencia del sistema de representación política. Parecemos un país moribundo, con menos riqueza y poder de lo que presumíamos, con corrupción y mala administración, sin instituciones en las que confiar. Como si de una vieja historia se tratara, repetida ya otras veces a lo largo del siglo XX, hemos pasado del triunfalismo al desengaño. Mucha gente vomita cabreo, decepción, incluso protesta. Pero frente a los diagnósticos catastrofistas y el pesimismo sobre el futuro, no aparecen soluciones, más allá de ese término en boca de muchos, regeneración, poco original en un país que ya intentó varias. ¿Está el sistema agotado? ¿Necesitamos un cambio de régimen?

Lo primero que hay que decir es que, desde arriba, hay muy poca voluntad de emprender el camino del cambio. Los políticos forman partidos de notables y clientelas, que repiten los mismos nombres y vicios adquiridos y solo movilizan a la opinión pública en tiempos de elecciones. Y desde abajo, pese a lo mucho que podemos gritar o escandalizarnos, y al tono de condena moral presente en muchas declaraciones, hemos aceptado con bastante conformidad, y hasta deferencia, la trama de intereses, corruptelas y negocios privados que, desde la política local al Parlamento, se ha tejido en varios lustros de bonanza económica. Por arriba y por abajo, el espacio para la acción política alternativa, de oposición, es ahora, como consecuencia también de años de inmovilismo y apatía, escaso, casi inexistente.

La derecha en el poder, amparada por una amplia red de medios de comunicación afines, va a mover pocas fichas, porque sabe que el problema lo tiene la izquierda, donde cunde el desaliento, fragmentada, sin liderazgo y a la que puede echar sobre sus espaldas el origen de la crisis, las expresiones de disidencia y la radicalización de la movilización social en la calle —desde el 15-M al escrache—. Y aunque esas acusaciones sean falsas, es indiscutible que la izquierda parlamentaria tiene hoy serios problemas para representar el descontento popular y plantar cara al acoso y derribo del Estado de bienestar.

La crisis actual va a marcar un punto de inflexión para la legitimidad de la Corona

Nadie parece dispuesto a renunciar a sus prerrogativas. La política institucional está en crisis y para regenerarla ya no se puede contar con el concurso de la Corona. Desde la muerte de Franco, y sobre todo a partir del fallido golpe de Estado de febrero de 1981, a muchos les dio por presumir de Rey, protegerlo frente a las críticas y el debate público, para preservar lo conseguido y cambiar el pobre bagaje democrático que la historia de la Monarquía borbónica podía exhibir antes de 1931. Para ello se ocultó, rompiéndolo, el cordón umbilical que unía a don Juan Carlos con la dictadura de Franco, de donde procedía en ese momento su única legitimidad, y se estigmatizó a la República, ya liquidada por las armas y la represión, como la causante de todos los conflictos y enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil. No puede negarse el éxito de esa operación de lavado del pasado, capaz de sobrevivir, sin grandes cambios, hasta en los libros de texto, durante más de tres décadas de democracia.

Al mismo tiempo, una buena parte de la clase política trató de borrar los recuerdos más incómodos de la dictadura de Franco y cuando, ya en el siglo XXI, el Estado puso en marcha, aunque con mucha timidez, políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para castigar o condenar, una parte importante de la sociedad reaccionó en contra. No resulta extraño escuchar a los políticos del PP afirmar que la Segunda República fue un desastre, reproducir en ese tema las ideas de los vencedores de la guerra civil y de los voceros neofranquistas, falsear la historia a gusto de la Iglesia, la Monarquía y las buenas gentes de orden.

La crisis actual, los escándalos en torno a la Casa del Rey, graves para la buena salud de la democracia, al margen de cómo acabe la imputación de la infanta Cristina, y la falta de transparencia y de respuesta ante ellos van a marcar, no obstante, un punto de inflexión para la legitimidad de la Monarquía. El cambio en España tiene que ir acompañado de una renovación cultural y educativa, de nuevas ideas sobre el mundo del trabajo y de una lucha por la democratización de las instituciones. Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico, que recupere el compromiso de mantener los servicios sociales y la distribución de forma más equitativa de la riqueza. Esa nueva cultura cívica y participativa puede, y debe, alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la república.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, autor de España partida en dos.

El rey traslúcido

MONCHO ALPUENTE

Público

07abr 2013

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Lo malo de la transparencia es que se ve todo y hasta los niños, sobre todo los niños, pueden ver que el rey está desnudo con sus vergüenzas al aire y no revestido con un traje invisible como en el cuento de Andersen El traje nuevo del emperador. La Casa Real es sobre todo virtual y proyecta, proyectaba, una imagen de honorable impecabilidad que trascendía a todos sus miembros. Protegido por una coraza de inmunidad, de impunidad, y arropado por arrullos cortesanos a izquierda y derecha, el rey que nos dejó Franco atado y bien atado ha vivido en un limbo dorado, ajeno a las críticas, reverenciado incluso por sectores que se definían como republicanos pero que no dudaron en abdicar de su republicanismo en pro del pragmatismo para apuntarse a una transición pactada. Transición venía de transigir y transigieron. Y escamotearon al pueblo que llamaban soberano su capacidad de decidir su forma de gobierno, presuntamente para preservar la paz que nos legaba Franco, mentor excelentísimo del nuevo rey y muñidor de una original reinstauración monárquica que se saltaba el sagrado orden dinástico.

Durante muchos años (incluso pocos serían demasiado) cada vez que alguna voz aislada y consecuente sacaba a colación el dilema monarquía-república, otras voces autorizadas y autoritarias se aprestaban a resaltar la inoportunidad del planteamiento. Había temas más importantes que resolver, no era el momento, ya no hacían ruido los sables, pero la inestabilidad económica o la estabilidad social eran prioritarias. Hasta los comunistas habían avalado una Constitución que definía a España como un reino, auque fuera una taifa del sur de Europa. La izquierda seguía siendo republicana en la intimidad, pero ni un paso más allá. Abundaban las disquisiciones del tipo: yo no soy monárquico, soy juancarlista o soy republicano, pero no lo digo muy alto para no discutir.

Hoy la Corona solicita su admisión en la Ley de Transparencia, advirtiendo que  habrá de ser una transparencia limitada. La Corona quiere ser translúcida para limitar los daños algo más que colaterales del caso Urdangarin y la imputación de una infanta, para frenar su vertiginoso descenso de popularidad y credibilidad. La familia real es disfuncional y las familias reales están obligadas a funcionar como modelo, paradigma de la institución familiar sin mácula. Los trapos sucios se guardan en el baúl de la tatarabuela Isabel que se fue al exilio por conducta inmoral y regresó, (parece que los Borbones siempre lo hacen) para seguir cabildeando en los albañales de la política de la época.

Pero la ley de transparencia afectará con diferentes raseros también a los políticos y todos podremos revisar las cuentas que nos presenten, aunque no sus ajustes de cuentas. Expertos en contabilidad creativa y en maquillaje de cifras, los políticos nos mostrarán impecables balances de impecabilidad hasta el último céntimo, tan creíbles como los cuentos que en el día a día nos cuentan, juego de luces y de espejos que disimula en la oscuridad y en la opacidad, sus cuentas en b, en c y en x, sus fondos reservados en paraísos fiscales y sus fondos de reptiles. Si la transparencia fuera total tanta luz nos cegaría como una radiación nuclear, habría explosiones en cadena y quedaría devastada la devastada nación y las multitudes se lanzarían a las calles horrorizadas, indignadas y escandalizadas.

Pero… ¡un momento! Las calles ya están a rebosar de multitudes indignadas, sin ley de transparencia el velo ha empezado a descorrerse y lo que ha quedado al descubierto (solo la punta del iceberg) ha desatado mareas de protesta en todos los frentes. Sus flujos, en esta primavera de crecidas, anegan los prados de La Moncloa y de la Zarzuela. Crecen las aguas del descontento y seguirán creciendo porque incluso los meteorólogos del Gobierno, los más interesados en ofrecer buenos pronósticos, sitúan en un horizonte cada vez más lejano los tiempos de bonanza. No son buenos tiempos para la opacidad, la sombra de Wikileaks y los papeles del Vaticano se ciernen sobre los guardianes de los secretos que pretenden inútilmente sustraerse de las redes y esquivar el bulto. La credibilidad de las instituciones se esfuma con los primeros rayos de luz. Si supiéramos todo lo que tendríamos que saber, todos seríamos antisistema salvo los que viven del sistema, que nos prefieren ciegos y enajenados.

Delenda est Monarchia

 LUIS GARCÍA MONTERO

04abr 2013

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Es el título de un famoso artículo que publicó José Ortega y Gasset el 15 de noviembre de 1930 en el periódico El Sol. Después de apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera, Alfonso XIII había intentado regresar a una aparente normalidad constitucional a través del gobierno presidido por el general Berenguer. Como en España nunca pasaba nada –eso se decía-, como la sociedad española era confundida con un rebaño, el error de Alfonso XIII y de Berenguer consistió en creer que la realidad no les iba a pasar factura. El filósofo convocó a los ciudadanos: “Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. Ortega acertó y el 14 de abril se proclamó la II República.

Sería un error nuestro pensar ahora que la imputación de la Infanta Cristina en el proceso por corrupción del caso Nóos, y la presión sobre la justicia ejercida por la Casa Real mediante un comunicado fuera de tono, suponen acontecimientos equiparables al golpe de Primo de Rivera y al gobierno Berenguer. Son noticias que no desencadenan una república de la noche a la mañana. Pero también sería un error no tomar conciencia del descrédito que estos sucesos implican para una monarquía que está en horas muy bajas. El sentido común de la calle ya no acepta de forma sumisa la opacidad de las cuentas del Rey y va a resultar muy difícil que la gente no comprenda que las corrupciones de su yerno se han gestado al amparo de la Casa Real. ¿Qué otro poder tenía el señor Urdangarín para ganar dinero con tanta facilidad? Tampoco será fácil que la gente no se ría cuando el monarca vuelva a decir en el tono solemne de los discursos que todos los españoles son iguales ante la ley. Y que los ciudadanos no vivan como un acto de humillación política que el Partido Popular y el PSOE se pongan de pie para ovacionar durante muchos minutos semejante hipocresía.

El Congreso de los Diputados ovacionó a un monarca que, advertido de los negocios de su yerno y su hija, había intentado silenciar el asunto mandándolos vía Telefónica a los Estados Unidos. ¿Está España en condiciones de seguir viviendo en la mentira? ¡Españoles vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!

Y es que la corrupción que afecta a personajes de la familia real se produce en un momento de radical empobrecimiento, de indignación ante los escándalos generalizados y de fracaso de la política. Y la Corona empieza a vivirse como el síntoma más evidente de la tristeza de España, de las mentiras de España. Las cosas se agravan, además, cuando el fracaso de la política se entiende como consecuencia del sistema organizado por la Transición, el rey Juan Carlos a su cabeza. Las precariedades en la justicia, los amparos públicos, la economía, la información y el juego bipartidista exigen un cambio de época, la configuración de un nuevo tiempo.

Una ilusión política puede surgir de la gente de la calle, gente de tres al cuarto y nada revolucionaria. Que el sistema esté envenenado por la corrupción y la mentira desencadena una serie de responsabilidades. En primer lugar fueron las cúpulas de los partidos mayoritarios. Después se hicieron cómplices los militantes de base por su incapacidad de exigir responsabilidades a sus dirigentes. Permitieron que las siglas se ensuciaran y se generalizara el descrédito. Y el turno nos llega ahora a los votantes. Corremos el riesgo de convertirnos en la causa última de la descomposición, bien por volver a votar a los corruptos, bien por no articular una respuesta política de dignificación del Estado.

Y no se me ocurre ningún distintivo mejor para el ciudadano insumiso que una escarapela republicana.

La crisis más grave: el acoso al poder judicial

No se puede tolerar la presión evidente desde la Casa Real a un juez, es decir, a todo el poder judicial

Es la Casa Real, con la retahila de "actos" realizados en los últimos días, la que está llevando al país a una crisis institucional de incalculables consecuencias

El Rey debe estar orgulloso de la inmensa mayoría de los jueces, incluido el juez Castro

JOSE ANTONIO GÓMEZ YAÑEZ 

ElDiario.es  

05/04/2013 - 23:02h

España se está acercando a una crisis institucional gravísima, tal vez la más grave desde la Transición. Unos días antes de que venciera el plazo para presentar varios millones de euros de fianza, se hizo público que el matrimonio Urdangarín-Borbón había vendido su casa en Pedralbes. Aún no sabemos el nombre de los compradores, desearía no encontrar al CNI o similares debajo de la tapadera que supongo. En todo caso, dado el estado del mercado inmobiliario, conseguir vender una propiedad como esa en apenas dos meses es, sin duda, un éxito comercial.

El miércoles el juez instructor convocó a declarar a la consejera de Noos, doña Cristina de Borbón, en calidad de imputada, a cuenta del proceso por todos conocido. Desde entonces se han producido varios acontecimientos, a mi manera de ver, gravísimos.

Primero, la "Casa Real" filtró que la citación judicial "había causado sorpresa" o algo así. La Casa Real no debe expresar sus estados de ánimo.

Segundo, la Casa Real filtró que con esta citación el juez había cambiado de posición, lo que es llamativo, porque el juez en este caso sólo se ha pronunciado a través de sus autos, y hasta donde yo conozco se había reservado "posición" alguna sobre el particular. Los jueces fijan su posición a través de autos, y si el curso de la investigación le lleva a cambiar de posición, eso forma parte de la instrucción.

Tercero, la Casa Real filtró que la consejera de Noos, doña Cristina de Borbón, elegiría un abogado con el asesoramiento, más o menos, de la Casa Real. Es comprensible elegir otro abogado, debe separarse de su marido el Sr. Urdangarín. Pero no es razonable que la Casa Real nos haga saber su asesoramiento. Es una forma de presión, de mostrar que está detrás.

Cuarto, de forma un poco insólita, y desde luego imprevista, la fiscalía anuncia que recurrirá. Obviamente la instrucción es de la Fiscalía General. Que recuerde el fiscal hasta ahora se ha mantenido en paralelo al juez de instrucción.

Y quinto, a primera hora de la mañana de ayer se hizo público que el Rey ha pedido personalmente al conocido abogado y ponente constitucional, D. Miquel Roca i Junjent, que se haga cargo de la defensa de la consejera de Noos.

Uno comprende muchas cosas en esta vida, el amor de padre, la vista gorda ante negocietes putrefactos, etc. Pero lo que no puede tolerar es la presión evidente, palpable, tangible, sólida como una roca, desde la Casa Real a un juez, o sea, a todo el poder judicial. El sistema político funciona en España razonablemente, aunque es verdad que se acumulan casos de corrupción enormes, generados en el corazón del sistema político de los que sus responables últimos no dan razón. Esto nos está llevando a una crisis institucional seria, muy seria.

Pero es la Casa Real, con la retahila de "actos" realizados en los últimos días la que está llevando al país a una crisis institucional de incalculables consecuencias. La Casa Real no puede presionar al Poder Judicial.

Siempre he respetado la figura del Rey. Como todos los españoles de mi generación, la que pasó la adolescencia en la Transición y se indentificó con ella, le agradezco su papel, y he estado dispuesto a mirar para otro lado sobre algunas cosas. Por respeto institucional, por evitar convulsiones a nuestro país, he defendido a veces con incompresión de las personas que me rodeaban, que el Príncipe debiera suceder al Rey y convertir España en un país normal. Ahora el Rey está alterando esta visión.

En lo que valga, pido a los responables de este país, empezando por el presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE, que exijan inmediatamente al Rey que cumpla con su deber institucional. Es intolerable la actitud de la Casa Real, y obviamente del propio Rey. Este debe estar orgulloso de la inmensa mayoría de sus jueces, anónimos jueces de instrucción en juzgados de provincias o en la Audiencia Nacional que han investigado con profesionalidad. Entre ellos está el juez Castro.

La crisis institucional de nuestro país es tan grave que me sorprendo a mí mismo sintiendo la imperiosa necesidad de escribir estas líneas. ¡Hasta donde estamos llegando!, ¡hasta donde pretenden llegar algunos en su impunidad y en su impúdico ejercicio del poder!

Los sucesos de Hermigua de 1933

80 años de “los sucesos de Hermigua” de 1933: La historia contra la desmemoria actual

 

abr5by tamaraceitealzado

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El guardia civil “Garrote Vil” junto a otros fascistas gomeros

El 22 de marzo de 1933 los caciques fascistas de Hermigua utilizan a la Guardia Civil para romper una huelga general convocada por la Federación Obrera de Hermigua. El obrero Antonio Brito Brito es muerto a tiros y dos guardias civiles que disparaban sobre los jornaleros resultan muertos.

Hace 7 años (27/6/2006) publique en varios periódicos isleños “Los Sucesos de Hermigua”en contestación a un artículo (“¿Memoria histórica?” Francisco Ayala. La Media Columna. El Día 16/5/2006) que desvirtuaba totalmente la historia de la represión franquista en Gomera, tanto en Hermigua como en Vallehermoso. Ahora, al cumplirse 80 años de aquellos hechos, el digital gomero “El Silbo” lo ha reproducido con este título actual, aunque sin mi nombre como autor – supongo que por desconocimiento por haberlo tomado de Facebook- y suprimiendo lo que era específico de la contestación al Sr. Ayala, con dos fotografías sacadas de la obra “Vallehermoso. El Fogueo” de Ricardo García Luis y Juan Manuel Torres Vera que se editó en su día por el Centro “Amílcar Cabral”. Por su actualidad –los efectos del fascismo siguen vigentes y no solo en Canarias- lo transcribo a continuación:

Los llamados “Sucesos de Hermigua” tuvieron lugar el 22 de marzo de 1933, aunque su gestación es bastante anterior y son, en realidad, un episodio más del permanente empeño de los caciques gomeros por impedir cualquier organización obrera que pusiera en riesgo su dominio feudal. La carretera en construcción desde la Villa hacia Vallehermoso, única obra de cierta entidad en toda isla, se paralizó desde julio de 1932 por presiones de los caciques de Hermigua, los Ramón Plasencia, Nicasio León que impedían que los obreros que estuvieran sindicados pudieran trabajar en las obras. Esto en un pueblo en que un 20% de la población total, unos 500 trabajadores,  estaban en paro y que contaba en la Federación Obrera de Hermigua con unos 450 afiliados, de los que los dos tercios eran jornaleros. Bajo instancias de la Federación Obrera, el Gobierno Civil de Tenerife ordena que se admitan al menos a 100 trabajadores sindicados, obreros que, con la comunicación de Gobierno Civil en la mano, se presentan al tajo el día19 de marzo. El capataz, siguiendo órdenes de Ramón Plasencia, se niega a admitirlos. Gobierno Civil reitera telegráficamente la orden los dos días sucesivos del 20 y 21 con el mismo resultado de que los 100 trabajadores se ven de nuevo rechazados y tienen que regresar al Valle Alto en medio de las risas y burlas del caciquerío reunido en el Convento. Se celebra una reunión en la Federación y se acuerda convocar una Huelga General para el día 22. La huelga es total y los trabajadores se dirigen hacia la Playa, recorriendo todo el Valle. Un grupo de ellos, al pasar por el cuartelillo de la G.C. es intentado disolver por el cabo Antonio Fuentes que incluso propina un planazo con el sable a un manifestante (Manuel Herrera “El Mangueras”), pero el paro es absoluto en todo el Valle y grupos cada vez más numerosos de trabajadores y sus familias se van concentrando camino hacia la Playa.
Con el objetivo de romper la huelga y por incitación caciquil, el cabo Fuentes, Jefe de Puesto, manda a un camión de Ramón Plasencia a traer a los guardias civiles que prestaban servicio en Agulo, y aunque los manifestantes tratan de impedirle la ida al paso por La Castellana, no lo logran. Al regreso, a la altura del Palmarejo y sobre las dos de la tarde, encuentran una barrera en la carretera y los obreros con sus mujeres que les salen al paso. Según las declaraciones del sumario posterior, son las mujeres las que reprochan al cabo que haya roto, con el camión de Plasencia, la Huelga General con voces como “No siga. No traiga más guardias, que solo queremos el pan de nuestros hijos”. La situación se va caldeando y algunos manifestantes, hombres y mujeres, tiran algunas piedras al camión y lo golpean con cañas. “Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de <cargen> y de <fuego> y él mismo disparó la pistola contra la multitud…….Fuentes disparaba y los números iban a hacerlo y los grupos rodearon a los guardias. La muchedumbre, al querer quitar las armas al cabo y al guardia Garrote, los arroja por el barranco; el otro guardia, José Cano, que se resiste y hace uso del armamento es muerto por la multitud, que exaltada y contagiada por su propio furor, da muerte a Fuentes que yace en el barranco mientras éste y Garrote disparaban sobre los grupos” (informe en el juicio de Luis Jiménez de Asúa). El guardia José Garrote de Pedro se refugia, haciendo fuego, en casa del cacique Nicasio León, mientras que el obrero Antonio Brito Brito, que subía por el talud del barranco es alcanzado por una bala que le atraviesa el corazón y muere en el acto. Otro obrero, Domingo Medina, queda herido de gravedad y varios más heridos de menos consideración. Ese mismo día 22 salió de Santa Cruz el “Viera y Clavijo” que desembarcó por el pescante a 37 guardias civiles al mando del Teniente Coronel Vara Terán a sumarse a los que ya habían acudido a Hermigua desde la Villa
Estos fueron los “Sucesos de Hermigua”. No contaré las detenciones, las palizas, los juicios etc que se sucedieron a su socaire. Le diré solo que, resultado de los mismos, Vicente Valladolid Mesa, Manuel Avelino Perdomo Plasencia, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, y Leoncio Fagundo Hernández fueron condenados a muerte. Domingo Medina Santos, el herido grave, a 20 años, Juan Martín Hernández, Serafin Casanova Medina, Avelino Hernández Barrera y José Leon Piñero a 12 años. Fernando Ascanio Armas a 6 años. Antonia Gutierrez González, Catalina Hernández Negrín y María Hernández Hernández a 3 años y Manuel Peraza Hernández a 2 años, mientras otros 16 hombres y una mujer son absueltos. La Ley de Amnistía del Frente Popular de febrero de 1936 los pone en libertad, libertad que durará muy poco. Cuando los fascistas se hacen con el poder en julio de 1936 todos los implicados en los “Sucesos de Hermigua” son detenidos. Los  cinco condenados a muerte son “desaparecidos” y con ellos “desaparecieron” también a José León Piñero,  Domingo Rodríguez, Juan  Martín Hernández, a Antonio Martín Hernández, a Antonio Hernández García, a Manuel Casanova Medina, a Jesús Chávez, a Tomás Brito, al maestro Enrique Biscarria, a Antonia Pineda Prieto y a su hijito recién nacido “pa’que no quedara ni la semilla” y a Fernando y Pablo Ascanio que, apotalados, tienen su tumba de gloria en el duro mar del norte gomero.
El “Fogueo de Vallehermoso” fue otro episodio de esta historia gomera reciente. Fue la defensa de Vallehermoso y de la legalidad republicana por sus habitantes y por los cuatro guardias civiles y el brigada jefe de puesto de ese pueblo ante el ataque de las tropas alzadas y los falangistas de Hermigua en julio de 1936. Terminó tambien con varios Consejos de Guerra sumarísimos y el fusilamiento el 27 de agosto de 1936 del brigada de la guardia civil Francisco Mas García y los dirigentes de la Federación Obrera de Vallehermoso Ramón Cabrera Bernal y Manuel Quintana Florentino y el 10 de marzo de 1937, en el tristemente célebre Barranco del Hierro, de los también miembros de la Federación Obrera, Juan Medina Herrera, Manuel Méndez Prieto y Nicolas Prieto Ventura e indultados otros cuatro de los sentenciados a muerte.

GASPAR CAVÓ SU PROPIA FOSA

Domingo, 31 de Marzo de 2013 18:00

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Un pueblo de Burgos homenajea a 24 fusilados en 1936 maniatados por la espalda.

El País / NATALIA JUNQUERA / 30-03-2013

Los técnicos ocupan la fosa de Loma de Montija en la misma posición en que hallaron a las víctimas. / ÓSCAR RODRÍGUEZ

Los falangistas habían ido a buscarlo dos noches a su casa para obligarle a cavar las fosas donde iban arrojando a sus víctimas después de matarlas. La tercera noche, Gaspar Pereda no volvió. Había cavado su propia fosa.

Era 20 de noviembre de 1936. Tenía 55 años, mujer y seis hijos, tres de ellos menores de edad. “Esa noche, él debió intuir lo que iba a pasar porque antes de salir de casa, al contrario que las otras dos noches, se despidió de mi abuela y de mi tía con un beso”, explica su nieta, Ana Pereda.

Gaspar Pereda fue fusilado y arrojado a una fosa de 6,5 metros de largo y 2,5 de ancho en una finca de cultivo de Loma de Montija (Burgos) con otros 22 hombres y una mujer. Un equipo de 25 técnicos de la sociedad de ciencias Aranzadi exhumó los cuerpos, enterrados a 50 centímetros de profundidad, en abril de 2011. La mitad tenía las manos atadas por la espalda con alambre.

Tras analizar los restos genéticamente en el laboratorio de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, ayer se celebró en Gayangos (Burgos) la localidad de donde procedían la mayoría de las víctimas, un homenaje. Sus familiares volvieron a enterrarlos juntos, pero bajo una lápida con sus nombres y apellidos.

La fosa tras la exhumación. / ÓSCAR RODRÍGUEZ

Ahora tienen un lugar al que llevarles flores cuando quieran. Francisco Etxeberria, el forense que dirigió los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas, ha abierto más de un centenar de fosas del franquismo desde el año 2000, pero cuenta que en esta los familiares de las víctimas le contaron un episodio que le sobrecogió especialmente. “El hijo de uno de los fusilados me dijo que había ido al sitio con su madre dos años después de que mataran a su padre para dejar unas flores. Al llegar, les apedrearon vecinos del pueblo. Tuvieron que escaparse corriendo. El hombre decía que ese era el recuerdo más triste de su vida”.

Los familiares de las víctimas siempre supieron que sus seres queridos habían ido a parar a esta fosa porque un hombre logró escapar aquella noche de la muerte. “El tiro le dejó herido, pero no le mató. Así que cuando los asesinos se fueron, bajó al pueblo y contó lo que había pasado antes de marcharse para siempre”, relata Ana Pereda. “En el pueblo, los familiares de los muertos pactaron no decir que lo habían visto por temor a que los falangistas mataran a toda su familia en represalia por haber sobrevivido”.

Para entonces, a la familia Pereda ya le habían provocado un sufrimiento inmenso. Gaspar era, la noche que lo mataron, un padre con el corazón roto que sabía que el mayor de sus hijos, Lucas, de 24 años, había sido asesinado por los falangistas y que su cuerpo estaba tirado en cualquier cuneta. “A Lucas lo fueron a buscar un mes antes de que mataran a mi abuelo. Los dos eran labradores, gente de campo. No estaban metidos en política, pero estaban marcados por votar a la izquierda. En el pueblo contaban que había sido el cura el que había hecho la lista de fusilados para los falangistas”, relata Pereda.

Tras el asesinato de Lucas, los hijos de Gaspar se fueron a esconder al monte. En la casa solo se quedaron las mujeres, el más pequeño de los hijos y el propio Gaspar, que no quiso dejarles solos. Hasta que la tercera noche, los falangistas no le dejaron volver a casa después de haberle obligado a cavar su tercera y última fosa.

Pero como en tantos otros pueblos, los asesinos no se conformaron con matar a los hombres. Y después de fusilar a Lucas y a Gaspar, humillaron a las mujeres. A las viudas. “El día de la fiesta del pueblo cogieron a mi abuela y a mi tía, les raparon la cabeza delante de todo el mundo y las obligaron a barrer así la plaza del pueblo. También les dieron aceite de ricino”, cuenta Pereda. “A ellas y a todas las mujeres de rojos”. “Mi padre nos contó lo que había pasado, pero nunca quién lo había hecho. Decía que no tenía sentido aumentar los odios, porque había que convivir con quienes habían hecho todo aquello”.

Agustín Fernández buscaba en esta fosa a su abuela, Severina Pérez. Él fue quien promovió la exhumación e inició el papeleo para solicitar los permisos, la subvención del Gobierno... Pero no ha tenido suerte. Ninguno de los restos hallados se corresponde con su abuela. “Pensábamos que la habían traído aquí. Sabemos que los falangistas la subieron a un camión junto a su hija Lucía, que llevaba en brazos a Esperanza, un bebé de poco tiempo”, relata. Finalmente, al negarse Lucía a dejar a su bebé, la dejaron bajar. Pero Severina, que tenía entonces 62 años y estaba viuda, no pudo librarse. “Mi abuela tenía un negocio de ultramarinos con una taberna en la parte baja de la casa y yo creo que la mataron porque tenían deudas con ella”.

Sus hijos estaban en el frente, luchando con los republicanos, cuando fusilaron a su madre. Al regresar, fueron enviados a distintos penales: Santoña, Cádiz, Valdenoceda... Esperanza, el bebé que salvó a su madre de continuar el trayecto en aquel camión, relató durante la exhumación que uno de sus primeros recuerdos de pequeña era precisamente el de ver a su madre y a sus tías escribir cartas a los hombres: al frente de guerra primero y a la cárcel después.

Agustín asegura que seguirá buscando a su abuela. Ana promete hacer lo posible por rescatar de la cuneta a la que fue arrojado, los restos de su tío. Lo harán solos, sin apoyo económico, porque la de Loma de Montija fue una de las últimas exhumaciones que se realizaron con subvención del Gobierno. Ya no hay dinero para la recuperación de la memoria.

La Monarquía pierde credibilidad moral y legitimidad democrática

Opinión

Firmas Los Calvitos El Análisis Por Consiguiente Tribuna Libre Blogs

CARLOS JIMENEZ VILLAREJO (*)

05/04/2013

*****1 VOTO

 

IMPRIMIRENVIAR A UN AMIGO

El Juzgado de Instrucción de Palma nº 3 ha adoptado una resolución histórica. La citación como imputada de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia en el proceso contra su marido Iñaki Urdangarín, representa una indudable erosión de la integridad moral y cívica de la Institución que encarna la Jefatura del Estado español. No puede ser de otro modo, pues la Infanta, según el Art. 65 de la Constitución, forma parte de la “Familia” del Rey y es mantenida por los “Presupuestos del Estado”.

El Auto judicial parte de un presupuesto fundamental, el respeto al principio constitucional de que “los españoles son iguales ante la ley” y lo razona así. Con la citación como imputada de la Infanta se trata de que no “se cierre en falso (la instrucción) en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”. Y, ciertamente, es una medida muy fundada. Justifica, en primer lugar, que no haya sido citada como testigo porque, entre otras razones, su intervención en tal concepto “nunca autorizaría a declarar bajo juramento o promesa de decir una verdad que hipotéticamente pudiera incriminarla”. Además de que su declaración habría estado “comprensiblemente mediatizada por el parentesco” con su marido.

El Juez destruye todas las alegaciones de Urdangarín y de otros imputados de que la Infanta ni asistía, ni participaba ni votaba en las reuniones y decisiones del Instituto Nóos, de la que era Vocal, ni de la sociedad Aizoon S.L., de la que era Secretaria y participaba, por mitad, en el capital social con su marido. Y afirma el Juzgado que fue nombrada, precisamente, porque en los cargos que ostentaba siempre figuraba como “S.A.R. La Infanta”. Y, eso bastaba, porque era el presupuesto que garantizaba, con el conocimiento y consentimiento de la Infanta, un evidente y abusivo aprovechamiento de su condición de miembro de la Familia Real en los negocios ilícitos de su marido y otros partícipes. Como igualmente era significativo que Iñaki Urdangarín hiciese constar en su currículum, “de cara a promocionar económicamente su imagen” la condición de “Casado con S.A.R. La Infanta Doña Cristina en Barcelona en 1997” cuando era un “dato notorio” que no precisaba “su explicitación”, salvo para fines espúrios. Porque, razona la resolución, no fue nombrada por “sus capacidades” sino por una “utilitarista figuración” con fines perfectamente definidos. Primero, para “aparentar ante empresas privadas” que las actividades mercantiles de dichas entidades, generadoras de sustanciosos beneficios,”gozaban del respaldo de la Casa de S.M. El Rey”. Y, en segundo lugar, porque la presencia, siempre consciente, de la Infanta aseguraba “un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas que en atención a ello, prescindían de los cauces y controles administrativos que eran de rigor, disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos”. Dicho de otro modo, la omnipresencia de la Infanta en las actuaciones del Instituto Nóos le permitía obtener en la “esfera pública” un “trato privilegiado” que conducía a que dichas Administraciones prestasen su colaboración con “liberación del sometimiento a las normas que regían las contrataciones públicas”. En definitiva, todo un tratado sobre la comisión, entre otras conductas delictivas, del delito de tráfico de influencias, cometido desde y con la activa participación de un miembro de la Casa Real. Actividad que tuvo dos expresiones fundamentales. El primero fue que “los Convenios de Illes Balears Forum se gestaran en el Palacio de Marivent de Palma como así se acabó reconociendo”. Y, en segundo lugar, pendiente de confirmación según el Juzgado, la reunión sobre Valencia Summit que parece haberse celebrado en el Palacio de la Zarzuela con asistencia de Diego Torres e Iñaki Urdangarín y con la asistencia de “Don Francisco Enrique Camps Ortiz y Doña María Rita Barberá Nolla”.

En este contexto, carente de principios éticos, el Juez destaca, como dato revelador, con independencia de su tipificación penal, que la Infanta, según relatos de testigos, “contratase empleados del hogar en situación irregular en España anunciándoles que se les pagarían sus salarios en dinero fiscalmente opaco para luego acabar siendo contratados por la entidad mercantil Aizoon S.L. coparticipada por el matrimonio, lo que revela que no es de descartar su conocimiento de que aquella estaba siendo utilizada para fines ilícitos”.

Y lo que se desprende, sin duda, de la resolución es el conocimiento por el Rey de las actuaciones de su yerno y, por tanto, de su hija, determinantes de las siguientes consideraciones judiciales: “no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento lo que debería haber llevado a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido”.

Por todo ello, es muy razonable que el Juez Instructor haya tomado esta resolucion, para que no “gravite” sobre el proceso “la mas mínima sombra de sospecha sobre la intervención que aquella -la Infanta- haya podido tener”.
En todo caso, la decisión judicial, cualesquiera que fuesen sus consecuencias, arroja sobre la Monarquía una pérdida de credibilidad moral y legitimidad democrática que afecta a todo el sistema. Por ello, no resulta extemporáneo en este momento, plantear cual es el verdadero alcance de la “renuncia” a que se refiere el Art. 57 de la Constitución y abrir, superado ya el periodo abierto en la Transición hace treinta y cinco años, el proceso hacia un nuevo modelo de Estado

(*) Carlos Jiménez Villarejo fue Fiscal Anticorrupción.