lunes, 9 de junio de 2014

Javier Cercas, el Rey y los republicanos

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vicenç navarro
Público
Recuerdo que una de las dimensiones de la actividad intelectual que más me sorprendió cuando me integré de nuevo a España (tras un largo exilio) fue la producción novelística y literaria existente en nuestro país. La veía enormemente sesgada hacia una visión muy poco crítica de la propia historia de España (incluyendo lo que se conoce como Guerra Civil). Incluso, cuando se intentaba dar una visión distinta de los vencidos y derrotados de la Guerra Civil de la ofrecida durante la dictadura, ello se hacía con un estilo y enfoque que, a pesar de estar bien intencionado, resultaba al final ser, si no ofensivo, al menos molesto, para aquellos que supimos de primera mano el tratamiento recibido y las consecuencias de haber sido vencidos. Uno de estos autores que reproducían esta visión era Javier Cercas. Hijo de los vencedores (según su propia declaración), escribió un libro donde el héroe era un republicano luchando en el frente, al cual Cercas intentaba humanizar, presentándolo como atrayente, tanto en lo profundo (no mató a un dirigente fascista cuanto lo tuvo a tiro, acto que Santos Juliá, de El País, definió nada menos que como el principio de la reconciliación) como en lo más liviano (cuando el republicano, estando ya retirado en una residencia geriátrica, pellizcaba el trasero de las monjas). En esta España postfranquista, el libro tuvo, sin embargo, un gran éxito. A mí, hijo de vencidos, no me gustó. Y me alegró leer que el hijo real del héroe protestó por aquella visión que quería ser positiva para el republicano, sin lograrlo. Hay vivencias que son difíciles de explicar si no son propias y se veía claro que Javier Cercas, aunque simpatizaba con el héroe republicano, no lo entendía, presentando una caricatura de él. Para una crítica del libro de Cercas, ver mi artículo “Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores”, El Plural (05.07.10).
Cercas ha escrito ahora un artículo en El País “Sin el Rey no habría democracia” (02.06.14) presentando de nuevo una caricatura de los que pedimos que se establezca la República ahora en España. Este artículo no solo molesta sino que ofende a millones de ciudadanos republicanos que no simpatizan con su entusiasmo por el Rey o por la Monarquía. Ni que decir tiene que Javier Cercas aclara que él no es monárquico (por regla general, lo que está más de moda es decir “yo soy republicano, pero apoyo la Monarquía”). Pero el valor definitorio es el mismo. Esta autodefinición es necesaria para dar más credibilidad a una larga lista de argumentos para que aplaudamos al Monarca. En realidad, es tan predecible que uno se pregunta por qué El País ha publicado este artículo que reproduce a pies juntillas lo que los otros 42 artículos recientes sobre el Rey han dicho (sin publicar ninguno, repito ninguno) que dé otra visión.
La lista de alabanzas comienza aplaudiendo al Rey por traernos la democracia, por haber parado un golpe militar, por habernos traído, durante sus más de cuarenta años de reinado, los mejores años y de mayor libertad y prosperidad en nuestra historia moderna, y así un largo etcétera. Hasta ahí nada es nuevo. Es prácticamente imposible leer en los medios de información y persuasión españoles (conocidos por su escasa diversidad) alguna otra postura aparte de la de este tipo de alabanza y elogio.
Lo que sí es nuevo, al menos en las páginas de El País, es que Javier Cercas haga estas alabanzas, rodeadas de una enorme animosidad hacia aquellos que cuestionan cada uno de sus argumentos, insultándolos con una contundencia y, sobre todo, vulgaridad (con un estilo que nada tiene que envidiar a Losantos) infrecuente en las páginas del mayor rotativo del país. Define a los críticos y sus argumentos como “fantasiosos”, ”especuladores novelescos”, “mentirosos” y “mitad mentirosos” o “solemnemente estúpidos”, guardando el insulto más estridente para aquellos que perciben los males presentes en España como derivados de las limitaciones de la Transición. A estos nos llama (y me incluyo yo en esta categoría) “hipócritas”, “comodones” y, por si fuera poco, “locos”. Lo primero, lo de hipócritas, lo dice porque cree que en realidad no son los protagonistas de aquella Transición –entre los cuales pone al Rey en el centro- los responsables de la España actual, sino que somos nosotros (que asumo incluye a todos los españoles)  los responsables de las deficiencias actuales. Le cito textualmente: “(…) por nuestra culpa, hemos sido nosotros, y no ellos, los que no hemos sido capaces de mejorarla”. En cuanto a lo de locos, lo justifica por querer ahora cuestionar la Monarquía, pues, y cito de nuevo, prefiere “mil veces vivir en una monarquía como la sueca que en una república como la siria”, asumiendo que los que queremos una República para España estamos tomando Siria como modelo (si lee el artículo usted mismo, verá que esto es lo que dice).
Puede que sea el resultado de haber vivido en el extranjero durante muchos años, pero estoy más que harto de los insultos que constantemente empobrecen el discurso político (y lo que se acepta como debate) en nuestro país. En ningún otro país de los que he vivido, Suecia, Gran Bretaña y EEUU, he visto este nivel de hostilidad y, francamente, mezquindad. Cuandoleo este tipo de artículos intento ignorarlos y no contesto. Pero, puesto que el artículo de Cercas lo encuentro, por desgracia, representativo del pensamiento dominante en el establishment español, siento la necesidad de responderle.
La Transición dirigida por el Monarca fue la que configuró los parámetros que definen la situación actual
He escrito extensamente sobre las enormes deficiencias de la democracia española y del bienestar de la ciudadanía en este país, mostrando como el enorme retraso social de España y la baja calidad del sistema democrático se deben precisamente a la manera como se hizo la Transición, la cual se realizó bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras (lideradas por el Rey), que controlaban el Estado. La evidencia de ello es abrumadora. Y queda documentado en mis libros Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país (año 2002) y  El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias (año 2006).
En estos libros muestro las fuerzas que dominaron la Transición y  que, gracias a su dominio del proceso, determinaron la pobreza democrática y social de España. Los escasos recursos del Estado y la pobreza de su Estado del Bienestar son resultado del enorme dominio de las clases dominantes (expresión que nunca se utiliza, asumiendo erróneamente su inexistencia) sobre el Estado. Y lo mismo en cuanto a la pobreza del sistema político-mediático. Supongo que cuando Cercas utiliza el término “nosotros” se refiere a esta clase social, con la cual él parece identificarse, pues, si por “nosotros” él considera a la mayoría de las clases populares, entonces asume un sistema democrático muy distinto al actual, pues la gran mayoría de la ciudadanía no considera que las instituciones llamadas representativas la representen. El eslogan del 15-M “no nos representan” está ampliamente asumido por la mayoría de la ciudadanía. El término “nosotros” (si con él queremos decir “la ciudadanía”) tiene escaso poder en España, debido precisamente a un sistema político diseñado para optimizar el poder de unas clases (y un género) a costa de otras. La evidencia empírica de ello es enorme. Y el Rey y el establishment español que él lideró, fueron fundamentales para diseñar este sistema. La evidencia está ahí para el que quiera verla. Culpabilizar a las víctimas –las clases populares- de su situación es no conocer (o no querer reconocer) la enorme concentración de poder financiero, económico, político y mediático de este país, concentración que se ha facilitado en gran medida por el dominio de la estructura de poder heredada de la dictadura y liderada por el Monarca, que domina el Estado español.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

El gobierno ultima una batería legislativa para criminalizar a la izquierda y los movimientos sociales

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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf09-06-2014

Nuevos métodos para la represión de la protesta




A medida que la protesta social ensaya nuevas vías, los poderes establecidos inauguran nuevas herramientas de represión y actualizan las existentes. Con la legislación vigente en la mano, ya se está recortando el derecho a la protesta, y singularmente el de manifestación; pero se columbran tiempos aún más negros con la reforma del Código Penal y, sobre todo, con la Ley de Seguridad Ciudadana. El Seminario Crítico de Ciencias Sociales de la Universitat de València ha organizado un debate sobre este asunto cardinal para los movimientos sociales y sus luchas.

“Se pretende que el derecho de manifestación figure en el lugar donde la derecha autoritaria española –desde el siglo XIX- siempre ha querido situarlo, la legislación de orden público (hoy llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”, introduce el profesor de Derecho Penal en la Universitat de València, Javier Mira.

“Aunque la libertad de expresión se reconoce con carácter general en el artículo 20 de la Constitución, en la práctica, y desde el siglo XIX, está configurado como un derecho formal burgués; es decir, la libertad de expresión se halla sometida a los imperativos del mercado, como ya denunciaba Marx en sus artículos de La Gaceta Renana; y los medios de comunicación, a la propiedad del capital”, explica Javier Mira. “Esto hace que determinados mensajes críticos, para no quedar directamente excluidos, encuentren como único canal el derecho de reunión y manifestación”. De ahí la radical importancia de este derecho (hoy habría que matizar el razonamiento debido a la relevancia de las redes sociales).

El marco legal resulta denso y complejo. Lo más importante es, sin embargo, su traducción a la praxis. ¿Puede prohibirse una manifestación por el hecho de que la Delegación del Gobierno entienda que pueden producirse desórdenes públicos? Se daba a menudo este caso, recuerda Javier Mira, en las reuniones/manifestaciones de la izquierda abertzale, cuando la autoridad gubernativa consideraba que concluían en delitos de apología del terrorismo. O ¿Se debe dar “permiso” o “autorización” (utilizando la jerga del poder) a manifestaciones de grupos “antisistema” porque haya un pronóstico de incidentes? Javier Mira opina que no. “Nadie sabe si después va a cometerse un delito; lo importante es que el derecho de manifestación es un derecho fundamental y no puede prohibirse (de manera preventiva) por un hecho futuro o incierto; por muchos indicios que haya de que se pueda cometer un delito”.

¿Se le ocurriría a alguien prohibir un partido de fútbol de alto riesgo por el temor fundado (visto el antecedente de los 20 años anteriores) de altercados y enfrentamientos entre las dos aficiones? ¿Se prohíbe la fiesta de las fallas porque todos los años se destruye mobiliario urbano y se queman contendedores? ¿O cerrar los colegios religiosos porque en muchos de ellos se producen abusos sobre los menores? “A nadie se le ocurriría”, responde el docente. “En un estado democrático, el derecho penal interviene después de que se cometa el delito”, añade. “La intervención anterior al delito obedece a otras razones: la forma de ser o de pensar”.

¿Se puede prohibir o disolver una manifestación por falta de comunicación previa? El informe de Amnistía Internacional “España: el derecho a protestar amenazado” (2014) señala que, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, en el año 2012 se negó en la capital el permiso para celebrar 54 manifestaciones previamente notificadas. En 52 de ellas el argumento fue que no se notificaron con antelación suficiente, y en las 2 restantes por motivos de orden público. En 2013, hasta el mes de mayo, se denegó el permiso a 72 manifestaciones o concentraciones en Madrid, en todos los casos porque no se notificaron dentro del plazo establecido. Además, en diferentes lugares del estado se han producido sanciones por asistir a manifestaciones celebradas sin la notificación previa requerida. En 2012 se celebraron en Madrid 774 manifestaciones o concentraciones no comunicadas. En 2013, hasta mayo, se produjeron 197 manifestaciones o concentraciones sin cumplir el requisito de notificación previa. En ellas, la causa de las sanciones impuestas a los participantes fue la ausencia de notificación o el hecho de celebrar una manifestación no comunicada.

En resumen, la práctica de las autoridades gubernativas es prohibir manifestaciones que no se comunican. Y después, sancionar a aquellas personas que acuden a esas concentraciones o manifestaciones. Según el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València, “la obligatoriedad de la comunicación previa –tal como la entienden las autoridades- actúa de hecho como la necesidad de obtener una previa autorización y supone, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, configurar la comunicación previa como un requisito constitutivo del derecho de manifestación”.

Pero el requisito de la comunicación previa no es “constitutivo” del derecho de manifestación, es decir, se trata de un requisito “instrumental”, que no forma parte del núcleo esencial del derecho. Según Javier Mira, “la falta de comunicación previa no convierte, por más que insistan los responsables de Interior del estado español, a una manifestación en ilícita, ilegal y mucho menos en constitutiva de delito”. En otras palabras, “la falta de comunicación previa no supone un obstáculo para que uno se pueda manifestar”. Por consiguiente, “carecen de sentido los plazos que establece la legislación –y que no tienen parangón en países del entorno- para la comunicación de las manifestaciones: un mínimo de 10 días naturales y un máximo de 30”.

El citado informe de Amnistía Internacional recoge el caso de Sandra, trabajadora de la Sanidad de 32 años, que participó en una protesta en diciembre de 2012 delante del Centro de Especialidades de Azuqueca de Henares durante una visita del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. El informe de la Guardia Civil señalaba como base de la infracción “participar activamente en una reunión o manifestación no autorizada sin haber solicitado de la Autoridad competente autorización para su celebración”. Más tarde, Sandra recibió una carta de las autoridades en la que se le informaba de la imposición de una multa de 600 euros por alteración del orden.

Con la legislación vigente, ¿es posible disolver una manifestación por el mero hecho de que no haya sido previamente comunicada? “No”, zanja Javier Mira (aunque otra cosa es lo previsto en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana). ¿Resulta merecedor de algún tipo de sanción asistir a una manifestación que no ha sido previamente comunicada? “No; ni es delito, ni constitutivo de infracción, ni se permite su disolución” sólo por el hecho de no ser previamente comunicada, responde el profesor de Derecho Penal. Además, el hecho de asistir a la manifestación implica el ejercicio de un derecho fundamental.

¿Qué ocurre con los “escraches”? En el caso concreto de Sáenz de Santamaría (y por extensión a cualquier otro), lo tribunales penales estimaron que no era constitutivo de delito: ni de amenazas, ni de coacciones, ni de desórdenes públicos, ni de desobediencia, ni contra la intimidad, ni por allanamiento de morada…Ante el archivo firme de la querella, la Delegación del Gobierno abrió diligencias para imponer una sanción a todas las personas que la policía identificó en el “escrache”. El motivo, la asistencia a una concentración en la vía pública no comunicada. Primero, a los que consideró dirigentes del “escrache”, pero también a otras personas que apoyaron la acción frente al domicilio de Sáenz de Santamaría.

Pero, a juicio de Javier Mira (y según la doctrina del Tribunal Constitucional), la comunicación previa puede exigirse en casos muy contados, como la posibilidad de un “colapso circulatorio”, entendido como interrupciones del tráfico (no un mero “atasco”) que impidan la prestación de servicios públicos esenciales (el paso de ambulancias, policía o bomberos). En este caso (y ése es el sentido de la comunicación previa), la notificación permite a las autoridades la posibilidad de establecer itinerarios alternativos. Pero en el caso de los “escraches”, la mayor parte se realizan en las aceras y no producen ninguna alteración del tráfico. Lo mismo ocurre con la ocupación de una plaza. El profesor de Derecho Penal de la Universitat de Valencia pone además el ejemplo de las “manifestaciones ateas” convocadas en Madrid el día de jueves santo en los últimos años. “La delegada del Gobierno en Madrid las prohíbe alegando motivos que claramente no figuran en la ley”.

En ese contexto, ¿qué objetivos persigue la reforma de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana 1/92? “Se busca criminalizar y sancionar las expresiones legítimas de protesta colectiva de movimientos sociales y políticos”, responde el abogado laboralista y del turno de oficio de Madrid, Miguel Ángel Garrido, quien asiste a personas represaliadas de las organizaciones sociales. Se impulsa actualmente una tríada legislativa que camina en una dirección única: la ley de tasas; la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”.

Se da una complementariedad entre los elementos de la tríada. La reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana atacan expresiones y conductas similares, sean actividades sindicales, políticas, la recuperación de la figura del “autor intelectual” o criminalizar la penuria económica (robar una barra de pan puede suponer una pena de prisión); también se eliminan las faltas del Código Penal. Con la Ley de Seguridad Ciudadana se pretende “eliminar el pequeño campo de interpretación que tenían los jueces para otorgarle mayor poder a la Administración y a las Fuerzas de Seguridad; ello generará mayor indefensión en los ciudadanos”, explica Miguel Ángel Garrido. “Por la vía penal en muchos casos el gobierno había fracasado”, lo que explica una parte de las reformas. Complementarias: “en procedimientos en los que por la vía penal se te podía imputar una falta, ahora –paradójicamente- le resulta más gravoso al ciudadano (por el pago de las tasas) defenderse en la vía contencioso-administrativa”.

Todo ello en un contexto de movilizaciones pacíficas –como las de las “mareas”, la PAH o el 15-M- (en 2012 sólo el 0,7% de las 14.721 manifestaciones con presencia policial tuvo algún tipo de acto violento, según el informe de Amnistía Internacional). Así, se trata de reformas que atentan contra el principio de “seguridad jurídica”, que consagra el artículo 9.3 de la constitución, pues los nuevos textos legislativos están plagados de contenidos abstractos, indeterminados y que en todo caso se utilizarán contra los ciudadanos. Por ejemplo, se tipifican como conductas infractoras el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Se establece, de este modo, que se sancionarán conductas que atenten contra la seguridad de las instituciones y las autoridades. “Pero sin precisar los requisitos”, apunta el abogado.

No reviste una gravedad menor el asunto de la “responsabilidad solidaria”. Significa que al organizador de una concentración/manifestación en la que sucedan actos violentos se le puedan imputar los hechos y resultar sancionado. Miguel Ángel Garrido afirma que esto genera un “efecto disuasorio” de la protesta y recuerda que el Tribunal Supremo ha señalado que en estos casos no puede establecerse “una responsabilidad administrativa objetiva” por el mero hecho de ser organizador.

Un paso más allá lo constituye la figura del “inspirador”, a quien se puede sancionar por colgar una convocatoria en las redes sociales o anunciar una manifestación en un artículo. Asimismo, en las concentraciones/ manifestaciones donde los asistentes lleven casco, capuchas o máscaras (es el caso de las acciones pacíficas de Anonymous o grupos ecologistas) el legislador ya presupone la intención de causar daños a personas o bienes. Por otra parte, cuando se menciona el uso de simbología que incite al odio y a la discriminación, se hace asimismo en términos muy abstractos (no se dice qué ni contra quién). Explica Miguel Ángel Garrido que el Código Penal ya recoge el llamado “discurso del odio” y parece que, de este modo, “se pretenda una criminalización extensiva por las dos vías”.

Injurias, calumnias y vejaciones a los agentes. Otro punto capital de la reforma. Se trata de “una restricción a la libertad de expresión”, entiende Garrido. Además, el artículo 504 del Código Penal ya recoge este tipo delictivo, por lo que “se refuerza el afán represor”. La prohibición del uso de imágenes de agentes también vulnera la libertad de información y de expresión, además de ofrecer una garantía de impunidad en el uso desproporcionado de la fuerza (las grabaciones han servido como prueba en los juicios y más aún en los casos en que los policías no llevaban identificación). En cuanto a los ultrajes a España, las comunidades autónomas e instituciones, figura ya en el artículo 543 del Código Penal, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una doctrina muy consolidada en la que entiende que, en muchos casos, se trata de actos de libertad de expresión inherentes a una sociedad democrática.

Se sancionan además las concentraciones alrededor del Congreso o asambleas de las comunidades autónomas, lo que vulnera el derecho de reunión. Y, claramente contra la PAH, se establece la sanción por ocupación de edificios públicos aunque sea sin violencia y estando abiertos al público. Por otra parte, se vulnera el derecho a la huelga al sancionar a las personas que interrumpan el transporte; y aumentan las cuantías de las sanciones económicas, que oscilan entre los 100 euros y los 600.000 euros. Se crea asimismo el registro central de sancionados, cuyo objetivo es considerar la reincidencia, restringir las convocatorias de reuniones y manifestaciones; y además con publicidad. Una batería legislativa contra la mayoría social.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

domingo, 8 de junio de 2014

Juan Carlos I en la Audiencia Nacional

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rafaelnarbona.es


Anoche tuve un sueño. Soñé que Juan Carlos I se sentaba en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado de enaltecimiento del terrorismo. La inefable jueza Ángela Murillo desplegaba sus modales cuarteleros para encarar al Borbón populista, malhablado y propenso a soltar guantazos cuando alguien no complace su real gana. Interrogado por la jueza, Juan Carlos I respondía a las preguntas con un rotundo: “¿Por qué no te callas?”. Sin dejarse intimidar, Murillo replicaba: “Por mí, como si tomas vino”. Aunque los excesos etílicos corren por sus aristocráticas venas, el Rey declinaba la invitación y, con gesto compungido, declaraba: “He sufrido malos tratos y torturas”. “Es el procedimiento habitual”, contestaba la implacable jueza. “No se queje y no calumnie a la Guardia Civil”. “No ha sido la Guardia Civil –objetaba el Borbón, con lágrimas de cocodrilo-. Ha sido el pueblo español. Me ha hecho sufrir mucho, afeando mis cacerías y mis debilidades carnales”. “Bueno –exclamaba la jueza, conciliadora-. Esos reproches maliciosos e inconstitucionales son obra de perro-flautas y rojo-separatistas. No se preocupe, Majestad. Los estamos cazando enTwitter y Facebook. Se van a cagar. Les vamos a meter un buen puro. Y si se ponen gallitos, los enviaremos al juez Eloy Velasco. Ese sí que es un buen…”. Alarmado, el fiscal tosió con fuerza, impidiendo escuchar el final de la frase. “Un buen magistrado”, rectificó la jueza. Más tranquilo, el Borbón sonrió, cerrando su real boca. Detrás del cristal blindado, parecía el anciano Tiberio, feliz de pensar en su ansiado retiro en su mansión de Capri, donde ya no tendría que rendir cuentas de sus actos a plebeyos y periodistas entrometidos.
Desgraciadamente, “toda la vida es sueño / y los sueños, sueños son”. Mi sueño solo es una pirueta del inconsciente, que jamás se escenificará. Juan Carlos I disfrutará de su jubilación, flirteando tranquilamente con los siete pecados capitales en la piscina de Capri, un privilegio reservado a los que solo responden ante Dios y ante la Historia. Como Carlos V, Felipe II y su admirado Francisco Franco. El Borbón nunca ocultó su admiración hacia el Generalísimo. En una conocida entrevista de los años sesenta, el Príncipe manifiesta: “Para mí es un ejemplo viviente, por su desempeño patriótico al servicio de la patria día a día. Por esto, siento por él un gran afecto y admiración”. ¿Alguien se imagina a Angela Merkel expresando algo parecido sobre Hitler? Algunos dirán que es una analogía malintencionada y desproporcionada, especialmente después de que el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia estableciera que “Franco fue un general valeroso y católico que participó en un Gobierno caótico”. Al margen de la penosa cacofonía de la frasecita, Franco tal vez sería “valeroso y católico”, pero las cifras no mienten y solo falsificando la historia se podrá negar su condición de asesino y genocida. Durante la guerra civil, declaró al periodista norteamericano Jay Allen que ganaría la guerra “a cualquier precio”, fusilando a media España si era necesario. Casi cumple su promesa. Los historiadores aún polemizan sobre el número de víctimas, pero incluso los más moderados admiten que superan las 150.000. Gabriel Jackson habló de 400.000, pero Antony Beevor y Paul Preston señalan que la represión solo afectó a 200.000 “rojos”. Estos cálculos no incluyen las bajas en el frente ni las víctimas de los bombardeos sobre la población civil. Mi madre pudo ser una de esas víctimas, pues solo tenía doce años cuando cayó una bomba sobre la casa donde vivía en pleno centro de Madrid. La Calle de la Palma no era un objetivo militar, pero Franco –“valeroso y católico” – estimó que diezmar a la población civil era una buena estrategia para acabar con la Segunda República. La Audiencia Nacional persigue con saña inquisitorial a internautas y raperos que lanzan exabruptos en las redes sociales, acusándoles de “enaltecimiento del terrorismo”, pero no interviene cuando se ensalza a Franco y se niega a extraditar a conocidos torturadores de la dictadura, como el sádico Antonio Gómez Pacheco, alias Billy el Niño, o el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. Los magistrados alegarán que “se ajustan a Derecho”, pero esa argucia legal no les exime de su responsabilidad moral. Nunca han dado un paso para proteger a las víctimas del franquismo y no han desperdiciado la oportunidad de humillar a sus familias cada vez que intentaban conseguir una reparación legal. No hay motivo para sorprenderse, pues la Audiencia Nacional es la continuación del Tribunal de Orden Público y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Nada ético o noble saldrá de sus entrañas franquistas.
Juan Carlos I no solo hace apología del genocidio cuando elogia a Franco, sino que es cómplice de los crímenes perpetrados por la dictadura, al menos desde 1969, cuando el Caudillo le designó sucesor en la Jefatura del Estado. El 2 de marzo de 1974 se ejecutó al anarquista catalán Salvador Puig Antich y al ciudadano alemán Heinz Chez, que en realidad se llamaba Georg Michael Welzel. Welzel tardó 25 minutos en morir. Puig Antich tuvo una agonía algo más breve, pero igualmente indigna y dolorosa. El 27 de septiembre de 1975 se produjeron las últimas ejecuciones del franquismo. Tres militantes del FRAP (José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y dos militantes de ETA (Ángel Otaegi y Juan Paredes Manot, Txiki) fueron fusilados por voluntarios de la Guardia Civil, que se pusieron de acuerdo para alargar la agonía de los reos, disparando escalonadamente a zonas no vitales del cuerpo. Durante la dictadura, las ejecuciones convivieron con las torturas –sistemáticas, masivas- y los asesinatos extrajudiciales, como el de Enrique Ruano, joven estudiante de Derecho que el 20 de enero de 1969 no sobrevivió a los interrogatorios de la infame Brigada Político-Social. Celso Galván, uno de sus asesinos, se convertiría con los años en escolta de Juan Carlos I. No creo que este hecho pueda atribuirse al azar. Por si alguien duda sobre la identificación del Rey con la dictadura, no está de más recordar el comunicado que la Casa Real emitió el 18 de julio de 1978: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Afirmar que Juan Carlos I no es responsable de los crímenes de la dictadura es tan grotesco como exculpar a cualquier alto cargo del III Reich, pretextando que solo realizaba funciones diplomáticas o administrativas.
Juan Carlos I nunca traspasará el umbral de la Audiencia Nacional, salvo para ser agasajado y ensalzado. La jueza Murillo seguirá exhibiendo sus modales exquisitamente democráticos y Eloy Velasco, Pedraz y el resto de sus colegas continuarán empapelando a los internautas (preferiblemente jóvenes y amas de casa) que desahogan su rabia con frases incendiarias. El objetivo es dejar muy claro que los poderes político, judicial y legislativo trabajan conjuntamente contra los ciudadanos. Ni el paro ni los desahucios excusan a los que piden la cabeza de políticos y banqueros. No importa que solo sean expresiones simbólicas e inofensivas, que reflejan la indignación contra el régimen del 78, una trama que combina represión, corrupción y brutalidad policial para destruir los derechos sociales y laborales de los trabajadores. La pobreza infantil, la emigración forzosa de los jóvenes, la explotación laboral, las obscenas desigualdades y los desahucios de familias con hijos menores o discapacitados no le quitan el sueño a la Audiencia Nacional. Juan Carlos I seguirá la estela de Tiberio y la clase obrera solo podrá escoger entre la miseria, la manipulación o el desengaño. En las Analectas, Confucio escribió: “Donde hay justicia no hay pobreza”. Evidentemente, ese aforismo no puede aplicarse en España, donde torturadores y genocidas viven tranquilos y la ciudadanía ha interiorizado que si llaman a la puerta de su casa a las seis de la mañana, no es el lechero, sino un hijo del Duque de Ahumada. No creo que Dios ni la Historia exculpen a Juan Carlos I, el Rey del IBEX-35 y las satrapías del Magreb y el Golfo Pérsico.

sábado, 7 de junio de 2014

La dictadura perpetua y la monarquía en España

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Rafael de la Garza Talavera




Rebelión



Por más que le de uno vueltas al asunto, resulta imposible negar que la monarquía española no es sólo el legado político exclusivo de la dictadura franquista sino que, al mismo tiempo, representa el único obstáculo institucional para la existencia de la república. Obsesionado con la corriente republicana española, Franco comprendió claramente que la única manera de perpetuar su régimen era a través de una monarquía reconfigurada.Es por lo anterior que la corriente republicana ha cobrado protagonismo frente a la abdicación envenenada de Juan Carlos, que en su afán por sobrevivir y tragándose sus propias palabras, se hace un lado para cederle la corona a su hijo Felipe. Es tal su angustia que el rey se desprende de un traje que no le iba nada bien en los últimos tiempos: acosado por los escándalos y sus desplantes en el ámbito internacional, tiene también en su haber la calculada indiferencia para con el sufrimiento del pueblo que dice proteger. La crisis económica que azota al pueblo español, el desempleo rampante, los desalojos sistemáticos y la ola de suicidios que han provocado no parecen importarle. En contraste, se da el lujo de cazar elefantes y solapar corruptelas familiares.
El descrédito real fue cobrando fuerza y ni él ni su equipo de imagen pudieron contrarrestarlo, hasta que recurrió a la última carta que le quedaba: abdicar. Aun así, los medios de comunicación del poder reprodujeron la nota del traspaso de la corona, reforzada con la vieja cantinela de su convicción democrática, comprobada por muchos gracias a su intervención para sofocar el intento de golpe de Tejero. Sin embargo, se ha sugerido la idea de que el rey estuvo relacionado con el plan para ejecutar el golpe, lo que pone en duda la alegada convicción. Resulta difícil creer que Franco le hubiera legado el poder a un rey con veleidades democráticas. Lo que en realidad hizo fue asegurar la perpetuación del régimen utilizando a un individuo dispuesto a todo para convertirse en rey.
Juan Carlos representa sin lugar a dudas la continuidad de un régimen político que fue siempre un acérrimo enemigo de la república. Su función es precisamente impedir el regreso de la república. Por más que se declare democrática, la corona española existe para negarle su existencia a la república y lo de menos es calificar al sujeto que se monta en el trono. Es por ello que la presente coyuntura muestra a una monarquía débil y con crecientes manifestaciones públicas en su contra, difíciles de concebir hace dos décadas. Las silbatinas en los estadios de fútbol, las caricaturas y otras manifestaciones de repudio de la población alternan con el estado de excepción de la figura del rey, inmune a acusaciones o investigaciones de sus actos, colocado en un pedestal anacrónico e insultante para los millones de españoles que han experimentado un empobrecimiento en sus vidas.
La apuesta real es lavar la imagen de la corona con un rostro fresco y joven, ideal para una campaña de imagen que le haga olvidar al pueblo español los agravios sufridos por la soberbia de su monarca. El resultado de semejante esfuerzo dependerá de la fuerza de otra campaña, más prolongada y perversa, que promueve el olvido de los crímenes de lesa humanidad e incluso de genocidio cometidos por la dictadura franquista. Y es aquí en donde radica en realidad la función social de la monarquía: enterrar la atrocidades cometidas contra miles de españoles a lo largo de décadas. En la medida en que la población exija justicia la monarquía sufrirá embates que pueden sacarla de la historia pero que también podrían consolidarla. Si la monarquía se opone a recordar los agravios y juzgar a los responsables de la represión franquista, como lo ha hecho hasta ahora, será rebasada; pero si se suma a la demanda de juicios para los torturadores y asesinos podría recuperar parte de su legitimidad hoy puesta en cuestión.
Sobra decir que los partidos políticos y el entramado institucional del estado español no quieren destapar la cloaca; han dado múltiples señales de que ni siquiera lo quieren discutir a fondo. Basta revisar sus posicionamientos frente al grito callejero ¡Abajo la monarquía. Viva la república! para confirmarlo. Tiene que ser el pueblo español el que imponga condiciones para el regreso de la república. Y ese regreso será en primer lugar para hacerles justicia a los miles de desaparecidos por la dictadura. De otro modo, el franquismo vivirá escondido en la corona. 

viernes, 6 de junio de 2014

Lo que no se dice sobre la abdicación del Rey

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jun05
VINCENÇ NAVARRO
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La abdicación del Monarca, designando a su hijo Felipe como su sucesor en la posición de Jefe del Estado, ha generado toda una serie de eventos predecibles. Entre ellos, el más llamativo e importante es la respuesta unánime del establishment español, definiendo como tal al entrelazado de poderes que dominan los sectores financieros y económicos del país, los políticos que gobiernan el Estado, y los ideológicos y mediáticos que promueven los valores que lo sustentan, desde la Iglesia a los medios de información y persuasión. Este establishment se ha movilizado en bloque para expresar su agradecimiento al Monarca por habernos traído la democracia, tras una Transición que definen como modélica, añadiendo un elogio, igualmente unánime, hacia el que será nuevo Rey de España, Felipe VI, al que consideran como una figura perfecta para tutelar los cambios que consideran necesarios para asegurar la permanencia de este establishment en el poder. Contradiciendo la narrativa de su discurso oficial -según la cual el Rey es una mera figura simbólica-, esta estructura de poder pide al nuevo Rey que dirija los nuevos cambios que el país (es decir, sus intereses particulares) necesita, tal como hizo el que hoy abdica durante la Transición. La gran portada del principal rotativo de España, El País, así lo exigía, en su titular “El Rey abdica para impulsar las reformas que pide el país”, añadiendo, por si alguien no lo interpretaba bien, que el Príncipe de Asturias tiene la madurez necesaria para asumir esa responsabilidad. El País, hoy dirigido por una persona claramente de derechas (ver mi artículo “El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de El País”, Público, 24.02.14), habla cada vez más claro y transparente en nombre de este establishment. Que conste, pues, que tal establishment nunca vio al Rey como una mera figura simbólica, sino como un garante de su poder.
La predecible unanimidad
Reflejando la inexistente diversidad ideológica de los grandes medios de información españoles, su respuesta a la abdicación ha sido unánime, variando solo en el grado de vasallaje que han expresado en su admiración hacia el Monarca y su entusiasmo hacia su heredero. Este comportamiento señala, una vez más, la enorme distancia existente en España entre el establishment (incluyendo el mediático) y la población. Según la última encuesta del CIS (abril de este año), la Monarquía es una de las instituciones menos populares existentes en España. En una escala de 0 a 10, la valoración es de 3,7. Es interesante subrayar que esta baja valoración existe a pesar del apoyo prácticamente unánime de los mayores medios de difusión a la Monarquía. Esta distancia aparecerá también de una manera clara en la votación de las Cortes españolas, donde nada menos que el 90% de los parlamentarios votará a favor de la transferencia de poderes del Rey Juan Carlos a Felipe. Lo que las encuestas señalan es que el porcentaje de la población que favorece la continuidad de la Monarquía es mucho menor que ese porcentaje, siendo incluso muy minoritario entre la juventud. Ello es un indicador más, de los muchos ya existentes, de la enorme distancia entre las Cortes españolas y el sentir de la mayoría de la ciudadanía en este país, incluyendo la juventud.
El porqué del deterioro del apoyo popular a la Monarquía
Muchas han sido las causas de este deterioro, que ha sido gradual, aunque se ha acentuado más a medida que el establishment español y su Estado también han ido perdiendo apoyo (e incluso legitimidad, en la medida en que muchas de las políticas públicas impuestas por el Estado a la población carecen de mandato popular, tales como los recortes) entre la ciudadanía. El conocido eslogan del movimiento 15M “no nos representan” es ampliamente percibido como acertado por la gran mayoría de la ciudadanía española. La Monarquía está perdiendo popularidad, pues, a la vez que todas las instituciones del establishment español, el cual es plenamente consciente de esta situación y está sumamente preocupado. Nunca antes se había dado, durante el periodo postdictatorial, una agitación social y política que expresara un descontento generalizado tan profundo. Y hace solo unas semanas hubo en Madrid una de las mayores protestas que esta ciudad haya visto (según observadores extranjeros, creíbles en sus reportajes, la multitud estaba entre un millón y medio y dos millones de personas), con población venida de toda España, para manifestarse contra las políticas que está imponiendo el Estado, que carecen de mandato popular y que cuestionan su legitimidad. Y no pasó desapercibido para este establishment que la bandera más enarbolada en dicha manifestación fuera la bandera republicana, que se ha convertido en el símbolo de la España que se desea como alternativa a la existente.
¿Por qué ahora la abdicación?
La abdicación es un intento de revertir el descenso de la popularidad de la Monarquía y, con ella, del establishment español. Refleja su enorme preocupación sobre la viabilidad del sistema político establecido durante la Transición inmodélica, realizada bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras, que controlaban y continúan controlando el Estado. Ello explica la recurrente apelación a la Constitución española, denominada la Carta Magna (que esas fuerzas dominaron y tutelaron en su desarrollo), como fuente de cualquier legitimidad, presentándola como un documento pactado entre los sucesores de los que ganaron la Guerra Civil (que tenían todo el poder) y los que la perdieron (que acababan de salir de la clandestinidad), y que sería interpretada, en última instancia, por el Tribunal Constitucional, dominado por las fuerzas conservadoras. De ahí la constante referencia a la Constitución como marco que define lo que es o no aceptable por dicho establishment.
Además de la concienciación, por parte del establishment español, de la necesidad de intentar recuperar la popularidad de la Monarquía (y, por tanto, del establishment) mediante la abdicación del Rey, había y hay una sensación de urgencia, de que tenía que ocurrir pronto. Y un factor que explica esta sensación de urgencia fue el conocimiento de que el bipartidismo, que ha jugado un papel clave en la estabilidad del sistema político, se está resquebrajando, y ello a pesar de que la ley electoral (escasamente proporcional, y que facilita tal bipartidismo) continua vigente. El resultado de lo que ocurrió en las elecciones al Parlamento Europeo era predecible. Ello implicaba que algo debía hacerse, y pronto, pues una alianza de los partidos a la izquierda del PSOE y una posible rebelión de las bases de ese partido contra sus élites gobernantes podrían imposibilitar el consenso institucional existente en las Cortes y dificultar un cambio en la persona que ocupará la posición de Jefe del Estado. De ahí la urgencia de que se hiciera lo más pronto posible. Es más, el establishment es plenamente consciente de que cualquier alargamiento del proceso de transición de Juan Carlos I a Felipe VI podría dar pie a una movilización popular que cuestionase el hecho de que al pueblo español nunca se le haya dado la posibilidad de votar específicamente sobre la bondad de estar gobernados por un sistema monárquico o por uno republicano. La voluntad expresada en el referéndum sobre la Constitución incluía muchas otras dimensiones, además de este elemento, en un momento en el que las alternativas eran la continuación de la dictadura o el establecimiento de una democracia muy incompleta, regida por un Estado muy poco representativo y con una escasísima dimensión social, consecuencia de que el pacto que condujo al establecimiento de ese nuevo sistema político estuviera basado en un enorme desequilibrio de fuerzas.
La petición democrática
El claro hartazgo de la mayoría de la ciudadanía española hacia las instituciones democráticas, reflejadas en el Estado español, se basa no en una oposición a la democracia (maliciosamente definida la oposición a tal Estado como movilizaciones antisistema), sino en la enorme tergiversación de la democracia llevada a cabo por parte de la clase política y funcionarial que controla y gobierna dicho Estado. Es un hartazgo que exige mayor, no menor, democracia, rompiendo con las estructuras, prácticas e ideologías heredadas de la dictadura y que se perpetuaron en el Estado postdictatorial, resultado de una Transición inmodélica por lo enormemente desequilibrada que fue. En contra de la enorme idealización que se ha hecho de la Transición (a la cual ha contribuido el mundo académico y mediático), tal proceso no significó una ruptura con el régimen anterior. Todo lo contrario, fue la incorporación dentro del Estado de elementos democráticos de carácter representativo (muy limitados por una ley electoral escasamente proporcional, favorable a las fuerzas conservadoras, que fomentaba el bipartidismo) bajo el dominio de los herederos del régimen dictatorial. Pero no hubo ningún tipo de ruptura o purga, estableciéndose una clara continuidad del establishment español, liderado por el Monarca.
Una pieza clave en su perpetuación fue el aparato dirigente del PSOE que, al beneficiarse del bipartidismo, pasó a ser uno de sus máximos defensores. Hay que subrayar que el sistema electoral les benefició como partido (aunque menos que al Partido Popular), pero no como proyecto, pues las estructuras de poder financiero y económico que han dominado el aparato del Estado durante este periodo democrático han dificultado el desarrollo del proyecto socialista. Es cierto que el enorme déficit social heredado de la dictadura disminuyó (aunque no desapareció) durante los mandatos del PSOE. Pero este no tuvo la suficiente fuerza o la necesaria vocación transformadora para cambiar sustancialmente aquella enorme influencia del poder financiero y económico, que configura en España lo que es “posible” o “razonable”. El gasto público social por habitante en España continúa estando entre los más bajos de la Unión Europea de los Quince.
Hoy, la población española está harta y enfadada con este Estado y con la casta política que lo ha estado gobernando. Las encuestas así lo muestran, un hastío y rechazo que es mayoritario entre la juventud. La esperanza de aquel establishment es que un Rey joven pueda ayudar a diluir tal enfado y rechazo. En una respuesta desesperada, acompañada, por cierto, con un aumento muy notable de la represión por parte del Estado.
Frente a esta situación, las fuerzas auténticamente democráticas deberían movilizarse para exigir una ruptura con aquel Estado, que significó la continuación de muchos de los aparatos y personajes del Estado dictatorial, y el establecimiento de una democracia real que tenga elementos representativos basados en un sistema auténticamente proporcional (que garantice la misma capacidad de decisión en la gobernanza del país a cada ciudadano) y elementos de democracia directa, es decir, que los ciudadanos tengan el poder de decidir a través de referéndums vinculantes a todos los niveles del Estado temas como, entre otros, el de tener una Monarquía o una República. Ni que decir tiene que el establishment se opondrá a muerte a estos cambios. Este establishment es una continuación directa del que realizó el golpe militar en 1936. Pero si las fuerzas democráticas se unieran en este propósito, poniendo las necesidades de la ciudadanía por encima de sus intereses partidistas, con una amplia coalición de movimientos sociales (desde sindicatos a asociaciones de vecinos, entre otros muchos) y partidos políticos auténticamente contestatarios, comprometidos con la democracia y defensores de la soberanía de los distintos pueblos y naciones de España frente a los falsamente “patriotas” que dócilmente han servido a los intereses extranjeros, podrían movilizar a la mayoría de la población frente a una minoría que gobierna y que no tiene hoy legitimidad para hacerlo.

miércoles, 28 de mayo de 2014

La intervención de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania

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El magnate Soros admite su implicación en el golpe de Estado en Ucrania

Publicado: 28 may 2014 | 9:07 GMT Última actualización: 28 may 2014 | 9:07 GMT
El multimillonario estadounidense George Soros reconoció que es responsable de establecer una fundación en Ucrania que contribuyó al derrocamiento del gobernante legítimo y a la toma del poder por una junta 'elegida' por el Departamento de Estado.
Según un periodista de la cadena CNN que entrevistó a Soros, "una de las cosas que muchas personas reconocen [sobre él] fue que durante las revoluciones de 1989 financió actividades de los disidentes y grupos de la sociedad civil en el este de Europa, Polonia y la República Checa", algo por lo que le planteó la siguiente pregunta: "¿Está usted haciendo cosas similares en Ucrania?".
  Creé una fundación en Ucrania que ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales

"Creé una fundación en Ucrania antes de que se independizara de Rusia. Y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha jugado un papel importante en los acontecimientos actuales", respondió Soros.

El portal InfoWars publicó que es bien sabido, aunque muchos medios de comunicación evitan mencionarlo, que Soros ha trabajado estrechamente con la USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (que ahora hace trabajos anteriormente asignados a la CIA), el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, la Casa de la Libertad (Freedom House) y el Instituto Albert Einstein con el fin de incitar a una serie de revoluciones 'de colores' en Europa Oriental y Asia Central tras la disolución de la Unión Soviética.

Muchos de los participantes en manifestaciones del Euromaidán en Kiev eran miembros de ciertas ONG o fueron entrenados por las mismas organizaciones no gubernamentales en los numerosos talleres y conferencias patrocinados por la Fundación del Renacimiento Internacional de Soros (IRF, International Renaissance Foundation), y por los diversos institutos y fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society), publica el portal The New American. La IRF, fundada y financiada por el multimillonario, se jacta de que ha hecho "más que cualquier otra organización" para "la transformación democrática" de Ucrania, agrega.

No obstante, esta transformación llevó a una situación en la que ultranacionalistas controlan los servicios de seguridad de Ucrania. En abril se anunció que el secretario del Consejo de la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Andréi Parubiy, y otros líderes del golpe de Estado estaban trabajando con el FBI y la CIA para derrotar a los que se oponen al Gobierno autoproclamado.

Además, indica Inforwars, la operación militar de Kiev con su carácter violento, incluyendo el incendio en la Casa de los Sindicatos en Odesa que se saldó con decenas de muertes, también se puede atribuir directamente al activismo de George Soros y de diversas organizaciones no gubernamentales. 


Texto completo en:http://actualidad.rt.com/actualidad/view/129418-soros-admite-responsabilidad-golpe-conflicto-ucrania

miércoles, 26 de febrero de 2014

Reunión IU-Podemos

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Portada :: España :: Opinión
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf26-02-2014

Nadie sobra en la tarea de construir una democracia en la que haya sitio para todas y todos

Carolina Bescansa, Miguel Urbán y Pablo IglesiasPúblico.es



Somos conscientes de que, siendo uno de los objetivos del nacimiento de Podemos la búsqueda de la unidad de las fuerzas políticas confrontadas con la Troika, la reunión con Izquierda Unida tenía necesariamente que generar un gran interés. De todos los titulares de prensa surgidos de la reunión que mantuvimos ayer con los compañeros de IU, quizá el único respetuoso, tanto con el comunicado conjunto que se hizo público, como con las declaraciones que hicimos, fue el de Tercera Información: “IU y Podemos remarán juntos aunque no haya convergencia electoral”.
Muchas personas siguen planteándonos dudas, así que procedemos a hacer algunas aclaraciones para poder seguir dedicando nuestros esfuerzos, junto a una ciudadanía que quiere hacer las cosas de otra manera, a superar los zarpazos que está recibiendo nuestra democracia.
¿De qué hablamos en la reunión?
La mayor parte de la misma fue un intercambio de pareceres sobre la situación política que vive nuestro país. Tanto los compañeros de IU como nosotros, compartimos el diagnóstico sobre el agotamiento de los consensos políticos del régimen del 78 y la necesidad de conformar un gran bloque social y político capaz generar mayorías políticas que, a nuestro juicio, ya existen a nivel social. Para nosotros es hora de abrir un proceso constituyente para lo que creemos que no es suficiente la suma de siglas sino el empoderamiento político de la ciudadanía mediante su participación activa y cotidiana.
¿Qué acordamos?
Establecer un protocolo de relaciones para trabajar conjuntamente en el conflicto social y apoyar a los movimientos sociales y ciudadanos, porque pensamos que las alternativas no sólo se construyen en las elecciones sino ejerciendo la democracia día a día. Nos vamos a encontrar en las calles.
¿Se habló de listas para las elecciones europeas?
IU expuso el modo en el que están trabajando: protagonismo de los militantes de su organización y acuerdos con formaciones políticas nacionalistas de izquierdas. Podemos expuso el modo en el que estamos trabajando nosotros y nosotras: primarias abiertas y participación ciudadana sin control de censos y creación de círculos como espacio de empoderamiento popular donde la ciudadanía tenga la última palabra. Seguiremos invitando a las gentes de IU y de otras organizaciones políticas y movimientos sociales a presentarse a las primarias abiertas para que sea la gente quien decida.
¿Nos parece interesante seguir debatiendo de estas cuestiones con IU y otros actores?
Nos parece conveniente (es una de nuestras obligaciones: terminar con la fragmentación y poder sumar allí donde otros tienen grandes dificultades para seguir creciendo) aunque, como señalábamos en el comunicado “en ningún caso el resultado de estos debates condicionará la apuesta por el trabajo conjunto de IU y Podemos. Que ambas fuerzas reman en la misma dirección está fuera de discusión para nosotros”. Del mismo modo, seguiremos hablando de todas estas cuestiones con el amplio y diverso grupo de organizaciones sociales y políticas en el marco de las conversaciones iniciadas en la segunda fase de Podemos. 
¿Se presenta probable un acuerdo de listas?
Desde el máximo respeto a los mecanismos democráticos que está practicando IU, parece difícil que su metodología sea compatible con las primarias y la participación abierta que es la principal señal de identidad para Podemos. Nosotros nos debemos a nuestra metodología porque estamos convencidos de que sólo devolviendo a la ciudadanía la responsabilidad, podremos construir una mayoría.
¿Significa esto que la reunión es un fracaso?
En ningún caso. Para nosotros la reunión ha sido muy positiva. Ha quedado claro que remamos en la misma dirección, que vamos a seguir hablando, que vamos a dialogar sobre los programas, sobre su forma de elaboración, sobre las elecciones y sobre “los criterios para apostar por fórmulas de unidad y convergencia en defensa de la democracia y contra las políticas de la Troika”. Sabemos que es más lo que nos une que lo que nos separa.
Lo hemos dicho muchas veces; para nosotros lo importante es que, en estas elecciones, el método participativo sea un instrumento para ilusionar y movilizar a la gente. Nos gustaría que todos los compañeros lo compartieran pero si no es así, para nosotros es crucial seguir remando juntos y colaborando. El camino será muy largo y las europeas son sólo una etapa en el camino para construir la democracia. Nadie sobra en la tarea de construir una democracia en la que haya sitio para todas y todos.
Fuente: http://blogs.publico.es/pablo-iglesias/845/reunion-iu-podemos/