FERNANDO MAGÁN (*)
Público
“¿Qué será de mi España cuando despierte de esta salvaje pesadilla? Al final no quedará piedra sobre piedra, ni vivos que puedan enterrar a los muertos. Toda la tierra será un cementerio al aire libre donde sólo podrán sobrevivir las alimañas"
Son palabras de Miguel de Unamuno, según un diario último, escritas cuando aún todavía no habían transcurrido ni siquiera seis meses del inicio del Alzamiento Nacional y desde que él mismo hubiera hecho adhesión a la sublevación, con un donativo de cinco mil pesetas para la suscripción nacional. Pero ya antes, el 12 de Octubre de 1936, había calificado ese alzamiento de guerra incivil, con motivo de la celebración en la Universidad de Salamanca del Día de la Raza en presencia del general sublevado, José Millán-Astray, y de Carmen Polo, esposa del general Franco, ya entonces nombrado Caudillo de la Cruzada.
Estas muertes, fruto de un terror premeditadamente planificado y ejecutado entre la población civil, todavía duraría muchísimo más tiempo, tres años más, tanto en las retaguardias como también en el campo de contienda bélica, donde el objetivo militar era erradicar, a sangre y fuego, cualquier raíz de ideas y objetivos vinculados al Frente Popular que, mediante elecciones democráticas, ganó el gobierno de la II República Española.
Pero acabada la contienda bélica comenzó para los republicanos que pudieron huir de España un amplio éxodo por Europa y América, mientras que la represión interna continuó con un auténtico genocidio para los que no pudieron huir o fueron delatados como desafectos.
Los vencedores, en su cruzada contra toda clase de liberalismo y en su obsesión por exterminar las ideas marxistas y las personas que las defendieran, iniciaron una Causa General, un juicio masivo que, mediante paradójicas y generalizadas condenas de auxilio a rebelión, sirvió para dictar unas 200.000 condenas a muerte, ejecutadas en alta proporción, que además sirvieron para incautar sus bienes y a los restantes hacerles esclavos, junto a otra importantísima parte de la población que era redimida de no entrar en prisión.
Hasta Abril de 1948 España permaneció en estado legal de guerra, donde las únicas normas a aplicar eran decimonónicas Ordenanzas Militares y el Bando Militar dictado por el generalato sublevado; esto es, repitiendo nuevamente a Unamuno, en el mismo diario y para Salamanca, que no había guerra, sino algo peor, lo que se oculta en el cinismo de una paz en estado de guerra.
Muerto su dictador, Francisco Franco Bahamonde, para cuyo régimen solo respondía ante Dios y ante la Historia, los españoles, en la esperanza de una mejor situación política y de mejores expectativas, no pusieron insalvables problemas para aceptar, con amnesia, ese oscuro pasado que, para quienes gestaron el tránsito político de esa Dictadura a Democracia, lo supusieron y pactaron como un olvido de gravísimos crímenes y de las innumerables victimas de toda clase, causadas en toda forma.
Pero la más larga y cruel Dictadura conocida en el mundo civilizado moderno, claramente, no ha quedado borrada de la memoria de los españoles, de su memoria individual y de la colectiva. Muchísimos de ellos, en su madurez ciudadana, quieren recuperarla y tratarla en presente, como herida no cerrada, mientras otros se sumergen en ella por primera vez, con vergüenza que se hace propia, todo acompañado del ánimo de hacer debida justicia con una deuda, en términos de dignidad. Esto, nuevamente, el poder político lo ha querido ignorar, o no ha sabido tratar, al querer solaparlo con una ley llamada de Memoria Histórica, que, en realidad, solo es de cicateras y falaces compensaciones económicas.
Sin embargo, ese deseo de justicia si ha encontrado audiencia en el juez que mejor simboliza en España y, puede que en el mundo, la persecución universal de dictadores y la reparación de sus víctimas, es decir, el juez Baltasar Garzón Real, ensalzado siempre cuando ha conocido de hechos análogos en otras partes del mundo.
Cuando las familias y sus asociaciones, alternativamente a dicha ley, acudieron a la Audiencia Nacional, en su declaración judicial de competencia el juez señaló los miles de víctimas existentes, antes aportadas nominalmente por los denunciantes, y que después de detenido examen quedan cifradas en 152.237 personas. Conocer el paradero estas personas, y de otras muchas, que seguro no han sido aportadas, ha quedado socialmente como el mayor reto para toda la justicia española.
Pero la promulgación de la ley de Memoria Histórica, y otras cuestiones no siempre dichas, han hecho que este juez haya sido procesado por el supuesto delito prevaricación, desde el poder judicial, por pretender investigar los delitos denunciados, mientras que el poder ejecutivo, con el Presidente Zapatero a su cabeza, lo han justificado invocando la Historia, coincidiendo de tal guisa con los designios del Dictador, y a hoy se sigue demorando abordar este problema, en una situación de real urgencia, so pretexto de convenios con CCAA, más otras dilaciones, cuando una base de conocimiento está ya creada, bajo la fe pública judicial.
En consecuencia, el problema, después de una larga dictadura y de largo tiempo votando democráticamente, queda ahora aún más agravado, pues ya no es solo responder ante España, y ante el mundo, de los miles de víctimas con paradero desconocido, es también el responder de cómo un juez con generales reconocimientos por tareas como la iniciada, resulta que ante la sola acusación de quien provienen o siguen justificando la Dictadura, ha quedado procesado por decidir investigar, aplicando la ley universal, delitos no exonerables.
Lamentable situación, que hace nuestra sociedad contemple perpleja como sus poderes públicos, los gobernantes en distintos modos, trasladan preocupantes mensajes de que no quieren despertar de tan sórdida, lacerante e inacabable pesadilla, para España y para los españoles, y además, incompatible con la Democracia.
Vaya con esta exposición los mejores deseos para el diario Público en su proyecto de memoria social pública, en la confianza de que recibirá amplia consulta, y de que hará importante contribución al esclarecimiento de quienes fueron las víctimas de la Dictadura y que fue de su paradero.
(*) Fernando Magán es abogado de las víctimas en la causa del juez Baltasar Garzón contra el franquismo
jueves, 11 de agosto de 2011
miércoles, 10 de agosto de 2011
Hay que acabar con el terrorismo financiero
JUAN TORRES LÓPEZ/CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA/FRANCISCO JURADO
Público
La extraordinaria subida de la prima de riesgo española, y la de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa, nos pone al borde del límite que la ciudadanía no debiera consentir.
Nada hay que haya cambiado en España en los últimos días, salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está, que haya podido dar a entender a "los mercados" que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que haya que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino el cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.
Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran "demasiado grandes para dejarlos" y en otras porque había que "salvar al sistema financiero", y se gastaron en ellos varios billones de euros. Más de 800.000 millones se dedicaron a salvarlos solo en Alemania y Francia.
Sin embargo, cuando fueron los estados quienes necesitaron financiación, fundamentalmente como efecto de la crisis que habían provocado los bancos y en mucha menor medida, en lugar de recibirla en las generosas condiciones en que lo hizo la banca, tuvieron que ponerse en manos de ésta. Y, gracias a ello, los bancos no solo levantaron de nuevo cabeza, prestando el dinero que recibían al 1% del Banco Central Europeo a tipos cinco o seis veces más altos, sino que así pudieron poner contra las cuerdas a los gobiernos y exigirles nuevas reformas liberalizadoras como condición imprescindible para salir de la crisis cuando, en realidad, fue la generalización de ese tipo de medidas lo que la provocó.
Los gobiernos, y en concreto el español, vienen diciendo a la ciudadanía que para acabar con esta situación hay que contentar a los mercados y que para ello es inevitable llevar a cabo las reformas que se les exigen y que, en gran parte, ya se han aplicado: del mercado de trabajo y de las pensiones, privatizaciones de empresas públicas y, pronto, de servicios públicos esenciales. Pero estas recetas se han revelado como una gran mentira, como evidencia el que ni estén produciendo los efectos beneficiosos sobre la economía con que se justifican, ni logren detener los ataques especulativos contra nuestra deuda.
Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de "terrorismo financiero" cediendo a la extorsión, como está haciendo el gobierno del Partido Socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios Estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.
Al terrorismo financiero que está destrozando economías enteras no se le puede combatir con sometimiento sino con firmeza y decisión, defendiendo la economía que crea empleo, riqueza y bienestar y cortando las alas de los capitales especulativos.
Europa tiene medios para lograrlo.
Debe garantizar que los estados dispongan de financiación adecuada a través del Banco Central Europeo, negociando para ello las condiciones que le permitan generar ingresos y no destruir sus fuentes, como ha venido sucediendo. Es una ignominia inaceptable que se preste al 1% a bancos irresponsables y que se obligue a que los pueblos tengan que hacerlo incluso al 10%, como está ocurriendo en algunos casos.
Además, Europa debe establecer impuestos y tasas sobre las transacciones financieras especulativas que las desincentiven en la mayor medida de los posible.
Y Europa tiene también la obligación moral de establecer controles de capital para impedir que financieros sin escrúpulos sigan poniendo en juego el futuro de la unión monetaria, la estabilidad económica y social y el bienestar de sus ciudadanos.
Pero ni España, ni el resto de países europeos, pueden esperar a que todo se resuelva en Bruselas. Se equivocará una vez más este gobierno, y la clase política que lo apoye, si vuelve a recortar derechos sociales creyendo que así disminuirá la voracidad de los mercados. Volveremos a ir a todos a peor, salvo la banca y las grandes empresas.
En una democracia real, las personas son las verdaderas detentadoras de la soberanía nacional y, por tanto, deben constituirse en protagonistas de las decisiones políticas que se toman, como actores y como beneficiarios principales. Si viviésemos en esa democracia real y los ciudadanos supieran de verdad lo que está pasando no consentirían el tipo de terrorismo que se está practicando, ni la complicidad de los gobiernos. Y por eso creemos que es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de todo tipo hagan el máximo esfuerzo para informar, concienciar y movilizar a todas las personas que, con independencia de ideologías o de posiciones política, simplemente se indignen y reaccionen ante la injusticia y la irracionalidad que se nos viene imponiendo.
Juan Torres López (Comité Científico de ATTAC España), Carlos Martínez García (Promotora Estatal de Mesas de Convergencia) y Francisco Jurado (Democracia Real Ya)
Público
La extraordinaria subida de la prima de riesgo española, y la de otros países aún más cercanos al corazón de la vieja Europa, nos pone al borde del límite que la ciudadanía no debiera consentir.
Nada hay que haya cambiado en España en los últimos días, salvo la celebración de nuevas subastas de deuda pública, claro está, que haya podido dar a entender a "los mercados" que la situación de nuestra economía es peor que hace unas semanas y que, por tanto, justifique una subida en el tipo de interés que haya que pagar para financiarnos. Se trata, tan solo, de nuevas operaciones de casino que apuestan sobre seguro, provocando ellas mismas los resultados que más les convienen a inversores que, por supuesto, no albergan ninguna preocupación acerca de lo que suceda en la economía real, en la vida de la gente, sino el cómo mejorar sus posiciones de apuesta para ganar más dinero.
Cuando los bancos que habían provocado la crisis que estamos viviendo necesitaron financiación, los gobiernos y el Banco Central Europeo no dudaron en acudir en su auxilio, en una ocasiones, porque decían que eran "demasiado grandes para dejarlos" y en otras porque había que "salvar al sistema financiero", y se gastaron en ellos varios billones de euros. Más de 800.000 millones se dedicaron a salvarlos solo en Alemania y Francia.
Sin embargo, cuando fueron los estados quienes necesitaron financiación, fundamentalmente como efecto de la crisis que habían provocado los bancos y en mucha menor medida, en lugar de recibirla en las generosas condiciones en que lo hizo la banca, tuvieron que ponerse en manos de ésta. Y, gracias a ello, los bancos no solo levantaron de nuevo cabeza, prestando el dinero que recibían al 1% del Banco Central Europeo a tipos cinco o seis veces más altos, sino que así pudieron poner contra las cuerdas a los gobiernos y exigirles nuevas reformas liberalizadoras como condición imprescindible para salir de la crisis cuando, en realidad, fue la generalización de ese tipo de medidas lo que la provocó.
Los gobiernos, y en concreto el español, vienen diciendo a la ciudadanía que para acabar con esta situación hay que contentar a los mercados y que para ello es inevitable llevar a cabo las reformas que se les exigen y que, en gran parte, ya se han aplicado: del mercado de trabajo y de las pensiones, privatizaciones de empresas públicas y, pronto, de servicios públicos esenciales. Pero estas recetas se han revelado como una gran mentira, como evidencia el que ni estén produciendo los efectos beneficiosos sobre la economía con que se justifican, ni logren detener los ataques especulativos contra nuestra deuda.
Tratar de hacer frente a una situación que el propio presidente de la Junta de Andalucía calificó de "terrorismo financiero" cediendo a la extorsión, como está haciendo el gobierno del Partido Socialista, es algo peor que una simple ingenuidad. Las reformas que ha llevado a cabo sólo han servido para debilitar aún más la capacidad de generación de empleo e ingreso de nuestra economía y, al frenar la recuperación y el crecimiento de la actividad, terminarán encareciendo aún más la deuda pública a medio y largo plazo, convirtiéndose esta dinámica en un círculo vicioso que lleve a la ruina a los propios Estados, a sus servicios públicos esenciales y, por ende, a toda la ciudadanía.
Al terrorismo financiero que está destrozando economías enteras no se le puede combatir con sometimiento sino con firmeza y decisión, defendiendo la economía que crea empleo, riqueza y bienestar y cortando las alas de los capitales especulativos.
Europa tiene medios para lograrlo.
Debe garantizar que los estados dispongan de financiación adecuada a través del Banco Central Europeo, negociando para ello las condiciones que le permitan generar ingresos y no destruir sus fuentes, como ha venido sucediendo. Es una ignominia inaceptable que se preste al 1% a bancos irresponsables y que se obligue a que los pueblos tengan que hacerlo incluso al 10%, como está ocurriendo en algunos casos.
Además, Europa debe establecer impuestos y tasas sobre las transacciones financieras especulativas que las desincentiven en la mayor medida de los posible.
Y Europa tiene también la obligación moral de establecer controles de capital para impedir que financieros sin escrúpulos sigan poniendo en juego el futuro de la unión monetaria, la estabilidad económica y social y el bienestar de sus ciudadanos.
Pero ni España, ni el resto de países europeos, pueden esperar a que todo se resuelva en Bruselas. Se equivocará una vez más este gobierno, y la clase política que lo apoye, si vuelve a recortar derechos sociales creyendo que así disminuirá la voracidad de los mercados. Volveremos a ir a todos a peor, salvo la banca y las grandes empresas.
En una democracia real, las personas son las verdaderas detentadoras de la soberanía nacional y, por tanto, deben constituirse en protagonistas de las decisiones políticas que se toman, como actores y como beneficiarios principales. Si viviésemos en esa democracia real y los ciudadanos supieran de verdad lo que está pasando no consentirían el tipo de terrorismo que se está practicando, ni la complicidad de los gobiernos. Y por eso creemos que es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas de todo tipo hagan el máximo esfuerzo para informar, concienciar y movilizar a todas las personas que, con independencia de ideologías o de posiciones política, simplemente se indignen y reaccionen ante la injusticia y la irracionalidad que se nos viene imponiendo.
Juan Torres López (Comité Científico de ATTAC España), Carlos Martínez García (Promotora Estatal de Mesas de Convergencia) y Francisco Jurado (Democracia Real Ya)
Londres y los campos minados
Público/La Jornada
Los disturbios que desde hace cuatro días conmocionan Londres presentan elementos comunes con otros estallidos sociales que han ocurrido en grandes ciudades del mundo desarrollado, como las revueltas de la banlieue parisina de 2005. En todos los casos, los disturbios se desatan en barriadas marginales a raíz de algún incidente que hace sentirse a sus habitantes más humillados por el poder de lo que ya se sienten. En Londres ha sido la muerte de un joven negro cuando era perseguido por la Policía. El premier Cameron ha dejado clara cuál es su aproximación a los dramáticos acontecimientos, al sacar a la calle a 16.000 policías para aplastar a los “rufianes”. Hace seis años, Sarkozy definió como “escoria” a los insurrectos de París. Por supuesto que entre las responsabilidades de un gobernante está la de garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus conciudadanos, pero también la de reflexionar sobre las causas del odio y el rencor que anida en parte de la sociedad. Las políticas exclusivas de “mano dura” tal vez surtan efecto en el corto plazo y satisfagan a determinados sectores de la sociedad, pero no resuelven el problema de fondo. El sociólogo Zygmunt Bauman, en un artículo publicado ayer, asociaba lo
ocurrido no con una revolución, sino con un campo minado creado por la desigualdad social, en el que resulta muy difícil localizar las minas e impedir que exploten aquí y allá. Esas minas son, según su análisis, la rabia y la impotencia de los que no tienen frente a los que tienen, en un mundo en el que no tener (y no poder consumir) se ha convertido en un estigma y una humillación. Hoy es Londres; mañana…
Los disturbios que desde hace cuatro días conmocionan Londres presentan elementos comunes con otros estallidos sociales que han ocurrido en grandes ciudades del mundo desarrollado, como las revueltas de la banlieue parisina de 2005. En todos los casos, los disturbios se desatan en barriadas marginales a raíz de algún incidente que hace sentirse a sus habitantes más humillados por el poder de lo que ya se sienten. En Londres ha sido la muerte de un joven negro cuando era perseguido por la Policía. El premier Cameron ha dejado clara cuál es su aproximación a los dramáticos acontecimientos, al sacar a la calle a 16.000 policías para aplastar a los “rufianes”. Hace seis años, Sarkozy definió como “escoria” a los insurrectos de París. Por supuesto que entre las responsabilidades de un gobernante está la de garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus conciudadanos, pero también la de reflexionar sobre las causas del odio y el rencor que anida en parte de la sociedad. Las políticas exclusivas de “mano dura” tal vez surtan efecto en el corto plazo y satisfagan a determinados sectores de la sociedad, pero no resuelven el problema de fondo. El sociólogo Zygmunt Bauman, en un artículo publicado ayer, asociaba lo
ocurrido no con una revolución, sino con un campo minado creado por la desigualdad social, en el que resulta muy difícil localizar las minas e impedir que exploten aquí y allá. Esas minas son, según su análisis, la rabia y la impotencia de los que no tienen frente a los que tienen, en un mundo en el que no tener (y no poder consumir) se ha convertido en un estigma y una humillación. Hoy es Londres; mañana…
martes, 9 de agosto de 2011
Estados Unidos en decadencia
NOAM CHOMSKY
La Jornada
Es un tema común que Estados Unidos, que apenas hace unos años era visto como un coloso que recorrería el mundo con un poder sin paralelo y un atractivo sin igual (...) está en decadencia, enfrentado fatalmente a la perspectiva de su deterioro definitivo, señala Giacomo Chiozza en el número actual de Political Science Quarterly.
La creencia en este tema, efectivamente, está muy difundida. Y con cierta razón, si bien habría que hacer cierto número de precisiones. Para empezar, la decadencia ha sido constante desde el punto culminante del poderío de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y el notable triunfalismo de los años 90, después de la guerra del Golfo, fue básicamente un autoengaño.
Otro tema común, al menos entre quienes no se ciegan deliberadamente, es que la decadencia de Estados Unidos, en gran medida, es autoinfligida. La ópera bufa que vimos este verano en Washington, que disgustó al país y dejó perplejo al mundo, podría no tener parangón en los anales de la democracia parlamentaria.
El espectáculo incluso está llegando a asustar a los patrocinadores de esta parodia. Ahora, al poder corporativo le preocupa que los extremistas que ayudó a poner en el Congreso de hecho derriben el edificio del que dependen su propia riqueza y sus privilegios, el poderoso estado-niñera que atiende a sus intereses.
La supremacía del poder corporativo sobre la política y la sociedad –por lo pronto básicamente financiera– ha llegado al grado de que las dos formaciones políticas, que en esta etapa apenas se parecen a los partidos tradicionales, están mucho más a la derecha de la población en los principales temas a debate.
Para el pueblo, la principal preocupación interna es el desempleo. En las circunstancias actuales, esta crisis sólo puede remontarse mediante un significativo estímulo del gobierno, mucho más allá del más reciente, que apenas hizo coincidir el deterioro en el gasto estatal y local, aunque esa iniciativa tan limitada probablemente haya salvado millones de empleos.
Pero para las instituciones financieras la principal preocupación es el déficit. Por lo tanto, sólo está en discusión el déficit. Una gran mayoría de la población está a favor de abordar el déficit gravando a los muy ricos (72 por ciento, con 27 por ciento en contra), según precisa una encuesta de The Washington Post y ABC News. Recortar los programas de atención médica cuenta con la oposición de una abrumadora mayoría (69 por ciento Medicaid, 78 por ciento Medicare). El resultado probable, por lo tanto, es lo opuesto.
El Programa sobre Actitudes de Política Internacional (PIPA) investigó cómo eliminaría el déficit la gente. Steven Kull, director de PIPA, afirma: Es evidente que tanto el gobierno como la Cámara (de Representantes) dirigida por los republicanos están fuera de sincronía con los valores y prioridades de la gente en lo que respecta al presupuesto.
La encuesta ilustra la profunda división: La mayor diferencia en gasto es que el pueblo favorece recortes profundos en el gasto de defensa, mientras el gobierno y la Cámara de Representantes proponen aumentos modestos. El pueblo también favorece aumentar el gasto en la capacitación para el trabajo, la educación y el combate a la contaminación en mayor medida que el gobierno o la Cámara.
El acuerdo final –o más precisamente la capitulación ante la extrema derecha– es lo opuesto en todos los sentidos, y casi con toda certeza provocará un crecimiento más lento y daños a largo plazo a todos, menos a los ricos y a las corporaciones, que gozan de beneficios sin precedentes.
Ni siquiera se discutió que el déficit podría eliminarse si, como ha demostrado el economista Dean Baker, se remplazara el disfuncional sistema de atención médica privada de Estados Unidos por uno semejante al de otras sociedades industrializadas, que tienen la mitad del costo per cápita y obtienen resultados médicos equivalentes o mejores.
Las instituciones financieras y las grandes compañías farmacéuticas son demasiado poderosas para que siquiera se analicen esas opciones, aunque la idea difícilmente parece utópica. Fuera de la agenda por razones similares también se encuentran otras opciones económicamente sensatas, como la del impuesto a las transacciones financieras pequeñas.
Entre tanto, Wall Street recibe regularmente generosos regalos. El comité de asignaciones de la Cámara de Representantes recortó el presupuesto a la Comisión de Títulos y Bolsa, la principal barrera contra el fraude financiero. Y es poco probable que sobreviva intacta la Agencia de Protección al Consumidor.
El Congreso blande otras armas en su batalla contra las generaciones futuras. Enfrentada a la oposición republicana en la protección ambiental, la importante compañía de electricidad American Electric Power archivó el esfuerzo más destacado del país para captar el bióxido de carbono de una planta actualmente impulsada por carbón, lo que asestó un fuerte golpe a las campañas para reducir las emisiones causantes del calentamiento global, informó The New York Times.
Estos golpes autoinfligidos, aunque cada vez son más potentes, no son una innovación reciente. Datan de los años 70, cuando la política económica nacional sufrió importantes transformaciones que pusieron fin a lo que suele llamarse la época de oro del capitalismo de Estado.
Dos importantes elementos de esto fueron la financiarización (el desplazamiento de las preferencias de inversión, de la producción industrial a las finanzas, los seguros y los bienes raíces) y la externalización de la producción. El triunfo ideológico de las doctrinas de libre mercado, muy selectivo como siempre, le asestó aún más golpes, conforme se traducía en desregulación, reglas de administración corporativa que condicionaban las enormes recompensas a los directores generales con los beneficios a corto plazo y otras decisiones políticas similares.
La concentración resultante de riqueza produjo mayor poder político, acelerando un círculo vicioso que ha aportado una riqueza extraordinaria al uno por ciento de la población, básicamente directores generales de grandes corporaciones, gerentes de fondos de garantía y similares, mientras la gran mayoría de los ingresos reales prácticamente se estancaron.
Al mismo tiempo, el costo de las elecciones se disparó a las nubes, haciendo que los dos partidos tuvieran que escarbar más hondo en los bolsillos de las corporaciones. Lo que quedaba de democracia política fue socavado aún más cuando ambos partidos recurrieron a la subasta de puestos directivos en el Congreso, como delineó el economista Thomas Ferguson en The Financial Times.
Los principales partidos políticos adoptaron una práctica de los grandes detallistas, como Walmart, Best Buy y Target, escribe Ferguson. Caso único en las legislaturas del mundo desarrollado, los partidos estadunidenses en el Congreso ponen precio a puestos claves en el proceso legislativo. Los legisladores que aportan más fondos al partido son los que obtienen esos puestos.
El resultado, de acuerdo con Ferguson, es que los debates se basan fuertemente en la repetición interminable de un puñado de consignas, que han sido probadas por su atractivo para los bloques de inversionistas y grupos de interés nacionales, de los que depende la dirigencia para obtener recursos. Y que se condene el país.
Antes del crac de 2007, del que fueron responsables en gran medida, las instituciones financieras posteriores a la época de oro habían obtenido un sorprendente poder económico, multiplicando por más de tres su participación en las ganancias corporativas. Después del crac, numerosos economistas empezaron a investigar su función en términos puramente económicos. Robert Solow, premio Nobel de Economía, concluyó que su efecto podría ser negativo. Su éxito aporta muy poco o nada a la eficiencia de la economía real, mientras sus desastres transfieren la riqueza de los contribuyentes hacia los financieros.
Al triturar los restos de la democracia política, las instituciones financieras están echando las bases para hacer avanzar aún más este proceso letal... en tanto sus víctimas estén dispuestas a sufrirlo en silencio.
La Jornada
Es un tema común que Estados Unidos, que apenas hace unos años era visto como un coloso que recorrería el mundo con un poder sin paralelo y un atractivo sin igual (...) está en decadencia, enfrentado fatalmente a la perspectiva de su deterioro definitivo, señala Giacomo Chiozza en el número actual de Political Science Quarterly.
La creencia en este tema, efectivamente, está muy difundida. Y con cierta razón, si bien habría que hacer cierto número de precisiones. Para empezar, la decadencia ha sido constante desde el punto culminante del poderío de Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, y el notable triunfalismo de los años 90, después de la guerra del Golfo, fue básicamente un autoengaño.
Otro tema común, al menos entre quienes no se ciegan deliberadamente, es que la decadencia de Estados Unidos, en gran medida, es autoinfligida. La ópera bufa que vimos este verano en Washington, que disgustó al país y dejó perplejo al mundo, podría no tener parangón en los anales de la democracia parlamentaria.
El espectáculo incluso está llegando a asustar a los patrocinadores de esta parodia. Ahora, al poder corporativo le preocupa que los extremistas que ayudó a poner en el Congreso de hecho derriben el edificio del que dependen su propia riqueza y sus privilegios, el poderoso estado-niñera que atiende a sus intereses.
La supremacía del poder corporativo sobre la política y la sociedad –por lo pronto básicamente financiera– ha llegado al grado de que las dos formaciones políticas, que en esta etapa apenas se parecen a los partidos tradicionales, están mucho más a la derecha de la población en los principales temas a debate.
Para el pueblo, la principal preocupación interna es el desempleo. En las circunstancias actuales, esta crisis sólo puede remontarse mediante un significativo estímulo del gobierno, mucho más allá del más reciente, que apenas hizo coincidir el deterioro en el gasto estatal y local, aunque esa iniciativa tan limitada probablemente haya salvado millones de empleos.
Pero para las instituciones financieras la principal preocupación es el déficit. Por lo tanto, sólo está en discusión el déficit. Una gran mayoría de la población está a favor de abordar el déficit gravando a los muy ricos (72 por ciento, con 27 por ciento en contra), según precisa una encuesta de The Washington Post y ABC News. Recortar los programas de atención médica cuenta con la oposición de una abrumadora mayoría (69 por ciento Medicaid, 78 por ciento Medicare). El resultado probable, por lo tanto, es lo opuesto.
El Programa sobre Actitudes de Política Internacional (PIPA) investigó cómo eliminaría el déficit la gente. Steven Kull, director de PIPA, afirma: Es evidente que tanto el gobierno como la Cámara (de Representantes) dirigida por los republicanos están fuera de sincronía con los valores y prioridades de la gente en lo que respecta al presupuesto.
La encuesta ilustra la profunda división: La mayor diferencia en gasto es que el pueblo favorece recortes profundos en el gasto de defensa, mientras el gobierno y la Cámara de Representantes proponen aumentos modestos. El pueblo también favorece aumentar el gasto en la capacitación para el trabajo, la educación y el combate a la contaminación en mayor medida que el gobierno o la Cámara.
El acuerdo final –o más precisamente la capitulación ante la extrema derecha– es lo opuesto en todos los sentidos, y casi con toda certeza provocará un crecimiento más lento y daños a largo plazo a todos, menos a los ricos y a las corporaciones, que gozan de beneficios sin precedentes.
Ni siquiera se discutió que el déficit podría eliminarse si, como ha demostrado el economista Dean Baker, se remplazara el disfuncional sistema de atención médica privada de Estados Unidos por uno semejante al de otras sociedades industrializadas, que tienen la mitad del costo per cápita y obtienen resultados médicos equivalentes o mejores.
Las instituciones financieras y las grandes compañías farmacéuticas son demasiado poderosas para que siquiera se analicen esas opciones, aunque la idea difícilmente parece utópica. Fuera de la agenda por razones similares también se encuentran otras opciones económicamente sensatas, como la del impuesto a las transacciones financieras pequeñas.
Entre tanto, Wall Street recibe regularmente generosos regalos. El comité de asignaciones de la Cámara de Representantes recortó el presupuesto a la Comisión de Títulos y Bolsa, la principal barrera contra el fraude financiero. Y es poco probable que sobreviva intacta la Agencia de Protección al Consumidor.
El Congreso blande otras armas en su batalla contra las generaciones futuras. Enfrentada a la oposición republicana en la protección ambiental, la importante compañía de electricidad American Electric Power archivó el esfuerzo más destacado del país para captar el bióxido de carbono de una planta actualmente impulsada por carbón, lo que asestó un fuerte golpe a las campañas para reducir las emisiones causantes del calentamiento global, informó The New York Times.
Estos golpes autoinfligidos, aunque cada vez son más potentes, no son una innovación reciente. Datan de los años 70, cuando la política económica nacional sufrió importantes transformaciones que pusieron fin a lo que suele llamarse la época de oro del capitalismo de Estado.
Dos importantes elementos de esto fueron la financiarización (el desplazamiento de las preferencias de inversión, de la producción industrial a las finanzas, los seguros y los bienes raíces) y la externalización de la producción. El triunfo ideológico de las doctrinas de libre mercado, muy selectivo como siempre, le asestó aún más golpes, conforme se traducía en desregulación, reglas de administración corporativa que condicionaban las enormes recompensas a los directores generales con los beneficios a corto plazo y otras decisiones políticas similares.
La concentración resultante de riqueza produjo mayor poder político, acelerando un círculo vicioso que ha aportado una riqueza extraordinaria al uno por ciento de la población, básicamente directores generales de grandes corporaciones, gerentes de fondos de garantía y similares, mientras la gran mayoría de los ingresos reales prácticamente se estancaron.
Al mismo tiempo, el costo de las elecciones se disparó a las nubes, haciendo que los dos partidos tuvieran que escarbar más hondo en los bolsillos de las corporaciones. Lo que quedaba de democracia política fue socavado aún más cuando ambos partidos recurrieron a la subasta de puestos directivos en el Congreso, como delineó el economista Thomas Ferguson en The Financial Times.
Los principales partidos políticos adoptaron una práctica de los grandes detallistas, como Walmart, Best Buy y Target, escribe Ferguson. Caso único en las legislaturas del mundo desarrollado, los partidos estadunidenses en el Congreso ponen precio a puestos claves en el proceso legislativo. Los legisladores que aportan más fondos al partido son los que obtienen esos puestos.
El resultado, de acuerdo con Ferguson, es que los debates se basan fuertemente en la repetición interminable de un puñado de consignas, que han sido probadas por su atractivo para los bloques de inversionistas y grupos de interés nacionales, de los que depende la dirigencia para obtener recursos. Y que se condene el país.
Antes del crac de 2007, del que fueron responsables en gran medida, las instituciones financieras posteriores a la época de oro habían obtenido un sorprendente poder económico, multiplicando por más de tres su participación en las ganancias corporativas. Después del crac, numerosos economistas empezaron a investigar su función en términos puramente económicos. Robert Solow, premio Nobel de Economía, concluyó que su efecto podría ser negativo. Su éxito aporta muy poco o nada a la eficiencia de la economía real, mientras sus desastres transfieren la riqueza de los contribuyentes hacia los financieros.
Al triturar los restos de la democracia política, las instituciones financieras están echando las bases para hacer avanzar aún más este proceso letal... en tanto sus víctimas estén dispuestas a sufrirlo en silencio.
miércoles, 3 de agosto de 2011
Cuáles son las verdaderas causas de la deuda y del déficit de EE.UU.
ISMAEL HOSSEIN-ZADE
Asia Times Online
Es obvio que ninguna enfermedad puede curarse con éxito sin un diagnóstico apropiado de su origen. En sus frenéticos esfuerzos por remediar la plaga de la deuda nacional y del déficit, sin embargo, los responsables políticos de EE.UU. tienden a rehuir las causas de la raíz del problema y concentrarse, en su lugar, en chivos expiatorios.
¿Cuáles son las causas en la raíz de la deuda nacional y del déficit? Son, antes que nada, los paquetes de rescate de multi-billones [millones de millones] de dólares que fueron se otorgaron a Wall Street a fin de rescatar a los jugadores financieros, la constante escalada de los costes de la guerra y el militarismo, los inmensos regalos tributarios a los acaudalados y el vertiginoso aumento de los costes de la atención sanitaria, incrementados sistemáticamente por las compañías aseguradoras y farmacéuticas.
¿Cuáles son los chivos expiatorios? Son los derechos de la red social (seguridad social, Medicare y Medicaid) y los gastos discrecionales no militares: salud, educación, vivienda, transporte, el medio ambiente, el desarrollo comunitario, ciencia y energía, servicios humanos, etc. Los califico de chivos expiatorios porque no constituyen las fuentes de la continua escalada de deuda y déficit.
Tomemos, por ejemplo, la Seguridad Social. Ante todo, es un programa de seguro que se autofinancia, financiado por impuestos sobre la renta, no una dádiva o cortesía del Tío Sam. Segundo, aunque ya no tiene un excedente como solía tener, tiene todavía, sin embargo, un excedente considerable. Por cierto, sin el excedente de la Seguridad Social, la deuda federal sería mayor de lo que es. Tercero, en la medida en que el fondo fiduciario pueda enfrentar una insuficiencia en el futuro, puede remediarse fácilmente, por ejemplo, aumentando el nivel máximo de impuesto gravable (para propósitos de renta) de los actuales 106.800 dólares a un nivel ligeramente superior.
Como la Seguridad Social, Medicare es un programa de seguro financiado por el impuesto sobre la renta. (Del 15,4% del impuesto a la renta, el 12,5% va para financiar la Seguridad Social y el 2,9% restante para financiar Medicare). Hace poco que los gastos de Medicare se han aproximado a sobrepasar sus ingresos. Esto también se puede remediar fácilmente si el máximo ingreso imponible para financiamiento de la renta se aumenta por encima de los actuales 106.800 dólares.
La presión financiera sobe el programa Medicare (como sobre el programa Medicaid) no se debe tanto a los ingresos del programa como al aspecto de los costes, de los cuales hay que culpar a las compañías farmacéuticas y aseguradoras médicas, no al propio programa. Por cierto, el programa en sí ha sido un caso muy exitoso de programas de seguros de la salud de un solo pagador. Hay sospechas razonables de que éste es el motivo por el cual poderosos grupos de intereses apuntan a la destrucción de Medicare ya que lo ven como un “mal” ejemplo de un programa de seguro de salud de coste eficiente y exitoso.
Así como los derechos a la seguridad social no son las fuentes de los problemas del déficit, tampoco lo son los gastos discrecionales no militares como la sanidad, la educación y otros gastos sociales y de infraestructura.
Para empezar esos gastos (o para ser más precisos, inversiones en el mantenimiento o edificación del capital físico y humano de la sociedad) constituyen solo una pequeña parte (15%) del presupuesto federal total. Además, su parte en el aumento en los desembolsos federales ha sido bastante ínfima en los últimos años, solo 14 centavos por cada dólar en la última década, difícilmente suficiente para culparlo del astronómico aumento de la deuda y los déficit federales durante este período (Instituto de Política Económica, Memorando de Política Nº º187, 13 de julio de 2011).
Es obvio, por lo tanto, que los negociadores presupuestarios, que se agitan y gritan por el techo de la deuda, mienten desvergonzadamente al pueblo estadounidense, cuando culpan los derechos a la seguridad social y los gastos públicos no militares como fuentes de la deuda y el déficit federales. Un enfoque honesto de los problemas de deuda y déficit consideraría, en su lugar, las verdaderas causas de esos problemas: rescates de Wall Street, guerra y gastos militares, regalos tributarios a los ricos y costes fuera de control de la atención sanitaria.
La cleptocracia gobernante y los medios corporativos han creado un inmenso error de percepción respecto al rescate de los jugadores de Wall Street: que el gobierno pagó solo 780.000 millones de dólares de dinero público (con el TARP, Programa de Alivio para Activos en Problemas) para rescatar a los especuladores en bancarrota o próximos a la bancarrota, y que una vez que esos especuladores financieros volvieran a la rentabilidad, devolverían todo lo que debían a los contribuyentes – ¡y punto final!
En realidad, el dinero del TARP fue solo una pequeña fracción del regalo de dinero público del gobierno a Wall Street. Otras formas de apoyos gubernamentales, no conocidas por el público, incluyeron billones de dólares en subsidios, apoyos financieros, préstamos, compras de activos tóxicos sin valor a sus altos precios previos a la recesión, y una serie de desconcertantes tipos de saqueo.
El senador Bernie Sanders (de Vermont) lo describe como sigue: “la primera auditoría de arriba abajo de la Reserva Federal sacó a la luz impresionantes nuevos detalles sobre cómo EE.UU. suministró colosales 16 billones de dólares en préstamos secretos para rescatar bancos y negocios estadounidenses y extranjeros durante la peor crisis desde la Gran Depresión”.
Esto explica por qué la deuda federal ha aumentado de 9,2 billones de dólares en 2007 a 14,2 billones en 2011, un aumento de casi 55%.
Ahora es de dominio público que un importante contribuyente al crecimiento de la deuda y del déficit es el aumento en los gastos de la guerra y el militarismo, que casi se duplicó en la última década (de 295.000 millones de dólares en 2000 a los actuales 560.000 millones). Aunque el presupuesto oficial del Pentágono para el año fiscal 2011 es de 560.000 millones de dólares, la cifra real es casi el doble de la oficial.
El motivo de esta subestimación es que el presupuesto oficial del Departamento de Defensa excluye no solo los costes de las guerras en Iraq y Afganistán, sino también una serie de importantes ítems. Estos ítems de costes disfrazados incluyen: presupuestos para los Guardacostas, el Departamento de Seguridad Interior, armas nucleares, programas de veteranos, la mayoría de los pagos a militares retirados, pagos de intereses sobre dinero prestado para financiar programas militares en los últimos años y otros más.
Una vez que estos gastos desubicados o disfrazados se agregan al presupuesto oficial del Pentágono, los ítems presupuestarios relacionados con la “seguridad” y los militares, ascenderían a algo más de 1,1 billones de dólares, lo que absorbe aproximadamente un tercio de todo el presupuesto federal de 3,4 billones de dólares de 2011.
Otro importante contribuyente a la creciente deuda y déficit han sido los inmensos alivios tributarios otorgados a gigantescas corporaciones y a las capas muy acaudaladas de la sociedad. Por ejemplo, según Ciudadanos por la Justicia Tributaria (CTJ, por sus siglas en inglés), conocidos por sus informes exactos sobre tributación, el monto combinado de impuestos pagados por las siguientes 12 corporaciones para el período 2008-2010 fue cero, no, ¡fue menos de cero! Colectivamente, recibieron 2.500 millones de dólares en reembolsos.
Las 12 corporaciones fueron: Exxon Mobile, Wells Fargo, DuPont, American Electric Power, Boeing, FedEx, IBM, General Electric, Honeywell International, United Technologies, Verizon Communications y Yahoo. CTJ informa que “desde 2008 hasta 2010, esas 12 compañías informaron sobre 171.000 millones de dólares en beneficios en EE.UU. antes de impuestos. Pero como grupo, sus impuestos sobre ingresos federales fueron negativos: –2.500 millones de dólares.” (Hay que señalar que aunque los impuestos por el ingreso federal total para el grupo de 12 en su conjunto fueron negativos, cuatro de las 12 pagaron un cierto impuesto federal, pero los pocos impuestos que esas cuatro pagaron fue más que compensado por las otras siete compañías que no pagaron nada.)
Es una indicación de cómo las grandes corporaciones de EE.UU. pagan –o evitan pagar– sus obligaciones tributarias. Los extremadamente ricos y poderosos grupos de intereses han utilizado (desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta) deliberadamente una combinación del aumento de los gastos militares y de reducción de sus obligaciones tributarias para redistribuir los recursos nacionales desde abajo. Como esta combinación conduce a aumentos en deuda y déficit, luego obliga a recortes en los gastos públicos no militares.
Esto representa una estrategia cínicamente astuta por parte de la plutocracia gobernante que se beneficia con la guerra, el militarismo, la deuda y el déficit: en lugar de financiar sus guerras y aventuras militares pagando impuesto en proporción a sus ingresos, se otorgan alivios tributarios, financian sus guerras predilectas mediante préstamos y luego se dan vuelta y prestan dinero (impuestos no pagados) al gobierno y ganan intereses. Así los ricos han convertido exitosamente sus obligaciones tributarias en derechos de crédito, es decir, prestan en lugar de pagar impuestos, lo que es en esencia una forma disfrazada de robo.
De este breve análisis se desprende obviamente que los perros políticos de Washington que ladran ante los gastos públicos no militares como fuente del aumento de la deuda nacional y del déficit llaman a la puerta equivocada. Mientras los gastos fuera de control para la guerra y el militarismo no se frenen, las multimillonarias dádivas para el bienestar corporativo (en la forma de regalos tributarios y costosos paquetes de rescate/insolvencia) no sean reducidas, y los costes de atención sanitaria en vertiginoso aumento no se restrinjan, la deuda nacional y el déficit van a continuar su tendencia ascendiente.
También es obvio que se miente al pueblo estadounidense cuando se le dice que todo el litigio que tiene lugar en Washington por el techo de la deuda es para reducir la deuda nacional. En realidad, la deuda nacional seguirá aumentando incluso si el gobierno de las corporaciones extrae unos pocos billones de dólares reduciendo aún más los gastos públicos no militares, es decir, reduciendo aún más el nivel de vida de la gente.
Ismael Hossein-Zadeh, autor de The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave-Macmillan 2007), y de Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (PraegerPublishers 1989), es profesor emérito de economía en la Universidad Drake, Des Moines, Iowa.
(Copyright 2011 Ismael Hossein-Zadeh.)
¿El peor acuerdo de la historia de EE.UU.?: La gran recompensa de Obama a Wall Street
MIKE WHITNEY
CounterPunch
¿Es el acuerdo de Obama por el techo de la deuda el peor trato de la historia de EE.UU.?
Probablemente, pero no por los motivos que se discuten actualmente en los medios. Lo que hace que el trato sea un desastre total es que despoja al Congreso de su autoridad constitucional para controlar el portamonedas de la nación. Esa autoridad se entregará a un comité bipartidista que decidirá cómo recortar 1,5 billones [millones de millones] de dólares del presupuesto a fin de reducir los déficit. Pero, ya que el comité estará formado por partes iguales por republicanos y demócratas, es probable que haya desacuerdo sobre qué programas deben recortarse. Todo esto es intencional, porque si el comité no logra decidir dónde deben tener lugar los recortes, la decisión la tomará un “mecanismo de ejecución” que requerirá recortes generalizados.
Bastante siniestro ¿verdad? Es una manera subrepticia de abolir la autoridad primordial del Congreso mientras se convierte la austeridad en la posición por defecto del gobierno de EE.UU. Cada vez que haya dudas: “¡Recortad los gastos!”. Naturalmente, el Partido Republicano rechazó todo acuerdo que involucre nuevos impuestos.
Lo siguiente proviene del sitio en la web de la Casa Blanca:
“El acuerdo involucra un proceso para estatuir 1,5 billones de dólares en reducción adicional del déficit mediante un comité bipartidista, bicameral, del Congreso: El acuerdo crea un comité bipartidista, bicameral, del Congreso que está encargado de estatuir 1,5 billones de dólares de reducción adicional del déficit hasta finales del año…
Para lograr este objetivo, el comité considerará una responsable ayuda social y una reforma tributaria. Esto significa colocar todas las prioridades de ambos partidos sobre la mesa, incluida la reforma de la ayuda social y una reforma tributaria que aumente los ingresos… El acuerdo incluye un secuestro automático de ciertos programas de gastos para asegurar que –entre el Comité y el iniciador– por lo menos fijemos otros 1,2 billones de dólares de reducción del déficit hasta 2013.”
No es sorprendente que expertos liberales por doquier se quejen de que a Obama le "asaltaron" o, peor todavía, le "chantajearon".
¡Qué insensatez! Es el plan que Obama quiso desde el principio, solo que los liberales simplemente no quisieron escuchar hasta ahora. Estaban demasiado ensimismados con su excelsa oratoria y su historia personal como si fuera una prueba infalible de un corazón bondadoso y una visión progresista.
Bueno, ¿adivinad qué más? No es así. El individuo no es el que pretende ser. Lo que sigue es un pasaje de un discurso pronunciado por Obama en noviembre de 2008, antes de tomar posesión del mando, y mucho antes de que los déficit del presupuesto se convirtieran en un problema.
“Nuestra economía está atrapada en un círculo vicioso: el revuelo respecto a Wall Street significa una nueva vuelta de amarre de la correa para familias y negocios en la Calle Mayor… tendremos que examinar minuciosamente nuestro presupuesto federal, línea por línea, y también realizar recortes y sacrificios significativos”.
¿En serio? ¿Quiere decir que Obama estaba parloteando el mantra de la derecha incluso antes de entrar en el Despacho Oval?
Muy en serio; eso que explica por qué escogió a los dos perdedores más responsables del derrumbe financiero de 2008 para que dirigieran su equipo de economía: Lawrence Summers y Timothy Geithner. Los devotos de Obama minimizaron la importancia de los nombramientos como un error de neófito ya que no querían criticar al Querido Líder. Incluso ahora, se quejan y afirman que Obama fue embaucado o –escuchad bien– un “mal negociador”.
Volvamos a la realidad. Obama está tan a la derecha como es posible sin ponerse un tricornio y unirse a una milicia. ¿No lo creéis?
Ahora, un pasaje de su libro Audacity of Hope [Audacia de la esperanza] en el cual elogia efusivamente al héroe de su infancia, Ronald Reagan:
“Reagan correspondió al ansia de orden de EE.UU., a nuestra necesidad de creer que no estamos simplemente sometidos a fuerzas ciegas, impersonales, sino que podemos conformar nuestros destinos individuales y colectivos, siempre que redescubramos las virtudes tradicionales de trabajo duro, patriotismo, responsabilidad personal, optimismo, y fe”.
El hecho de que ese mensaje de Reagan haya encontrado una audiencia tan receptiva habla no solo de su habilidad como comunicador; también nos dice que el gobierno liberal no fue capaz, durante un período de estancamiento económico, de dar a los votantes de clase media algún sentido de que estaba luchando por ellos. Porque el hecho es que ese gobierno gastó a todos los niveles los dineros públicos de un modo demasiado displicente. Demasiado a menudo, las burocracias ignoraban el coste de sus iniciativas. Gran parte de la retórica liberal parecía valorar los derechos y prestaciones por encima de los deberes y responsabilidades. Reagan puede haber exagerado los pecados del Estado de bienestar, y ciertamente los liberales tenían razón al quejarse de que sus políticas interiores se orientaban fuertemente a favor de las elites económicas, ya que los filibusteros corporativos consiguieron grandes ganancias durante los años ochenta, mientras se destruian los sindicatos y se pisoteaba el salario del trabajador de a pie.
A pesar de todo, al prometer que se pondría de parte de los que trabajaban duro, obedecían la ley, velaban por sus familias y amaban a su país, Reagan ofreció a los estadounidenses un sentido de propósito común que los liberales ya no parecían compartir. Y mientras más lo criticaban, más se ajustaban los críticos al papel que él había previsto para ellos, una banda de elitistas políticamente correctos fuera de contacto, que cobraban impuestos y los gastaban, y que culpaban a EE.UU. primero. (Audacity of Hope, 31-32). (Pasaje de: Christopher Caldwell, What Obama Owes to Reagan, Daily Kos)
¿Habéis oído alguna vez a un progresista que opinara tan intensamente sobre las virtudes del Gipper o parloteara sobre el trabajo duro, sobre estadounidenses patriotas respetuosos de la ley, todo lo cual es un código para los fanáticos ultranacionalistas de la derecha?
A Obama no le chantajearon: es tan favorable a las corporaciones como el que más. Basta con mirar su historial. A continuación, un pasaje de Jeff Cohen de FAIR:
“En 2006 un senador Obama relativamente nuevo fue el único senador que habló en la reunión inaugural del Proyecto Alexander Hamilton lanzado por demócratas de Wall Street como Robert Rubin y Roger Altman, secretario del Tesoro de Bill Clinton y secretario adjunto. Obama los elogió como “políticos innovadores, juicioso”. (Fue la cruzada de Rubin para desregular Wall Street a finales de los noventa lo que llevó directamente a la catástrofe económica de 2008 y a nuestra crisis actual.)
A principios de 2007, mucho antes de que fuera precandidato a presidente, Obama estaba recibiendo más dinero de intereses de Wall Street que cualquier otro candidato, incluida la candidata a presidenta por Nueva York, Hillary Clinton, y Rudy Giuliani.
En junio de 2008, en cuanto Hillary terminó su campaña, Obama habló en CNBC, dejó de lado la etiqueta “populista” y anunció: “Vean: Soy un tipo favorable al crecimiento, de libre mercado. Me encanta el mercado.” Llenó su equipo económico de amigos de Wall Street, escogió a uno de los desreguladores de Wall Street de Bill Clinton, Larry Summers, como su principal consejero económico.” (“Obama NO “cede” ante los intereses corporativos, Jeff Cohen, Smirking Chimp)
Obama ha estado apuntando a Medicare, Medicaid y la seguridad social desde el comienzo. ¿Por qué iba a dar su apoyo Wall Street a un total “desconocido”, un senador durante solo dos años, sin experiencia en política exterior y antecedentes de organización comunitaria? No es exactamente el tipo de currículo que lleve a que se obtenga una victoria fácil para el máximo puesto del Imperio. Tiene que haber habido un quid pro quo, un acuerdo tácito de que si Obama resultaba elegido llevaría a cabo el programa de las corporaciones y el gran dinero. Y es lo que ha hecho.
El fiasco del techo de la deuda solo prueba que Obama cumple sus promesas. En otras palabras, es hora de “pagar la deuda”.
Los anuncios de Raúl Castro y el silencio de El País
IROEL SÁNCHEZ
Cubadebate
La sección de América Latina en la web de El País este 2 de agosto de 2011, con ataques a Venezuela y Brasil, debajo a la izquierda “El silencio de Raúl Castro”
El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, realizó en su intervención ante el parlamento cubano este 1ro de agosto, además de trascendentes análisis de carácter ético e ideológico, importantes anuncios relacionados con el proceso de cambios que se están operando en la sociedad cubana. Intentemos relacionar los más relevantes:
■La constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, creada a partir de los acuerdos del Sexto Congreso del Partido. En esta labor todas las opiniones deberán ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo.
■El experimento en las provincias Artemisa y Mayabeque en interés de la separación de las funciones de las asambleas del Poder Popular y de los consejos de la administración.
■El crecimiento previsto para el año 2010 del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto.
■Mejora de la eficiencia energética de la economía nacional, crecimiento de la producción de petróleo crudo y aunque disminuyó de forma leve la de gas acompañante, se estima cumplir el plan del año.
■La detencion del deterioro de la producción de azúcar, el crecimiento significativo en el arribo de turistas, la obtención de superiores resultados en diversos sectores, la preservación de un adecuado equilibrio monetario interno, al tiempo que se mantiene una correlación favorable de la productividad y el salario medio.
■Incremento de las exportaciones y decrecimiento de las importaciones.
■Aunque perdura una tensa situación en las finanzas externas, aliviada parcialmente por los procesos de reestructuración de deudas con nuestros principales acreedores, se han venido reduciendo las retenciones de transferencias al exterior y se ratifica que las mismas serán suprimidas definitivamente antes de concluir el presente año.
■Se trabaja en la conceptualización teórica integral de la economía socialista cubana.
■Se instrumenta la actualización de la política migratoria vigente como una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes.
Expectativas sobre muchos de estos asuntos han sido alentadas, e incluso manipuladas por el diario español El País, obsesionado antaño con las “reformas” en Cuba. Sin embargo, el periódico del Grupo PRISA parece haber optado ultimamente por no cubrir noticiosamente los principales acontecimientos relacionados con los cambios en la Isla. Ya lo hizo con el acto del pasado 26 de julio, una de las principales conmemoraciones cubanas, tradicionalmente cubierta con inmediatez por la publicación. Este año, El País no reportó el acto del 26 de julio, limitándose a publicar un artículo de su Premio Ortega y Gassett de Periodismo Digital, Yoani Sánchez donde con el título “El silencio de Raúl Castro” se afirmaba que “tal vez lo que llevó a Raúl Castro a delegar su turno frente al micrófono fue la ausencia de novedades que anunciar y la marcada carencia de resultados”.
Ahora que el presidente cubano ha informado, ante la Asamblea Nacional, “novedades y resultados” el diario de PRISA ha vuelto a guardar silencio. Me pregunto si será que no son esos los resultados esperados por los accionistas del Grupo Mediático y su niña mimada en Cuba, ¿o los lectores de El País -con un corresponsal en la Isla- tendrán que esperar lo que les cuente el próximo artículo de la bloguera que miente sobre su país mientras elogia a la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana?
Cubadebate
La sección de América Latina en la web de El País este 2 de agosto de 2011, con ataques a Venezuela y Brasil, debajo a la izquierda “El silencio de Raúl Castro”
El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, realizó en su intervención ante el parlamento cubano este 1ro de agosto, además de trascendentes análisis de carácter ético e ideológico, importantes anuncios relacionados con el proceso de cambios que se están operando en la sociedad cubana. Intentemos relacionar los más relevantes:
■La constitución y funcionamiento de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, creada a partir de los acuerdos del Sexto Congreso del Partido. En esta labor todas las opiniones deberán ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancias se elevarán a las instancias superiores facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo.
■El experimento en las provincias Artemisa y Mayabeque en interés de la separación de las funciones de las asambleas del Poder Popular y de los consejos de la administración.
■El crecimiento previsto para el año 2010 del 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto.
■Mejora de la eficiencia energética de la economía nacional, crecimiento de la producción de petróleo crudo y aunque disminuyó de forma leve la de gas acompañante, se estima cumplir el plan del año.
■La detencion del deterioro de la producción de azúcar, el crecimiento significativo en el arribo de turistas, la obtención de superiores resultados en diversos sectores, la preservación de un adecuado equilibrio monetario interno, al tiempo que se mantiene una correlación favorable de la productividad y el salario medio.
■Incremento de las exportaciones y decrecimiento de las importaciones.
■Aunque perdura una tensa situación en las finanzas externas, aliviada parcialmente por los procesos de reestructuración de deudas con nuestros principales acreedores, se han venido reduciendo las retenciones de transferencias al exterior y se ratifica que las mismas serán suprimidas definitivamente antes de concluir el presente año.
■Se trabaja en la conceptualización teórica integral de la economía socialista cubana.
■Se instrumenta la actualización de la política migratoria vigente como una contribución al incremento de los vínculos de la nación con la comunidad de emigrantes.
Expectativas sobre muchos de estos asuntos han sido alentadas, e incluso manipuladas por el diario español El País, obsesionado antaño con las “reformas” en Cuba. Sin embargo, el periódico del Grupo PRISA parece haber optado ultimamente por no cubrir noticiosamente los principales acontecimientos relacionados con los cambios en la Isla. Ya lo hizo con el acto del pasado 26 de julio, una de las principales conmemoraciones cubanas, tradicionalmente cubierta con inmediatez por la publicación. Este año, El País no reportó el acto del 26 de julio, limitándose a publicar un artículo de su Premio Ortega y Gassett de Periodismo Digital, Yoani Sánchez donde con el título “El silencio de Raúl Castro” se afirmaba que “tal vez lo que llevó a Raúl Castro a delegar su turno frente al micrófono fue la ausencia de novedades que anunciar y la marcada carencia de resultados”.
Ahora que el presidente cubano ha informado, ante la Asamblea Nacional, “novedades y resultados” el diario de PRISA ha vuelto a guardar silencio. Me pregunto si será que no son esos los resultados esperados por los accionistas del Grupo Mediático y su niña mimada en Cuba, ¿o los lectores de El País -con un corresponsal en la Isla- tendrán que esperar lo que les cuente el próximo artículo de la bloguera que miente sobre su país mientras elogia a la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana?
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