JOSE LUIS GORDILLO
Periodismo Humano
Las ayudas del Estado al sistema financiero, en forma de avales, créditos o subvenciones, superan ya los 200.000 millones y se estima que al menos un tercio se perderán, pagándolos la ciudadanía. Los desahucios sin embargo no se frenan y alcanzan ya a 400.000 familias en estos cinco años de crisis.
La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha provocado en el sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones de euros, prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que asumieron el riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización de suelos y compra de terrenos para una demanda ficticia. El Estado español ha ido en su auxilio otorgándoles ayudas, en forma de avales, créditos, subvenciones o participaciones de capital, por un valor superior a los 200.000 millones de euros, según diversas estimaciones. Eso significa que cada ciudadano mayor de 18 años residente en España ha prestado ya a los bancos 5.500 euros para tapar su pufo inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas.
Existe bastante confusión y opacidad en los datos oficiales sobre ayudas directas o indirectas a los bancos. Sin embargo, algunas estimaciones realizadas por expertos coinciden en su diagnóstico. Un estudio publicado por ATTAC Madrid (http://www.attacmadrid.org/?p=10599) revela que las ayudas públicas a la banca ascenderían actualmente a 219.397 millones de euros. De esta cantidad, 59.130 millones son inyecciones directas de capital a Bankia (22.425), Catalunya Caixa (12.052), NovaCaixaGalicia (9.052), Banco de Valencia (5.500), CAM (5.249), CCM (1.650), Mare Nostrum (1.645), Unnim (953) y Caja España (604).
En segundo lugar están los llamados esquemas de protección de activos, ante las posibles pérdidas de determinadas entidades con problemas que han sido adquiridas por otras más solventes. Significan, según este estudio, 28.267 millones más garantizados por las arcas públicas para las operaciones Banco de Sabadell-CAM (16.610 millones), BBVA-Unnim (4.440), CaixaBank-Banco de Valencia (4.350), Liberbank-CCM (2.475) y Kutxabank-Cajasur (392).
A esto hay que añadir la factura que nos espera por el denominado banco malo, la SAREB, que se ha hecho cargo de los activos tóxicos del conjunto del sistema financiero: viviendas vacías, por terminar o suelos por edificar. La deuda garantizada más el capital aportado por el Estado, y descontado el privado, suma 48.546 millones. Se supone que gran parte de este dinero se recuperará, por la venta de estos bienes inmobiliarios a precio de saldo. Lo mismo ocurre con la adquisición de activos financieros por parte del Estado, que ha ascendido a 19.342 millones.
Y por último están los 64.112 millones en avales. Se trata de deuda emitida por las entidades financieras avaladas por el Estado, que no es dinero líquido en sí, y que por el momento no cuenta como deuda pública. Sólo lo haría en caso de impago, lo cual es probable en muchos casos teniendo en cuenta que buena parte de esos avales han respaldado emisiones de deuda de entidades casi en ruinas, como Bankia, Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia.
Otras estimaciones elevan aún más la factura pública del rescate a la banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de euros. Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia de las entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo que hay que añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, más el déficit originado por la venta de las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), que según sus previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos 100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000 concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.
¿Cuánto de este dinero se recuperará? Pues las estimaciones no son muy halagüeñas, puesto que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) podría tener que asumir pérdidas por al menos un tercio de estos 200.000 millones. Pérdidas que de hecho ya se vienen produciendo desde 2010 y que están siendo pagadas por los ciudadanos en forma de recortes sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra parte, la política de austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a ir rebajando progresivamente el déficit público. La predicción que lanza Gómez es aún más pesimista, pues eleva el coste total a futuro del rescate bancario para la ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Luego los recortes sociales, bajada de sueldos y subidas de cotizaciones e impuestos aún no habrían acabado.
Curiosamente, este enorme caudal público de ayudas a un sector privado, sin precedentes en la historia de España, no ha ido acompañado de contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria. Ni ha vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro y porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos provocados por esa misma burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. El Gobierno ha impugnado insistentemente la legislación antidesahucios aprobada por la Junta de Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla en el Tribunal Constitucional, con la justificación de que ponía en peligro la reestructuración bancaria.
De esta forma, los desalojos de familias que se quedan en la calle siguen produciéndose a diario. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde que se inicie en rigor la crisis, en 2008, y hasta finales de 2012, se habían producido en nuestro país 362.776 desahucios. A ello hay que sumar los del cuatro trimestre de ese año más los del primer semestre de este año 2013, cuando, según los datos del Banco de España, se han entregado a entidades financieras 35.098 viviendas por falta de pago, la mitad de manera voluntaria y la otra mitad mediando un desalojo forzoso. En total, unas 400.000 familias expulsadas de sus hogares.
La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha provocado en el sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones de euros, prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que asumieron el riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización de suelos y compra de terrenos para una demanda ficticia. El Estado español ha ido en su auxilio otorgándoles ayudas, en forma de avales, créditos, subvenciones o participaciones de capital, por un valor superior a los 200.000 millones de euros, según diversas estimaciones. Eso significa que cada ciudadano mayor de 18 años residente en España ha prestado ya a los bancos 5.500 euros para tapar su pufo inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas.
Existe bastante confusión y opacidad en los datos oficiales sobre ayudas directas o indirectas a los bancos. Sin embargo, algunas estimaciones realizadas por expertos coinciden en su diagnóstico. Un estudio publicado por ATTAC Madrid (http://www.attacmadrid.org/?p=10599) revela que las ayudas públicas a la banca ascenderían actualmente a 219.397 millones de euros. De esta cantidad, 59.130 millones son inyecciones directas de capital a Bankia (22.425), Catalunya Caixa (12.052), NovaCaixaGalicia (9.052), Banco de Valencia (5.500), CAM (5.249), CCM (1.650), Mare Nostrum (1.645), Unnim (953) y Caja España (604).
En segundo lugar están los llamados esquemas de protección de activos, ante las posibles pérdidas de determinadas entidades con problemas que han sido adquiridas por otras más solventes. Significan, según este estudio, 28.267 millones más garantizados por las arcas públicas para las operaciones Banco de Sabadell-CAM (16.610 millones), BBVA-Unnim (4.440), CaixaBank-Banco de Valencia (4.350), Liberbank-CCM (2.475) y Kutxabank-Cajasur (392).
A esto hay que añadir la factura que nos espera por el denominado banco malo, la SAREB, que se ha hecho cargo de los activos tóxicos del conjunto del sistema financiero: viviendas vacías, por terminar o suelos por edificar. La deuda garantizada más el capital aportado por el Estado, y descontado el privado, suma 48.546 millones. Se supone que gran parte de este dinero se recuperará, por la venta de estos bienes inmobiliarios a precio de saldo. Lo mismo ocurre con la adquisición de activos financieros por parte del Estado, que ha ascendido a 19.342 millones.
Y por último están los 64.112 millones en avales. Se trata de deuda emitida por las entidades financieras avaladas por el Estado, que no es dinero líquido en sí, y que por el momento no cuenta como deuda pública. Sólo lo haría en caso de impago, lo cual es probable en muchos casos teniendo en cuenta que buena parte de esos avales han respaldado emisiones de deuda de entidades casi en ruinas, como Bankia, Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia.
Otras estimaciones elevan aún más la factura pública del rescate a la banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado socialista en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de euros. Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia de las entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo que hay que añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, más el déficit originado por la venta de las entidades nacionalizadas (Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), que según sus previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos 100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000 concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.
¿Cuánto de este dinero se recuperará? Pues las estimaciones no son muy halagüeñas, puesto que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) podría tener que asumir pérdidas por al menos un tercio de estos 200.000 millones. Pérdidas que de hecho ya se vienen produciendo desde 2010 y que están siendo pagadas por los ciudadanos en forma de recortes sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra parte, la política de austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a ir rebajando progresivamente el déficit público. La predicción que lanza Gómez es aún más pesimista, pues eleva el coste total a futuro del rescate bancario para la ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Luego los recortes sociales, bajada de sueldos y subidas de cotizaciones e impuestos aún no habrían acabado.
Curiosamente, este enorme caudal público de ayudas a un sector privado, sin precedentes en la historia de España, no ha ido acompañado de contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria. Ni ha vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro y porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos provocados por esa misma burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. El Gobierno ha impugnado insistentemente la legislación antidesahucios aprobada por la Junta de Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla en el Tribunal Constitucional, con la justificación de que ponía en peligro la reestructuración bancaria.
De esta forma, los desalojos de familias que se quedan en la calle siguen produciéndose a diario. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde que se inicie en rigor la crisis, en 2008, y hasta finales de 2012, se habían producido en nuestro país 362.776 desahucios. A ello hay que sumar los del cuatro trimestre de ese año más los del primer semestre de este año 2013, cuando, según los datos del Banco de España, se han entregado a entidades financieras 35.098 viviendas por falta de pago, la mitad de manera voluntaria y la otra mitad mediando un desalojo forzoso. En total, unas 400.000 familias expulsadas de sus hogares.
La reciente filtración de unas instrucciones secretas del Estado Mayor del Ejército (EME), aleccionando a los mandos a tomar medidas de control y seguimiento de los militares considerados “extremistas”, viene a añadir agobiantes preocupaciones a las secularmente sufridas por los militares que no comparten los planteamientos ideológicos al uso en las Fuerzas Armadas.
La unidad de las distintas formaciones de izquierda (la idea de Frente Popular tan en boga) cuajó en Galicia. A ello contribuyó, sin duda, la figura del histórico Beiras como cabeza de cartel y catalizador de la idea. La novedad residía, según Yolanda Díaz, coordinadora de la Federación Gallega de IU, en la coincidencia de organizaciones