Habló Montilla

ALBERT SÁEZ


El Periódico

Altamente recomendable la lectura de la conferencia de José Montilla en Córdoba. Tiene mérito lo que dice, quien lo dice y donde lo dice. Un retrato bastante preclaro de lo que ocurre en Catalunya, de sus causas y de sus consecuencias. En síntesis: el malestar catalán no se cura con el batacazo de Mas en las elecciones del domingo y la solución no es ni el combate de banderas de Ciutadans ni la recentralización del PP. Montilla no cree en la independencia pero apuesta por el federalismo que presumiblemente debería encarnarse en una reforma de la Constitución que pusiera freno a la deslealtad competencial de la administración central, que permitiera una solidaridad interterritorial más justa y sin excepciones (País Vasco y Navarra) y que diera corresponsabilidad fiscal a las comunidades que la pidieran. Y, de paso, que reconociese que Catalunya es una nación. Todo un aval a la campaña de Navarro y todo un desafío para la dirección federal del PSOE.Y una enmienda a la totalidad a la zafía imagen de la convivencia en Catalunya que difunde el PP y que rubrica el diputado Rivera en funciones de tertuliano en Intereconomía (por cierto, ¿es compatible?).
La conferencia de Montilla debería ser un acicate para el PSC a mantener su apuesta por el federalismo en el primer plano de su propuesta política. Algunos han recelado de ella por considerarla oportunista pero el sorpresivo resultado de las elecciones le da a los socialistas la ocasión de profundizar en ella y de presentar el federalismo -como explica Joaquim Coll en sus artículos- no solo como una propuesta de organización territorial sino también de regeneración democrática. Ello requeriría solo dos matices: que el socialismo catalán empezara la regeneración por el propio partido y que mostrara el mismo respeto democrático por el independentismo que la que muestra por el autonomismo.

Diego López Garrido, de IU a alto cargo de la OTAN

La Republica.es





El que fuera portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha sido elegido como vicepresidente del Grupo Especial Mediterráneo y Medio Oriente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que, tal y como andan las cosas por esa región, no parece poca cosa, con unas maniobras conjuntas de Estados Unidos e Israel.
López Garrido, que militó en Izquierda Unida y acusaba en su momento a Julio Anguita de “iluminado” y de no entender que IU tenía que ir de la mano del PSOE, de CC.OO y UGT, fue diputado por la coalición. Cuando terminó su trabajo de submarino del PSOE, inventó un partido llamado Nueva Izquierda con Cristina Almeida, Jeronimo Andreu y cia. Era el paso previo para entrar en el PSOE y poder ejercer ahora labores directivas en la Alianza Atlántica. Total, que López Garrido se ha hecho un Solana, por no olvidar a aquél otro que predicaba contra el ingreso de España en la OTAN y terminó siendo su secretario general, bombardeos incluidos en la ex Yugoslavia.

Mas-Junqueras, primer ’round’

ALBERT SÁEZ


El Periódico

Cuenta Xabier Barrena en el diario que ayer Mas y Junqueras se zamparon unas espinacas en el Palau de la Generalitat. Ciertamente el president necesita la vitaminas que tomaba Popeye para salir del atolladero en el que se ha metido. Junquera salió impoluto del primer envite. Desde el domingo, CiU ha perdido potencia mediática para acechar a sus interlocutores. Hay rotativas muy potentes que ya trabajan por la sociovergencia y por un abrazo de la siempre campechana monarquía española. Pero el Twitter y las redes sociales -con Pujol padre a la cabeza- hacen ver como si las elecciones las hubieran precipitado los republicanos obligados a responsabilizarse de los resultados. Frente a la ignominia, el líder de ERC clavó el discurso: no entrarán el Govern, no impedirán la investidura, no olvidaran el referendo, no aceptarán los recortes “injustos”. La pelota de nuevo en el tejado de Mas a quien desde el 11-S se las devuelven todas. Mas pidió ayer un Govern fuerte que asuma simultáneamente la convocatoria de la consulta y los recortes por valor de 4.000 millones. ¿Cumple la oferta de Junqueras las condiciones de Mas? No lo sabemos, Mas mandó callar a sus voceros.
El sainete para la formación de Gobierno durará más cuanto más sorprendente sea su desenlace. Pujol necesitó semanas para pasar de ser un enano que debía hablar castellano entre la militancia del PP a conseguir que Aznar usara el catalán en la intimidad. Y los siempre criticados miembros del aparato del PSC necesitaron casi un mes para hacer president a un Maragall que se fue a dormir desolado el día de las elecciones pocas horas antes que los funcionarios aplaudieran a Mas en la plaza Sant Jaume aunque tardaría 7 años en volver. Junqueras ha aguantado el primer asalto de Mas. La partida solo ha hecho que empezar.

Primeros movimientos

JOSÉ ANTICH



La Vanguardia





EL almuerzo que ayer mantuvieron el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y el candidato de Esquerra a la Generalitat, líder de la segunda fuerza política en el nuevo Parlament, Oriol Junqueras, marca oficialmente la apertura de negociaciones para la confección del nuevo gobierno catalán bajo las premisas de Convergència i Unió: contactos oficiales con ERC y PSC para explorar la posibilidad de acuerdos para un gobierno fuerte y estable. No son, en ninguno de los dos casos, conversaciones fáciles ya que las posiciones son distantes y el primer trabajo del gobierno entrante deberá ser el de aprobar unos presupuestos con un recorte de 4.000 millones en el 2013. A medida que los tres partidos implicados en estas conversaciones van destilando sus planteamientos, el PSC parece mantener inalterable su posición inicial y -al menos formalmente- monolítica: pasar a la oposición, reorganizar sus mermadas fuerzas e iniciar desde la Cámara catalana un reencuentro con su electorado más de izquierdas y muy crítico con los ajustes presupuestarios que impone Bruselas para cumplir con el déficit público. Habrá que esperar, no obstante, al primer contacto Mas-Navarro. Esquerra, por su parte, que dice no querer entrar en el nuevo ejecutivo, sí que acepta, en cambio, votar la investidura y un compromiso público de estabilidad. La duda es, sobre todo, si dado que en este tipo de acuerdos es difícil la estabilidad incluso estando en el gobierno, se puede ser creíble estando fuera y con el panorama económico que hay por delante. Eso es lo que tendrá que garantizar Junqueras con algo más que palabras si quiere superar el escepticismo inicial. Si así fuera y el PSC no quisiera entrar en ninguna combinación de gobierno posible, abierta a un diálogo serio con el Gobierno de Madrid, un ejecutivo en solitario de CiU sería una fórmula arriesgada pero a lo mejor la única posible si se quieren evitar otras elecciones. Pero estamos sólo en el principio.

El futuro de la alianza soberanista

El Punt/Avui





Una vez procesados ​​los resultados electorales por todas las formaciones, parece indiscutible que Cataluña tiene delante un periodo de especial complejidad para afrontar los principales retos que hay en el país: la crisis y el avance en un proceso por el derecho a decidir, que , paralelamente, forma parte de la solución de los graves problemas económicos actuales. Para más manipulación que se pueda hacer desde el españolismo, es indiscutible que el soberanismo ha avanzado en número de votos en Cataluña y que lo ha hecho superando el mito que eso era imposible cuando había una participación alta. El nuevo panorama nacional, por lo tanto, es más diverso pero al mismo tiempo está perfectamente enfocado hacia la celebración de una consulta para que la ciudadanía decida sobre la conveniencia o no de un estado propio.
La gestión de la cotidianidad, sin embargo, parece que será la parte más difícil de gestionar por las fuerzas políticas con más posibilidades, capacidad y legitimidad para hacerlo. A estas alturas, el cruce entre las necesidades sociales y nacionales haría previsible una alianza entre el partido ganador de las elecciones, CiU, y la principal fuerza de la oposición, ERC. Comparten en buena parte una misma agenda nacional y divergen en cuestiones importantes relacionadas con la política económica. Una alianza que ambas formaciones comenzarán a explorar de manera inminente, sin descartar otras aritméticas y estudiando diversas fórmulas y grados de colaboración. Sea como sea, es evidente que hay que garantizar los dos ejes fundamentales de la estabilidad en Cataluña, que son la gobernabilidad y el progreso hacia la consulta sobre el estado propio. Dos retos que serán difíciles para un catalanismo que es a la vez más fuerte y más diverso

El rescate bancario: préstamos a cambio de despidos

ALBERTO MONTERO SOLER





Funds People


Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del sector y sobre el conjunto de los contribuyentes.

Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de forma convenientemente difusa en el Memorándum de Entendimiento, había afectado al conjunto de la economía tanto por la vía de los ajustes asociados a la persecución draconiana de un equilibrio fiscal imposible como por la de las reformas estructurales centradas en el mercado de trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de capacidad negociadora de los trabajadores. Una condicionalidad que se ha convertido en la línea directriz de una política económica que empuja de manera suicida a la economía española hacia un abismo sin fondo, tal y como acaban de poner de manifiesto las previsiones recién publicadas de la OCDE para el año 2013.

Pero en el Memorándum también se decía que el rescate tendría implicaciones sobre el sistema financiero y que éste debería verse sometido a un proceso de reestructuración. Dada la hipertrofia adquirida por el mismo durante su proceso de cebado de la burbuja inmobiliaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable. Nadie puede dudar de que era necesaria una reestructuración del sistema financiero que eliminara parte de su excedente de capacidad y lo readecuara a las necesidades de una economía en proceso de desapalancamiento.

Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los fondos recibidos.

Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación. Veámoslos.

En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer una cuestión meramente nominal, creo que no lo es. Hablamos de ayudas para instituciones nacionalizadas a las que se aporta fondos públicos directamente y a las que se respalda el monto del rescate con el dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantearse ningún tipo de participación pública activa en la gestión de las instituciones, no sólo por ejercer mínimamente el derecho de propiedad, sacrosanto en el capitalismo, sino para reconducir su actividad hacia la recuperación del crédito. Pues no, se les entrega el dinero de todos y se les permite que sigan con su negocio, que si no responden ya lo hará el resto de españoles por ellos.

En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo cuatro instituciones van a recibir, en total y de momento, una inyección de 67.000 millones de euros de ayudas públicas (37.000 millones aportados por Europa y 30.000 millones aportados por España, tal y como recoge el comunicado de prensa de la Comisión Europea), es decir, más del 6% del PIB español, mientras se recortan cada día derechos sociales que afectan al bienestar de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay recursos para atenderlos.

Las preguntas, entonces, son claras: ¿por qué motivo estas instituciones deben ser rescatadas y no se podía permitir su quiebra y que fueran los accionistas y acreedores quienes cargaran con el coste de la mala gestión? ¿Es realmente sistémica Bankia como para que se le inyecten 36.000 millones de euros? ¿Cuánto de sistémicos tienen NovaGalicia o Catalunya Caixa para que nos cuesten 10.000 y 14.000 millones de euros, respectivamente? Y ya el colmo es el caso de Banco de Valencia que, en lugar de dejarlo quebrar, se lo sanea completamente con dinero público por valor de 7.000 millones de euros y se vende a CaixaBank por 1 euro. Ahora que cada cual piense lo que quiera de la operación.

Si ninguna de las entidades rescatadas tenía carácter sistémico, ¿qué podría justificar entonces que no se les dejara quebrar? Eso nos lleva al tercer argumento para la indignación. La única razón que podría esgrimir el gobierno para legitimar el rescate sería su voluntad de proteger los puestos de trabajo del sector intentando que la reestructuración fuera lo menos traumática posible. Pero tampoco es el caso. Lo que acaba de hacer Bruselas con la aquiescencia del gobierno, que es quien avala los planes de reestructuración de cada entidad, es cortar por lo sano y facilitar que las empresas traten de conseguir beneficios por la vía de despedir masivamente trabajadores. Es decir, nuevamente el empleo se convierte en la variable de ajuste del sistema, su única vía para recomponer la tasa de ganancia.

¿Qué más da si para conseguir beneficios Bankia tiene que despedir a 6000 personas o NovaGalicia a 2500? ¿Por qué no probamos a hacer los números del rescate sobre otros parámetros y dividimos los 1.000 millones de euros aprobados para Bankia en el plan de rescate entre los 6000 despedidos? El resultado no puede dejar indiferente a nadie: por cada despido Bankia recibirá de Bruselas 3 millones de euros (casi 1.000 millones de las futuras pesetas) que es, paradójicamente, casi la misma cantidad que se llevó Miguel Blesa al abandonar Caja Madrid (2,7 millones de euros). Ahora, si lo deseamos, podemos devolver el análisis a los parámetros financieros convencionales y relacionar las ayudas con los ratios de capital y las provisiones o podemos, por el contrario, preguntarnos cuánto, de esos tres millones de euros por despido, se destinará a pagar la respectiva indemnización de cada trabajador. ¿Correrán todos ellos la misma suerte que Blesa? Un Blesa que, para más inri, se enorgullecía en su comparecencia parlamentaria de haber multiplicado el balance del banco por seis como si eso no tuviera nada que ver con la quiebra de la institución, como si el incremento de cantidad no tuviera ningún tipo de relación con la calidad.

Eso sí, en cualquier caso que sepan esos trabajadores que serán inmolados por una causa superior y que, por tanto, “su sacrificio no será baldío”, como ha declarado Goirigolzarri, porque sus despidos se harán en aras de una “auténtica refundación” del banco nacionalizado. Ofrecer un consuelo de esa naturaleza a 6.000 trabajadores a punto de ser despedidos es de una inmoralidad que raya en lo obsceno.

Y, para concluir, hay algo que todos deberíamos tener meridianamente claro: nada garantiza que con estas reformas se puedan obtener beneficios o, si lo prefieren lo digo en roman paladino, lo más probable es que todas estas ayudas tengan que ser devueltas con el dinero de los contribuyentes. Y es que con las limitaciones a las que se ha sometido a las instituciones rescatadas tanto en términos de negocio (centrado en las pymes y particulares cuya situación financiera es de todos conocida), como geográficas (lo cual no deja de ser sorprendente: Bruselas ha restringido el derecho de establecimiento a nivel autonómico para estas cuatro entidades. ¿Podría salir alguien de este gobierno a explicarlo, por favor?) o para la captación de financiación, mucho tendría que cambiar la coyuntura económica para que las entidades pudieran generar los beneficios necesarios para cubrir el monto del rescate. Así que, por lo que pueda pasar, vayan pensando que de aquí a unos años la factura de estas “ayudas” la tendremos sobre la mesa para digerirla entre todos. Y, si no, al tiempo.



Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro "Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona", en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.

Una prórroga para pensar qué hacemos con España

ISAAC ROSA


eldiario.es

Frente a las lecturas interesadas desde la derecha española, el derrotado en las elecciones catalanas no ha sido el plan de convocar una consulta, pues en conjunto cuenta con muchos más apoyos que quienes lo rechazan, y eso después de llevarlo con toda claridad en los programas electorales. El derrotado ha sido Mas, que ha actuado como tapón de esas aspiraciones, y que verá cómo pasan por encima de él si sigue taponando el proceso.
Lo que una mayoría de catalanes dice no es que no quieran ser un Estado, sino que no quieren ser cualquier Estado. No un Estado como el que ejemplifica CiU: antisocial, insolidario, sometido al poder financiero y que se ensaña con los más desfavorecidos desmantelando los servicios públicos; no un Estado corrupto y entregado al poder económico.
El soberanismo que ha visto aumentar sus apoyos es el que vincula la independencia nacional a la independencia económica y social, el que busca más capacidad de decisión también para decidir la salida de la crisis. La independencia que importa hoy no es tanto la de España como la de ser independientes de las políticas neoliberales. Ser soberano es también elegir cómo se reparten los sacrificios y quién paga la crisis. Y nada de eso ofrecía Mas, maniatado por su dependencia del poder económico y financiero, y alma gemela de Rajoy en el camino de los recortes y contrarreformas.
Y ahí entramos también el resto de españoles, porque estas elecciones también llevan recado para nosotros: el soberanismo caminará más lento, tanto si CiU se desmarca, como si insiste en acompañarlo actuando como lastre. Pero seguirá caminando: sin CiU irá más lento, pero también llegará más lejos.
Con el previsible desmarque de la derrotada CiU, que enfriará el debate independentista y buscará el consuelo de algún pacto fiscal, es probable que ya no haya consulta dentro de dos ni de cuatro años. Y eso, amigos catalanes soberanistas, no es una mala noticia. Significa que tenemos prórroga, más tiempo para pensar qué queremos hacer con España, también quienes estamos de este lado y compartimos la certeza de que el sistema español (político, económico, territorial) está agotado, y aspiramos también a esa independencia de ser dueños de nuestro futuro. Tenemos más tiempo para refundar esta España fallida, y para ello necesitamos a los catalanes, que ellos también quieran participar en una refundación que no puede limitarse al modelo territorial, porque no es lo único fallido
El ascenso de la izquierda que rechaza por igual a la España de la Transición y a la Europa neoliberal es esperanzador, muestra que es más lo que nos une que lo que nos separa, y debería animarnos a buscar horizontes comunes: españoles, ibéricos, mediterráneos, europeos.

La culpa es de los padres (o de las hijas)

IGNACIO ESCOLAR


Cinco días después de la tragedia en el Madrid Arena, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha pronunciado. No ha hablado de la falta de licencia, ni de la responsabilidad del Ayuntamiento en la gestión de un recinto que es suyo, ni de la posible negligencia criminal del organizador, ni de ese informe de técnicos del Ayuntamiento de hace dos años que alertaba sobre graves fallos de seguridad en esta joyita del Madrid olímpico. No. Torres Dulce ha preferido tirar balones fuera y criticar las macrofiestas: "Todo un problema sociológico generacional y de estructura familiar que hay que atender".

Escuchando al fiscal, nadie diría que las cuatro jóvenes murieron por aplastamiento: por un más que probable fallo de seguridad, de supervisión o de organización. No fue culpa del ocio nocturno, sino de una serie de negligencias que bien podrían haber ocurrido en cualquier otra concentración masiva de personas: en el fútbol o en las Jornadas Mundiales de la Juventud del Papa. ¿O es que es ésta la primera generación de jóvenes en la historia de España que sale de copas hasta la madrugada y escucha música que no le gusta a sus padres?

¿Por qué razón el mismo fiscal general del Estado que al día siguiente del 25S había movilizado a todas sus unidades contra los manifestantes está hoy dedicado a la sociología de bar sobre los jóvenes? La operación de distracción parece obvia: Ana y en Botella.

Lo que no se ha dicho en los medios sobre las elecciones en EEUU

VINCENÇ NAVARRO





La cultura y comportamiento políticos de EEUU no es siempre fácil de entender desde el punto de vista europeo, pues sus símbolos, lenguaje y formaciones políticas –tales como los partidos políticos- son diferentes a los existentes en este continente, aún cuando la creciente americanización de la política en Europa está desarrollando similitudes que considero, por cierto, preocupantes.

Pero veamos las diferencias primero. Comencemos por los símbolos. El color rojo –el color de las izquierdas en Europa-, es el color de las derechas en EEUU. Y viceversa, el color azul, que es el color de las derechas en Europa, es el color de las izquierdas en EEUU. Cuando en el día de las elecciones el mapa electoral de EEUU se teñía de rojo, sobre todo en el centro y sur de EEUU, parecía que “los rojos” habían tomado todas estas partes del país. Los rojos, sin embargo, eran los azules en España, es decir, las derechas.

También existen diferencias en el lenguaje. Una persona definida como “liberal” en Europa es un político o un economista que desfavorece políticas redistributivas, minimiza las intervenciones gubernamentales y no quiere ni oír hablar de aumentar los impuestos de los ricos y de las rentas del capital. En EEUU, sin embargo, ser “liberal” es todo lo contrario. Es un político o un economista que está a favor de políticas redistributivas, favorece el intervencionismo gubernamental y ve con buenos ojos el incremento impositivo de las rentas del capital y de los súper ricos. En otras palabras, lo más próximo a un liberal estadounidense es un socialdemócrata europeo. Los medios de información españoles, sin embargo, al traducir literalmente el término “liberal” estadounidense cuando se refieren a personalidades progresistas de aquel país, crean unas confusiones tremendas. Referirse, como hacen muchos medios en España, al político Jesse Jackson sénior, uno de los dirigentes de la izquierda estadounidense, o al fallecido senador Kennedy, uno de los senadores más progresistas de EEUU, como “liberales”, desorienta en gran manera al público español que se informa a través de tales medios, que traducen palabra por palabra lo que leen en la prensa estadounidense. Tal confusión la he podido oír frecuentemente en voces de tertulianos y periodistas poco conscientes de este error.

Otra diferencia, esta vez en los instrumentos políticos en ambos lados del Atlántico Norte, es lo que se entiende por partido político. En Europa, un partido político es un colectivo que (en teoría) decide colectivamente con un ideario común compartido por la militancia que participa (en teoría) en el desarrollo de su programa y en la elección de sus dirigentes. Aunque esta militancia y el gobierno colectivo están desapareciendo en muchos partidos (de ahí que utilice el término “en teoría”), las diferencias de los partidos políticos europeos con los partidos estadounidenses son todavía sustanciales. El sentido de militancia en estos últimos no existe. El ciudadano se registra para votar como Republicano, como Demócrata, o como Independiente. Y no hace nada más hasta el día que vota en las primarias del Partido Republicano o Demócrata. Las primarias son un buen sistema, pero es la única participación que el miembro del partido tiene en la candidatura final. Por lo demás, los miembros activos que participan y deciden son los cargos elegidos y los aparatos de tales partidos. Se me dirá, con razón, que hoy la gran mayoría de partidos de Europa están también evolucionando hacia este tipo de prácticas. Pero sus raíces son distintas y sus prácticas todavía recuerdan sus orígenes. En Europa, la mayoría de partidos de izquierda eran la rama política de movimientos obreros que organizaban la vida social así como la política de tales grupos. No así con el Partido Demócrata, que es un aparato de representantes políticos y personas que aspiran a ser representantes políticos. Que ello esté también ocurriendo en muchos partidos de Europa (y España) no niega las diferencias todavía existentes entre los partidos estadounidenses y los europeos.

En EEUU, los partidos son paraguas que acogen una enorme variedad de sensibilidades. En el Partido Demócrata hay desde sensibilidades próximas a los partidos socialista y comunista hasta la derecha conservadora de los Estados del Sur, la parte más conservadora de EEUU. El Partido Republicano, sin embargo, es hoy menos diverso. El aparato del partido está controlado por el Tea Party, que con su nacionalismo extremo, inspiración y fundamentalismo religioso, sentido de superioridad, resultado de pertenecer a una nación escogida por Dios para realizar su labor “civilizadora”, liberando al mundo de comunistas y socialistas (que son todos los que no están de acuerdo con ellos), con un estilo jerárquico, machista e intolerante de la diversidad, tiene semejanzas con la ultraderecha presente dentro del partido conservador que gobierna España.

La privatización del sistema electoral. El punto vulnerable de la democracia en EEUU

Pero la mayor diferencia de las prácticas políticas entre EEUU y España es la financiación de las campañas electorales, que es predominantemente privada en EEUU. Las campañas electorales de los candidatos a cargos representativos son financiadas con fondos privados procedentes de donantes que en su gran mayoría son grandes empresas financieras y grandes corporaciones que quieren influenciar las decisiones legislativas que afectarán a sus intereses, y son los componentes de lo que se llama en EEUU la Corporate Class, es decir, la clase de los dirigentes de las grandes compañías que manejan la vida económica y financiera del país (la imagen idealizada del proceso electoral, que asume que los candidatos son financiados por las personas normales y corrientes, que envían sus donaciones de 25 o 50 dólares a su candidato, es profundamente falsa). Ello implica que las campañas electorales de los congresistas que se sientan en Comités del Congreso de EEUU, que tienen que tomar decisiones, por ejemplo, sobre el sistema sanitario, están financiadas por las compañías de seguro sanitario privado, las compañías farmacéuticas, el sector industrial sanitario, las grandes asociaciones médicas, y un largo etcétera, que incluye los grupos de presión que gestionan y actúan en el sector sanitario.

Esta situación no existe en dimensiones comparables en Europa, cuya regulación del sistema electoral no permite todas estas prácticas que se considerarían corruptas. Ni que decir tiene que algo de ello ocurre, más en los partidos conservadores y liberales, próximos al mundo empresarial, que en los partidos de izquierdas. Pero incluso entre los primeros, tal comportamiento es mucho menor que en EEUU, donde ni siquiera se considera corrupción esta práctica de comprar favores del legislador.

Esta situación crea un gran distanciamiento de la población hacia las instituciones representativas. El 72% de la población no se considera representada por el Congreso de EEUU, el cual se percibe como un instrumento de la citada Corporate Class. Sólo el 52% del electorado vota en las elecciones presidenciales, siendo este porcentaje incluso menor (30%) en las elecciones de los Estados (equivalentes a las CCAA en España) y en las elecciones municipales. Puesto que en EEUU hay una relación directa entre nivel de renta y participación electoral (a más renta, mayor participación), este dato implica que casi la mitad de la población, la que está por debajo de la mediana, no vota. Este sector no votante es la mayoría de la clase trabajadora estadounidense, que no vota por ser la que se siente menos representada. El 72% de esta población (cuya renta está por debajo de la mediana) se autodefine como clase trabajadora, y un 28% como clase media (General Social Survey. 2008).

¿Qué pasó en las últimas elecciones a la Presidencia y al Congreso de EEUU?

La falta de conocimiento de estas realidades ha dado pie a muchos malentendidos en los reportajes de lo ocurrido en las últimas elecciones. Por ejemplo, continuamente se presentan las propuestas de los candidatos ganadores como representativas de las propuestas deseadas por el pueblo estadounidense, sin clarificar que, en general, la mayoría de los candidatos tienen posturas mucho menos progresistas que la población, tanto votantes como no votantes. Se olvida, por ejemplo, que el candidato vencedor, el presidente Obama, sostiene propuestas definidas dentro de un marco condicionado por sus financiadores. La reforma sanitaria de Obama, por ejemplo, aunque importante, no resuelve el gran problema de la falta o insuficiencia de cobertura de los servicios sanitarios para millones de estadounidenses. Aunque su reforma disminuye el número de personas sin cobertura sanitaria o con cobertura limitada, no resuelve el problema de falta de universalidad que asegure a cada ciudadano el acceso a la atención sanitaria, y ello como consecuencia de que la reforma Obama no se atreve a enfrentarse con las compañías de seguro que controlan el sistema sanitario. Si, tal como hizo el partido socialdemócrata canadiense, hubiera eliminado las compañías de seguro, siendo el gobierno federal -junto con el gobierno de los Estados-, el que contratara los servicios sanitarios para atender a la población, en lugar de hacerlo a través de las compañías de seguros, como la mayoría de la ciudadanía estadounidense desearía que se hiciera (extendiendo a toda la población el programa Medicare, de financiación pública, que ahora cubre sólo a los ancianos). EEUU podría proveer cobertura universal –como ocurre en Canadá- a un costo mucho menor y con mayor satisfacción ciudadana, como ya ocurre en Canadá. Ahora bien, las compañías de seguro y la banca han financiado la campaña del Sr. Obama (y también la del Sr. Romney), lo cual limita lo que Obama considera factible en sus propuestas. Ni que decir tiene que el hecho de que los dos candidatos estuvieran financiados por las mismas fuentes no significa que adopten posturas semejantes. Obama es mejor que Romney en la gran mayoría de propuestas, incluidas las sanitarias. Pero Obama no se atreve a hacer los cambios que la mayoría de la ciudadanía desea por no enfrentarse a tales compañías, que controlan los Comités del Congreso, responsables de temas sanitarios. Y la población es consciente de ello, lo cual explica la escasa popularidad del Congreso. Tal institución es de las menos valoradas por la población estadounidense.

Otra información defectuosa que se ha publicado en los medios de comunicación es su presentación de que los dos candidatos estaban bastante equilibrados en su apoyo entre la población. Se ha llegado a esta conclusión cuando se hacían encuestas basadas en la población votante (las que, por cierto, fueron frecuentemente erróneas). Pero si se hubieran hecho entre la mayoría de la población, incluyendo la casi mitad de estadounidenses que no votó, podrían haber visto que la mayoría de éstos (según la encuesta de Pew Research Center), pertenecientes en su mayoría a la clase trabajadora, eran más progresistas que los votantes, apoyando más a Obama (como mal menor) que a Romney. También estaban más a favor de que el gobierno aumentara los impuestos de las rentas superiores que los votantes (que también favorecían tal aumento) y de que se interviniera más activamente en la esfera económica y financiera del país. También favorecían más la expansión de la cobertura sanitaria así como la retirada de las tropas del Ejército, que los votantes (que también era favorecida por la mayoría de votantes). Estas opiniones corresponden a la clase trabajadora estadounidense cuya movilización puso a Obama en el poder, lo cual tampoco apareció en los medios.

Tales medios dieron gran énfasis a los componentes étnicos y raciales, señalando el gran apoyo que recibió Obama entre afroamericanos e hispanos, sin subrayar que el elemento común de estos grupos es que la mayoría son de clase trabajadora, predominantemente no cualificada. Estos grupos votan menos que la población en general, aunque la gran mayoría vota Demócrata y votó al candidato Obama. Pero los sectores blancos de tal clase trabajadora que vota, vota también Demócrata (en menores porcentajes que los afroamericanos e hispanos). La gran abstención de esta clase es el mayor problema que tienen los Demócratas. De ahí que, como señala Mark Weisbrot, uno de los mejores analistas de la política y de la economía estadounidense, en su artículo en The Guardian, (“Barack Obama’s carefully crafted economic populism carries the day”, 07.11.12), Obama centró sus esfuerzos en movilizar al votante potencial entre los no votantes, la mayoría pertenecientes a la clase trabajadora y clase media de renta media y baja. Obama pudo movilizar a los no votantes, con un discurso (que los republicanos odian y llaman despectivamente “lucha de clases”) en el que presentó a los Republicanos como el partido de los ricos y a Romney como el representante del capitalismo de la banca que se había hecho rico especulando y destruyendo puestos de trabajo, una descripción como banquero especulador que definía bastante bien al candidato republicano, cuyos comentarios despectivos hacia las clases populares, en su famoso encuentro con sus financiadores, causó una tormenta que animó a votar a sectores de la clase trabajadora que probablemente se hubieran abstenido. Y fue esta movilización en Estados claves, sobre todo industriales, lo que le dio la victoria.

La división de la población en grupos raciales y étnicos, sin tener en cuenta su clase social, llega a conclusiones erróneas, como vimos en los reportajes de las elecciones. El que la mayoría de los votantes blancos no votaran a Obama se debe en parte a que en la composición de la población votante (la mayoría de clase media), los votantes blancos pertenecen a la clase media de renta mediana alta, y su comportamiento electoral tiene muy poco que ver con la raza. En realidad, aunque la mayoría de estadounidenses blancos votaron a Romney, los que votaron a Obama en este grupo aumentó. La clase social es una categoría raramente analizada en EEUU. Y sin embargo, juega un papel determinante en explicar el comportamiento electoral, tanto de los votantes como de los no votantes. Y de esto, usted, lector, no tendrá información a través de los medios. Espero que considere esta información útil y valiosa, y en este caso la distribuya extensamente.

Los motivos de la Eurohuelga

VINCENÇ NAVARRO




Este artículo analiza las causas del deterioro del bienestar social y calidad de vida de las clases populares de la mayoría de los países de la Eurozona y muy en especial de los países periféricos de tal zona monetaria, es decir, España, Grecia y Portugal. Entre ellas, las más importantes son el dominio de las fuerzas conservadoras sobre los Estados de tales países y del sistema de gobernanza de la Unión Europea y de la Eurozona, y las políticas públicas que determinan. De ahí la necesidad de la respuesta masiva de protesta convocada por los sindicatos el día 14 de noviembre.

Partidos conservadores y neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones públicas; y 8 ) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y claramente convincente (ver sección Economía Política en www.vnavarro.org).

Donde tales políticas han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.

Tal dominio conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2) tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar (transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24% en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15. (La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado -tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo –junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de 9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España, Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1% de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un 0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en Grecia y Portugal).

En todos estos países un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras, económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados, habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España, donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea escasamente proporcional y representativo.

Las consecuencias de este dominio conservador

La reducción de la capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella inversión especulativa. Durante el boom económico, creado artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su dimensión.

Como respuesta, el Estado español (así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000 millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras. Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán, para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas inmorales, injustas y antidemocráticas.

Y digo antidemocrática porque, tal como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público, 01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de la democracia está en peligro.

¿A quién no ayuda la huelga?

ESTHER VIVAS


Público

“La huelga no ayuda en nada a España. No ayuda a la imagen de España” decía el presidente Mariano Rajoy en una de sus primeras valoraciones de la convocatoria del 14N. Pero, ¿a quién no ayuda la huelga? Obviamente, a aquellos que se están beneficiando de la presente situación de crisis. Son estos a quiénes una huelga general no conviene y por eso, precisamente, hay que hacerla.

Casi seis millones de parados, una de cada cinco personas viven por debajo del umbral de la pobreza, 532 desahucios al día, más de un millón de personas pasan hambre… Nos sobran los motivos para ir a la huelga. Una huelga que no ayuda a Mariano Rajoy, ni a sus “amigos”, ni a los intereses de sus “amigos”. He aquí la razón de la huelga, un acto de fuerza contra los intentos de la minoría financiera de sacrificar a la mayoría de la sociedad para salvar sus negocios y aumentar sus privilegios.

¿Mala imagen? ¿Qué la huelga da mala imagen? Lo que me parece que realmente da mala imagen son las colas cada día más largas en las puertas del INEM, las detenciones preventivas a activistas sociales, los comedores sociales desbordados, la gente que es echada de sus casas, las declaraciones de Wert, las amenazas de intervención militar a Catalunya… Esto sí da mala imagen y muestra al mundo lo que hoy es el Estado español: un país golpeado de lleno por la debacle económica, con un régimen en crisis y con una clase política incompetente al servicio de una élite financiera depredadora.

Que nadie se sorprenda entonces si el Estado español se ha convertido en noticia internacional, al encabezar el ranking europeo de la desigualdad y el paro. Los sueños de grandeza de algunos se esfumaron y el papel internacional que le toca a hacer al Estado español es el del anti-ejemplo en casi todo. ¿Hay excepciones? Sí, claro. La gente que lucha en la calle, que protesta, que reivindica sus derechos, que no se resigna, que no tiene miedo, que pide justicia y democracia, que reivindica el derecho a decidir… Eso sí da buena imagen. El 15M fue una buena muestra, aunque a más de uno no le guste.

Un fantasma recorre Europa

El 14N tenemos huelga general y lo que es más importante, e inédito, huelga general en el Estado español, Portugal, Gecia, Chipre, Malta, Bélgica francófona y cuatro horas de paro en Italia. Parece ser que un fantasma empieza a recorrer la periferia de la Unión Europea, de esa Europa golpeada por la crisis, los ajustes, la deuda y la austeridad. Una huelga general que tiene que ser un primer paso para empezar a coordinar las resistencias a escala continental. El capitalismo es global y la respuesta tiene, también, que ser global, solidaria e internacionalista. Los sindicatos mayoritarios llevan un retraso histórico y hasta ahora no han hecho casi nada para coordinar internacionalmente las luchas. El 14N, aunque llega tarde, es al menos un paso adelante.

Una huelga general que no puede limitarse a ser sólo una huelga en los centros de trabajo. Hay que avanzar hacia una huelga social y ciudadana. Una huelga donde no sólo paren las empresas sino, también, las escuelas, los supermercados, los equipamientos sociales… y, en definitiva, los barrios y las ciudades; donde personas en paro, precarias, jubiladas… tengan su lugar y su papel; donde se creen comités de barrio para prepararla y grandes manifestaciones para ese día. Una huelga que tiene que ser una palanca para impulsar un proceso de lucha sostenido en el tiempo. Y para que después de una huelga general, como ha pasado en Grecia, venga otra y otra y otra.

El 14N no sólo debe servir para protestar por los últimos recortes de Rajoy. Hay que ir más allá. Stop deshaucios, stop despidos, stop pobreza y stop deuda, es lo que pedimos. ¿Pagar su crisis? ¿Pagar su deuda? ¡Que no cuenten con ello! Vivimos una situación de emergencia social y las demandas de la huelga tienen que estar a la altura de las circunstancias, tomando el espíritu del 15M y del 25S “Rodea el congreso”, sin los cuales hace tiempo estaríamos vencidos.

¿Derecho al trabajo?

De aquí unos días, y a medida en que se acerque la fecha de la huelga, oiremos en tertulias y debates varios invocar el “derecho al trabajo”. Pero, ¿tenemos “derecho al trabajo” y a un trabajo digno los 365 días del año? Creo que no. Acordarse sólo del “derecho al trabajo” cuando hay huelga resulta sospechoso. Como tampoco creo que muchas personas en trabajos precarios, eventuales, subcontratas… puedan ir el próximo día 14N a la huelga sin arriesgarse a perder el empleo. Los piquetes en una huelga general son imprescindibles para garantizar que cada uno de nosotros pueda hacer huelga, al margen de las presiones de la patronal y para vencer a su piquete del miedo y la coacción, un piquete invisible, que no sale en los medios, pero letal. “Sin miedo” ha sido una de las grandes consignas del 15M, pero funciona mejor en la calle que en el puesto de trabajo.

Y, precisamente, porque queremos trabajar dignamente vamos a la huelga general. “Pero perderé un día de trabajo y sueldo… y para no conseguir nada” dirá más de uno. ¿Y cuánto vamos a perder si no paramos, si no nos manifestamos, si no hacemos huelga? Mucho más, sin lugar a dudas.

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Canallada en la red

VINCENÇ NAVARRO

Uno de los hechos que más me afectó cuando, tras muchos años de haber tenido que ausentarme por razones políticas de nuestro país, volví a integrarme a la vida académica y a la vida política española (mis áreas de trabajo y conocimiento son las ciencias políticas y sociales y la economía política), fue ver en primera persona las consecuencias que cuarenta años de dictadura habían dejado en la escasamente desarrollada democracia española. La cultura política reproducía con excesiva frecuencia comportamientos antidemocráticos con una abundancia de insultos y manipulaciones (sin límites y frenos) que, aún siendo mucho más frecuentes entre las fuerzas conservadoras (herederas de los estamentos y grupos sociales beneficiarios de la dictadura y todavía muy influyentes en los aparatos del Estado) también aparecía entre sectores de las izquierdas. Estos comportamientos empobrecían y continúan empobreciendo enormemente la democracia, ya en sí tan limitada, que existe en España. Ni que decir tiene que en otros países donde he vivido (Suecia, Gran Bretaña y EEUU) también ocurren ejemplos de tales comportamientos (mucho más en EEUU que en Suecia o la Gran Bretaña, pero, en general, son menores y menos frecuentes que en España, donde alcanzan niveles extremos (y que considero asfixiantes).

Todo esto sirve como prólogo a lo que voy a contar. En octubre del año pasado escribí un artículo en la revista Digital Sistema titulado “El fraude, la Banca, y el The New York Times” en el que citaba al The New York Times en su estudio del fraude fiscal en España y la tolerancia existente en el Estado hacia tal práctica realizada, entre otros, por personalidades del sector bancario del país. El The New York Times citaba el caso de la familia Botín que defraudó a fisco español sin que ello hubiera conllevado consecuencias para tal familia. Y así lo reproduje en mi artículo, en el que centraba mi crítica en el comportamiento fraudulento de la banca. Tal artículo mío, publicado ya hace un año, pasó sin pena ni gloria, prácticamente desapercibido no solo en los medios escritos de mayor difusión sino también en los medios digitales y en la red.

Ahora bien, hace solo unas semanas un lector de mi blog me notificó que una copia de este artículo había aparecido de nuevo y estaba siendo distribuido ampliamente en la red, habiendo sido reproducido en muchas revistas digitales de la izquierda radical. El lector, en su nota, me dijo que le había alarmado recibirlo porque leyéndolo vio algo que le hizo sospechar que era una manipulación. Decía el lector que una parte del texto no encajaba ni con el estilo ni con la narrativa que suelo yo utilizar. Es más, decía él, en el artículo mío original yo centraba mis críticas en los banqueros, mientras que en el artículo que él recibió aparecía una larga lista de supuestos defraudadores, lista que incluía políticos conocidos, la mayoría de los cuales eran de sensibilidad conservadora. Contrasté inmediatamente la copia que el lector había recibido y que me había enviado con la copia original de mi artículo del 2011 colgada en mi blog. Y pude cpmprobar que sí que se había manipulado el texto. Un canalla (y no hay otra manera de definirlo) introdujo su propia lista de supuestos defraudadores del fisco, añadiéndola a la lista de banqueros que yo y el The New York Times citábamos. Poniendo tales nombres en mi artículo, el canalla quería utilizar la credibilidad que ofrece mi firma para dar la impresión de veracidad a lo que él o ella falseaba.

Me indignó y denuncié tal manipulación en mi blog escribiendo a las revistas que habían publicado tal artículo exigiendo su retirada con una nota correctora lo cual varias hicieron. Naturalmente, solo escribí a aquellas revistas que conocía que habían sido cómplices, sin saberlo, de tal canallada. Pero el hecho es que esta falsa y manipulada versión de mi artículo se ha distribuido extensamente consiguiendo así lo que tal canalla quería –difundir falsa información- lo cual me lleva a hacer la siguiente reflexión.

Existe demasiada laxitud en el comportamiento editorial de gran número (no todas) de revistas digitales de la izquierda radical que están dañando enormemente a las izquierdas, haciéndoles perder credibilidad. La evidencia es bastante extensa. Constantemente se publican datos, sin suficiente verificación, o se reproducen artículos sin citar el lugar de su publicación y/o sin autorización de los autores, y se citan a personas sin transcribir correctamente lo que tal persona ha dicho y así un largo etcétera. Se me dirá con razón que lo mismo ocurre en la mayoría de revistas y medios (mucho más frecuentemente en los medios de derechas que en los de izquierdas). La generalización de tales prácticas (junto con la enorme cantidad de insultos, sarcasmos, notas ofensivas, y continuo sectarismo) es precisamente un indicador de la baja calidad de la democracia limitadísima que este país tiene. Pero las izquierdas no pueden permitir en su seno que se reproduzcan las prácticas que masivamente se presentan en los medios de derechas de este país. El coste de estas prácticas es excesivamente elevado.

Un claro ejemplo de este coste es lo que ocurrió hace unos días en la Cámara de los Diputados de las Cortes Españolas, durante la presentación por parte del diputado Sabino Cuadra del partido Amaiur, de una moción sobre “la necesidad de abordar una política que impulse decididamente el reparto de las riquezas y rentas existentes en nuestra sociedad”, un tema de enorme importancia hoy en España. En la defensa de su moción, durante el debate que siguió a su presentación, el Sr. Sabino Cuadra me citaba a mí como fuente de la información sobre defraudadores del fisco por parte de figuras conocidas en el mundo político, indentificadas con nombre y apellidos, que habían aparecido en el artículo manipulado ampliamente distribuido en la red al cual me refiero en la primera parte del artículo. Ni que decir tiene que creó gran revuelo en la Cámara. Varios Congresistas sin embargo, le señalaron al Sr. Sabino Cuadra a nivel personal que tal información era falsa pues habían leído en mi blog mi denuncia de aquella manipulación canallesca de mi artículo. El Sr. Sabino Cuadra me escribió al día siguiente una carta de disculpas, reconociendo que se había equivocado utilizando la información provista en el infame artículo manipulado, en lugar de utilizar la versión auténtica original, aceptando mi crítica de que nunca tenía que haber hecho tal grave acusación sin comprobar la veracidad de la acusación conmigo o con mi blog. El daño, sin embargo, se había hecho y aun cuando me consta que el partido Amaiur ha hecho un comunicado pidiendo disculpas a mí y a los injuriados en sus declaraciones, el hecho es que tal error ha tenido y puede continuar teniendo costes políticos elevados, pues tales errores se utilizan para desacreditar a las izquierdas. La intoxicación mediática tiene este fin: dañar a las pocas voces críticas que existen tanto en el mundo académico como en el mundo político cuestionando su credibilidad, el activo más importante para cualquier voz que está en una situación minoritaria. De ahí que las izquierdas debieran ser las primeras en exigir rigor en sus revistas y comunicaciones, previniendo prácticas como las aquí denunciadas.

A lo largo de mi larga vida profesional, he intentado ser muy autoexigente en cuanto a los datos que utilizo, pues soy consciente que los muchos adversarios que analizan mis escritos con lupa, intentarán destruirme si pueden encontrar un error. De ahí que casi nunca, en su campaña de descalificación personal, se centran en los datos. Esta práctica me permite exigir que, por el bien de las fuerzas progresistas de este país, las fuerzas progresistas, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales denuncien con toda contundencia tales manipulaciones tomando las medidas necesarias que prevengan la difusión involuntaria de tales canalladas. Yo puedo controlar mis datos pero no aquellos que se manipulan en mis escritos o que se me atribuyen erróneamente. Contra esto no hay nada que pueda hacer, excepto denunciarlo cuando sé de su existencia. Tengo que pedir a las personas con sensibilidad democrática que lo denuncien también, y tomen medidas para que tales comportamientos se extirpen en este país.

Causas del retraso social de Cataluña

VICENÇ NAVARRO





El Estado del Bienestar (que incluye transferencias públicas como las pensiones, y servicios públicos tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, entre otros) en Catalunya está financiado por debajo de lo que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. Mientras que el PIB por cápita catalán representa el 110% del promedio de la UE-15 (los países de la Unión Europea de mayor desarrollo económico) su gasto público social por habitante es sólo el 73% del gasto público social promedio de tal grupo de países. Si en lugar del 73%, fuera el 110%, Catalunya se gastaría en su Estado de Bienestar 19.600 millones de euros más de los que se gasta ahora. En realidad, Catalunya es una de las partes de la UE-15 que se gasta menos en su Estado del Bienestar. Mírese como se mire, Catalunya se gasta poco en las transferencias y servicios públicos de carácter social lo cual explica su escaso desarrollo. Menos de una persona adulta de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar, comparado, por ejemplo, con una de cada cuatro en Suecia.

La explicación más común que se da en los círculos políticos más hegemónicos de Catalunya a tal retraso social es el déficit fiscal, es decir, a la diferencia de fondos que existe entre la aportación de los ciudadanos en Catalunya al Estado central a través de sus impuestos, y los fondos que reciben de él, una cantidad que la Generalitat de Catalunya calcula que es un 8% del PIB catalán, porcentaje referido en el lenguaje belicista de algunas formaciones políticas catalanas como “expolio”. Tal déficit fiscal existe y la resistencia por parte del Gobierno central a admitir que existe y/o a resolverlo está creando una enorme frustración y enfado popular, que junto con las decisiones del Tribunal Constitucional, eliminando elementos emotivamente muy importantes del Estatuto de Catalunya (tras haber sido éste refrendado por la población catalana) ha desembocado en un movimiento de claras raíces populares que protesta por la insensibilidad del establishment político español, basado en Madrid, hacia la excesiva centralización en la gestión de los impuestos y la oposición de tal establishment a reconocer el carácter plurinacional del Estado español.

Ahora bien, los datos muestran que el enorme retraso social de Catalunya no se debe primordialmente a su déficit fiscal. Catalunya debería destinar a gasto social, por el nivel de riqueza que tiene, 8.210 unidades de poder de compra (unidad monetaria que se utiliza para homologar la capacidad de compra en países con distinto nivel de riqueza) por habitante. Ahora bien, se gasta mucho menos, sólo 5.475 upc. Si el 8% del PIB (tamaño del calculado déficit fiscal) se retuviera en Catalunya y se distribuyera de la misma manera que se distribuye hoy el presupuesto de la Generalitat de Catalunya, Catalunya pasaría a gastarse 6.236 upc por habitante, lo cual es una corrección importante, pero muy insuficiente para gastarse lo que le corresponde por su nivel de riqueza.

¿Cuál es, pues, la causa del enorme retraso social de Catalunya? La respuesta es que tal retraso se debe a las mismas causas que originan el retraso social de España, es decir, la gran influencia que las fuerzas conservadoras han tenido históricamente sobre el Estado español, tanto central como –desde el inicio de la democracia- en la Generalitat de Catalunya, influencia que ha determinado su pobreza de recursos públicos. El porcentaje de ingresos al Estado (tanto central como autonómico) ha sido y continúa siendo de los más bajos de la UE-15, siendo esta pobreza, por cierto, una de las mayores causas de su actual crisis financiera. No es por casualidad que los países que tienen mayores déficits públicos en la UE-15 (Grecia, Irlanda, Portugal y España) hayan sido gobernados por dictaduras (España, Grecia y Portugal) o Gobiernos autoritarios (Irlanda), profundamente conservadores, durante largos periodos de tiempo, que configuraron Estados pobres, con escasa sensibilidad social, y poco redistributivos. Y aun cuando cambios importantes han ocurrido en su periodo democrático, la gran influencia de las fuerzas conservadoras en las instituciones del Estado (incluidos en España el Estado central y la Generalitat de Catalunya) ha limitado su desarrollo social. Y así lo muestran los datos.

Los ingresos al Estado representan sólo el 34% del PIB en España (el 34% en Irlanda, el 39% en Portugal, el 37% en Grecia), un porcentaje más bajo que el promedio de la UE-15 (44%) y mucho más bajo que Suecia (54%). El retraso social aparece reflejado en el bajo porcentaje de la población que trabaja en el Estado del Bienestar en España, un 10% (el 11% en Grecia, el 7% en Portugal y el 12% en Irlanda). En Catalunya es un 9%, que podría alcanzar casi el promedio de España (10%) si se corrigiera el déficit fiscal y los recursos obtenidos se distribuyeran según las actuales prioridades del presupuesto de la Generalitat. Nótese que incluso con la corrección del déficit fiscal, Catalunya continuaría con uno de los Estados del Bienestar con menos recursos humanos de la UE-15.

Es cierto que el establecimiento de la democracia permitió reducir el retraso social. Pero el incremento de gasto público social (que cubre las transferencias y los servicios del Estado del Bienestar) por habitante se ralentizó a partir de la integración de España en la UE y en la Eurozona, pues los fondos del Estado que iban a corregir el déficit social de España (medido por la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15) fueron destinados, a partir de 1993, a reducir el déficit público del Estado en lugar de a disminuir aquel déficit social, con lo cual este último aumentó. Éste pasó de ser 1.793 upc en 1995 a 2.237 upc en 2004, bajando a 1.845 upc en 2007, año que comenzó la crisis. Es importante subrayar que en este último año, el déficit social era todavía mayor que al principio del proceso de integración de España en el euro. Una de las realidades más desapercibidas en los medios de información es que el euro se estableció en España a base de ralentizar la corrección del enorme déficit social español.

Un tanto similar ha estado ocurriendo ahora, cuando la respuesta para salir de la crisis y salvar el euro ha sido también recortar el gasto público social, bajo el argumento de que no hay alternativas, aún cuando los datos muestran que sí las hay. Así, en lugar de la congelación de las pensiones que hizo el Gobierno Zapatero (para conseguir 1.200 millones de euros) se podrían haber mantenido el impuesto de patrimonio (consiguiendo 2.100 millones de euros) o cancelando la reducción del impuesto de sucesiones (obteniendo 2.552 millones de euros). Y en lugar de recortar, como decidió el Gobierno Rajoy, 6.000 millones de euros para la sanidad se podrían haber revertido los recortes del impuesto de sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan menos de 0.12% de todas las empresas) obteniendo 5.300 millones de euros.

En realidad, los recortes de impuestos que tomaron lugar con la reforma tributaria del 2006, en la fase expansiva de la economía, significaron, según los datos del Ministerio de Hacienda, un agujero en las arcas del Estado de casi 20.000 millones de euros. Es más, la manera como se hizo tal reforma, aprobada por los dos partidos mayoritarios y CiU, aumentó la gran regresividad de las políticas fiscales, una de las mayores causas de la pobreza del Estado y de la Generalitat de Catalunya, siendo la otra causa (además del siempre presente y nunca resuelto fraude fiscal, uno de los mayores de la UE-15) el bajo porcentaje de pagadores de impuestos por vía directa, resultado del bajo porcentaje de la población que trabaja, consecuencia de la poca participación de la mujer en el mercado de trabajo, causado, en parte, por el escaso desarrollo de los servicios del Estado del Bienestar (como escuelas de infancia y servicios domiciliarios) que permiten compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, otra de las consecuencias de la influencia conservadora en la vida política del país.

A la luz de estos datos, parecería más acertado canalizar el enfado popular hacia las opciones políticas que, a través de sus políticas y alianzas a los dos lados del Ebro, han desarrollado políticas fiscales y sociales responsables del subdesarrollo social de Catalunya y de España. Y entre ellas están en lugar prominente los partidos gobernantes de Catalunya y de España los cuales han coincidido en sus políticas de recortes y regresividad fiscal, realidad que intenta ser ocultada tras la agitación de las banderas.