viernes, 24 de febrero de 2012

#PrimaveraValenciana contra el #CentroReformista

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JAVIER PARRA

La República



No nos gobierna el fascismo amigos, ni la derecha, ni siquiera la ultraderecha. Lo que nos gobierna es el “Centro Reformista”. Así es como les gusta llamarlo a los dirigentes de ese partido gobernante de cuyo nombre no me apetece ni acordarme. Pero si quieren que digamos que son ”de centro reformistas”, pues hagámoslo. Expliquemos que las letras del concepto “centro reformismo” se escriben con la sangre de los estudiantes en el pavimento, con las cabezas abiertas de niños y niñas que protestan contra las reformas en educación, o símplemente porque se ven obligados a arroparse con mantas en clase porque no tienen calefacción.

Expliquemos que el “centro reformista” es el saqueo de la Sanidad Pública y de la Educación Pública para ponerlos en manos privadas, a poder ser católicas y apostólicas. Expliquemos que el “centro reformista” es encadenar a los trabajadores al cortijo de la patronal para que haga con ellos lo que quiera, incluso que haga uso del derecho de pernada si es necesario. Expliquemos que el “centro reformista” es seguir sacrificando a España en el altar de los mercados. Expliquemos que el “centro reformista” es acabar con el derecho a la huelga, o permitir que te puedan echar la puta calle por cuatro duros. Expliquemos que el “centro reformista” es entregar España a los bancos, arrodillarse ante Merkel, dejarse sodomizar por Sarkozy. Expliquemos que el “centro reformista” es militarizar las calles de toda España y proclamar de facto un estado de excepción permanente. Expliquemos que el “centro reformista” es consentir que un mando policial llame a los estudiantes “el enemigo”.

Quizá así, si llamamos a las cosas por el nombre que quieren que le demos a la ideología de este gobierno, consigamos que el despistado que aún se crea la falacia del “centro reformismo” deje de hacerlo. Quizá muchos hombres y mujeres, muchos jóvenes en Valencia, en España y quizá en el mundo, han aprendido como nunca la lección de lo que es el “centro reformista”. Y frente a todo ese inmenso charco de indignidad, miseria y mediocridad, los imberbes jóvenes valencianos están dando una lección bravura. Esos chavales y los de su generación nunca olvidarán por qué los apaleaban, quienes los apaleaban, ni quien gobernaba cuando los apaleaban. Esta generación de jóvenes va a crecer en las condiciones de presión más extremas, y es en estas condiciones donde se forman los diamantes. En mi opinión esta va a ser la generación de jóvenes mejor formada políticamente en este país desde hace mas de medio siglo, y la que con su ejemplo puede hacernos entender que si el “centro reformista” quiere esclavos, le daremos Espartacos.

jueves, 23 de febrero de 2012

Otro agujero en la “democracia” española

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OLIVER SAMORA ORIA


Cubadebate



Hace algunas semanas, la justicia defraudó a miles de esos españoles, que durante décadas escuchan una y otra vez a los políticos hablar sobre los logros democráticos del país; miles de personas deseosas de que los discursos se traduzcan en realidad y frustrada por la inhabilitación por once años dictada por el Tribunal Supremo sobre el juez Baltasar Garzón, el mismo magistrado lanzado a la fama por aquellas investigaciones que persiguieron sin mucho éxito al dictador chileno, Augusto Pinochet.

Garzón cometió un error, pensó que era posible repetir la historia, pero ahora en casa. España también tuvo su dictador, Francisco Franco, quien tuvo un logro parecido a Pinochet en Chile: dejar tras su muerte un país y un sistema político como le vino en ganas, incluso, en el caso de Franco, tuvo la “gentileza” de restaurar en el trono al heredero de los Borbones derrocados años atrás. Los franquistas, como los pinochetistas en Chile, pasaron a liderar las filas de la derecha en sus países bajo la condición de intocables. Repito, Garzón aspiró a desempolvar los crímenes del franquismo en la cara de sus herederos políticos y se equivocó. A estas alturas debe estar convencido de que sobreestimó la democracia en su país.

¡Obvio! Después de tantos años inculcando en la mente de los ciudadanos la fortaleza de la democracia española, el “sistema” no podía quedar al descubierto. Para cuidar la imagen se culpó al juez Baltasar de otros dos delitos: supuestos cobros ilegales de unos cursos en Nueva York y autorizar grabaciones ilegales en torno al famoso caso Gürtel, un escándalo de corrupción que salpicó al ahora gobernante Partido Popular; para ponerle nombres y apellidos y ser más exactos, salpicó al ex jefe de gobierno José María Aznar y al actual ocupante del cargo, Mariano Rajoy ¡Qué casualidad! Pensemos que no se trata de una venganza; pero nadie quedó convencido, el interés por investigar los crímenes de Franco fue la razón de su condena, así piensan todos.

¿Qué dicen los españoles? El 61 por ciento piensa que Garzón es objeto de una persecución política, alrededor del 77 por ciento, no debe ser un delito investigar los crímenes franquistas, en cuanto al Tribunal Supremo, tras la decisión, la imagen empeoró para 65 por ciento de los españoles y una cifra casi idéntica tiene una opinión mucho peor. Es la voz del pueblo, debería ser la voz de la democracia, pero sus representantes oficiales piensan diferente.

En los últimos once años se han descubierto alrededor de 300 fosas comunes con más de 5500 víctimas. Los forenses y arqueólogos, con o sin ayuda del gobierno, elaboran informes detallados para si un día, algún representante de la justicia como Garzón, desea su uso en sus investigaciones. Fueron asesinados por franco, la mayoría hombres entre 20 y 45, pero también adolescentes, mujeres y ancianos. A veces encuentran junto a los cadáveres algún objeto personal, una sortija o un peine, prendas de enorme valor para los familiares, el único consuelo mientras esperan justicia.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Pablo La Parra, el estudiante ejemplar que replicó al presidente Fabra

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DANIEL BORRÁS


Kaos en la Red


Pablo La Parra, galardonado en los Premios al Rendimiento Académico Universitario por tener el mejor expediente, tenía claro que gritar al aire no era suficiente. Después de manifestarse en las calles junto a los compañeros decidió hablar directamente con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. "Desde el respeto, pero tenía que hacerlo".Fabra acudió a esa entrega de premios y habló de "consenso" y "diálogo"; unas horas antes, justificaba ante los medios que la carga policial había sido "proporcional".

"Me pareció incoherente y se lo tenía que decir... ¿cómo puede justificar que golpeen a estudiantes?", afirma La Parra, de 24 años, licenciado en Historia del Arte y que actualmente prepara su doctorado en la Pompeu Fabra de Barcelona. Se dirigió al presidente y conversó con él durante varios minutos. Fabra le atendió, pero Pablo quedó "frustrado por su respuesta". "No puede utilizar un acto académico para presumir de política educativa y talante", dijo.

Pablo no se calló. Primero preguntó a Fabra sobre el supuesto exceso policial. Este respondió que los estudiantes "habían rebasado los límites del estado de derecho". Después, le preguntó por los recortes... "¡perome aseguró que no había recortes!". Le recordó algunos: "la falta de papel higiénico en el Max Aub, el conocido caso de las mantas, el propio Lluis Vives..." Pero el presidente, según La Parra, "criticó incluso la falta de educación del profesorado".

Su intervención puede compararse a lo que hacía Zidane: si eres el mejor jugando al fútbol, puedes salir al campo y demostrarlo. Nadie va a criticarte por hacer un regate de más. La Parra ya ganó un premio como mejor estudiante de Bachillerato, sus padres son catedráticos, "siempre he estudiado en escuelas públicas". Su opinión cuenta: "sin profesores, sin una buena educación, esto se hunde". Por eso, después de hablar con Fabra acudió a la manifestación. "Por supuesto", dijo.

El comportamiento de los estudiantes en Valencia está siendo, según su criterio, "ejemplar". "No se ha roto ningún escaparate". Y cree que por fin "se acabó la docilidad, la sociedad ha reaccionado". No importa qué ocurra mañana; las protestas no son el final de nada. "Esto es una continuación del 15M. Aunque no lo parezca en principio, en el fenómeno confluyen varias luchas con una raíz común: demandar más democracia participativa". ¿Primavera valenciana, entonces? "La primavera se presenta movidita", sonríe Pablo.

Los cómplices de los abusos policiales

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IGNACIO ESCOLAR

Público



Tras la desproporcionada violencia policial en Valencia, el presidente del Gobierno pide “mesura y sentido común”. “Este tipo de cosas no se van a repetir”, añade Mariano Rajoy. Depende de él. En su mano está ejercer la mitad de la mitad de la mano dura que han sufrido los estudiantes y castigar con ejemplaridad a los policías que se extralimitaron con “el enemigo”. Me temo que tal cosa no sucederá.

El viernes pasado, el Gobierno de Rajoy dejó clara cuál es su postura ante los abusos policiales: firmó un indulto para cinco mossos de escuadra condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, los mossos propinaron una paliza “con reiterados golpes y puñetazos” a un ciudadano falsamente acusado de un robo. Le pisaron la cabeza contra el asfalto. Le introdujeron el cañón de una pistola en la boca. Le dijeron: “Si la juez te suelta, te podemos matar; no serás el primero”. Fueron condenados a cárcel e inhabilitados, pero ni una cosa ni la otra sucederá. El indulto no sólo implica que se libren de la cárcel: también volverán a vestir el uniforme.

El perdón para los abusos policiales ni siquiera es una política nueva: el Gobierno de Zapatero también indultó, en septiembre de 2011, a otros tres mossos condenados a cárcel por dar una paliza a un hombre en la comisaría de Les Corts.

También está en manos del Gobierno obligar a los policías a mostrar visible su número de identificación en el uniforme. ¿Se acuerdan del violento desalojo de la acampada del 15-M en Barcelona? Un juez investiga esos abusos, sin éxito: pidió a la Generalitat que identificase a varios agentes. La Consejería de Interior respondió hace unas semanas: no sabe quiénes son.

El capitalismo devasta Europa

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DANIEL GOMEZ OLIVÉ

Diagonal



Estos días vemos cómo los líderes europeos están exprimiendo al máximo la piel de naranja griega, para asegurarse que todo el jugo vierta en sus vasos, sedientos como están de recobrar deudas helénicas. Las exigencias de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) al Gobierno griego nos muestran cuán cruel es la falta de solidaridad entre socios cuando de lo que se trata es del reclamo de deudas impagables. De la misma manera, vemos cómo la democracia y la garantía de derechos sociales se diluyen, en la justa medida en que la presión internacional exige al Gobierno griego que priorice el pago de las deudas al pago social que todo Estado tiene la obligación constitucional de atender. Pero ¿qué es lo que debe Grecia? ¿A quién se lo debe? ¿Por qué se debe? Y lo más importante: ¿qué se debe hacer ante este chantaje?

La deuda pública de Grecia a finales del 2011 se estima que habría llegado a los 355.000 millones de euros, cifra que ya supone el 165% de su PIB. Casi un 75% del total (unos 260.000 millones) son bonos que se negocian –con cuantiosos márgenes de beneficios– en los mercados secundarios de valores, y que están en manos de agentes privados (fondos, aseguradoras y bancos poseen casi el 70% de los mismos), del BCE (que ostenta otro 20%) y de la seguridad social griega (10% restante).

Por otro lado, poco más del 25% de lo reclamado (95.000 millones) son créditos que le han otorgado –con jugosos intereses– países socios de la misma UE (53.000 millones), con Alemania y Francia a la cabeza; otros países de la comunidad internacional (22.000 millones), y el propio FMI (20.000 millones), a raíz del primer paquete de rescate –ya fallido–, aprobado apenas hace dos años, en mayo de 2010. Siendo así, lo primero que cabe denunciar es el papel que juega la Troika en las negociaciones, ya que a pesar de que se presenta como un negociador neutro para salvar a Grecia de la tragedia del impago, en realidad lo que pretende es asegurarse el pago de las deudas que reclaman para ellos y para el capital privado al que representan.

Alguien dirá que la deuda debe pagarse. En todo caso eso dependerá de cómo y quién la originó y para qué beneficio. En el caso griego, el pueblo está denunciando que la deuda se cuadriplicó con la dictadura de los Coroneles, que luego aumentó vertiginosamente a raíz de los Juegos Olímpicos de 2004, con proyectos megalómanos en los que empresas alemanas como Siemens sacaron cuantiosos beneficios sobornando a políticos; o con la compra sistemática de armamento a Francia, Alemania y EE UU, que hacen que Grecia sea el primer país de la UE en gasto militar en relación a su PIB. En este sentido, es significativo comprobar cómo mientras se recortan pensiones, sueldos y prestaciones sociales, la Troika no exige recortes en el gasto militar.

Por todo ello, la sociedad griega está reclamando la suspensión unilateral de pagos, acompañada de una auditoría de la deuda que permita conocer su origen, repudiar toda la deuda ilegítima y encausar a los responsables, tanto nacionales como extranjeros, que han llevado al país a la bancarrota. Tal y como están las cosas, ésta parece la única salida razonable y realmente democrática; es decir, la única que permitirá al pueblo griego recuperar el poder de su soberanía económica, social y política.

Ahora que un segundo rescate está encima de la mesa se defiende que es necesario ajustar todavía más la economía y profundizar las reformas estructurales para garantizar, dicen, la salud económica de Grecia (que no de su población, claro está). Ello, para poder alcanzar un nivel ‘sostenible’ de deuda del 120% del PIB en el 2020. Si esta cifra es sostenible, ¿por qué no lo fue a finales de 2009, justo antes del primer rescate, cuando la deuda ‘tan sólo’ era del 125%? ¿Todo ese costoso recorrido, en términos sociales, para llegar al mismo lugar de partida? ¿No será que lo interesante para los acreedores no sea tanto el cobro de la deuda, que también, sino lo que su pago conlleva en su propio beneficio: ajustar las condiciones para que la clase trabajadora esté todavía más indefensa? No en balde hay quien afirma que Grecia es el nuevo laboratorio de pruebas del neoliberalismo, como lo fue en su momento América del Sur en los años ‘70.

En Grecia se está jugando más de lo que nos creemos. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el pueblo y la clase dominante mundial, que está aprovechando la crisis, que ella misma ha provocado, para hacernos perder los derechos conseguidos durante decenios. Ante ello, ¿nos quedaremos impasibles?

lunes, 20 de febrero de 2012

El extraño gobierno de SuperMario Monti, nuevo primer ministro italiano

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GORKA LARRABEITI


Rebelión



Salones de Washington. Las crónicas de la primera visita oficial de Monti a Estados Unidos dicen mucho del estado de la democracia en tiempos del capitalismo financiero. La apretada agenda incluyó la clásica escena en el salón oval de la Casa Blanca, donde Obama lo arropó como a pocos antes: “Tengo plena confianza en el liderazgo de Monti y confío en que pueda guiar a Italia en estos tiempos difíciles. Quiero decir que nosotros apreciamos mucho el arranque fuerte y las medidas tan eficaces que está promoviendo”. Monti fue recibido en la sede del New York Times, el Petersen Institute for International Economics, y Wall Street, donde ondeó la bandera italiana en honor del distinguido huésped.
Su reunión más comprometida tuvo lugar a puerta cerrada en el edificio del grupo Bloomberg, la mayor red de información financiera mundial. Lejos de las cámaras, Monti se encerró con varios tiburones de las finanzas mundiales: entre otros, Lloyd Blankfein, Director ejecutivo de Goldman Sachs; George Soros, renombrado especulador financiero; Peter Grauer presidente del grupo Bloomberg y Henry Kravis del Fondo KKR de private equity cuyas gestas inspiraron Wall Street, la película con Michael Douglas en el papel de Gordon Gekko. He aquí el comentario de Mario Monti, viejo conocido de muchos presentes, a la salida de la reunión: “Creo que los he convencido, aunque jamás te dirían lo contrario en plena reunión”. Así está la democracia hoy: un presidente de gobierno no elegido democráticamente debe convencer a otro electorado distinto del pueblo soberano: los mercados. Y resulta que Monti les debió de convencer, a juzgar por la trayectoria de la presión sobre los bonos italianos, que se han recuperado, y eso que Standard y Poor's castigó a 34 entidades bancarias italianas.


SuperMario Monti, Salvador de Europa. Aún no se ha alcanzado el número redondo de los 100 días, momento en que se suele hacer el primer balance de cualquier gobierno, y sin embargo a Mario Monti, Presidente del Consejo de Ministros italiano, ya lo han puesto en un pedestal. Coincidiendo con su primera visita a Estados Unidos, la revista Time le dedicó una portada con este titular: ¿Podría este hombre salvar a Europa? Antes de la consagración en Estados Unidos, Philip Stephens, uno de los articulistas del Financial Times, titulaba así su análisis: Europa descansa en los hombros de Monti, el político “más interesante” del viejo continente, por encima de Sarkozy y Merkel. El día 15 de febrero Mario Monti intervino ante el Parlamento Europeo. Cuentan que la intervención fue bien acogida por el portavoz socialista Swoboda (“Vuelva al escenario europeo para que le podamos elegir”), el liberal Verhofstadt propuso enviar a Monti a resolver los problemas de otros países apenas termine en Italia, y la portavoz de los Verdes, Harms, lo felicitó por su contribución a que la política de la UE sea “más civilizada”. Muchos poderes fuertes apoyan el experimento político que tiene lugar en Italia. Italia ha vuelto, dicen. Monti afirmó en el Parlamento Europeo que Italia ya no aplicará pasivamente las líneas de actuación de la UE, sino que será “promotora de ellas”. Y conviene observar con mucha atención lo que está ocurriendo deprisa, deprisa en un país que suele anticipar -llámese fascismo, democracia cristiana o populismo mediático- el rumbo de la política europea. La versión oficial del nuevo rol de Italia se resume en un silogismo sencillo: si Italia llegara a quebrar, lo haría toda la Unión Europea; y si la UE cayera, se derrumbaría la economía global. Sin embargo, hay más razones en esta necesidad de Italia. El propio Monti reconocía en esta entrevista a Die Welt que Europa ha de tener más de dos polos, ha de estar basada en algo más que el eje francoalemán de Merkozy. Este tercer polo italiano puede resultar útil para que la UE supere la división entre países cerditos y directorio francoalemán. Pero también para que los EEUU no pierdan pie en una vieja colonia aliada que hoy busca otros referentes mundiales, como China, para salir de la crisis. A SuperMario, pues, le tocaría restaurar el viejo orden transatlántico.

Democracia “extraña”. En palabras del propio Monti, su gobierno “técnico” es “extraño pero muy interesante”. Extraño fue su nacimiento: la Presidencia de la República forzó la dimisión de Berlusconi debido a la emergencia creada por los ataques financieros. Extraña es la composición del gobierno, la mayoría de cuyos miembros son “profesores”, “sabios”, aunque también hay “banqueros” y “papaboys” de vario orden. Extraño es que no haya desaparecido el conflicto de intereses del seno del gobierno: véase el caso de Corrado Passera, ministro para el Desarrollo Económico, Infraestructuras y Transporte, el cual poseía 7 millones y medio de acciones del banco Intesa, con las cuales podría interferir en las decisiones que haga NTV, una sociedad que construye trenes de alta velocidad y que podría hacer la competencia a Trenitalia. Extraño es que entre los miembros del gobierno haya varios nobles y que el Gran Maestro del Gran Oriente masón afirme que Monti cuenta con todas las características para ser "un perfecto hermano”.


Este gobierno nació con un apoyo parlamentario muy extraño. Jamás había habido un gobierno con tanto respaldo en el parlamento: todos los partidos grandes -centroizquierda, derecha, democristianos- salvo la Liga Norte lo apoyaron. Muy extraña fue la rapidez con que el gobierno Monti consiguió que el Parlamento apoyara la reforma de las pensiones, que elevaba a 67 años la edad mínima. Tanta fue la rapidez de ejecución del decreto que Sarkozy no creía que estuviera en vigor en la primera reunión con Monti. Extrañísimo fue que una reforma de pensiones fuera contestada con sólo pocas horas de huelga por parte de los sindicatos. Extraño es que los trabajadores del sindicato FIOM hayan quedado excluidos de las plantas FIAT en Pomigliano, y que el acuerdo brutal que se impone a los trabajadores de esa fábrica se extienda a todas las instalaciones FIAT en Italia. Extraña es la falta de apoyo de los partidos políticos de centroizquierda al sindicato FIOM cuando denuncia la violación de la Constitución. Extrañísima fue la operación policial contra activistas NO TAV que se saldó con veintiséis detenciones el 26 de enero acusados de lesiones, violencia y resistencia a la autoridad durante los enfrentamientos de julio de 2011: una operación cuyo fin era criminalizar el movimiento de resistencia al inútil tren de alta velocidad. Extrañísima ha sido la revuelta de las horcas en Sicilia: una rebelión popular de una zona empobrecida que las mafias y nuevos caudillos han tratado de aprovechar. Extraña fue la operación mediática realizada por la policía fiscal contra los evasores en plena Navidad en plena Cortina D'Ampezzo, meta invernal de una clase muy bien acomodada. Hasta los aciertos de este gobierno resultan bien raros: por un lado, este gobierno no apoyará la candidatura de Roma a las Olimpiadas de 2020 porque se quiere evitar un mayor endeudamiento; por otro lado, este gobierno "católico" es bien probable que consiga eliminar la exención de pagar impuestos inmobiliarios a los edificios propiedad de la Iglesia en que se desarrollan actividades comerciales. Qué extraño que la Iglesia no proteste. En otro orden de cosas, resultó también extrañísima esta provocación de un hábil orador como Monti: "Los jóvenes tienen que acostumbrarse a la idea de que no tendrán un puesto fijo de trabajo para toda la vida. Por otra parte, digamos la verdad, qué monotonía tener un puesto fijo para toda la vida. Es más bonito cambiar y tener desafíos". Bajo esa provocación se anuncia una dura reforma del trabajo y una modificación del artículo 18 del Estatuto de los trabajadores, que regula el despido.


Al nacer su gobierno extraño, Monti afirmó que el horizonte temporal de su gobierno sería 2013, fecha del final de la legislatura, siempre y cuando los partidos mantengan hasta entonces su apoyo. Resulta muy extraño el silencio y el apoyo de Berlusconi. Por paradójico que parezca, en la potencial fragilidad "democrática" del gobierno Monti se basa su solidez “técnica”. De hecho, desde Il Sole 24 Ore, periódico de la patronal italiana, ya se pide que este gobierno "no sea sólo transitorio", y los democristianos sugieren que este gobierno "de armisticio" dure cinco años. Es normal. Según el historiador Paul Ginsburg, Monti "ha reconstruido en poco tiempo una auténtica derecha clásica". Que la derecha gobierne Italia no tiene nada de extraño.


Otra oposición es posible: los “benecomunisti”. En la democracia "extraña", el Parlamento se vuelve un erial. Da esperanza, sin embargo, que la oposición extraparlamentaria siga, lentamente, sin prisa pero sin pausa, extramediática, madurando y compactándose sin dinero, desde abajo.


Los días 12 y 13 de junio de 2011, siendo Berlusconi aún presidente, 26 millones de ciudadanos italianos defendieron varios bienes públicos: el agua, servicios públicos locales, el No a las centrales nucleares, y la igualdad ante la ley. Desde entonces, en ese triunfo se basa un nuevo sujeto político. A finales de enero se ha celebrado en Nápoles un Fórum de Ayuntamientos por los bienes comunes, que asume como indispensable la creación de una plataforma política que defienda y aplique los resultados de ese referéndum ganado por esos 26 millones de ciudadanos ante otro ataque, esta vez en forma de decreto del gobierno Monti, que reproduce y recrudece la legislación que el gobierno Berlusconi quiso, pero no pudo imponer. Aquí se lee el informe introductorio de dicho Fórum, con propuestas de actuación muy concretas.

Los días 10, 11 y 12 de febrero en el marco del Teatro Valle Okupado, un bien público que estaba a punto de ser desmantelado, acogió la campaña europea por una Europa de los pueblos que construya una alternativa europea. Una constituyente europea desde abajo que responda a esa "revolución desde lo alto", como la llama Etienne Balibar, que está sacudiendo Europa. Ya existe una Carta Europea de los Comunes. Poco a poco se va fraguando un concepto sencillo y convincente. Lo común. Un movimiento que apela al presente, al ecologismo social, evocando la tradición política comunista, agregando y no dividiendo.


Lo bonito de este movimiento es que amplía la idea de bien común. Europa, la información, los servicios públicos, el ambiente, la cultura, las Constituciones, la renta ciudadana garantizada, el trabajo y la belleza no pueden ser “extraños” ni "fuera de lo común", precisamente porque son eso: bienes comunes.

La Policía vuelve a cargar en Valencia contra los estudiantes que protestan por los recortes

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La Policía ha vuelto a cargar hoy contra una marcha de protesta en Valencia por los recortes educativos y la actuación de los antidisturbios contra estudiantes la pasada semana, en las concentraciones frente al Instituto Lluís Vives. Ya han sido detenidas diez personas, de las cuales tres son menores de edad.
El PSOE pide las comparecencias del ministro de Interior y el responsable de la Policía para que informen de las actuaciones de los agentesLas carreras e intervenciones policiales entre estudiantes y agentes antidisturbios se suceden en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con constantes escaramuzas y cargas y en la que varios contenedores han sido volcados.

Contra los recortes
Así lo han confirmado fuentes policiales mientras según ha comprobado EFE, al menos dos estudiantes han sido detenidos tras la vuelta de la manifestación -convocada a través de las redes sociales en contra de los recortes en educación y las actuaciones policiales de la semana pasada- al Instituto Lluís Vives, foco de las últimas protestas estudiantiles.

Carga policial
La marcha, que partió sobre las 14.30 horas de este céntrico instituto -situado frente a la estación del Norte y a escasos metros del Ayuntamiento-, ha registrado numerosos momentos de tensión cuando los antidisturbios han cargado contra los estudiantes por las inmediaciones de las calles de Xàtiva, San Vicente, Troya y Matemático Marzal, así como por la gran vía de Fernando el Católico y junto a la plaza de España.


Cortes en las calles
En su regreso hacia el instituto, la Policía ha vuelto a cargar contra los manifestantes, en su mayoría jóvenes aunque también se han podido ver cargas individuales contra viandantes y trabajadores de la zona. En las inmediaciones del Lluís Vives se han congregado también padres y madres de alumnos que no dudan en arremeter contra la actuación policial. La calle del Marqués de Sotelo ha permanecido cortada al tráfico y la de Xàtiva registra cortes intermitentes.

Piden la comparecencia del ministro
Por su parte, el PSOE ha solicitado hoy las comparecencias del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, para que informen en el Congreso de los incidentes registrados la semana pasada en Valencia entre estudiantes y policías.

17 detenidos
Según el balance oficial de la Delegación del Gobierno, las protestas estudiantiles de la pasada semana se saldaron con 17 detenidos, uno de ellos menor de edad y 13 policías agredidos. La petición de comparecencia del ministro del Interior para que dé explicaciones sobre la actuación policial por parte del PSOE se suma a la presentada el pasado viernes por el diputado de ERC Joan Tardá.

Garzón dice que seguirá "luchando" por la justicia y contra crimen organizado

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EFE / Santo Domingo


El juez español Baltasar Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país, ha asegurado en Santo Domingo que continuará "luchando" por la justicia y contra el crimen organizado y la corrupción, en una entrevista publicada este lunes por el periódico Listín Diario.

"Mientras me queden fuerzas voy a luchar por todo aquello que considero una necesidad para la sociedad moderna, como es más justicia, más protección, seguridad, más defensa de las víctimas, más compromiso frente al crimen organizado y la corrupción, lucha por los derechos humanos", dijo Garzón al diario.

El magistrado visitó el fin de semana la provincia de La Romana (este), invitado por el abogado dominicano Vinicio Castillo Semán, y donde se reunió con el presidente del país, Leonel Fernández, y compartió con el vicepresidente, Rafael Alburquerque; el procurador, Radhamés Jiménez, y otros abogados y funcionarios.

"Esa ha sido mi vida dentro de la justicia y esa va a seguir siendo mi acción dentro de la justicia desde otro punto de vista no estrictamente jurisdiccional", añade Garzón en sus declaraciones al diario dominicano.

Y desde luego, explica, "con igual energía y con la insistencia que yo crea necesaria para dar una protección mayor a los ciudadanos y ciudadanas, eso es lo que voy a seguir haciendo porque de alguna forma es lo que sé hacer", además de "desarrollar labores humanitarias".

En la entrevista, el juez español se ha expresado a favor de que se despenalice parcialmente el consumo de drogas "junto con un sistema de prevención y de educación para la salud muy potente, a fin de que se pueda convivir con el fenómeno, como hay otros".

No obstante, Garzón ha reconocido que el problema "es muy complejo" y "por tanto las soluciones no pueden ser tan simples como decir legalización o no legalización".

Pero tras considerar que "el sistema que tenemos no funciona, ha fracasado", opinó que "no tiene sentido hoy la penalización del consumo (...)".

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, acordó hoy lunes hacer efectiva la expulsión de Garzón de la carrera judicial.

Esa decisión se tomó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó el pasado 9 de febrero al magistrado a 11 años de inhabilitación por haber ordenado unas escuchas en la cárcel entre los acusados de una gran red de corrupción, investigada en el llamado "caso Gürtel", y sus abogados.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces españoles tendrá que confirmar la medida en una reunión prevista para el próximo jueves.

Manuel Marrero (IC): “Creo que ha llegado el momento de que trabajemos todos los sindicatos juntos en confluir en una huelga general que la ciudadanía está pidiendo a gritos”

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SAM BORONDÓN

Afirma que el decreto Ley del Gobierno de Rajoy nos hace retroceder en los derechos laborales de los trabajadores prácticamente a los inicios del capitalismo salvaje del siglo XIX


Manuel Marrero Morales, miembro de consejo nacional de Intersindical Canaria, reflexionó en Radio San Borondón sobre la reforma laboral aprobada por el gobierno de la derecha de Mariano Rajoy y advierte que la agresión es de tal calibre que hace necesaria una confluencia de las centrales sindicales, partidos de corte progresistas y movimientos sociales para iniciar un camino de lucha por la defensa de nuestros derechos, toda vez que se palpa la necesidad de seguir informado a los ciudadanos para que conozcan de primera mano y sin intoxicaciones interesadas el verdadero alcance de la reforma.

Marrero, que fue candidato al Congreso en las pasadas elecciones generales, dijo que este domingo se ha iniciado un proceso, en este caso convocado por CCOO y UGT, de movilizaciones, de toma de conciencia y de salidas masivas a las calles por parte de la ciudadanía con el objetivo de ir preparando el ambiente social, político y sindical para confluir todos en una huelga general que está pidiéndose a gritos por todos los sectores afectados por esta reforma laboral del PP absolutamente salvaje que nos retrocede al siglo XIX.

Desde su punto de vista, se trata de una reforma laboral hecha a la medida de la patronal, puesto que no tiene dudas de que las patronales de cualquier país del mundo estarán soñando con que el Gobierno de turno ponga en marcha una reforma de tal brutalidad de la aprobada por el PP bajo el dictado de la CEOE.

Afirma que el decreto Ley del Gobierno de Rajoy nos hace retroceder en los derechos laborales de los trabajadores prácticamente a los inicios del capitalismo salvaje del siglo XIX, donde hubo que llevar a cabo más de un siglo de luchas para llegar a las conquistas sociales y laborales que de un plumazo han sido voladas.

El sindicalista advierte que la agresión es de tal calibre que hace necesaria una confluencia de las centrales sindicales, partidos de corte progresistas y movimientos sociales para iniciar un camino de lucha por la defensa de nuestros derechos, toda vez que se palpa la necesidad de seguir informado a los ciudadanos para que conozcan de primera mano y sin intoxicaciones interesadas el verdadero alcance de la reforma.

Manuel Marrero recomienda a los ciudadanos que no estén confiados porque cree que se equivocan aquellos ciudadanos que aún piensan que a ellos no le van a afectar las medidas aprobadas por el gobierno del PP, porque en realidad esta reforma permite al empresario tocar a cualquier trabajador, sea del nivel que sea, y esté en el lugar que esté, puesto que el abaratamiento del despido y todas las circunstancias que trae consigo de dejar en manos de la patronal cualquier decisión que tengan que ver con las relaciones laborales dentro de la empresa, son facilidades para que el empresario explote a sus trabajadores.

Desde su punto de vista, todas las condiciones que vienen aparejadas con esta reforma laboral suponen un golpe de Estado en lo laboral y en lo social que entre todos tenemos la obligación de hacerlo retroceder, para lo cual habrá que convertir en papel mojado este decretazo de Rajoy, dicho lo cual afirma que las quemas de la reforma realizadas el pasado viernes y sábado, las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO este domingo, y las del jueves convocadas por el sindicalismo alternativo son un paso hacia esa meta que también pone de manifiesto la necesidad real de una confluencia entre todas las organizaciones bajo el paraguas de la igualdad.

Santiago Pérez (XTF): “No sobra ninguna mano para luchar por la unidad de la izquierda”

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SAN BORONDÓN

Santiago Pérez afirma que todas las fuerzas democráticas y progresistas son imprescindibles para lograr la imperiosa unidad de la izquierda ante una correlación de fuerzas en torno a la derecha tan brutal

La unidad sólida de la izquierda alternativa se está haciendo esperar más de lo debido, aseguró Santiago Pérez, profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna y concejal de XTF en el ayuntamiento de La Laguna, en "Canarias día a día" de Radio San Borondón, ya que como ha dicho muchas veces, en esta situación que estamos viviendo en la actualidad, donde la derecha copa el poder casi absoluto, tiene especial sentido que se produzca el alineamiento de las fuerzas democráticas y progresistas como forma de tratar de contrarrestar esta situación y porque es un reclamo de la sociedad.

Según Pérez, tienen especial responsabilidad los dirigentes de todos los partidos que se quieran sentir progresistas, incluido también el PSOE, puesto que entiende que si la unidad de la izquierda se lleva a cabo con ese partido al margen, tendrá que hacerse en contra de ese partido, que no hay que olvidarlo sigue representando a una parte considerable de la sociedad española que siente progresista y de convicciones democráticas.

En este sentido, insiste en que quienes en estos momentos responsabilidades en cuanto a dirección y representación de organizaciones políticas, grandes o pequeñas, que se sientan claramente alineadas con los principios de la izquierda y de la defensa de la democracia tienen delante una tarea de la que no se pueden escurrir y una responsabilidad que no pueden abandonar, pero mucho menos pueden dificultar esa unidad con temas de protagonismos o sectarismos, una cuestión que en lo personal reconoce que le alarma.

Desde su punto de vista, esa responsabilidad, que es de todos quienes se consideran de izquierdas, concierne de modo especial a las personas que tienen cargos directivos en los partidos políticos progresistas, porque insiste en que la hegemonía de la derecha hoy en día es muy potente, de modo que la presencia del PP tan mayoritaria en las Cortes es sólo un elemento más, quizás ni si quiera el más importante, en esta especie de correlación de fuerzas tan brutal en favor de la derecha que paradójicamente se apalancó en la crisis económica que la propia derecha originó.

Para el político tinerfeño, es tan importante esta correlación de fuerzas que la situación requiere como forma de tratar de contrarrestarla un gran alineamiento de todos los sectores democráticos y progresistas en torno a un proyecto cohesionado y fuerte, parecido al que requirió la resistencia contra el franquismo de los últimos años.

Santiago Pérez afirma que por tanto ninguna mano sobra, como ninguna fuerza o compromiso es ocioso, de manera que todos son imprescindibles, dicho lo cual considera que lo más que puede hacer peligrar esta necesidad de alineamiento de fuerzas democráticas y progresistas en torno a la unidad de la izquierda es el sectarismo que a veces se evidencia con verdadero horror en algunos de los dirigentes de las formaciones.

viernes, 17 de febrero de 2012

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales

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Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral.

VICENÇ NAVARRO

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

Cardona y Jorge Rodríguez

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RAFAEL GONZÁLEZ MORERA
Juan José Cardona se ha puesto nervioso porque el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha reabierto la instrucción del caso del Canódromo y lo ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo 14 de marzo, y un día después también declarará también como imputado el representante de la empresa Urbacan, Eduardo Fernández Alvarez. Los dos están acusados de malversación administrativa y malversación de fondos en la firma del convenio urbanístico de planeamiento sobre el Canódromo en el año 2002 del que derivaron las discutidas permutas de las parcelas, y la posterior venta de Urbacan a Realia, y dos piedras.

Sin entrar a criticar la tardanza de este sumario, como es norma y regla de casi todos, no hay que olvidar lo que tardó el de Carmelo Padrón, catorce años y luego fue archivado, lo que si me sorprende es la reacción de Cardona que poco menos anticipa a su señoría, el juez Tomás Martín, lo que debe de hacer después de escucharle el próximo 14 de marzo: archivar el caso y que se dejen de dar el coñazo desde el Palacio de Justicia. Y además ha advertido a todos los que discrepen del asunto/trasunto, desde la Asociación de Vecinos Avecalta, hasta incluso políticos y periodistas que duden si hubo o no presunto delito, que se preparen porque va a ir contra todos ellos. Las amenazas de los vecinos del Canódromo me parecen una salida de tono de mucho calibre, y creo que debería esperar a que el juez Tomás Martín dictamine sobre este asunto, que a este paso los pájaros van a disparar contra las escopetas. Cardona se apresuró a dar su opinión al juez Tomás Martín de que si se decidió a reabrir el caso es por el conocimiento que ha tenido de la sentencia del Tribunal Supremo, circunstancia que Cardona declinó valorar por prudencia y lógica responsabilidad. Menos mal, que un poco más y manda al juez Tomás Martín a las cocheras. No sé si a este paso el 14 de marzo el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria entrará en el Juzgado de Instrucción número 3, a pie, en coche o a lo mejor pide un helicóptero. Ya se sabe que en los Palacios de Justicia hay burros volando.

Lo que parece claro es que los concejales de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, del Partido Popular, acaban siendo imputados en muchos casos y ocasiones, en lo que se refiere a Cardona a cuenta del asunto/trasunto “Canódromo”, y por si fuera poco el mismo miércoles pasado también imputaron a Jorge Rodríguez en el sumario “Faycan”, en la pieza separada “Grupo Europa”, que aquí hay tanta tela que los jueces tienen que hacer los sumarios por capítulos, y me da la impresión que esto se va a parecer al Quijote. Con el sumario separado de “Grupo Europa” me cuentan que hay sus cosillas por aclarar, y ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quienes investiguen a Rodríguez, dada su condición de aforado como diputado del Parlamento de Canarias. Y dos piedras.

Gobernar juzgando

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SANTIAGO PÉREZ*

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo condenando al juez Garzón por haber autorizado las escuchas durante la investigación del caso Gürtel, ha desencadenado una tormenta de reacciones. Amplios sectores de la opinión pública consideran que la condena es injusta. Que es el preludio de la impunidad de toda la trama de corrupción que afecta a numerosos cargos públicos del PP.

La derecha política, judicial y mediática ha cerrado filas defendiendo la imagen del Tribunal Supremo y ha respondido a las críticas de prestigiosos periódicos como el New York Times con un carpetovetónico “no nos entienden, no están informados”, que es una mera modulación del Spanish is different de tan pintoresco y amargo recuerdo.

En esta España nuestra existe un prejuicio muy generalizado, pero no inocente, sobre el carácter intangible del poder judicial y el trato reverencial que debe dispensarse a sus componentes y a sus decisiones.

Quiero decir al respecto dos cosas: la primera es que no hay ninguna razón para que un poder del Estado cuya extracción no es democrática deba ser tratado con más respeto que a quienes representan la soberanía popular: el Parlamento y el Gobierno. Las decisiones del poder legislativo, a cuyo imperio está sometida la función judicial, son objeto de las más agrias críticas en una sociedad democrática. Y así debe ser. ¿Por qué no puede criticarse con igual intensidad una sentencia?

Si a una decisión del Parlamento, como la de establecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía, la jerarquía de la Iglesia Católica --que ha disfrutado durante siglos de una posición hegemónica en el sistema educativo de nuestro país aprovechándolo para el adoctrinamiento religioso-- y la derecha política la han criticado con una intensidad sólo proporcional a su falta de fundamento, no hay ningún argumento ni legal ni político que impida criticar a fondo las Sentencias del Tribunal Supremo, ejerciendo libertades esenciales en una sociedad democrática.




Segunda: en mi opinión, una de las causas de esta sacrosantitas tiene que ver con que el poder judicial es el único que puede protegerse a sí mismo. Tiene en exclusiva las llaves de la cárcel desde que las revoluciones burguesas se las arrebataron al poder ejecutivo: al Rey y a sus ministros. El poder judicial es el único poder del Estado que puede ejercer, Código Penal en mano, su autotutela. De hecho, el poder judicial ha suavizado, casualmente durante la larga etapa de gobierno de Felipe González, la interpretación de las normas que protegen la imagen y el honor de las demás autoridades del Estado, con la doctrina de que están expuestas por su propia condición a un nivel más intenso de crítica que el resto de los ciudadanos.

Cuando constaté que el poder judicial estaba levantando la veda contra las demás autoridades públicas, democráticamente elegidas, dando carta de naturaleza a un concepto ilimitado de la libertad de expresión, me imaginé que podrían cambiar de doctrina cuando en España se produjera un ciclo conservador. Me equivoqué, de medio a medio.

¿Saben por qué? Porque cuando la derecha recupera el control de la situación no es fácil encontrar canales informativos para ejercer la simple crítica política, no ya la agresión despiadada, contra los cargos públicos. Los gobernantes conservadores no suelen verse en el trance de tener que defenderse ante los Tribunales. Simplemente se vacunan contra posibles agresiones contra su reputación, sugiriendo amablemente a los propietarios de las cadenas y editoriales “serias” que restablezcan el sabio principio de que una cosa es la libertad y otra el libertinaje.

El poder judicial desempeña, sin otra legitimidad democrática que la que les suministre la legalidad que deben aplicar, una de las más importantes funciones de gobierno: la de resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos o entre éstos y el poder político.

El Estado Moderno no se afianzó como Estado legislador, sino como Estado juez. El poder de los príncipes y monarcas que construyeron el Estado se afirmó como jurisdicción suprema, arrogándose frente a las jurisdicciones señoriales el poder de dictar la sentencia definitiva. Por eso la actividad jurisdiccional es un elemento esencial del gobierno de un país y sus consecuencias políticas pueden ser trascendentales para definir las características y el rumbo de una sociedad. Recordando al prestigioso jurista norteamericano Bernard Schwartz, el juez del Tribunal Supremo debe ser, aunque tenga que desenvolverse en el marco del Derecho, más estadista que jurista. Y más en un caso como éste.

En mi opinión, aunque hayan intentado apurar el método jurídico para envolver su decisión, los magistrados del Supremo eran plenamente conscientes de que con su decisión estaban realizando un acto de gobierno de la máxima importancia. Y lo han hecho volcando sus propias convicciones ideológicas o prejuicios en los moldes e instrumentos de la técnica jurídica.

El Tribunal Supremo se ha esforzado en armar con argumentos técnicos una Sentencia condenatoria injusta. La entidad de la injusticia ha sido directamente proporcional al esfuerzo para justificarla técnicamente.

Algunas de las sentencias más relevantes de la historia de la democracia no eran un dechado de rigor y exquisitez técnico-jurídica, pero rebosaban de decencia moral y de sentido de la justicia. De ahí el impacto que tuvieron.

Porque la creación del Derecho es en realidad la lucha por el Derecho. Y esa lucha está completamente empapada de una idea de justicia que anida en el corazón de la mayoría de las personas.




Creo que esta Sentencia certifica en el plano judicial la involución que la sociedad española está sufriendo en todos sus ámbitos. Sin cambiar formalmente nuestra Constitución (con la excepción de la inicua Reforma-exprés pactada por el anterior Gobierno y el PP), una correlación de fuerzas extremadamente conservadora y regresiva está vaciando de contenido los fundamentos del modo de convivencia que surgió de la Transición.

*Santiago Pérez es profesor de Derecho Constitucional en la ULL y concejal de Socialistas por Tenerife en La Laguna.

viernes, 3 de febrero de 2012

La voz de María

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FELIX POBLACIÓN

Público

Cuando fusilaron a su madre, María tenía solo 6 años y 2 meses. La mataron con otros 27 hombres y 3 mujeres. A María, hoy octogenaria, no le han permitido apenas explicar, ante el Tribunal Supremo de su país, la más íntima emoción de su memoria. Que su padre estaba segando cuando pasó aquello “y también fueron a por él y se lo llevaron preso, y el día que volvió de la cárcel me abrazó y no me soltó en horas”.

La voz de María sonaba como un susurro, quebrada por la afonía, ante los imperturbables semblantes de los jueces. Al instructor de la causa contra Baltasar Garzón, Luciano Varela, le dijo un día María, por carta, que también él movería cielo y tierra por encontrar a su madre si ella fuera la desaparecida, pero no obtuvo respuesta. También escribió María al juez Garzón. Esta carta, manuscrita con pundonorosa caligrafía, sí mereció contestación y por ella María fue escuchada ayer, aunque se haya retrasado tanto la cita.

María Martín López, de Pedro Bernardo (Ávila), llegó a la Audiencia Nacional apoyándose en un andador y en un cuartilla amarillenta, tan vieja y tan viva como su íntima y silenciada memoria. De niña -cuenta- los falangistas la llevaban a veces al cuartel o a la iglesia y le daban aceite de ricino y guindillas para castigarla. “Yo lo que quiero es que me ayuden a encontrar a mi madre para poder enterrarla. Nada más y nada menos”. Su madre está, desde el primer día del otoño de 1936, junto a los restos de otras 30 víctimas, “al lado del arroyo, arriba del puente, aunque ahora han hecho una obra y han echado tres metros de tierra encima”, indica María.


Estoy convencido de que María Martín López, que ayer tambien dijo que “un entierro sin muertos, como esto, es una cosa muy seria”, coincidirá con el lehendakari López cuando ayer igualmente, en un acto público, tuvo un recuerdo especial para todas las víctimas del terrorismo y reivindicó su memoria como referente ético: “Nunca las olvidaremos, porque forman parte ya del nosotros colectivo sobre el que tenemos que asentar la convivencia democrática. Sin revanchas, sin odios, pero con memoria, haciendo una revisión justa y veraz de lo ocurrido”. Tiene mucha razón el lehendakari al afirmar que un nuevo tiempo no se construye sobre el olvido. Lo sabe muy bien María.

Servidumbre política y el poder indiscutido de la Casa Real española

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SALVADOR LÓPEZ ARNAL

Rebelión




Tomo pie nuevamente en una nota de Alicia Gutiérrez [1], la incansable e insistente periodista de Público que sigue arrojando mucha luz donde persisten muchas tinieblas, la informada ciudadana que da calor a un fuego que no debe consumirse. Tarea es de todos conseguirlo.

Jaume Matas parece ser –lo es, políticamente- el artífice de la estrategia que condujo al Gobierno balear a otorgar al Instituto Nóos convenios por más de 2 millones de euros para la organización de dos cumbres turístico-deportivas. La periodista de Público recuerda que ‘Pepote’ Ballester, director general de Deportes durante el último mandato de Matas (2003-2007) –medallista olímpico y antiguo amigo de la pareja Urdangarin-Borbón- ha señalado al ex presidente balear como el “ideólogo” -curioso uso del término- de los contratos para Nóos, que, recuérdese, era una asociación sin ánimo de lucro que captó casi 6 millones de euros de dinero público de los gobiernos de les Illes y el País Valenciano. Sabido es también que una cifra idéntica acabó en manos de empresas de la trama Urdangarin-Borbón-Torres, estas sí con claro y desmedido ánimo de lucro (¡y qué ánimo!).

Pues bien, Alicia Gutiérrez recuerda que en diciembre de 2011, hace apenas dos meses, el ex presidente balear espetó a los periodistas lo que para él era una obviedad: si el yerno del Rey le ofrecía su colaboración para un proyecto, el Govern balear, el gobierno que él presidía, no podía decirle –no podía es no podía- que se presentase, como cualquier otro hijo de vecino no privilegiado, a un concurso público de adjudicación. Discriminación hacia los de arriba lo llaman a esa acción.

¿Y eso qué significa? Pues no sólo, como señala A. Gutiérrez, que el ex presidente y dirigente del PP, y antiguo ministro en la etapa Aznar, reconoció implícitamente que dio un trato de favor al yernísimo y a su Instituto Nóos, sino que, además, la servidumbre política que le movió a ello -y que él vive, piensa, siente y teoriza como la cosa más natural del mundo, un axioma, un postulado, una noción común para hacer política en España o en las Illes- es parte contratante de la parte contratada, un dato inalterable, una premisa de la que debe partirse, y que, se diga o no públicamente, se hablé o no de ello, el poder de la Casa Real sigue siendo ilimitado. Un poder de ordeno y mando que, así ha sido dicho, no permite en sus alrededores que se hable mal del general golpista. Un presidente elegido por un parlamento, surgido de unas elecciones con participación ciudadana, no se atreve a decir –es casi un impensable ontológico- al yerno del Rey que tiene que obrar como todo el mundo, sin excepción, debe obrar. Que ser aristócrata y consorte de la realeza no implica estar por encima de las leyes, más allá del bien y del mal.

Y no se atreve, la conjetura se impone, porque la Casa Real a la que el marido de doña Cristina, de la Infanta Cristina de Borbón quiero decir, representaba en aquella situación vale su peso y poder en oro y a la primera autoridad del Estado, y a todos sus alrededores, nadie les tose ni les toca un pelo.

Después de lo sabido, que ya es mucho, la primera autoridad del Estado, por convicción, presiones familiares o por ambas a la vez, declaró el pasado martes 1 de febrero que todo el mundo tiene derecho a una defensa justa y de que nadie debe dictar sentencia antes de que el juicio se celebre. Lo elemental, se dirá, no siempre… o mil veces recordado. ¡Como si el yernísimo estuviera pobremente cubierto por una, ineficaz y rendida defensa! ¡Cómo si no fuera el caso que la implicación, judicialmente aún sin demostrar, de Urgandarin, Torres y Cristina de Borbón (y acaso de otras instancias encubridoras), es tan clara como un manantial de agua clara!

Un político a quien le parece evidente –tal como la evidencia de que el siguiente del número 5 es par- que a un “yerno del Rey”, como ejecutivo o miembro de una determinada empresa, no se le puede sugerir o indicar que se presente a un concurso público es señal de lo peor, del más abyectos de los senderos, de la mayor infamia. ¡Qué país!

¿Qué hemos hecho para merecer una clase dirigente tan fuera de la ley y del Estado democrático?

jueves, 2 de febrero de 2012

Garzón y los crímenes del franquismo

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RAFAEL GONZÁLEZ MORERA




Es muy posible que a Garzón lo aparten de la judicatura los muy conservadores jueces del Tribunal Supremo, pero a partir de ahora se van a conocer más los crímenes del franquismo en España, después de 40 años de dictadura y de una asignatura represiva mentalmente y físicamente (la letra con sangre entra) como la de Formación del Espíritu Nacional con la cual nos engañaron a todos los jóvenes españoles. O por lo menos lo intentaron. Y ahora ya se la visto el rejo al PP al cambiar Educación Ciudadana por Educación Cívica Constitucional, prietas las filas y firme el ademán, y por si fuera poco el cambio regresivo en la Ley del Aborto que reprime de nuevo a las mujeres, y según lo que ha dicho el Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, es posible que la nueva ley sea todavía más restrictiva. A lo mejor incluso estos fachas del PP quieren ponerle de nuevo velos a las mujeres, y que no salgan de casa sin permiso de los padres o maridos.
Pero en lo que se refiere al juicio a Garzón, Juristas internacionales que asisten en Madrid a la causa están asombrados por los desmanes jurídicos que se están produciendo contra el juez que intentó enjuiciar al franquismo. El argentino Carlos Slepoy, uno de los jueces que ha impulsado las querellas que víctimas de la represión franquista han presentado en Buenos Aires, declaró que se está cada vez más cerca de terminar con la impunidad del franquismo. Juristas internacionales de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rigth Watch, Rigth International, y la Asociación Pro Derechos Humanos, coinciden que con este juicio a Garzón se ha abierto una “caja de resonancia” para las víctimas del fascismo franquista que hacen augurar que más pronto que tarde se producirá una apertura judicial mundial y también en España, que dará respuesta a sus demandas, opinan los juristas internacionales.
Mientras el exdictador argentino Jorge Videla cumple dos cadenas perpetuas en una cárcel de Buenos Aires, aquí en España las víctimas del fascismo son ninguneadas por la justicia española y encima los verdugos son acusadores del juez Garzón. Pero mientras no se cierren las heridas de la guerra civil española, hijos, nietos y hasta bisnietos de republicanos españoles asesinados por los franquistas seguirán reivindicando los huesos y la memoria de sus antepasados. De momento ya una jueza argentina, María Servini de Cubría, ha pedido información sobre ministros y responsables de las Fuerzas de Seguridad franquistas en el marco de una investigación internacional abierta por crímenes cometidos durante la dictadura del General Francisco Franco.
El exhorto de la jueza federal argentina María Servini solicita nombres y domicilios de estos responsables fascistas fraquistas entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Aunque muchos de los amables lectores puedan pensar que todos estos franquistas han muerto no es así, sin ir más lejos el actual tesorero del Partido Popular José Manuel Romay Beccaría que sustituyó al presunto delincuente Luis Bárcenas implicado en los robos de Gürtel, era subsecretario de Gobernación en 1975 a las órdenes del Ministro Manuel Fraga Iribarne que era su jefe cuando los asesinatos de Vitoria y Montejurra. Hay que tener en cuenta que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La querella de la jueza federal argentina está apoyada por denuncias de cuatro universidades gallegas que han aportado documentación de un total de casi 5.000 (cinco mil) asesinados por las hordas fascistas, y por otros cientos de familiares españoles. Esta querella está apoyada por la Cámara Federal de Argentina y por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y otras muchas organizaciones mundiales de juristas. De momento numerosos hijos y nietos de victimas del franquismo declaran en el juicio de Garzón, y especialmente emocionante ha sido la intervención de Pino Sosa, de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, que relató al Tribunal como los falangistas se llevaron a su padre de su casa. Ya digo, el juicio a Garzón sigue poniendo de relieve las barbaridades de los falangistas/fascistas/franquistas durante y muchos años después de la guerra civil española. Serán condenados por la historia.