JOSE LUIS PITARCH
República.es
“No siempre se han de decir todas las verdades, sino
sólo aquellas que producen algún fruto” (B. Pascal)
“No podíamos pensar que el futuro sería esto, decían
--casi-- unos versos de Benedetti” (Haro Tecglen)
Exponíamos ha poco por qué vemos a España como arquetipo del esperpento. Tomen lo que sigue, si leerlo les pluguiera, de resopón ad hoc. ¡Querido país!, este nuestro, prácticamente sin Ilustración (en su lugar, gritaba el pueblo “¡Vivan las caenas!”, las del infame Fernando VII, pateando sobre el santo y seña liberal “¡Viva la Pepa!” o Constitución de San José de 1.812); sin revoluciones burguesas (excepto la tardía y traicionada del 68, y la fusilada de la II República); sin clases medias en el siglo XIX (como sí hubo en Francia, Alemania, Inglaterra); sin separación total Iglesia/Estado cual en la católica Francia... y, a día de hoy, único país de Europa con absoluta impunidad de la barbarie fascista. Incluso con un destacado ministro de Franco, firmante solidario de sentencias de muerte, de senador y presidente insigne de un Partido que se supone democrático (el Presidente “de honor” es su digital sucesor Aznar, que no vean lo que escribía contra la democracia cuando era funcionario de Hacienda en Logroño). Por lo demás, el honor --decía Aldous Huxley-- “se parece a las faldas de las mujeres. Se lleva largo o corto, ancho o estrecho, con enaguas o sin bragas”.
De un partido, añadimos, especializado en marear la perdiz; que, tras incendiar cuanto ha podido el tema del Estatut catalán (del que rechazaba puntos importantes que sí le habían parecido bien en otras Comunidades Autónomas), anda ahora encogidico como un pecado mortal para no molestar a CiU, a cuyo tanganillo se encomiendan para lograr el poder, y no es cosa de volver a gritar “¡Pujol, enano, habla castellano!” y haber luego de jurar que parlan catalán en el tálamo. Pues rige aquí la doctrina Mourinho: carece de valor jugar bien o mal, sólo importa ganar. ¿Tratará el PP de fichar a Mourinho? ¿Y puede darse una nación cultural y política, pero no jurídica? ¿Durante cuánto tiempo, si ya en Sentencia de octubre del 93 el Tribunal Constitucional alemán definía a la Unión Europea como “confederación de Estados democráticos”, y hoy el PP va facilitando el guión a los independentistas? Una guinda aún (más esperpento): tenemos un Estado en muchos aspectos federal, mas la Constitución se guarda bien de considerarlo tal, llenándose la boca de “Nación española” desde su primera línea.
La cuestión básica de este grave asunto es que España está “sin acabar” desde el Conde-Duque de Olivares y la imposición, luego, a cargo del primer Borbón --por derecho de victoria sobre media España-- del modelo centralista francés, opuesto a mil años de tradición y hondas huellas acá: de Reconquista, Reyes Católicos y cinco Reyes Austria. Y, cuando la II República empezaba a resolver el problema, la asaltó y apioló el monipodio de militares africanistas, terratenientes explotadores, obispos poco evangélicos y contrabandistas como Juan March, más la carne de cañón extranjera de moros y legionarios y los aviones y cañones de Mussolini y Hitler. ¿Conocen ustedes otro golpe de estado triunfador gracias a Duce y Führer cuyos autores lleven tres cuartos de siglo subidos en el machito, ellos y sus descendientes; donde los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (prevaricando, en el análisis jurídico de uno) siguen defendiendo la validez de los homicidas consejos de guerra franquistas con el argumento de que ”aplicaron las leyes vigentes”? (A su concepto del Derecho quizá cabría aplicarle lo de Huxley sobre el honor).
Por ende, durante la dictadura militarista-fascistoide-clericaliana-bonapartista, a falta de poderes democráticos clásicos y legítimos hubo otros omnipotentes como el genocida “poder desaparecedor” (tras el tiro en la nuca). Mas Lo gravísimo es que éste continúa flamante, con más de cien mil ciudadanos “desaparecidos” y asesinados, lo cual significa otros tantos delitos permanentes. Y que gran mayoría de jueces se llaman andana sobre la materia. Así que, si un juez tira de la manta (Garzón), dejando trasero al aire a tantos otros (prescindiendo de si don Baltasar aspirase a presidente de la III República, que uno sospecha que quien de verdad aspira es “Ánsar” y a lo mejor hasta lo habló con Bush, albarcas sobre la mesa), al haber Garzón obedecido al Art. 6 y el 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 10.2 de la Constitución (sobre Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España), el 131.4 del Código Penal, etcétera --que, en resumen, vedan la aplicación de la Ley de Amnistía de 15/10/77 a los imprescriptibles delitos de lesa humanidad-- parece haberse generado una conspiración-contra-Garzón para que el pacto político de Democracia y franquismo (suscrito bajo trágalas y coacción de éste, con el Ejército del caudillo vigilando) siga prevaleciendo espuriamente sobre todas las normas jurídicas de alto rango citadas, incluida la Constitución. Conspiración de alto copete para disuadir, cortar las alas, escarmentar en cabeza ajena a cualquier potencial investigador judicial de los crímenes contra la humanidad de la dictadura. Verde y con asas, alcarraza. Lo más triste quizá es ser el hazmerreír jurídico y moral del mundo, después de haber perseguido tantos delitos de lesa humanidad lejos de España.
Por si no me explicara bien, permitan un ejemplo, entre cien posibles, de los dobles “juegos”: ¿recuerdan la que armaron contra Garzón por pedir certificación a los Registros Civiles de la defunción de Franco, Mola, Queipo, Yagüe, Vigón, etc (en auto de 16/10/08)?. Pues el magistrado de Valencia Sr. Ceres (quien, junto al ídem Sr. De la Rúa trató de exculpar al presidente Camps por el asunto “de los trajes” en agosto de 2.009, lo que fue impedido unánimemente por el Tribunal Supremo), el Sr. Ceres, decimos, pidió que le certificaran ser Camps Presidente de la Generalitat Valenciana, sin que nadie arremetiera contra él (aunque se pueda pensar que era por dilatar el procedimiento, para que lleguen antes las Elecciones autonómicas que el eventual banquillo).
Mala cosa, en suma, los enjuagues entre Derecho y Política. Mas hablemos, por terminar, una miaja de ésta, a vuelapluma. ¡Qué hombre de suerte es ZP: tener de oponente máximo, en momentos tan difíciles, a Don Mariano el Leve! (FG también la tuvo, le tocó Fraga durante mucho tiempo). Aunque es verosímil que los candidatos a las Generales no sean Zapatero ni Rajoy. Buena parte del PP teme que, si la situación económica mejora algo y el PSOE pone a Rubalcaba o Pepiño, verbigracia, Rajoy pierda por tercera vez, emulando a San Pedro. Así que rabian pidiendo Elecciones ya, pues su mejor baza es la crisis económica. Y han tenido que aguantar el alegrón de la ciudadanía por que España ganó el Mundial de fútbol. Y encima se viene a veranear acá la familia Obama, ¡qué mala suerte!
Así que gerifaltes y carguetes del PP cuentan a sus bases que la única conjura es contra el Partido (conjura de fiscales, policías especialistas en delincuencia dineraria, funcionarios de Hacienda, interventores del Estado, incluso jueces). Y toca a los cargos públicos ser más leales al Partido que a los ciudadanos. Oigan al Conseller valenciano R. Blasco --ex PC m-l, ex Conseller del PSOE valentino, y hoy hombre fuerte del Gobierno de Camps-- decir que éste debe ser Presidente aunque la Justicia le condenase por cohecho o soborno (y demás posibles delitos que están asomando la orejilla: prevaricación, financiación ilegal del Partido, delito electoral...). Camps, temo, acabará más abandonado que don Manuel Azaña. De momento, ni Rajoy ni Cospedal ni González Pons ni Trillo, ni... se hacen una foto con él, y tampoco se le proclama candidato a la Generalitat.
Mientras, el buen Rajoy juega a que la crisis económica le gane las Elecciones, y se abstiene de criticar la corrupción (por cierto, me parece que el Rey también lo omite). Así que Mariano no hace propuestas. Encima, el antes hacedor de trascendentes leyes sociales ZP le pisa el discurso, tomando medidas económicas a lo Cameron, Merkel o Berlusconi. Lo que permite a Dª Cospedal asegurar que el PP es el partido de los trabajadores (más esperpento). ¿Será, en fin, que “lo decisivo no se puede organizar democráticamente”, como sostiene el obispo ultra Kurt Krenn (tan comprensivo con la pederastia)? ¿Es la mentira básica en la vida política, en la amorosa con frecuencia, en la social? Lean a Javier de Lucas en el importante libro “¿Es conveniente engañar al pueblo?”, del Centro de Estudios Constitucionales.
¿El pueblo?: les animo a ver la estupenda película de hace un par de años “Frost/Nixon”, particularmente cuando ese ignominioso ex Presidente USA se derrumba. O lean a Louis Blanc: “El pueblo despertó asustado con el ruido de pasiones que no eran las suyas”. (Con esta frase presentaba el sabio cínico Mitterrand su obra contra De Gaulle “El golpe de estado permanente”).
José Luis Pitarch,
Presidente federal de Unidad Cívica por la República
martes, 24 de agosto de 2010
Carta de José Manuel Zelaya a la clase trabajadora de Honduras
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
Rebelión
Del escritorio del ex presidente Jose Manuel Zelaya Rosales
Coordinador G del FNRP
Compañeros(a) Trabajadores de Honduras
Me dirijo a ustedes para darles fuerza y aliento en este momento en que los niveles de brutalidad del régimen sólo se pueden comparar con la carrera desesperada que tienen por entregar todos los bienes de los hondureños al capital transnacional y sus representantes locales.
En la historia nunca antes vivió nuestra patria una situación más difícil, ni nos tocó enfrentar la insaciable ambición de unos pocos que hoy se revelan sin reservas ante nuestros ojos y de los extraños.
El estado de indefensión de nuestra población ante las fuerzas represivas es palpable. Tenemos que unirnos para vencerlos.
Las víctimas de la represión en el golpe de Estado, igual que el que recibe las palizas y las torturas, hoy son sometidos a bochornosos juicios, que no tienen ninguna razón jurídica, pero sí expresan la arbitrariedad y la barbarie que hoy prevalecen en las instituciones hondureñas.
Deseo expresar mi reconocimiento a los compañeros comprometidos con los DDHH por su condición de verdaderos representantes de la justicia en Honduras.
Por ahora el gobierno de Porfirio Lobo, por orden de la oligarquía, sólo busca conjurar la unidad del movimiento magisterial y el obrero, que luce ante sus ojos como la fuerza que tiene que desarticular a toda costa.
La situación actual, si bien permanece aún incierta, debe derivar en la UNIDAD de todas las fuerzas sociales. Debemos tener la seguridad de que cada día más los trabajadores del campo y la ciudad encaminen sus esfuerzos a la unidad y la organización, a conjuntar paso a paso las posiciones de todos los sectores frente a esta lucha y las luchas por venir.
Las demandas para crear la unidad y el respaldo popular no deben ser tímidas, deben ser enérgicas y claras frente a la impostergable necesidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Considerando el pobre nivel de compromiso que tiene este gobierno con los sectores sociales se debe ser vital, contundente y categórico en lo que demandan las clases populares y no ceder espacios que corresponden en la lucha a la clase trabajadora.
Los maestros en lucha deben tener todo el apoyo hasta vencer el menosprecio con que se les trata y sus reclamos priorizados, deben ser parte integral de las demandas.
El salario mínimo para los obreros es merecido y debe ser correspondiente al costo de la canasta básica de alimentos, que oscila en promedio entre L 6.600,00 y L 6.900,00 mensual (1 dólar = 19,89 lempiras).
No es una dádiva lo que necesitamos. Exigimos lo que por derecho le corresponde a la clase trabajadora.
Este año debe estar incluida la maquila por deuda y compromiso con ellos.
Se debe hacer un llamado general a la centrales obreras, a los campesinos de todo el país, especialmente del Bajo Aguan en lucha intensa y desigual, a integrarse a los sectores con derechos postergados por siglos: indígenas garifunas y misquitos.
Todos los acontecimientos nos muestran a las claras un esquema en que se trata de imponer por todas las vías el temor y la división de todas las fuerzas de oposición tanto políticas como sociales con el fin de doblegar la resistencia.
Hoy revierten todas las leyes, decretos, regulaciones y medidas que tomamos en beneficio del pueblo.
Medidas que muchas veces significaron choques con la oligarquía que siempre se empeña en cobrar a la gente sin importarle los niveles de neoesclavitud y de pobreza.
El acceso a los servicios básicos, casi todos privatizados, al crédito del sistema bancario con bajos intereses para los campesinos, bajar el costo de la vida, medicinas, salud, educación, debe ser considerado en los planteamientos.
La salida violenta y la aplicación del puño fuerte para los trabajadores y guante de seda para los golpistas y la oligarquía es el peor de los caminos que ha escogido el régimen actual, cada día tiene mayor rechazo del pueblo.
Compañeros, compañeras, el momento requiere de un gran nivel de esfuerzo y avance para la organización; el camino es la unidad inquebrantable de los trabajadores y las trabajadoras, fundamentalmente alrededor de Frente Nacional de Resistencia Popular.
Muchas veces la elite cree equivocadamente que trabajadores son sólo los que nos manifestamos en marchas; trabajadores somos todos aquellos que debemos entregar nuestra fuerza de trabajo por salarios y otras compensaciones que en la mayor parte de las veces ni en las labores domésticas se nos reconocen .
Por esta razón, es importante entender que el movimiento popular es un todo, que la clase trabajadora, empleada, desempleada, subempleada, en el campo y la ciudad, debe sentirse unificada, identificada en esta lucha.
Les invito a participar, asociarse con firmeza y convicción, estoy seguro, convencido, de que la victoria está en nuestras manos, es nuestra, pero no dejemos que el que el futuro incierto, dominado por la arbitrariedad con que nos gobiernan, se apodere de nuestro ánimo.
A la clase gobernante le decimos:
Ustedes se equivocan porque quieren, no perderemos nunca el derecho al agua, al trabajo y a la vida y los derechos que nos pertenecen.
No permitiremos, aunque nos la quieran imponer, la tercerización y las jornadas horarias o que nos administren los sectores que han demostrado traicionar al pueblo.
Somos miles y miles que no tenemos trabajo, vendemos productos bajo préstamos a intereses leoninos y somos víctimas de la violencia, de la injusticia, de la corrupción y de la impunidad, los que sufrimos la persecución vil del sistema judicial abyecto y pusilánime, los que permanecemos en el exilio por la fuerza de los fusiles asesinos, todos somos un pueblo, y todos estamos marchando hoy con los obreros y especialmente con los trabajadores de la educación, con el magisterio, hasta parafrasear a MORAZÁN cuando hablaba a los conservadores.
"A Ustedes hablo, enemigos de la libertad... Este pueblo que habéis tratado de envilecer con vuestras mentiras pronto será vuestro juez."
TRABAJADORES DE MI TIERRA.
UNIDAD MAGISTERIO O MUERTE
MEL ZELAYA
Ex Presidente de Honduras
Coordinador G. FNRP
22 de agosto de 2010
República Dominicana
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rJV
domingo, 22 de agosto de 2010
Los embustes de El País sobre Venezuela y Bolivia
VICTOR EGO DUCROT(*)
APM
El diario El País responde directamente a los intereses corporativos del Grupo Prisa en el marco de su proceso de expansión en América Latina y ve como un obstáculo las transformaciones de carácter popular iniciadas en Venezuela y Bolivia, porque los intereses estratégicos de cada uno de estos procesos nacionales chocan directamente con los intereses corporativos de la empresa en la región.
Ese influyente medio español recurre a todo tipo de estrategias para desacreditar procesos que son democráticos y populares. Esas estrategias tienden a disciplinar las conductas sociales y políticas de los escenarios en cuestión, para obstruir los procesos contrahegemónicos y de ampliación del sistema democrático.
Lejos está el comportamiento de El País de ser lo que se proclama, “independiente y plural”. Esta afirmación no surge de una valoración meramente semántica sino de la observación realizada, en la que se constató una marcada tendencia a la unilateralidad de fuentes y a la NO confrontación de las mismas…
Ese tipo de coberturas periodísticas buscan minar los fuertes consenso sociales que se están registrando en Venezuela y Bolivia y crear las bases “desinformativas y de inteligencia” de futuras maniobras desestabilizadoras.
Asimismo, se proponen fortalecer, en ambos casos, los parámetros mediáticos del bloque hegemónico para con los países de la región: concentración económica, financiera y de discurso; monopolización del debate y contralor mediático como instrumento de guerra.
Esas son algunas de las conclusiones a las que arribó el Observatorio de Medios de la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM) y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado entre el 1 y el 15 de julio pasados, en torno a la cobertura que la versión digital de El País hiciera sobre los casos Venezuela y Bolivia.
La investigación contó con la activa participación de los especialistas Rosa Miriam Elizalde, de Cuba, y Pascual Serrano, de España, y fue coordinado por Fernando López, del Observatorio de Medios de APM, perteneciente a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de Argentina. En los próximos días, la versión completa de la misma podrá ser consultada en la sección Observatorio de Medios de esta misma página electrónica y en la de la Red, entre otras.
Utilizando el modelo de análisis “intencionalidad Editorial”, de carácter cuanticualitativo y diseñado por un equipo de investigación teórica de APM, el Observatorio de esa Agencia y de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó que el comportamiento de El País respecto de los temas en cuestión “responde directamente a los intereses corporativos del Grupo Prisa en el marco de su proceso de expansión en América Latina”.
“La presencia de Prisa en la región se inauguró con una fuerte penetración en el mercado editorial con sellos como Alfaguara, Aguilar, Santillana, entre otros. Pero a fines de la década de 1990, el holding del recientemente fallecido Polanco comenzó a adquirir medios de comunicación con el objetivo de acaparar los rubros de información y entretenimiento en el mundo de habla hispana”, añade el Informe Final del Observatorio.
Si bien el Grupo posee algunos diarios y canales en el Cono Sur, el objetivo principal en esta etapa apunta a dominar el mercado radiofónico. Prisa ya operaba en este sentido desde el Grupo Latino de Radiodifusión (GLR), con presencia en Colombia, México, Bolivia, Panamá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. En junio de 2006, Polanco dio un salto cualitativo al asociarse con Javier de Godó (Grupo Godó) para concentrar sus participaciones en Cadena SER, Antena 3 y el GLR bajo una nueva empresa bautizada como Unión Radio.
Según los propios datos de Prisa, la operación dio lugar al “primer grupo de radio con más de 1.235 emisoras” en Europa y América, y una audiencia de 28 millones de personas. Prisa también reconoce que “sus planes de futuro incluyen ampliar su presencia en los mercados de Estados Unidos, Portugal e Iberoamérica”.
“Sin embargo, este bloque hegemónico ve como un obstáculo las transformaciones de carácter popular iniciadas en Venezuela y Bolivia, porque los intereses estratégicos de cada uno de estos procesos nacionales chocan directamente con los intereses corporativos de Prisa en la región. De ahí que los medios del Grupo, con El País a la cabeza, hagan causa común contra los gobiernos de esos países, recurriendo a todo tipo de estrategias para desacreditar procesos que son, sin lugar a dudas, legítimamente democráticos y populares”, destaca el Observatorio de APM y la Red.
En el caso de RCTV se ve claramente cómo El País.com trata de imponer su propia parcialidad sobre una Venezuela que, según ese discurso de clase, se reduce al “populismo” y la “demagogia” del presidente Hugo Chávez.
De la misma forma, el Observatorio constató un tratamiento similar hacia Bolivia, a pesar de la escasa cantidad de notas registradas durante el período de observación.
Los procesos periodísticos encaminados por el medio observado “se enmarcan en una clara estrategia que tiende a disciplinar las conductas sociales y políticas de los escenarios en cuestión, para obstruir los procesos contrahegemónicos y de ampliación del sistema democrático. Lejos están estos comportamientos periodísticos de ser lo que se proclaman, independientes y plurales, y esta afirmación no surge de una valoración meramente semántica sino de la observación realizada, en la que se constató una marcada tendencia a la unilateralidad de fuentes y a la NO confrontación de las mismas”, afirma el informe.
La investigación alerta “sobre esos posicionamientos mediático corporativos respecto de los escenarios de Venezuela y Bolivia se inscriben en dos diseños muchos más amplios y ambiciosos por parte de las fuerzas hegemónicas.
En es sentido, se destaca el “minar los fuertes consensos que están generando los procesos sociales y políticos que encabezan los presidente Hugo Chávez y Evo Morales, a la vez que crear las bases desinformativas y de inteligencia que requieren los mecanismos desestabilizadores, golpistas o intervencionistas; en este último caso con una eventual presencia militar extranjera en Venezuela y una estrategia cesionista en Bolivia, a partir de las fuerzas conservadoras más recalcitrantes que radican en la región oriental de ese país”.
El segundo de los diseños planteados es descrito como “el fortalecimiento, ambos casos, de los parámetros mediáticos del bloque hegemónico para con los países de la región: concentración económica, financiera y de discurso; monopolización del debate y contralor mediático como instrumento de guerra, tanto convencional como el marco de los principios del Conflicto de baja Intensidad (GBI)”.
Por último, las conclusiones del Observatorio también alertan “sobre la necesidad de que periodistas y comunicadores en general, organizaciones sociales y políticas y organismos internacionales se aboque a una tarea sistemática de revisión y denuncia de las conductas mediático corporativas, que, como se desprende esta observación sobre los casos Venezuela y Bolivia, son atentatorias contra los principios democráticos y de derechos humanos consagrados por el derecho internacional y por Naciones Unidas”.
Este Observatorio tuvo por objeto aportar a la resolución del V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado en Cochabamba, Bolivia, en mayo de 2007, sobre la creación de un Observatorio Permanente de Medios que monitoree con rigor metodológico el comportamiento de los medios de comunicación hegemónicos, con el fin de poner en evidencia los abusos de las grandes corporaciones mediáticas y las violaciones del derecho de los pueblos a la información veraz.
El modelo teórico y metodológico denominado “Intencionalidad Editorial” aborda los procesos periodísticos como manifestaciones específicas del género propaganda y como instrumentos necesariamente vinculados a la disputa por el Poder, disputa que se da en el marco de la relación dialéctica entre hegemonía y contrahegemonía.
Esta propuesta también parte de que la dicotomía Objetividad-Subjetividad es insuficiente y engañosa para el análisis de los procesos periodísticos, pues debe contemplarse, además, el eje Parcialidad-Imparcialidad. De este planteo resulta que todo proceso periodístico como tal debe ser necesariamente Objetivo (en el sentido de remisión a fuentes comprobables y contrastables) e inevitablemente Parcial (en el sentido de la toma de partido por).
Para desentrañar las intenciones editoriales de todos los medios no basta con los resultados que arrojan los distintos enfoques del análisis de discursos, sino que es imprescindible descubrir los entramados de la base de materialidad de los procesos periodísticos, con investigaciones caso por caso acerca de la macro y micro economía política de los medios observados, afirma el capítulo de enunciados metodológicos del Observatorio.
En el apartado “Descripción de datos cuantitativos” se constata que los datos relevados de El País.com durante la primera quincena del mes de julio indicaron que la temática monitoreada por este observatorio tuvo una presencia insignificante en la portada. Se registraron 10 titulares de un total de 537, es decir apenas un 1,86 por ciento que en su totalidad se refirieron sólo a Venezuela, ya sea de manera directa o indirecta, y relacionados particularmente con el seguimiento de la Copa América de Fútbol.
De esos 10 titulares, 6 fueron ubicados en planos secundarios, 3 en destacados y uno en complementarios. En tanto, la utilización de imágenes fue un recurso que sólo se aprovechó en el 40 por ciento de las piezas monitoreadas.
Entre los temas que encabezaron la agenda informativa de la portada se destacó el denominado “Debate del estado de la Nación” en el Congreso, donde el presidente José Luís Rodríguez Zapatero ofreció un balance anual de su gestión y recibió diversas críticas por parte de la oposición. Este hecho obtuvo una extensa cobertura a lo largo de todo el período de la muestra.
También se subrayaron temas como el atentado con un coche bomba en Yemen, donde murieron y resultaron heridos varios españoles; la cumbre entre el presidentes George W. Bush y Vladimir Putin; el recambio de ministros en el gabinete de Rodríguez Zapatero, el arresto de miembros de ETA en Francia; la final de Wimbledon; el Mundial de Fútbol Sub-20, el Tour de ciclismo en Francia, los Sanfermines 2007, entre otros.
De las once secciones del sitio (Internacional, España, Deportes, Economía, Opinión, Cultura, Sociedad, Tecnología, Gente y TV, Blogs y Participa), el tema Venezuela-Bolivia tuvo presencia en seis: Deportes, Internacional, España, Economía, Opinión y Cultura, respectivamente.
La cantidad de artículos publicados en estas secciones fue de 63 sobre un total de 1.221 piezas periodísticas. La relación en porcentajes, en tanto, fue de un 4,42 por ciento de artículos referidos a Venezuela, 0,74 por ciento de artículos sobre Bolivia y 94,84 por ciento sobre otros temas de agenda.
En la sección Deportes se registraron 24 artículos para Venezuela y 2 para Bolivia, la mayoría de los cuales se encuadraron en el seguimiento que hizo El País.com de la Copa América. En el segundo lugar se ubicó la sección Internacional, donde se publicaron 17 notas sobre Venezuela y 2 sobre Bolivia. Le siguieron las secciones España (5 artículos para Venezuela y 3 para Bolivia), Economía (5 artículos para Venezuela), Opinión (3 artículos para Venezuela y 1 para Bolivia) y Cultura (1 artículo para Bolivia).
En cuanto a los géneros periodísticos, El País.com prefirió las notas de carácter informativo para su tratamiento sobre Venezuela y Bolivia (90,48%), mientras que los artículos de opinión obtuvieron un escaso 9,52 por ciento.
El peso informativo, dado por la ubicación de los artículos en las secciones, fue similar a la que se registró en la portada. Más de un 52 por ciento de las notas se ubicaron en planos secundarios, mientras que un 38 en destacados y un 9 por ciento en complementarios.
La diferencia con la portada se registró en relación a las imágenes, ya que el 55 por ciento de las piezas sobre Venezuela y Bolivia fueron publicadas con fotografías.
Las cifras presentadas anteriormente ofrecen una primera aproximación al tratamiento periodístico de El País.com sobre Venezuela y Bolivia, pero para desentrañar la intencionalidad editorial del medio con respecto al tema tratado es preciso profundizar en el análisis tanto a nivel simbólico como material.
El País.com es la versión digital del diario El País de Madrid, con contenidos de la edición impresa y actualización informativa durante las 24 horas. Según la última Encuesta General de Medios (EGM), desarrollada entre los meses de abril y junio de 2007 por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), se trata del diario online más leído de España con 1.876.000 usuarios únicos mensuales. El mismo estudio también calificó al sitio como el medio digital que más crece periódicamente, al verificar un incremento de 286 mil usuarios mensuales con respecto a la encuesta anterior (febrero-marzo de 2007).
El País.com depende de Prisa.com, empresa creada en el 2000 para gestionar los productos y negocios digitales del Grupo Prisa (Cadenaser.com, Cincodias.com, As.com, El Bumeran(g), Los40.com, Ep3.es, Cuatro.com, Plus.es y Santillana en Red). Desde ese año, el portal del diario ha pasado por diversos cambios de diseño hasta que en noviembre de 2006 se realizaron las últimas modificaciones y la web dejó de llamarse El País.es para adquirir su nombre actual.
El portal comparte con el diario impreso y, en general, con el resto de los medios del Grupo Prisa (Prensa, Radio, Televisión e Internet) un posicionamiento contrario a los procesos de cambio que se desarrollan en América Latina –donde el holding encabezado hasta hace pocos días por el recientemente fallecido Jesús de Polanco tiene fuertes intereses en vías de expansión-, haciendo especial énfasis en el proceso bolivariano que lidera el presidente Hugo Chávez, reforzando esa tendencia en todo proceso periodístico referido a Cuba y su gobierno.
Los comportamientos de la multimedia española no son nuevos. En Venezuela, por ejemplo, se instrumentó a partir del triunfo de Chávez en 1999, pero en los últimos ocho años fue profundizándose y aceitándose de tal manera que logró alcanzar un posicionamiento sumamente monolítico en el bloque corporativo de Prisa.
Es en este sentido que el portal El País.com cumple un papel clave como medio de prensa hegemónico en el campo virtual de habla hispana.
El tratamiento sobre el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) tal vez sea un buen ejemplo para analizar el posicionamiento editorial del grupo no sólo porque recobró relevancia durante el período de nuestro observatorio, sino que además las piezas publicadas sobre el tema ofrecen todo tipo de indicadores que permiten desentrañar la parcialidad de clase que se esconde detrás del manto de una supuesta objetividad.
El País.com volvió a lanzar sus dardos contra el gobierno venezolano cuando se anunció la emisión por satélite de RCTV, el pasado 8 de julio. El medio reproduce ese mismo día un cable de la agencia EFE con la noticia y agrega un recuadro para afirmar que, pese al regreso del canal por la señal de Directv, “la lucha continúa” con el objetivo de recuperar el espacio en la televisión abierta. En ese mismo recuadro, el diario también se hace eco de las denuncias del director de RCTV, Marcel Granier, sobre supuestas “presiones y obstáculos” del Ejecutivo venezolano para impedir que esa “lucha” siga su curso.
Por otra parte, en la contextualización de la información se utilizan expresiones y valoraciones acuñadas por el sector golpista que aprovechó la decisión venezolana de no renovar la licencia del canal -medida que, por cierto, fue tomada en estricto cumplimiento de las leyes y las competencias gubernamentales, y refrendada, además, por otros dos poderes del Estado: la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia- para mostrarse como víctimas de un ataque a la libertad de expresión.
“Desde que Hugo Chávez tomara la decisión de prohibir a RCTV que siguiera emitiendo en abierto, las protestas no han cesado”, dice un párrafo del artículo. Asimismo, se ofrecen dos vínculos relacionados: uno con una entrevista digital a Granier y otro con una fotogalería titulada “Chávez cierra RCTV”, con imágenes de las marchas en apoyo a la emisora.
Al día siguiente, el portal le dedicó un mayor tratamiento al tema. Por un lado, se recoge un artículo de la edición impresa con la firma del corresponsal en Caracas, Clodovaldo Hernández, quien se encarga de reafirmar algunos conceptos antichavistas desde un principio. “La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite”, afirma el título.
Las denuncias de Granier, en este caso, también se ubican en primer plano: “El presidente de RCTV, Marcel Granier, ha denunciado en varias ocasiones que su empresa se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos para poder acceder a los sistemas de suscripción y ha acusado al Gobierno de presionar a las compañías de televisión por satélite y las de cable para que no incorporen al canal. Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones e Informática, lo desmintió.”
En este sentido, Hernández además sugiere un acuerdo tácito entre Chávez y Gustavo Cisneros para sacar de la competencia televisiva a RCTV: “DirecTV es propiedad en Venezuela del magnate Gustavo Cisneros, cuyo canal de señal abierta Venevisión logró la renovación de su concesión en mayo. RCTV era el principal competidor de Venevisión en el campo de los programas dramáticos (telenovelas principalmente) y de entretenimiento. Entre ambos se distribuían la mayor porción de la inversión publicitaria destinada a la televisión en abierto.”
Nada se dice, sin embargo, sobre las operaciones golpistas de RCTV más allá de algún entrecomillado aislado. Lo que sí abunda es la denuncia sobre “violaciones a libertad de expresión” sin otra fuente que la de los propios denunciantes.
En la misma edición, se reproducen varios párrafos de una carta de la cadena Globovisión remitida al vicepresidente venezolano, Jorge Rodríguez, para ubicar a esta empresa en el mismo plano de RCTV.
“La cadena Globovisión denuncia ‘presiones’ y ‘amenazas’ por parte del Gobierno de Chávez”, sentencia el título, para luego afirmar en la bajada que “en junio, el ministro de Comunicación, William Lara, acusó al canal de ‘instigar al magnicidio’ y alentar las protestas a favor de RCTV”.
Como en otros casos, en el texto no se presenta ni un mínimo contraste de fuentes. El artículo sólo se basa en la carta del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien “argumenta que esa cadena, abiertamente opositora al gobierno, ha sido ‘amenazada de forma constante’ por Chávez y otros funcionarios con revocarle la licencia de transmisión, que caduca en 2015 según datos de la empresa”.
Posteriormente, durante la visita oficial de Rafael Correa a España, El País aprovechó para colar el tema RCTV en una entrevista del periodista Fernando Gualdoni al presidente ecuatoriano, que fue publicada el 11 de julio. Veamos algunos párrafos de la misma:
P. Usted vive enfrentado a la clase política. Hace unos días acusó por radio a 18 diputados de corruptos, con nombre y apellido... Es un comportamiento un tanto incomprensible para un presidente...
R. Hay cosas que pasan en Ecuador que acá son incomprensibles. La propia prensa lo que publica, fíjese... Mentiras tras mentiras y en nombre de la libertad de expresión no se les puede decir nada...
P. Usted no estará pensando en cerrar un canal como hizo el presidente Chávez en Venezuela con RCTV (Radio Caracas Televisión)...
R. Si apoya un golpe [de Estado] como lo hizo la RCTV en Venezuela lo cierro... porque la ley es clara, ¿no? No pueden incitar a la violencia, a atentados contra la democracia, etcétera... Mire, el 80% de la gente nos respalda a pesar del feroz ataque de los grupos de poder como los partidos tradicionales, la banca y los medios de comunicación. El ambiente es tenso porque estamos ante un verdadero cambio del modelo político y económico.
Sin embargo, el aspecto más relevante se ubicó en la cabeza del artículo, cuando Gualdoni describe a Correa de la siguiente forma: “Este economista de 44 años, con postrados en Bélgica y EE UU, despierta sentimientos encontrados dentro y fuera de su país. Para algunos es un populista imitador del presidente venezolano, Hugo Chávez; para muchos -en su país tiene un apoyo popular superior al 70%- un revolucionario que acabará con años de corrupción y un modelo económico que ha forzado a emigrar a millones de habitantes hacia EE UU y Europa”.
Destacamos este fragmento porque el periodista introduce aquí una pegunta clave para el diario, aunque intente disfrazarla con dos posiciones encontradas: “¿Correa es un populista imitador del presidente venezolano, Hugo Chávez, o un revolucionario que acabará con años de corrupción y un modelo económico que ha forzado a emigrar a millones de habitantes hacia EE UU y Europa?”. Y decimos que Gualdoni introduce porque en la nota no se contesta dicho interrogante. De ello se encargará el propio diario en un editorial publicado en la edición del 12 de julio.
“Correa debe tener cuidado en respetar las reglas del juego. El actual Parlamento, pese a que él lo considere lleno de corruptos y mediocres -en lo que no le falta razón-, debe seguir en pie y no ser disuelto antes de que la Constituyente haya acabado sus trabajos. Tampoco resulta tranquilizador que cite como ejemplo a aplaudir el cierre de la cadena de televisión venezolana RCTV por el régimen de Chávez. La libertad de prensa debe mantenerse en Ecuador. Debe tener en cuenta que los emigrantes ecuatorianos, cuando voten o vuelvan, se verán influidos por el ambiente vivido en su país de acogida, en este caso, España, y su libertad de opinión”, asegura el editorial.
Esta insistencia en señalar la “demagogia” y el “populismo” de Chávez, aunque sea en pequeños fragmentos de notas que no tratan directamente sobre Venezuela, es un recurso que responde a una estrategia sistemática de repetición para que la parcialidad de El País –que en este caso coincide con la de los sectores golpistas venezolanos y la de Washington- se instale como sentido común hegemónico.
Durante el período de observación se detectaron varias piezas de este tipo, además de la entrevista a Correa.
Por ejemplo, en un artículo de Timothy Garton Ash sobre Brasil (1/07/2007), se plantea que ese país latinoamericano “es, junto a India y Estados Unidos, una de las democracias más grandes del mundo. Es una auténtica democracia desde hace menos de 20 años, y ya ha superado la prueba del traspaso pacífico de poder entre partidos y presidentes rivales. Esta joven democracia ha sobrevivido a crisis económicas, un sistema federal de una complejidad chirriante y repetidos escándalos de corrupción. Cuenta con una prensa libre, vibrante y combativa. El ejército, que antes controlaba el país, ahora permanece en segundo plano. En muchos sentidos es un experimento esperanzador”.
Sin embargo, para el autor, “la pregunta que queda pendiente es durante cuánto tiempo es posible que se mantenga una democracia liberal con tales grados de desigualdad, pobreza, exclusión social, crimen, drogas y anarquía. En el país vecino, la Venezuela de Hugo Chávez, puede verse la permanente tentación populista.”
Hasta el jefe de Gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires, el empresario de derecha Mauricio Macri, tuvo lugar en El País.com (06/07/2007) para expresar su posición contra el gobierno venezolano, cuando el corresponsal argentino Jorge Marirrodriga le preguntó sobre la política exterior de la gestión del presidente Néstor Kirchner.
“El único país con el que tenemos buenas relaciones, y lo digo con tristeza, es Venezuela. Con todos los demás países vecinos o lejanos estamos en los peores momentos de relación que haya tenido el país en cada uno de esos casos”, contestó Macri.
Marirrodriga ya había publicado un artículo a fines de junio para destacar las críticas del empresario en ese mismo sentido, bajo el título “Macri no quiere saber nada de Chávez”. Aunque las opiniones de Macri, obviamente, no merecieron ningún tipo de descargo por parte del medio, como ocurrió en cambio luego de la entrevista a Correa.
Para El País.com también el deporte es un espacio ideal para subrayar la “demagogia” chavista. Con motivo del pase de Venezuela a cuartos de final de la Copa América, el periodista Diego Torres redactó una crónica desde Puerto de la Cruz para desenmascarar “la intención de Chávez” con la organización del evento futbolístico:
“A diferencia de la mayoría de los niños suramericanos de su generación, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no soñó con ser Pelé. A los 10 años tampoco se le pasó por la cabeza imitar a Bolívar. Enamorado del béisbol, como todos sus compatriotas, su primera obsesión fue seguir los pasos de Isaías Látigo Chávez. Este pitcher, emigrado a los San Francisco Giants, encendió la imaginación del presidente, pero la política y las pasiones no siempre van de la mano. Chávez lo supo cuando en 2006 firmó el decreto 4.742 para impulsar la Copa América de Fútbol. El deporte del balón, y no el béisbol, consideró, era el vehículo más propicio para dar publicidad a su objetivo hemisférico, la Confederación de Naciones Suramericanas, especie de patria grande al modo bolivariano.” (05/07/2007).
Respecto de Bolivia, y como ya se detalló en la descripción de datos cuantitativos, el proceso encabezado por el presidente Evo Morales estuvo casi totalmente excluido de la agenda informativa de El País.com durante el período de observación. Las notas relacionadas con esta temática, apenas incluyeron algunas referencias en torno al desempeño de la selección boliviana en la Copa América y menciones secundarias en artículos sobre otros temas de agenda.
Este tipo de menciones se registraron, por ejemplo, en una nota del corresponsal en Roma, Eric González, sobre el espionaje italiano para presionar a miembros de la Justicia durante el mandato de Silvio Berlusconi (06/07/2007).
Bajo el subtítulo “En busca de subversivos” el periodista sostiene que el jefe operativo del Servicio de Información Militar Italiano (Sismi), Pío Pompa, era un experto en la elaboración de “informes kafkianos”. Según González, “después de un encuentro del juez romano Domenico Gallo con Joseba Álvarez, responsable internacional de Batasuna, (Pompa) acusaba al juez de formar parte del ‘movimiento subversivo’ mundial, en colaboración con el alcalde de Bolonia, Sergio Coferatti, el presidente boliviano, Evo Morales, el subcomandante Marcos y las FARC colombianas, entre otros”.
Uno de los pocos artículos dedicados íntegramente a Bolivia apareció el 4 de julio, cuando la Asamblea Constituyente de ese país resolvió ampliar el plazo original para la redacción de una nueva Carta Magna hasta el próximo 14 de diciembre. La decisión fue calificada por El País.com como un nuevo fracaso de la Asamblea.
“Este aplazamiento se debe al fracaso de los 255 constituyentes en lograr los acuerdos necesarios para la redacción del texto de la nueva Constitución que, en principio, debía presentarse el próximo 6 de agosto, cuando se cumple el plazo de un año señalado en la ley de convocatoria. Los constituyentes han empleado casi seis meses de discusión para aprobar el artículo 70 sobre los dos tercios de votación necesarios para sancionar el nuevo texto”, señaló la corresponsal en La Paz, Mabel Azcui.
Sin embargo, la escasa presencia de Bolivia en la edición digital del diario español no significa que el Grupo Prisa considere que la gestión de Morales sea menos “peligrosa” que la de Chávez en Venezuela.
De hecho, el país andino es un punto estratégico del proceso de penetración y expansión del Grupo en América Latina. En Bolivia no sólo controla el diario La Razón, sino también los matutinos Extra, El Nuevo Día y parte de la cadena ABC.
El diario La Razón era parte del holding de la familia Garáfulic, encabezado por el magnate Raúl Garáfulic, empresario que se caracterizaba por utilizar su poder mediático en campañas y lobby para facilitar grandes negociados. En el año 2000, PRISA invirtió en los medios de la familia y, más tarde, gracias a un litigio judicial que le resultó favorable, logró apoderarse del control total de la empresa por la suma de 10 millones de dólares.
El propio Jesús de Polanco renovó y modernizó los medios en su poder, y contrató a numerosos periodistas bolivianos de tendencia liberal. Además, contó con la bendición del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y en el 2000 editó el libro “La espada en la Palabra” de su amigo y ex presidente depuesto, Carlos Mesa.
La Razón se convirtió, desde entonces, en el diario nacional más importante, tanto a nivel de tirada como de comercialización, sobre todo en la franja ABC1 (clase media-alta).
El medio defendió históricamente la gestión de Sánchez de Lozada, e incluso operó abiertamente para ubicar a varios de sus hombres en puestos estatales. En política internacional, adquirió desde el año 2000 un marcado posicionamiento antichavista y, en reiteradas ocasiones, se manifestó a favor de un TLC con Estados Unidos.
En cuanto a la política nacional, el tema energético se consolidó como un aspecto central de la agenda del medio. Las posiciones a favor de las empresas concesionarias de la extracción de gas y petróleo se endurecieron tras la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, debido a los vínculos financieros entre el Grupo Prisa y la petrolera Repsol.
El Informe Final de este Observatorio incluye un atractivo apartado -discusión de resultadas complementaria- con anotaciones de casos puntuales comprendidos en la muestra.
El 1 de julio, por ejemplo, en Opinión. Página 14. Artículo de Vargas Llosa: “¿Otro país?”:
El texto es un panegírico de la política de Alan García en Perú y, de paso, critica a Venezuela, Bolivia y Ecuador que termina así:
En tanto que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, amplios sectores sociales, por diversas razones, experimentan una regresión, que gana conciencias y corazones para las apolilladas recetas populistas -nacionalismo, estatismo, colectivismo- mi impresión es que una mayoría de peruanos ha enterrado esos lastres y va aceptando, algunos con entusiasmo y otros a regañadientes, que si queremos salir de la barbarie de la pobreza, la ignorancia, la explotación y el atraso, no hay más que una receta en el mundo de hoy: democracia política, economía de mercado, estabilidad jurídica, apertura de fronteras, incentivos para la inversión y el ahorro, respeto de la propiedad e impulso a la empresa privada. La notable transformación del Presidente Alan García, que, en buena hora para el Perú, hace ahora exactamente lo contrario de lo que hizo en su primer Gobierno, es expresión y consecuencia de esa evolución de una considerable parte de la opinión pública hacia el realismo y gradualismo que caracterizan a la cultura de la libertad. Por primera vez en mucho tiempo intuyo -con palpitaciones y tocando madera- que después de tanto tiempo de andar a remolque el Perú podría pasar a ocupar un puesto de vanguardia en el contexto latinoamericano.
Habría que buscar las cifras de apoyo político que tiene Alan García frente a Evo, Chávez o Correa. En cualquier caso, a los pocos días el presidente peruano estaba sofocando manifestaciones ciudadanas con el ejército con saldo de muertos y heridos.
En el Suplemento del domingo, página 11, artículo de Timothy Garton Ash, “Brasil, democracia joven y desigual”:
Se repite el modelo del artículo anterior, con motivo de unas palabras esperanzadoras para Brasil, se embiste contra Venezuela:
Brasil es, junto a India y Estados Unidos, una de las democracias más grandes del mundo. Es una auténtica democracia desde hace menos de 20 años, y ya ha superado la prueba del traspaso pacífico de poder entre partidos y presidentes rivales. Esta joven democracia ha sobrevivido a crisis económicas, un sistema federal de una complejidad chirriante y repetidos escándalos de corrupción. Cuenta con una prensa libre, vibrante y combativa. El ejército, que antes controlaba el país, ahora permanece en segundo plano. En muchos sentidos es un experimento esperanzador. Pero la pregunta que queda pendiente es durante cuánto tiempo es posible que se mantenga una democracia liberal con tales grados de desigualdad, pobreza, exclusión social, crimen, drogas y anarquía. En el país vecino, la Venezuela de Hugo Chávez, puede verse la permanente tentación populista. El culto a sus firmas y referentes de opinión es constante. Por eso en el crucigrama del domingo, la foto del personaje a identificar es, una vez más, Mario Vargas Llosa.
Artículo en Economía, página 61 del corresponsal Clodovaldo Hernández. El texto no es muy tergiversador, pero sí el titular y el subtítulo, elementos ambos que suelen estar definidos por la mesa de dirección en la sede central de Madrid, no por el corresponsal. Título: “Chávez se libra de las grandes empresas estadounidenses”. Subtítulo: “Cinco compañías han dicho este año adiós a Venezuela por la ola de nacionalizaciones”.
Cuando se lee la noticia se comprueba que el hecho es que de de las seis empresas que petroleras que operaban en el Orinoco se quedan cuatro y se van dos. Además entre las que se quedan hay una estadounidense, por tanto el titular es falso y el subtítulo tergiversa porque son cinco las que se han ido a lo largo de todo el año no en esa noticia. No siquiera se dice cuáles son las otras tres, en qué sector operaban y cuáles son las razones por qué se han ido.
El 2 de julio, en Internacional, página 3:
Foto de Chávez con Ahmadineyad con un pie de foto titulado “Aliados contra EEUU”. Es una foto muy afectuosa donde el iraní toma al venezolano por los brazos y éste junta las manos y mira al cielo a modo de plegaria. El pie de foto se extiende no más de dos líneas sin explicar apenas el encuentro de ambos. No hace falta, basta con tener esa foto y el título del pie para asociar a Chávez con el presidente iraní.
El 4 de julio hay un breve basado en un cable de Efe sobre Bolivia (página 10 de internacional) que no se considera relevante.
Deportes, página 61. Cualquier excusa es buena para criticar al chavismo:
REPORTAJE: FÚTBOL - Copa América. Del fusil al `funky`:
La seguridad que rodea a Argentina contrasta con la vida tranquila de Brasil
Al contrario que Brasil, que se mueve en autobús escoltado por un patrullero, cualquier traslado de Argentina supone un despliegue de helicópteros, motos y furgones de la policía, el ejército y las unidades especiales de asalto. El procedimiento parece un homenaje a las fuerzas de seguridad del Ayuntamiento de Maracaibo, gobernado por el polifacético Giancarlo di Martino. El señor Di Martino, que ha puesto pegatinas del Che Guevara en su todoterreno de lujo, está atento a las últimas tendencias. Dice que es chavista. La Copa le ha permitido darse a conocer al mundo. La ciudad está plagada de carteles en su honor, en los que aparece sonriente con la mascota del torneo, un guacamayo llamado Guaki.
El 5 de julio. Internacional, página 4, se recrea en unas declaraciones de Chávez sobre su ingreso en el MERCOSUR: Chávez exige a Brasilia que apruebe el ingreso de Venezuela en el MERCOSUR.
Se observa un párrafo incoherente: “En el Parlamento brasileño, Lula tiene mayoría. Le bastará templar los ánimos de los legisladores por las provocaciones e insultos del dirigente venezolano para conseguir la aprobación de la adhesión de Venezuela”. Es incoherente porque nos entiende que recordar las “provocaciones e insultos” sea el modo de conseguir la entrada de Venezuela.
El 9 de julio. Internacional, página 8. La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite.
De nuevo una intencionalidad centrada en el titular de una información. El término utilizado en el título, “televisión prohibida por Chávez, nunca lo usa el corresponsal que ha elaborado la noticia desde Caracas. Y es lógico porque la cadena está ahora tan prohibida como hace dos semanas, y si ahora se ve por cable y por satélite es que no está prohibida, por tanto, no lo estuvo nunca. Todo ello lo explica bastante bien el texto, si bien se echa de menos que, al igual que hace referencia a las manifestaciones en contra de la no renovación, silencie que también las hubo en defensa de esta decisión gubernamental. Por supuesto, la foto es para una manifestante en contra de la no renovación a pesar de que sea de hace quince días.
El 11 de julio. Internacional, página 9. Entrevista a Rafael Correa.
De un total de siete preguntas, dos se refieren a Chávez. Así de capciosa es una de ellas: “Usted no estará pensando en cerrar un canal como hizo el presidente Chávez en Venezuela con RCTV (Radio Caracas Televisión)”.
El 12 de julio. La respuesta de Rafael Correa defendiendo la no renovación de RCTV no se la perdona El País y la recoge en el editorial del día siguiente:
Tampoco resulta tranquilizador que cite como ejemplo a aplaudir el cierre de la cadena de televisión venezolana RCTV por el régimen de Chávez. La libertad de prensa debe mantenerse en Ecuador. Debe tener en cuenta que los emigrantes ecuatorianos, cuando voten o vuelvan, se verán influidos por el ambiente vivido en su país de acogida, en este caso, España, y su libertad de opinión. Con el final del párrafo quizás el diario le está diciendo que los emigrantes/votantes ecuatorianos en España (entre 500 y 700.000) leen El País y se puede influidos en su valoración de Correa, porque si como ejemplo de libertad de expresión se refiere a España, allí sí se han cerrado periódicos y radios y, por supuesto, se reparten discrecionalmente las licencias.
Con este primer Observatorio se pretende inaugurar un programa sistemática tendiente a develar las maniobras de la presa hegemónica corporativa contra los procesos políticos y sociales de corte democrático en América Latina. En otras palabras, tendiente a desarticular la maraña de “medios y mentiras enteras”.
(*) Víctor Ego Ducrot es director de APM y del Observatorio de Medios de esa Agencia. Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
APM
El diario El País responde directamente a los intereses corporativos del Grupo Prisa en el marco de su proceso de expansión en América Latina y ve como un obstáculo las transformaciones de carácter popular iniciadas en Venezuela y Bolivia, porque los intereses estratégicos de cada uno de estos procesos nacionales chocan directamente con los intereses corporativos de la empresa en la región.
Ese influyente medio español recurre a todo tipo de estrategias para desacreditar procesos que son democráticos y populares. Esas estrategias tienden a disciplinar las conductas sociales y políticas de los escenarios en cuestión, para obstruir los procesos contrahegemónicos y de ampliación del sistema democrático.
Lejos está el comportamiento de El País de ser lo que se proclama, “independiente y plural”. Esta afirmación no surge de una valoración meramente semántica sino de la observación realizada, en la que se constató una marcada tendencia a la unilateralidad de fuentes y a la NO confrontación de las mismas…
Ese tipo de coberturas periodísticas buscan minar los fuertes consenso sociales que se están registrando en Venezuela y Bolivia y crear las bases “desinformativas y de inteligencia” de futuras maniobras desestabilizadoras.
Asimismo, se proponen fortalecer, en ambos casos, los parámetros mediáticos del bloque hegemónico para con los países de la región: concentración económica, financiera y de discurso; monopolización del debate y contralor mediático como instrumento de guerra.
Esas son algunas de las conclusiones a las que arribó el Observatorio de Medios de la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM) y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado entre el 1 y el 15 de julio pasados, en torno a la cobertura que la versión digital de El País hiciera sobre los casos Venezuela y Bolivia.
La investigación contó con la activa participación de los especialistas Rosa Miriam Elizalde, de Cuba, y Pascual Serrano, de España, y fue coordinado por Fernando López, del Observatorio de Medios de APM, perteneciente a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de Argentina. En los próximos días, la versión completa de la misma podrá ser consultada en la sección Observatorio de Medios de esta misma página electrónica y en la de la Red, entre otras.
Utilizando el modelo de análisis “intencionalidad Editorial”, de carácter cuanticualitativo y diseñado por un equipo de investigación teórica de APM, el Observatorio de esa Agencia y de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó que el comportamiento de El País respecto de los temas en cuestión “responde directamente a los intereses corporativos del Grupo Prisa en el marco de su proceso de expansión en América Latina”.
“La presencia de Prisa en la región se inauguró con una fuerte penetración en el mercado editorial con sellos como Alfaguara, Aguilar, Santillana, entre otros. Pero a fines de la década de 1990, el holding del recientemente fallecido Polanco comenzó a adquirir medios de comunicación con el objetivo de acaparar los rubros de información y entretenimiento en el mundo de habla hispana”, añade el Informe Final del Observatorio.
Si bien el Grupo posee algunos diarios y canales en el Cono Sur, el objetivo principal en esta etapa apunta a dominar el mercado radiofónico. Prisa ya operaba en este sentido desde el Grupo Latino de Radiodifusión (GLR), con presencia en Colombia, México, Bolivia, Panamá, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. En junio de 2006, Polanco dio un salto cualitativo al asociarse con Javier de Godó (Grupo Godó) para concentrar sus participaciones en Cadena SER, Antena 3 y el GLR bajo una nueva empresa bautizada como Unión Radio.
Según los propios datos de Prisa, la operación dio lugar al “primer grupo de radio con más de 1.235 emisoras” en Europa y América, y una audiencia de 28 millones de personas. Prisa también reconoce que “sus planes de futuro incluyen ampliar su presencia en los mercados de Estados Unidos, Portugal e Iberoamérica”.
“Sin embargo, este bloque hegemónico ve como un obstáculo las transformaciones de carácter popular iniciadas en Venezuela y Bolivia, porque los intereses estratégicos de cada uno de estos procesos nacionales chocan directamente con los intereses corporativos de Prisa en la región. De ahí que los medios del Grupo, con El País a la cabeza, hagan causa común contra los gobiernos de esos países, recurriendo a todo tipo de estrategias para desacreditar procesos que son, sin lugar a dudas, legítimamente democráticos y populares”, destaca el Observatorio de APM y la Red.
En el caso de RCTV se ve claramente cómo El País.com trata de imponer su propia parcialidad sobre una Venezuela que, según ese discurso de clase, se reduce al “populismo” y la “demagogia” del presidente Hugo Chávez.
De la misma forma, el Observatorio constató un tratamiento similar hacia Bolivia, a pesar de la escasa cantidad de notas registradas durante el período de observación.
Los procesos periodísticos encaminados por el medio observado “se enmarcan en una clara estrategia que tiende a disciplinar las conductas sociales y políticas de los escenarios en cuestión, para obstruir los procesos contrahegemónicos y de ampliación del sistema democrático. Lejos están estos comportamientos periodísticos de ser lo que se proclaman, independientes y plurales, y esta afirmación no surge de una valoración meramente semántica sino de la observación realizada, en la que se constató una marcada tendencia a la unilateralidad de fuentes y a la NO confrontación de las mismas”, afirma el informe.
La investigación alerta “sobre esos posicionamientos mediático corporativos respecto de los escenarios de Venezuela y Bolivia se inscriben en dos diseños muchos más amplios y ambiciosos por parte de las fuerzas hegemónicas.
En es sentido, se destaca el “minar los fuertes consensos que están generando los procesos sociales y políticos que encabezan los presidente Hugo Chávez y Evo Morales, a la vez que crear las bases desinformativas y de inteligencia que requieren los mecanismos desestabilizadores, golpistas o intervencionistas; en este último caso con una eventual presencia militar extranjera en Venezuela y una estrategia cesionista en Bolivia, a partir de las fuerzas conservadoras más recalcitrantes que radican en la región oriental de ese país”.
El segundo de los diseños planteados es descrito como “el fortalecimiento, ambos casos, de los parámetros mediáticos del bloque hegemónico para con los países de la región: concentración económica, financiera y de discurso; monopolización del debate y contralor mediático como instrumento de guerra, tanto convencional como el marco de los principios del Conflicto de baja Intensidad (GBI)”.
Por último, las conclusiones del Observatorio también alertan “sobre la necesidad de que periodistas y comunicadores en general, organizaciones sociales y políticas y organismos internacionales se aboque a una tarea sistemática de revisión y denuncia de las conductas mediático corporativas, que, como se desprende esta observación sobre los casos Venezuela y Bolivia, son atentatorias contra los principios democráticos y de derechos humanos consagrados por el derecho internacional y por Naciones Unidas”.
Este Observatorio tuvo por objeto aportar a la resolución del V Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, realizado en Cochabamba, Bolivia, en mayo de 2007, sobre la creación de un Observatorio Permanente de Medios que monitoree con rigor metodológico el comportamiento de los medios de comunicación hegemónicos, con el fin de poner en evidencia los abusos de las grandes corporaciones mediáticas y las violaciones del derecho de los pueblos a la información veraz.
El modelo teórico y metodológico denominado “Intencionalidad Editorial” aborda los procesos periodísticos como manifestaciones específicas del género propaganda y como instrumentos necesariamente vinculados a la disputa por el Poder, disputa que se da en el marco de la relación dialéctica entre hegemonía y contrahegemonía.
Esta propuesta también parte de que la dicotomía Objetividad-Subjetividad es insuficiente y engañosa para el análisis de los procesos periodísticos, pues debe contemplarse, además, el eje Parcialidad-Imparcialidad. De este planteo resulta que todo proceso periodístico como tal debe ser necesariamente Objetivo (en el sentido de remisión a fuentes comprobables y contrastables) e inevitablemente Parcial (en el sentido de la toma de partido por).
Para desentrañar las intenciones editoriales de todos los medios no basta con los resultados que arrojan los distintos enfoques del análisis de discursos, sino que es imprescindible descubrir los entramados de la base de materialidad de los procesos periodísticos, con investigaciones caso por caso acerca de la macro y micro economía política de los medios observados, afirma el capítulo de enunciados metodológicos del Observatorio.
En el apartado “Descripción de datos cuantitativos” se constata que los datos relevados de El País.com durante la primera quincena del mes de julio indicaron que la temática monitoreada por este observatorio tuvo una presencia insignificante en la portada. Se registraron 10 titulares de un total de 537, es decir apenas un 1,86 por ciento que en su totalidad se refirieron sólo a Venezuela, ya sea de manera directa o indirecta, y relacionados particularmente con el seguimiento de la Copa América de Fútbol.
De esos 10 titulares, 6 fueron ubicados en planos secundarios, 3 en destacados y uno en complementarios. En tanto, la utilización de imágenes fue un recurso que sólo se aprovechó en el 40 por ciento de las piezas monitoreadas.
Entre los temas que encabezaron la agenda informativa de la portada se destacó el denominado “Debate del estado de la Nación” en el Congreso, donde el presidente José Luís Rodríguez Zapatero ofreció un balance anual de su gestión y recibió diversas críticas por parte de la oposición. Este hecho obtuvo una extensa cobertura a lo largo de todo el período de la muestra.
También se subrayaron temas como el atentado con un coche bomba en Yemen, donde murieron y resultaron heridos varios españoles; la cumbre entre el presidentes George W. Bush y Vladimir Putin; el recambio de ministros en el gabinete de Rodríguez Zapatero, el arresto de miembros de ETA en Francia; la final de Wimbledon; el Mundial de Fútbol Sub-20, el Tour de ciclismo en Francia, los Sanfermines 2007, entre otros.
De las once secciones del sitio (Internacional, España, Deportes, Economía, Opinión, Cultura, Sociedad, Tecnología, Gente y TV, Blogs y Participa), el tema Venezuela-Bolivia tuvo presencia en seis: Deportes, Internacional, España, Economía, Opinión y Cultura, respectivamente.
La cantidad de artículos publicados en estas secciones fue de 63 sobre un total de 1.221 piezas periodísticas. La relación en porcentajes, en tanto, fue de un 4,42 por ciento de artículos referidos a Venezuela, 0,74 por ciento de artículos sobre Bolivia y 94,84 por ciento sobre otros temas de agenda.
En la sección Deportes se registraron 24 artículos para Venezuela y 2 para Bolivia, la mayoría de los cuales se encuadraron en el seguimiento que hizo El País.com de la Copa América. En el segundo lugar se ubicó la sección Internacional, donde se publicaron 17 notas sobre Venezuela y 2 sobre Bolivia. Le siguieron las secciones España (5 artículos para Venezuela y 3 para Bolivia), Economía (5 artículos para Venezuela), Opinión (3 artículos para Venezuela y 1 para Bolivia) y Cultura (1 artículo para Bolivia).
En cuanto a los géneros periodísticos, El País.com prefirió las notas de carácter informativo para su tratamiento sobre Venezuela y Bolivia (90,48%), mientras que los artículos de opinión obtuvieron un escaso 9,52 por ciento.
El peso informativo, dado por la ubicación de los artículos en las secciones, fue similar a la que se registró en la portada. Más de un 52 por ciento de las notas se ubicaron en planos secundarios, mientras que un 38 en destacados y un 9 por ciento en complementarios.
La diferencia con la portada se registró en relación a las imágenes, ya que el 55 por ciento de las piezas sobre Venezuela y Bolivia fueron publicadas con fotografías.
Las cifras presentadas anteriormente ofrecen una primera aproximación al tratamiento periodístico de El País.com sobre Venezuela y Bolivia, pero para desentrañar la intencionalidad editorial del medio con respecto al tema tratado es preciso profundizar en el análisis tanto a nivel simbólico como material.
El País.com es la versión digital del diario El País de Madrid, con contenidos de la edición impresa y actualización informativa durante las 24 horas. Según la última Encuesta General de Medios (EGM), desarrollada entre los meses de abril y junio de 2007 por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), se trata del diario online más leído de España con 1.876.000 usuarios únicos mensuales. El mismo estudio también calificó al sitio como el medio digital que más crece periódicamente, al verificar un incremento de 286 mil usuarios mensuales con respecto a la encuesta anterior (febrero-marzo de 2007).
El País.com depende de Prisa.com, empresa creada en el 2000 para gestionar los productos y negocios digitales del Grupo Prisa (Cadenaser.com, Cincodias.com, As.com, El Bumeran(g), Los40.com, Ep3.es, Cuatro.com, Plus.es y Santillana en Red). Desde ese año, el portal del diario ha pasado por diversos cambios de diseño hasta que en noviembre de 2006 se realizaron las últimas modificaciones y la web dejó de llamarse El País.es para adquirir su nombre actual.
El portal comparte con el diario impreso y, en general, con el resto de los medios del Grupo Prisa (Prensa, Radio, Televisión e Internet) un posicionamiento contrario a los procesos de cambio que se desarrollan en América Latina –donde el holding encabezado hasta hace pocos días por el recientemente fallecido Jesús de Polanco tiene fuertes intereses en vías de expansión-, haciendo especial énfasis en el proceso bolivariano que lidera el presidente Hugo Chávez, reforzando esa tendencia en todo proceso periodístico referido a Cuba y su gobierno.
Los comportamientos de la multimedia española no son nuevos. En Venezuela, por ejemplo, se instrumentó a partir del triunfo de Chávez en 1999, pero en los últimos ocho años fue profundizándose y aceitándose de tal manera que logró alcanzar un posicionamiento sumamente monolítico en el bloque corporativo de Prisa.
Es en este sentido que el portal El País.com cumple un papel clave como medio de prensa hegemónico en el campo virtual de habla hispana.
El tratamiento sobre el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) tal vez sea un buen ejemplo para analizar el posicionamiento editorial del grupo no sólo porque recobró relevancia durante el período de nuestro observatorio, sino que además las piezas publicadas sobre el tema ofrecen todo tipo de indicadores que permiten desentrañar la parcialidad de clase que se esconde detrás del manto de una supuesta objetividad.
El País.com volvió a lanzar sus dardos contra el gobierno venezolano cuando se anunció la emisión por satélite de RCTV, el pasado 8 de julio. El medio reproduce ese mismo día un cable de la agencia EFE con la noticia y agrega un recuadro para afirmar que, pese al regreso del canal por la señal de Directv, “la lucha continúa” con el objetivo de recuperar el espacio en la televisión abierta. En ese mismo recuadro, el diario también se hace eco de las denuncias del director de RCTV, Marcel Granier, sobre supuestas “presiones y obstáculos” del Ejecutivo venezolano para impedir que esa “lucha” siga su curso.
Por otra parte, en la contextualización de la información se utilizan expresiones y valoraciones acuñadas por el sector golpista que aprovechó la decisión venezolana de no renovar la licencia del canal -medida que, por cierto, fue tomada en estricto cumplimiento de las leyes y las competencias gubernamentales, y refrendada, además, por otros dos poderes del Estado: la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia- para mostrarse como víctimas de un ataque a la libertad de expresión.
“Desde que Hugo Chávez tomara la decisión de prohibir a RCTV que siguiera emitiendo en abierto, las protestas no han cesado”, dice un párrafo del artículo. Asimismo, se ofrecen dos vínculos relacionados: uno con una entrevista digital a Granier y otro con una fotogalería titulada “Chávez cierra RCTV”, con imágenes de las marchas en apoyo a la emisora.
Al día siguiente, el portal le dedicó un mayor tratamiento al tema. Por un lado, se recoge un artículo de la edición impresa con la firma del corresponsal en Caracas, Clodovaldo Hernández, quien se encarga de reafirmar algunos conceptos antichavistas desde un principio. “La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite”, afirma el título.
Las denuncias de Granier, en este caso, también se ubican en primer plano: “El presidente de RCTV, Marcel Granier, ha denunciado en varias ocasiones que su empresa se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos para poder acceder a los sistemas de suscripción y ha acusado al Gobierno de presionar a las compañías de televisión por satélite y las de cable para que no incorporen al canal. Jesse Chacón, ministro de Telecomunicaciones e Informática, lo desmintió.”
En este sentido, Hernández además sugiere un acuerdo tácito entre Chávez y Gustavo Cisneros para sacar de la competencia televisiva a RCTV: “DirecTV es propiedad en Venezuela del magnate Gustavo Cisneros, cuyo canal de señal abierta Venevisión logró la renovación de su concesión en mayo. RCTV era el principal competidor de Venevisión en el campo de los programas dramáticos (telenovelas principalmente) y de entretenimiento. Entre ambos se distribuían la mayor porción de la inversión publicitaria destinada a la televisión en abierto.”
Nada se dice, sin embargo, sobre las operaciones golpistas de RCTV más allá de algún entrecomillado aislado. Lo que sí abunda es la denuncia sobre “violaciones a libertad de expresión” sin otra fuente que la de los propios denunciantes.
En la misma edición, se reproducen varios párrafos de una carta de la cadena Globovisión remitida al vicepresidente venezolano, Jorge Rodríguez, para ubicar a esta empresa en el mismo plano de RCTV.
“La cadena Globovisión denuncia ‘presiones’ y ‘amenazas’ por parte del Gobierno de Chávez”, sentencia el título, para luego afirmar en la bajada que “en junio, el ministro de Comunicación, William Lara, acusó al canal de ‘instigar al magnicidio’ y alentar las protestas a favor de RCTV”.
Como en otros casos, en el texto no se presenta ni un mínimo contraste de fuentes. El artículo sólo se basa en la carta del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien “argumenta que esa cadena, abiertamente opositora al gobierno, ha sido ‘amenazada de forma constante’ por Chávez y otros funcionarios con revocarle la licencia de transmisión, que caduca en 2015 según datos de la empresa”.
Posteriormente, durante la visita oficial de Rafael Correa a España, El País aprovechó para colar el tema RCTV en una entrevista del periodista Fernando Gualdoni al presidente ecuatoriano, que fue publicada el 11 de julio. Veamos algunos párrafos de la misma:
P. Usted vive enfrentado a la clase política. Hace unos días acusó por radio a 18 diputados de corruptos, con nombre y apellido... Es un comportamiento un tanto incomprensible para un presidente...
R. Hay cosas que pasan en Ecuador que acá son incomprensibles. La propia prensa lo que publica, fíjese... Mentiras tras mentiras y en nombre de la libertad de expresión no se les puede decir nada...
P. Usted no estará pensando en cerrar un canal como hizo el presidente Chávez en Venezuela con RCTV (Radio Caracas Televisión)...
R. Si apoya un golpe [de Estado] como lo hizo la RCTV en Venezuela lo cierro... porque la ley es clara, ¿no? No pueden incitar a la violencia, a atentados contra la democracia, etcétera... Mire, el 80% de la gente nos respalda a pesar del feroz ataque de los grupos de poder como los partidos tradicionales, la banca y los medios de comunicación. El ambiente es tenso porque estamos ante un verdadero cambio del modelo político y económico.
Sin embargo, el aspecto más relevante se ubicó en la cabeza del artículo, cuando Gualdoni describe a Correa de la siguiente forma: “Este economista de 44 años, con postrados en Bélgica y EE UU, despierta sentimientos encontrados dentro y fuera de su país. Para algunos es un populista imitador del presidente venezolano, Hugo Chávez; para muchos -en su país tiene un apoyo popular superior al 70%- un revolucionario que acabará con años de corrupción y un modelo económico que ha forzado a emigrar a millones de habitantes hacia EE UU y Europa”.
Destacamos este fragmento porque el periodista introduce aquí una pegunta clave para el diario, aunque intente disfrazarla con dos posiciones encontradas: “¿Correa es un populista imitador del presidente venezolano, Hugo Chávez, o un revolucionario que acabará con años de corrupción y un modelo económico que ha forzado a emigrar a millones de habitantes hacia EE UU y Europa?”. Y decimos que Gualdoni introduce porque en la nota no se contesta dicho interrogante. De ello se encargará el propio diario en un editorial publicado en la edición del 12 de julio.
“Correa debe tener cuidado en respetar las reglas del juego. El actual Parlamento, pese a que él lo considere lleno de corruptos y mediocres -en lo que no le falta razón-, debe seguir en pie y no ser disuelto antes de que la Constituyente haya acabado sus trabajos. Tampoco resulta tranquilizador que cite como ejemplo a aplaudir el cierre de la cadena de televisión venezolana RCTV por el régimen de Chávez. La libertad de prensa debe mantenerse en Ecuador. Debe tener en cuenta que los emigrantes ecuatorianos, cuando voten o vuelvan, se verán influidos por el ambiente vivido en su país de acogida, en este caso, España, y su libertad de opinión”, asegura el editorial.
Esta insistencia en señalar la “demagogia” y el “populismo” de Chávez, aunque sea en pequeños fragmentos de notas que no tratan directamente sobre Venezuela, es un recurso que responde a una estrategia sistemática de repetición para que la parcialidad de El País –que en este caso coincide con la de los sectores golpistas venezolanos y la de Washington- se instale como sentido común hegemónico.
Durante el período de observación se detectaron varias piezas de este tipo, además de la entrevista a Correa.
Por ejemplo, en un artículo de Timothy Garton Ash sobre Brasil (1/07/2007), se plantea que ese país latinoamericano “es, junto a India y Estados Unidos, una de las democracias más grandes del mundo. Es una auténtica democracia desde hace menos de 20 años, y ya ha superado la prueba del traspaso pacífico de poder entre partidos y presidentes rivales. Esta joven democracia ha sobrevivido a crisis económicas, un sistema federal de una complejidad chirriante y repetidos escándalos de corrupción. Cuenta con una prensa libre, vibrante y combativa. El ejército, que antes controlaba el país, ahora permanece en segundo plano. En muchos sentidos es un experimento esperanzador”.
Sin embargo, para el autor, “la pregunta que queda pendiente es durante cuánto tiempo es posible que se mantenga una democracia liberal con tales grados de desigualdad, pobreza, exclusión social, crimen, drogas y anarquía. En el país vecino, la Venezuela de Hugo Chávez, puede verse la permanente tentación populista.”
Hasta el jefe de Gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires, el empresario de derecha Mauricio Macri, tuvo lugar en El País.com (06/07/2007) para expresar su posición contra el gobierno venezolano, cuando el corresponsal argentino Jorge Marirrodriga le preguntó sobre la política exterior de la gestión del presidente Néstor Kirchner.
“El único país con el que tenemos buenas relaciones, y lo digo con tristeza, es Venezuela. Con todos los demás países vecinos o lejanos estamos en los peores momentos de relación que haya tenido el país en cada uno de esos casos”, contestó Macri.
Marirrodriga ya había publicado un artículo a fines de junio para destacar las críticas del empresario en ese mismo sentido, bajo el título “Macri no quiere saber nada de Chávez”. Aunque las opiniones de Macri, obviamente, no merecieron ningún tipo de descargo por parte del medio, como ocurrió en cambio luego de la entrevista a Correa.
Para El País.com también el deporte es un espacio ideal para subrayar la “demagogia” chavista. Con motivo del pase de Venezuela a cuartos de final de la Copa América, el periodista Diego Torres redactó una crónica desde Puerto de la Cruz para desenmascarar “la intención de Chávez” con la organización del evento futbolístico:
“A diferencia de la mayoría de los niños suramericanos de su generación, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no soñó con ser Pelé. A los 10 años tampoco se le pasó por la cabeza imitar a Bolívar. Enamorado del béisbol, como todos sus compatriotas, su primera obsesión fue seguir los pasos de Isaías Látigo Chávez. Este pitcher, emigrado a los San Francisco Giants, encendió la imaginación del presidente, pero la política y las pasiones no siempre van de la mano. Chávez lo supo cuando en 2006 firmó el decreto 4.742 para impulsar la Copa América de Fútbol. El deporte del balón, y no el béisbol, consideró, era el vehículo más propicio para dar publicidad a su objetivo hemisférico, la Confederación de Naciones Suramericanas, especie de patria grande al modo bolivariano.” (05/07/2007).
Respecto de Bolivia, y como ya se detalló en la descripción de datos cuantitativos, el proceso encabezado por el presidente Evo Morales estuvo casi totalmente excluido de la agenda informativa de El País.com durante el período de observación. Las notas relacionadas con esta temática, apenas incluyeron algunas referencias en torno al desempeño de la selección boliviana en la Copa América y menciones secundarias en artículos sobre otros temas de agenda.
Este tipo de menciones se registraron, por ejemplo, en una nota del corresponsal en Roma, Eric González, sobre el espionaje italiano para presionar a miembros de la Justicia durante el mandato de Silvio Berlusconi (06/07/2007).
Bajo el subtítulo “En busca de subversivos” el periodista sostiene que el jefe operativo del Servicio de Información Militar Italiano (Sismi), Pío Pompa, era un experto en la elaboración de “informes kafkianos”. Según González, “después de un encuentro del juez romano Domenico Gallo con Joseba Álvarez, responsable internacional de Batasuna, (Pompa) acusaba al juez de formar parte del ‘movimiento subversivo’ mundial, en colaboración con el alcalde de Bolonia, Sergio Coferatti, el presidente boliviano, Evo Morales, el subcomandante Marcos y las FARC colombianas, entre otros”.
Uno de los pocos artículos dedicados íntegramente a Bolivia apareció el 4 de julio, cuando la Asamblea Constituyente de ese país resolvió ampliar el plazo original para la redacción de una nueva Carta Magna hasta el próximo 14 de diciembre. La decisión fue calificada por El País.com como un nuevo fracaso de la Asamblea.
“Este aplazamiento se debe al fracaso de los 255 constituyentes en lograr los acuerdos necesarios para la redacción del texto de la nueva Constitución que, en principio, debía presentarse el próximo 6 de agosto, cuando se cumple el plazo de un año señalado en la ley de convocatoria. Los constituyentes han empleado casi seis meses de discusión para aprobar el artículo 70 sobre los dos tercios de votación necesarios para sancionar el nuevo texto”, señaló la corresponsal en La Paz, Mabel Azcui.
Sin embargo, la escasa presencia de Bolivia en la edición digital del diario español no significa que el Grupo Prisa considere que la gestión de Morales sea menos “peligrosa” que la de Chávez en Venezuela.
De hecho, el país andino es un punto estratégico del proceso de penetración y expansión del Grupo en América Latina. En Bolivia no sólo controla el diario La Razón, sino también los matutinos Extra, El Nuevo Día y parte de la cadena ABC.
El diario La Razón era parte del holding de la familia Garáfulic, encabezado por el magnate Raúl Garáfulic, empresario que se caracterizaba por utilizar su poder mediático en campañas y lobby para facilitar grandes negociados. En el año 2000, PRISA invirtió en los medios de la familia y, más tarde, gracias a un litigio judicial que le resultó favorable, logró apoderarse del control total de la empresa por la suma de 10 millones de dólares.
El propio Jesús de Polanco renovó y modernizó los medios en su poder, y contrató a numerosos periodistas bolivianos de tendencia liberal. Además, contó con la bendición del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y en el 2000 editó el libro “La espada en la Palabra” de su amigo y ex presidente depuesto, Carlos Mesa.
La Razón se convirtió, desde entonces, en el diario nacional más importante, tanto a nivel de tirada como de comercialización, sobre todo en la franja ABC1 (clase media-alta).
El medio defendió históricamente la gestión de Sánchez de Lozada, e incluso operó abiertamente para ubicar a varios de sus hombres en puestos estatales. En política internacional, adquirió desde el año 2000 un marcado posicionamiento antichavista y, en reiteradas ocasiones, se manifestó a favor de un TLC con Estados Unidos.
En cuanto a la política nacional, el tema energético se consolidó como un aspecto central de la agenda del medio. Las posiciones a favor de las empresas concesionarias de la extracción de gas y petróleo se endurecieron tras la nacionalización de los hidrocarburos, en mayo de 2006, debido a los vínculos financieros entre el Grupo Prisa y la petrolera Repsol.
El Informe Final de este Observatorio incluye un atractivo apartado -discusión de resultadas complementaria- con anotaciones de casos puntuales comprendidos en la muestra.
El 1 de julio, por ejemplo, en Opinión. Página 14. Artículo de Vargas Llosa: “¿Otro país?”:
El texto es un panegírico de la política de Alan García en Perú y, de paso, critica a Venezuela, Bolivia y Ecuador que termina así:
En tanto que en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, amplios sectores sociales, por diversas razones, experimentan una regresión, que gana conciencias y corazones para las apolilladas recetas populistas -nacionalismo, estatismo, colectivismo- mi impresión es que una mayoría de peruanos ha enterrado esos lastres y va aceptando, algunos con entusiasmo y otros a regañadientes, que si queremos salir de la barbarie de la pobreza, la ignorancia, la explotación y el atraso, no hay más que una receta en el mundo de hoy: democracia política, economía de mercado, estabilidad jurídica, apertura de fronteras, incentivos para la inversión y el ahorro, respeto de la propiedad e impulso a la empresa privada. La notable transformación del Presidente Alan García, que, en buena hora para el Perú, hace ahora exactamente lo contrario de lo que hizo en su primer Gobierno, es expresión y consecuencia de esa evolución de una considerable parte de la opinión pública hacia el realismo y gradualismo que caracterizan a la cultura de la libertad. Por primera vez en mucho tiempo intuyo -con palpitaciones y tocando madera- que después de tanto tiempo de andar a remolque el Perú podría pasar a ocupar un puesto de vanguardia en el contexto latinoamericano.
Habría que buscar las cifras de apoyo político que tiene Alan García frente a Evo, Chávez o Correa. En cualquier caso, a los pocos días el presidente peruano estaba sofocando manifestaciones ciudadanas con el ejército con saldo de muertos y heridos.
En el Suplemento del domingo, página 11, artículo de Timothy Garton Ash, “Brasil, democracia joven y desigual”:
Se repite el modelo del artículo anterior, con motivo de unas palabras esperanzadoras para Brasil, se embiste contra Venezuela:
Brasil es, junto a India y Estados Unidos, una de las democracias más grandes del mundo. Es una auténtica democracia desde hace menos de 20 años, y ya ha superado la prueba del traspaso pacífico de poder entre partidos y presidentes rivales. Esta joven democracia ha sobrevivido a crisis económicas, un sistema federal de una complejidad chirriante y repetidos escándalos de corrupción. Cuenta con una prensa libre, vibrante y combativa. El ejército, que antes controlaba el país, ahora permanece en segundo plano. En muchos sentidos es un experimento esperanzador. Pero la pregunta que queda pendiente es durante cuánto tiempo es posible que se mantenga una democracia liberal con tales grados de desigualdad, pobreza, exclusión social, crimen, drogas y anarquía. En el país vecino, la Venezuela de Hugo Chávez, puede verse la permanente tentación populista. El culto a sus firmas y referentes de opinión es constante. Por eso en el crucigrama del domingo, la foto del personaje a identificar es, una vez más, Mario Vargas Llosa.
Artículo en Economía, página 61 del corresponsal Clodovaldo Hernández. El texto no es muy tergiversador, pero sí el titular y el subtítulo, elementos ambos que suelen estar definidos por la mesa de dirección en la sede central de Madrid, no por el corresponsal. Título: “Chávez se libra de las grandes empresas estadounidenses”. Subtítulo: “Cinco compañías han dicho este año adiós a Venezuela por la ola de nacionalizaciones”.
Cuando se lee la noticia se comprueba que el hecho es que de de las seis empresas que petroleras que operaban en el Orinoco se quedan cuatro y se van dos. Además entre las que se quedan hay una estadounidense, por tanto el titular es falso y el subtítulo tergiversa porque son cinco las que se han ido a lo largo de todo el año no en esa noticia. No siquiera se dice cuáles son las otras tres, en qué sector operaban y cuáles son las razones por qué se han ido.
El 2 de julio, en Internacional, página 3:
Foto de Chávez con Ahmadineyad con un pie de foto titulado “Aliados contra EEUU”. Es una foto muy afectuosa donde el iraní toma al venezolano por los brazos y éste junta las manos y mira al cielo a modo de plegaria. El pie de foto se extiende no más de dos líneas sin explicar apenas el encuentro de ambos. No hace falta, basta con tener esa foto y el título del pie para asociar a Chávez con el presidente iraní.
El 4 de julio hay un breve basado en un cable de Efe sobre Bolivia (página 10 de internacional) que no se considera relevante.
Deportes, página 61. Cualquier excusa es buena para criticar al chavismo:
REPORTAJE: FÚTBOL - Copa América. Del fusil al `funky`:
La seguridad que rodea a Argentina contrasta con la vida tranquila de Brasil
Al contrario que Brasil, que se mueve en autobús escoltado por un patrullero, cualquier traslado de Argentina supone un despliegue de helicópteros, motos y furgones de la policía, el ejército y las unidades especiales de asalto. El procedimiento parece un homenaje a las fuerzas de seguridad del Ayuntamiento de Maracaibo, gobernado por el polifacético Giancarlo di Martino. El señor Di Martino, que ha puesto pegatinas del Che Guevara en su todoterreno de lujo, está atento a las últimas tendencias. Dice que es chavista. La Copa le ha permitido darse a conocer al mundo. La ciudad está plagada de carteles en su honor, en los que aparece sonriente con la mascota del torneo, un guacamayo llamado Guaki.
El 5 de julio. Internacional, página 4, se recrea en unas declaraciones de Chávez sobre su ingreso en el MERCOSUR: Chávez exige a Brasilia que apruebe el ingreso de Venezuela en el MERCOSUR.
Se observa un párrafo incoherente: “En el Parlamento brasileño, Lula tiene mayoría. Le bastará templar los ánimos de los legisladores por las provocaciones e insultos del dirigente venezolano para conseguir la aprobación de la adhesión de Venezuela”. Es incoherente porque nos entiende que recordar las “provocaciones e insultos” sea el modo de conseguir la entrada de Venezuela.
El 9 de julio. Internacional, página 8. La televisión prohibida por Chávez volverá por cable y satélite.
De nuevo una intencionalidad centrada en el titular de una información. El término utilizado en el título, “televisión prohibida por Chávez, nunca lo usa el corresponsal que ha elaborado la noticia desde Caracas. Y es lógico porque la cadena está ahora tan prohibida como hace dos semanas, y si ahora se ve por cable y por satélite es que no está prohibida, por tanto, no lo estuvo nunca. Todo ello lo explica bastante bien el texto, si bien se echa de menos que, al igual que hace referencia a las manifestaciones en contra de la no renovación, silencie que también las hubo en defensa de esta decisión gubernamental. Por supuesto, la foto es para una manifestante en contra de la no renovación a pesar de que sea de hace quince días.
El 11 de julio. Internacional, página 9. Entrevista a Rafael Correa.
De un total de siete preguntas, dos se refieren a Chávez. Así de capciosa es una de ellas: “Usted no estará pensando en cerrar un canal como hizo el presidente Chávez en Venezuela con RCTV (Radio Caracas Televisión)”.
El 12 de julio. La respuesta de Rafael Correa defendiendo la no renovación de RCTV no se la perdona El País y la recoge en el editorial del día siguiente:
Tampoco resulta tranquilizador que cite como ejemplo a aplaudir el cierre de la cadena de televisión venezolana RCTV por el régimen de Chávez. La libertad de prensa debe mantenerse en Ecuador. Debe tener en cuenta que los emigrantes ecuatorianos, cuando voten o vuelvan, se verán influidos por el ambiente vivido en su país de acogida, en este caso, España, y su libertad de opinión. Con el final del párrafo quizás el diario le está diciendo que los emigrantes/votantes ecuatorianos en España (entre 500 y 700.000) leen El País y se puede influidos en su valoración de Correa, porque si como ejemplo de libertad de expresión se refiere a España, allí sí se han cerrado periódicos y radios y, por supuesto, se reparten discrecionalmente las licencias.
Con este primer Observatorio se pretende inaugurar un programa sistemática tendiente a develar las maniobras de la presa hegemónica corporativa contra los procesos políticos y sociales de corte democrático en América Latina. En otras palabras, tendiente a desarticular la maraña de “medios y mentiras enteras”.
(*) Víctor Ego Ducrot es director de APM y del Observatorio de Medios de esa Agencia. Profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.
viernes, 20 de agosto de 2010
El Imperio contraataca (y pierde)
JAMES PETRAS
Rebelión
La política estadounidense hacia Venezuela ha adoptado muchos giros tácticos, pero el objetivo ha sido siempre el mismo: derrocar al Presidente Chávez, invertir el proceso de nacionalización de grandes empresas, abolir los consejos comunitarios y sindicales de base y devolver al país a la situación de Estado cliente.
Washington financió y respaldó políticamente un golpe militar en el año 2002, un cierre patronal en los años 2002-2003, un referéndum e infinidad de tentativas de medios de comunicación, organizaciones políticas y ONG para socavar el régimen. Hasta el momento, todos los esfuerzos de la Casa Blanca han sido un fracaso; Chávez ha ganado una y otra vez en elecciones libres, ha conservado la lealtad del ejército y el respaldo de la inmensa mayoría de la población urbana y rural más pobre, de las abultadas clases trabajadoras y de las clases medias empleadas en el sector público.
Washington no ha cejado ni se ha resignado a aceptar el gobierno electo del Presidente Chávez. En cambio, con cada derrota de sus colaboradores en el interior del país, la Casa Blanca ha ido adoptando cada vez más una estrategia «externa», erigiendo un «cordón militar» poderoso con el que rodea a Venezuela con una presencia militar a gran escala que abarca toda América Central, el norte de Sudamérica y el Caribe. La Casa Blanca de Obama respaldó un golpe militar en Honduras que derrocó al gobierno elegido democráticamente del Presidente Zelaya (en junio de 2009), aliado de Chávez, y lo sustituyó por un régimen títere que apoya las políticas militares de Washington contra Chávez. El Pentágono consiguió establecer siete bases militares en el este de Colombia (en 2009), que miran a la frontera venezolana, gracias a su gobernante cliente, Álvaro Uribe, el célebre presidente narco-paramilitar. A mediados de 2010 Washington suscribió un acuerdo sin precedentes con la aquiescencia de la Presidenta derechista de Costa Rica, Laura Chinchilla, para destacar a 7.000 soldados de combate estadounidenses, 200 helicópteros y docenas de buques apuntando hacia Venezuela, con el pretexto de la persecución del narcotráfico. En la actualidad, Estados Unidos está negociando con el régimen derechista del Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, la posibilidad de reabrir una base militar en la antigua zona del canal. Junto con la IV Flota que patrulla las costas, 20.000 soldados en Haití y una base aérea en Aruba, Washington ha cercado a Venezuela por el oeste y el norte, estableciendo zonas de lanzamiento de tropas para una intervención directa si se dan las circunstancias internas favorables.
La militarización de la política de la Casa Blanca hacia América Latina, y hacia Venezuela en particular, forma parte de su política global de confrontación e intervención armada. Sobre todo, el régimen de Obama ha ensanchado las miras y el alcance de las operaciones de los escuadrones de la muerte clandestinos que hoy día operan en 70 países de cuatro continentes, ha aumentado la presencia bélica estadounidense en Afganistán en más de 30.000 soldados, más otros 100.000 mercenarios a sueldo que actúan atravesando las fronteras para penetrar en Pakistán e Irán, y ha suministrado material y proporcionado apoyo logístico a terroristas armados iraníes. Obama ha intensificado la provocación con maniobras militares en las costas de Corea del Norte y en el Mar de China, lo que ha suscitado protestas de Pekín. Igualmente revelador es el hecho de que el régimen de Obama ha incrementado el presupuesto militar en más de un billón de dólares, a pesar de la crisis económica, el monumental déficit y los llamamientos a la austeridad y los recortes en la Seguridad Social y otros seguros sanitarios como Medicare o Medicaid.
Dicho de otro modo: la actitud militar de Washington hacia América Latina y, en especial, hacia el gobierno socialista democrático del Presidente Chávez forma parte de una respuesta militar general hacia cualquier país o movimiento que se niegue a someterse al dominio estadounidense. Se plantea entonces una pregunta: ¿por qué la Casa Blanca recurre a la alternativa militar? ¿Por qué militariza la política exterior para obtener resultados favorables ante una oposición firme? La respuesta reside en parte en que Estados Unidos ha perdido casi toda la influencia económica que sí ejercía anteriormente y le permitía derrocar o someter a los gobiernos rivales. La mayor parte de las economías asiáticas y latinoamericanas han alcanzado cierto grado de autonomía. Otras no dependen de las organizaciones económicas internacionales donde Estados Unidos ejerce influencia (FMI, Banco Mundial), pues obtienen préstamos comerciales. La mayoría han diversificado sus pautas comerciales y de inversión y han ahondado en otros vínculos regionales. En algunos países, como Brasil, Argentina, Chile o Perú, China ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial. La mayor parte de los países ya no busca la «ayuda» estadounidense para estimular el crecimiento, sino que trata de forjar iniciativas conjuntas con empresas multinacionales, a menudo radicadas fuera de Norteamérica. Washington ha recurrido cada vez más a la opción militar hasta el punto de que retorcer el brazo económico de los países ha dejado de ser una herramienta efectiva para garantizar la obediencia. Washington ha sido incapaz de reconstruir sus instrumentos de palanca económica internacionales hasta el extremo de que la élite financiera estadounidense ha vaciado al sector industrial del país.
Los fracasos diplomáticos estrepitosos derivados de su incapacidad para adaptarse a las transformaciones fundamentales del poder global también han impulsado a Washington a abandonar las negociaciones políticas y comprometerse con la intervención y la confrontación militares. Los legisladores estadounidenses todavía viven congelados en las décadas de 1980 y 1990, la época de apogeo de gobernantes clientes y saqueo económico, cuando Washington recibía respaldo mundial, privatizaba empresas, explotaba la financiación de la deuda pública y apenas encontraba obstáculos en el mercado internacional. A finales de la década de 1990, el auge del capitalismo asiático, las revueltas masivas contra el neoliberalismo, el ascenso de regímenes de centro-izquierda en América Latina, las reiteradas crisis económicas, las grandes caídas de los mercados de valores de Estados Unidos y la Unión Europea y el aumento de los precios de las mercancías desembocó en una reordenación del poder global. Los esfuerzos de Washington por desarrollar políticas en sintonía con las décadas anteriores entraban en conflicto con la nueva realidad de la diversificación de los mercados, las potencias emergentes y los regímenes políticos relativamente independientes vinculados a nuevas masas de electores.
Las propuestas diplomáticas de Washington de aislar a Cuba y a Venezuela fueron rechazadas por todos los países latinoamericanos. Se rechazó la tentativa de reactivar acuerdos de libre comercio que privilegiaran a los exportadores estadounidenses y protegieran a su productores no competitivos. El régimen de Obama, decidido a no reconocer los límites del poder diplomático imperial ni a moderar sus propuestas, recurrió cada vez más a la opción militar.
La lucha de Washington por reafirmar el poder imperial a través de una política intervencionista no ha dado muchos mejores resultados que sus iniciativas diplomáticas. Los golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Venezuela (2002) y Bolivia (2008) fueron derrotados por la movilización popular masiva y la lealtad del Ejército a los regímenes vigentes. Asimismo, en Argentina, Ecuador y Brasil, los regímenes post-neoliberales respaldados por las élites industriales, mineras y del sector agrícola exportador y por las clases populares lograron hacer retroceder a las élites pro-estadounidenses neoliberales arraigadas en la política de la década de 1990 y anteriores. La política de desestabilización no consiguió desplazar la construcción de políticas exteriores relativamente independientes de esos nuevos gobiernos, que se negaron a regresar al viejo orden de la supremacía estadounidense.
Donde Washington ha recuperado terreno político con la elección de regímenes políticos derechistas, lo ha conseguido gracias a su capacidad de aprovecharse del «desgaste» de la política de centro-izquierda (Chile), el fraude político y la militarización (Honduras y México), la decadencia de la izquierda popular nacional (Costa Rica, Panamá y Perú) y la consolidación de un Estado policial enormemente militarizado (Colombia). Estas victorias electorales, sobre todo en Colombia, han convencido a Washington de que la alternativa militar, unida a la intervención y la explotación profundas de los procesos electorales abiertos, es el modo de frenar el giro a la izquierda en América Latina; sobre todo en Venezuela.
La política estadounidense hacia Venezuela: Aunar tácticas militares y electorales
Los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del Presidente Chávez adoptan muchas de las tácticas ya aplicadas contra adversarios democráticos anteriores. Entre ellas se encuentran las incursiones en las fronteras de fuerzas militares y paramilitares colombianas semejantes a los ataques transfronterizos de la «contra» financiada por Estados Unidos para debilitar al gobierno sandinista de Nicaragua en la década de 1980. La tentativa de cercar y aislar a Venezuela se asemeja a la política llevada a cabo por Washington en la segunda mitad del siglo pasado contra Cuba. La canalización de fondos hacia grupos, partidos políticos, medios de comunicación y ONG opositores a través de agencias estadounidenses y fundaciones «ficticias» es una reedición de la táctica empleada para desestabilizar al gobierno democrático de Salvador Allende en Chile entre los años 1970-1973, al de Evo Morales en Bolivia entre los años 2007-2010 y a muchos otros gobiernos de la región.
La política de Washington de acometer múltiples vías está orientada hacia una escalada de la guerra de nervios a base de intensificar incesantemente las amenazas para la seguridad. Las provocaciones militares, en parte, son una «prueba» de los dispositivos de seguridad de Venezuela concebida para sondear los puntos débiles de su defensa terrestre, aérea y marítima. Este tipo de provocaciones también forma parte de una estrategia de desgaste, cuyo objetivo es obligar al gobierno de Chávez a poner a sus tropas defensivas en «alerta» y movilizar a la población para, a continuación, reducir provisionalmente la presión hasta el próximo acto de provocación. La intención es desautorizar las alusiones constantes del gobierno venezolano a las amenazas con el fin de debilitar la vigilancia y, cuando lo permitan las circunstancias, asestar el golpe oportuno.
La acumulación militar de Washington en el exterior está concebida para intimidar a los países del Caribe y América Central que pudieran tratar de establecer relaciones económicas más estrechas con Venezuela. La demostración de fuerza también está concebida para fomentar la oposición interna a las acciones más agresivas. Al mismo tiempo, la actitud de confrontación se dirige contra los sectores «débiles» o «moderados» del gobierno chavista que están ansiosos e impacientes por la «reconciliación», aun pagando el precio de realizar concesiones sin escrúpulos a la oposición y al nuevo régimen colombiano del Presidente Santos. La presencia militar creciente está concebida para ralentizar el proceso de radicalización interna y para evitar el fortalecimiento de los lazos cada vez más estrechos de Venezuela con Oriente Próximo y otros regímenes contrarios a la hegemonía estadounidense. Washington está apostando a que una escalada militar y una guerra psicológica que vincule a Venezuela con movimientos insurgentes revolucionarios como la guerrilla colombiana desembocarán en el distanciamiento de los aliados y amigos latinoamericanos de Chávez con su régimen. Igualmente importantes son las acusaciones sin fundamento vertidas por Washington según las cuales Venezuela alberga campamentos guerrilleros de las FARC, cuya intención es presionar a Chávez para que reduzca el apoyo que presta a todos los movimientos sociales de la región, incluido el de los campesinos sin tierra de Brasil, así como las organizaciones no violentas de derechos humanos y los sindicatos de Colombia. Washington busca la «polarización» política: Estados Unidos o Chávez. Rechaza la polarización política existente hoy día que enfrenta a Washington con el MERCOSUR, la organización para la integración económica en la que junto a Venezuela participan Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en sintonía con los pertenecientes a ALBA (una estructura de integración económica en la que participan Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y algunos otros Estados caribeños).
El factor FARC
Obama y el actual ex Presidente Uribe han acusado a Venezuela de brindar un santuario para las guerrillas colombianas (las FARC y el ELN). En realidad, se trata de una argucia para presionar al Presidente Chávez para que denuncie o, como mínimo, reclame que las FARC abandonen la lucha armada con las condiciones impuestas por los regímenes estadounidense y colombiano.
Contrariamente a los alardes del Presidente Uribe y el Departamento de Estado estadounidense, según los cuales las FARC son un residuo decadente, aislado y vencido del pasado como consecuencia de otras campañas contrainsurgentes victoriosas, un estudio de campo minucioso realizado por un investigador colombiano, La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC, demuestra que en los dos últimos años la guerrilla han consolidado su influencia en más de un tercio del país, y que el régimen de Bogotá controla solo la mitad del país. Después de sufrir derrotas importantes en 2008, las FARC y el ELN han avanzado de forma sostenida durante los años 2009 y 2010 causando más de 1.300 bajas militares el año pasado y, seguramente, casi el doble este año (La Jornada, 8 de junio de 2010). El resurgir y el avance de las FARC revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la campaña militar de Washington contra Venezuela. También reflejan la posición de su «aliado estratégico»: el régimen de Santos. En primer lugar, demuestran que, pese a los más de 6.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense a Colombia, su campaña contra la insurgencia para «exterminar» a las FARC ha fracasado. En segundo lugar, la ofensiva de las FARC abre un «segundo frente» en Colombia, lo que debilita toda tentativa de emprender la invasión de Venezuela utilizando Colombia como «trampolín». En tercer lugar, ante una lucha de clases interna cada vez más intensa, es probable que el nuevo Presidente Santos trate de aliviar las tensiones con Venezuela con la esperanza de reubicar tropas destacadas en la frontera con su vecino para destinarlas a la lucha con la creciente insurgencia guerrillera. En cierto sentido, a pesar de los recelos de Chávez contra la guerrillas y los llamamientos expresos para poner fin a la lucha guerrillera, el resurgir de los movimientos armados seguramente es un factor fundamental para debilitar las perspectivas de una intervención encabezada por Estados Unidos.
Conclusión
La política de múltiples vías de Washington encaminada a desestabilizar al gobierno venezolano ha sido contraproducente en general, ha sufrido fracasos importantes y cosechado pocos éxitos.
La línea dura contra Venezuela no ha conseguido «recabar» ningún apoyo en los principales países de América Latina, con la excepción de Colombia. Ha aislado a Washington, no a Caracas. Las amenazas militares quizá hayan radicalizado las medidas socioeconómicas adoptadas por Chávez, no las han moderado. Las amenazas y acusaciones procedentes de Colombia han fortalecido la cohesión interna en Venezuela, excepto en el núcleo duro de los grupos de oposición. También han llevado a Venezuela a mejorar sus servicios de inteligencia, policía y operaciones militares. Las provocaciones de Colombia han supuesto una ruptura de relaciones y un descenso del 80 por ciento del comercio transfronterizo multimillonario, dejando en la quiebra a infinidad de empresas colombianas, a las que Venezuela sustituye con importaciones agrarias e industriales procedentes de Brasil y Argentina. Los efectos de las medidas para intensificar la tensión y la «guerra de desgaste» son difíciles de ponderar, sobre todo en términos del impacto que hayan podido causar sobre las próximas elecciones legislativas del 26 de septiembre de 2010, de crucial importancia. Sin duda, el fracaso de Venezuela a la hora de regular y controlar la afluencia multimillonaria de fondos estadounidenses hacia sus socios venezolanos en el interior han causado un impacto importante en su capacidad organizativa. No cabe duda de que el empeoramiento de la economía se ha dejado sentir en la restricción de gasto público para nuevos programas sociales. Asimismo, la incompetencia y la corrupción de varios altos cargos chavistas, sobre todo en el ámbito de la distribución pública de alimentos, en la vivienda y en la seguridad, tendrán consecuencias electorales.
Es probable que estos factores «internos» influyan mucho más a la hora de dar forma a la distribución del voto en Venezuela que la política de confrontación agresiva adoptada por Washington. Sin embargo, si la oposición pro-estadounidense aumenta de forma sustancial su presencia legislativa en las elecciones del 26 de septiembre (hasta superar un tercio de los miembros del Congreso), tratará de bloquear los cambios sociales y las políticas de estímulo económico. Estados Unidos redoblará sus esfuerzos para presionar a Venezuela con el fin de que desvíe recursos hacia asuntos de seguridad con el fin de mermar los gastos socioeconómicos que sustentan el apoyo del 60 por ciento más pobre de la población venezolana.
Hasta el momento, la política de la Casa Blanca basada en una mayor militarización y prácticamente ninguna iniciativa económica novedosa ha sido un fracaso. Ha animado a los países latinoamericanos más extensos a acrecentar su integración económica, como atestiguan los nuevos acuerdos aduaneros y arancelarios adoptados en la reunión de MERCOSUR de principios de agosto de este año. No ha supuesto la disminución de las hostilidades entre Estados Unidos y los países de ALBA. No ha aumentado la influencia de Estados Unidos. En cambio, América Latina ha avanzado en la consolidación de una organización política regional nueva, UNASUR (que excluye a Estados Unidos), bajando de categoría a la Organización de Estados Americanos, a la que Estados Unidos emplea para impulsar sus planes. Las únicas luces que brillan a lo lejos, por ironías del destino, proceden de los procesos electorales internos. El candidato derechista José Serra está realizando una carrera firme para las próximas elecciones presidenciales brasileñas. En Argentina, Paraguay y Bolivia, la derecha pro-estadounidense se está reagrupando con la esperanza de regresar al poder.
Lo que Washington no logra comprender es que en todo el espectro político que comprende desde la izquierda hasta el centro-derecha, a los dirigentes políticos les espanta el impulso y el fomento estadounidense de la alternativa militar, y se oponen a que constituya el elemento central de la política. Prácticamente todos los líderes políticos tienen recuerdos desagradables del exilio y la persecución del ciclo anterior de regímenes militares respaldados por Estados Unidos. El autoproclamado alcance territorial del Ejército estadounidense, que opera desde sus siete bases en Colombia, ha ensanchado la brecha existente entre los regímenes democráticos centristas y de centro izquierda y la Casa Blanca de Obama. En otras palabras: América Latina percibe la agresión militar estadounidense hacia Venezuela como un «primer paso» en dirección sur para llegar también a sus países. Junto al impulso hacia una mayor independencia política y la diversificación de los mercados, eso ha debilitado las tentativas diplomáticas y políticas de Washington de aislar a Venezuela.
El nuevo Presidente Santos de Colombia, hecho con el mismo molde derechista de su predecesor Álvaro Uribe, se enfrenta a un dilema espinoso: continuar siendo un instrumento de confrontación militar y desestabilización estadounidense de Venezuela a costa de varios miles de millones de dólares en pérdidas comerciales y aislamiento del resto de América Latina, o aliviar las tensiones e incursiones fronterizas desembarazándose de la retórica de la provocación y normalizando las relaciones con Venezuela. Si sucede esto último, Estados Unidos perderá la última herramienta de su estrategia exterior de alimentar las «tensiones» y la guerra psicológica. A Washington le quedarán dos opciones: una intervención militar directa y unilateral o financiar una guerra política a través de sus colaboradores en el interior del país.
Mientras tanto, el Presidente Chávez y sus partidarios harían bien en concentrarse en sacar a la economía de la recesión, aplacar la corrupción del Estado y la ineficacia monumental y capacitar a los consejos comunitarios y fabriles para que desempeñen un papel más relevante en todos los aspectos, desde el incremento de la productividad hasta la seguridad pública. En última instancia, la seguridad de Venezuela a largo plazo frente a los tentáculos largos y penetrantes del imperio estadounidense depende de la fuerza de la organización de las agrupaciones de masas que sustentan el gobierno de Chávez.
Qué contentos están en Melilla
MANOLO MARTÍN
Y es que después de tanto años sin haber aparecido por allí, reciben la visita nada menos que del nuevo defensor del pueblo español, el insigne D. José María Aznar.
Erigido como guerrero del antifaz en la cruzada contra las hordas moras, fiel defensor del reino y adalid justiciero de sarracenos, nuevo Torquemada de los no creyentes, valedor de Santiago apostol y cierra España, último baluarte y vigía de occidente, marqués de Perejil y grande de España por la gracia de Dios, castigador de sociatas abandonadores y tahur de casino barato.
Se presenta en Melilla para remover la turbiedad de los fondajos promovida y provocada por 4 activistas que han logrado poner en marcha a la diplomacia española a altos niveles y meter un dedo en el ojo del delicado tema de nuestras relaciones con el vecino reino alauí. Y se presenta como si aún detentara puesto en el silloncito que tanta fama le dió para escarnio de los que se mueven en las sombras de las relaciones exteriores y que si trabajan sin chupar cámara a base de ínfulas publicitario-políticas como hace el presidente de las FAES, que conocedor de estos temas, necesita sus dos horas de gloria para no ser olvidado por el ingrato pueblo que lo alzó a los altares del mandato.
Lo propio hubiese sido viajar a Rabat como hizo Zapatero durante aquella olvidada crisis diplomática que tuvo el por aquel entonces gobierno del regidor de las Españas y entrevistarse con Mohamed V en vez de ir a echarse la cagadita a Melilla. Pero claro, hay un problema y es que en Melilla no le tiran piedras porque en Melilla cualquier cosita que pueda traducirse en ayuda es bien recibida y en Rabat el recibimiento a Aznar consistiria en una lluvia de pedradas adornadas con manojos de perejil fresco.
Pues nada, que se nos presenta este hombre en Melilla y se "acerca" a uno de los pasos fronterizos a dar todo su apoyo a las fuerzas armadas encargadas de mantener el orden en dicho lugar y jactarse de felicitarlos cuando en el territorio nacional un día si y otro también, andan cuestionando su honorabilidad (junto a los jueces) acusándolos de todo lo que se les viene a la boca por cumplir con sus labores de investigación sobre perseguir a la corrupción dentro de su partido y de la que nunca habla el sr. Aznar.
El señor Aznar en si es un arma de destrucción masiva la cual hubiésemos agradecido muchos españoles, se hubiese quedado dando clases en Washington y por ende jodiendo a los que han jodido a medio mundo.
Que las costumbres esas de ser bocazas e inoportuno, el que nace con ellas, no se despoja de las mismas ni para ir a darse un baño en la playa.
Y es que después de tanto años sin haber aparecido por allí, reciben la visita nada menos que del nuevo defensor del pueblo español, el insigne D. José María Aznar.
Erigido como guerrero del antifaz en la cruzada contra las hordas moras, fiel defensor del reino y adalid justiciero de sarracenos, nuevo Torquemada de los no creyentes, valedor de Santiago apostol y cierra España, último baluarte y vigía de occidente, marqués de Perejil y grande de España por la gracia de Dios, castigador de sociatas abandonadores y tahur de casino barato.
Se presenta en Melilla para remover la turbiedad de los fondajos promovida y provocada por 4 activistas que han logrado poner en marcha a la diplomacia española a altos niveles y meter un dedo en el ojo del delicado tema de nuestras relaciones con el vecino reino alauí. Y se presenta como si aún detentara puesto en el silloncito que tanta fama le dió para escarnio de los que se mueven en las sombras de las relaciones exteriores y que si trabajan sin chupar cámara a base de ínfulas publicitario-políticas como hace el presidente de las FAES, que conocedor de estos temas, necesita sus dos horas de gloria para no ser olvidado por el ingrato pueblo que lo alzó a los altares del mandato.
Lo propio hubiese sido viajar a Rabat como hizo Zapatero durante aquella olvidada crisis diplomática que tuvo el por aquel entonces gobierno del regidor de las Españas y entrevistarse con Mohamed V en vez de ir a echarse la cagadita a Melilla. Pero claro, hay un problema y es que en Melilla no le tiran piedras porque en Melilla cualquier cosita que pueda traducirse en ayuda es bien recibida y en Rabat el recibimiento a Aznar consistiria en una lluvia de pedradas adornadas con manojos de perejil fresco.
Pues nada, que se nos presenta este hombre en Melilla y se "acerca" a uno de los pasos fronterizos a dar todo su apoyo a las fuerzas armadas encargadas de mantener el orden en dicho lugar y jactarse de felicitarlos cuando en el territorio nacional un día si y otro también, andan cuestionando su honorabilidad (junto a los jueces) acusándolos de todo lo que se les viene a la boca por cumplir con sus labores de investigación sobre perseguir a la corrupción dentro de su partido y de la que nunca habla el sr. Aznar.
El señor Aznar en si es un arma de destrucción masiva la cual hubiésemos agradecido muchos españoles, se hubiese quedado dando clases en Washington y por ende jodiendo a los que han jodido a medio mundo.
Que las costumbres esas de ser bocazas e inoportuno, el que nace con ellas, no se despoja de las mismas ni para ir a darse un baño en la playa.
sábado, 14 de agosto de 2010
Uribe y la desestabilización en Venezuela
MARCOS ROITMAN ROSENMANN
La Jornada
Cuando se busca derribar gobiernos de izquierda la primera tarea consiste en deslegitimar y destruir sus bases sociales de apoyo, punto de inflexión para llamar al golpe de Estado o el magnicidio. La estrategia posee dos flancos, el internacional y el interno. Ambos buscan estrangular la economía, provocar descontento, crear desánimo y promover una ruptura institucional. Los movimientos se dibujan en un tablero donde cada pieza tiene un valor estratégico. Nada se deja al azar.
El actual flanco externo lo integran Estados Unidos, sus aliados de Europa Occidental, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Parlamento Europeo, la OEA, los partidos de derecha mundial, los servicios de inteligencia, delegaciones diplomáticas y mercenarios. Hoy, en este grupo, hay que sumar, tras la guerra fría, un nuevo aliado entre las fuerzas desestabilizadoras, se trata de los partidos socialdemócratas y la internacional socialista. Ellos se unen en lanzar torpedos para hundir la línea de flotación de los gobiernos populares. Así, constituyen un aliado inesperado. Autoproclamados defensores del libre mercado y protectores de las libertades individuales, son las más beligerantes. Todo lo que rebase sus convicciones, dentro de la globalización neoliberal, lo consideran un peligro para la paz mundial y la alianza de civilizaciones. Por consiguiente, no dudan en arremeter contra el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Cuba. Sus portavoces forman la avanzadilla, el supuesto "fuego amigo". En el pasado reciente, nadie hubiese comprendido un comportamiento similar si los socialdemócratas hubiesen participado de la campaña desestabilizadora para derrocar el gobierno chileno de la Unidad Popular y Salvador Allende en 1973. Hoy, sin duda, sin temor a equivocarme, estarían conspirando. Es en esta dimensión internacional donde se explica la acción del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Su quehacer forma parte de esta urdida trama en la cual se utilizan todos los argumentos, desde adjetivar el régimen como una dictadura, a su presidente como un déspota y a su territorio como un edén para el terrorismo internacional, las FARC y el ELN. Hechos suficientes para emprender y justificar sanciones. En este marco, tampoco podemos dejar fuera de juego a España. Su gobierno progresista también juega un rol desestabilizador, cuando asegura que el gobierno bolivariano presta su apoyo a ETA. Un granito más de arena para que Venezuela entre a formar parte de los denominados Estados terroristas.
Por otro lado, el flanco interno, lo integran políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores, movimientos sociales gremialistas, instituciones como la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales son la mano que mece la cuna. Portavoces y sujetos de la conspiración, su función consiste en paralizar las actividades productivas, desgastar al gobierno y boicotear cualquier política social en las áreas de salud, educación, vivienda popular o cultura. Para tal fin se valen de la política del rumor. Nada más eficiente que propagar mentiras para desacreditar. Así, se ponen en circulación noticias que hablan de enfrentamientos internos, división en las fuerzas armadas o la posible desaparición de productos de primera necesidad: azúcar, leche, harina, medicamentos; es decir, todo cuanto afecte el normal funcionamiento de la vida diaria. Es la estrategia del caos y la ingobernabilidad. Con ellas también se fortalece el campo ideológico de los conspiradores. Así, la sicosis colectiva de sectores dubitativos caen en la espiral del miedo. Asustados se dan a la tarea compulsiva de acaparar y vaciar los supermercados sin ton ni son. Esta actitud es la base del mercado negro y el desabastecimiento.
En este escenario, los medios de comunicación social, en manos de los monopolios de la información, se convierten en pieza clave. Con sus múltiples tentáculos, llegan a los lugares más apartados de la geografía nacional, acrecentando su capacidad para configurar una opinión pública adversa al gobierno popular. Son los responsables de expandir los rumores y hacerlos creíbles. Prensa, radio, televisión, agencias de noticias unen sus fuerzas. En muchos casos, la batalla para contrarrestar la avalancha, es desigual. Los empresarios de la comunicación son parte de la oligarquía dueña de la mayoría de radios, periódicos, semanarios, revistas políticas, prensa amarilla, sensacionalista y canales de televisión por cable y en abierto. Sin descanso, sus estrategas trabajan con un alto nivel de sofisticación. Producen editoriales, tribunas de opinión, encuestas y entrevistas. Y en el lado oscuro, presentan videos, conversaciones telefónicas, fotocopias, cartas y documentos ad hoc. Pocos cuestionan su veracidad. Un ejemplo para demostrar lo dicho lo representa el caso Uribe. Las pruebas aportadas son parte del paquete entregado por el Pentágono, la CIA y los servicios de inteligencia militar estadunidenses. Con ellas Álvaro Uribe emprende su cruzada y acusa al presidente Hugo Chávez de violar los derechos humanos y patrocinar el terrorismo internacional. Para hacer aún más creíble esta imputación, la estrategia hace uso de personajes que hablan de persecución política, ataques a la libertad de prensa y represión a los partidos opositores. Especialistas e intelectuales construyen un relato que reafirme las acusaciones de Uribe. Es el momento para que entren en escena los "disidentes". Bien retribuidos, se les pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los periódicos. Sus palabras buscan caricaturizar a Hugo Chávez de corrupto, megalómano y que no falte el adjetivo de caudillo populista.
Con todo el arsenal desplegado, el paso siguiente es llamar al país a luchar contra el tirano y su régimen autocrático. En este esfuerzo hay que armarse de valor, el noble objetivo de salvar a la patria impone un sacrificio, no importa que para ello se derrame un poco de sangre. Todo con tal de impedir el establecimiento del comunismo. Así se cierra la estrategia de la desestabilización, se legitima un golpe de Estado y se llama al magnicidio. Y si no funciona, siempre queda una bala en la recámara, el frente externo dará su visto bueno para una invasión preventiva.
La Jornada
Cuando se busca derribar gobiernos de izquierda la primera tarea consiste en deslegitimar y destruir sus bases sociales de apoyo, punto de inflexión para llamar al golpe de Estado o el magnicidio. La estrategia posee dos flancos, el internacional y el interno. Ambos buscan estrangular la economía, provocar descontento, crear desánimo y promover una ruptura institucional. Los movimientos se dibujan en un tablero donde cada pieza tiene un valor estratégico. Nada se deja al azar.
El actual flanco externo lo integran Estados Unidos, sus aliados de Europa Occidental, organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Parlamento Europeo, la OEA, los partidos de derecha mundial, los servicios de inteligencia, delegaciones diplomáticas y mercenarios. Hoy, en este grupo, hay que sumar, tras la guerra fría, un nuevo aliado entre las fuerzas desestabilizadoras, se trata de los partidos socialdemócratas y la internacional socialista. Ellos se unen en lanzar torpedos para hundir la línea de flotación de los gobiernos populares. Así, constituyen un aliado inesperado. Autoproclamados defensores del libre mercado y protectores de las libertades individuales, son las más beligerantes. Todo lo que rebase sus convicciones, dentro de la globalización neoliberal, lo consideran un peligro para la paz mundial y la alianza de civilizaciones. Por consiguiente, no dudan en arremeter contra el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela, Ecuador y Cuba. Sus portavoces forman la avanzadilla, el supuesto "fuego amigo". En el pasado reciente, nadie hubiese comprendido un comportamiento similar si los socialdemócratas hubiesen participado de la campaña desestabilizadora para derrocar el gobierno chileno de la Unidad Popular y Salvador Allende en 1973. Hoy, sin duda, sin temor a equivocarme, estarían conspirando. Es en esta dimensión internacional donde se explica la acción del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. Su quehacer forma parte de esta urdida trama en la cual se utilizan todos los argumentos, desde adjetivar el régimen como una dictadura, a su presidente como un déspota y a su territorio como un edén para el terrorismo internacional, las FARC y el ELN. Hechos suficientes para emprender y justificar sanciones. En este marco, tampoco podemos dejar fuera de juego a España. Su gobierno progresista también juega un rol desestabilizador, cuando asegura que el gobierno bolivariano presta su apoyo a ETA. Un granito más de arena para que Venezuela entre a formar parte de los denominados Estados terroristas.
Por otro lado, el flanco interno, lo integran políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores, movimientos sociales gremialistas, instituciones como la Iglesia católica y las organizaciones no gubernamentales son la mano que mece la cuna. Portavoces y sujetos de la conspiración, su función consiste en paralizar las actividades productivas, desgastar al gobierno y boicotear cualquier política social en las áreas de salud, educación, vivienda popular o cultura. Para tal fin se valen de la política del rumor. Nada más eficiente que propagar mentiras para desacreditar. Así, se ponen en circulación noticias que hablan de enfrentamientos internos, división en las fuerzas armadas o la posible desaparición de productos de primera necesidad: azúcar, leche, harina, medicamentos; es decir, todo cuanto afecte el normal funcionamiento de la vida diaria. Es la estrategia del caos y la ingobernabilidad. Con ellas también se fortalece el campo ideológico de los conspiradores. Así, la sicosis colectiva de sectores dubitativos caen en la espiral del miedo. Asustados se dan a la tarea compulsiva de acaparar y vaciar los supermercados sin ton ni son. Esta actitud es la base del mercado negro y el desabastecimiento.
En este escenario, los medios de comunicación social, en manos de los monopolios de la información, se convierten en pieza clave. Con sus múltiples tentáculos, llegan a los lugares más apartados de la geografía nacional, acrecentando su capacidad para configurar una opinión pública adversa al gobierno popular. Son los responsables de expandir los rumores y hacerlos creíbles. Prensa, radio, televisión, agencias de noticias unen sus fuerzas. En muchos casos, la batalla para contrarrestar la avalancha, es desigual. Los empresarios de la comunicación son parte de la oligarquía dueña de la mayoría de radios, periódicos, semanarios, revistas políticas, prensa amarilla, sensacionalista y canales de televisión por cable y en abierto. Sin descanso, sus estrategas trabajan con un alto nivel de sofisticación. Producen editoriales, tribunas de opinión, encuestas y entrevistas. Y en el lado oscuro, presentan videos, conversaciones telefónicas, fotocopias, cartas y documentos ad hoc. Pocos cuestionan su veracidad. Un ejemplo para demostrar lo dicho lo representa el caso Uribe. Las pruebas aportadas son parte del paquete entregado por el Pentágono, la CIA y los servicios de inteligencia militar estadunidenses. Con ellas Álvaro Uribe emprende su cruzada y acusa al presidente Hugo Chávez de violar los derechos humanos y patrocinar el terrorismo internacional. Para hacer aún más creíble esta imputación, la estrategia hace uso de personajes que hablan de persecución política, ataques a la libertad de prensa y represión a los partidos opositores. Especialistas e intelectuales construyen un relato que reafirme las acusaciones de Uribe. Es el momento para que entren en escena los "disidentes". Bien retribuidos, se les pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los periódicos. Sus palabras buscan caricaturizar a Hugo Chávez de corrupto, megalómano y que no falte el adjetivo de caudillo populista.
Con todo el arsenal desplegado, el paso siguiente es llamar al país a luchar contra el tirano y su régimen autocrático. En este esfuerzo hay que armarse de valor, el noble objetivo de salvar a la patria impone un sacrificio, no importa que para ello se derrame un poco de sangre. Todo con tal de impedir el establecimiento del comunismo. Así se cierra la estrategia de la desestabilización, se legitima un golpe de Estado y se llama al magnicidio. Y si no funciona, siempre queda una bala en la recámara, el frente externo dará su visto bueno para una invasión preventiva.
Bofetada del Constitucional a Camps
MANUEL RICO
Público
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que ampara a cuatro diputados de la oposición en Les Corts Valencianes, a quienes la mayoría del PP en esa Cámara impidió presentar 29 preguntas sobre la gestión del Gobierno de Camps, entre ellas varias relacionadas con el caso Gürtel. El alto tribunal considera que se “ha vulnerado el derecho fundamental” de los diputados a la participación política en condiciones de igualdad y obliga a Les Corts a tramitar las preguntas censuradas por el PP.
La sentencia del TC es una enorme bofetada democrática en la cara de Francisco Camps. Otra más. Si estuviéramos hablando de un escenario político normal, el escándalo en el País Valencià tendría que ser mayúsculo, porque uno de los rasgos de un régimen autoritario es precisamente anular al Poder Legislativo y subordinarlo a los intereses del Poder Ejecutivo.
Pero no estamos ante un escenario normal. A un presidente como Camps que considera “amiguito del alma” a un corrupto apodado El Bigotes, que se viste con los trajes regalados por una trama de presuntos delincuentes y que recurre a un juez “más que amigo” para que lo absuelva de sus fechorías, a un político con ese expediente probablemente le da igual que el Constitucional lo acuse de violar los derechos de los diputados. Claro que tampoco parece importar demasiado el asunto a la dirección nacional del PP, ya que tras el varapalo del TC nadie del equipo de Rajoy ha salido a pedir disculpas a los ciudadanos y a anunciar que alguien como Camps no los representa. ¿O sí?
Público
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en la que ampara a cuatro diputados de la oposición en Les Corts Valencianes, a quienes la mayoría del PP en esa Cámara impidió presentar 29 preguntas sobre la gestión del Gobierno de Camps, entre ellas varias relacionadas con el caso Gürtel. El alto tribunal considera que se “ha vulnerado el derecho fundamental” de los diputados a la participación política en condiciones de igualdad y obliga a Les Corts a tramitar las preguntas censuradas por el PP.
La sentencia del TC es una enorme bofetada democrática en la cara de Francisco Camps. Otra más. Si estuviéramos hablando de un escenario político normal, el escándalo en el País Valencià tendría que ser mayúsculo, porque uno de los rasgos de un régimen autoritario es precisamente anular al Poder Legislativo y subordinarlo a los intereses del Poder Ejecutivo.
Pero no estamos ante un escenario normal. A un presidente como Camps que considera “amiguito del alma” a un corrupto apodado El Bigotes, que se viste con los trajes regalados por una trama de presuntos delincuentes y que recurre a un juez “más que amigo” para que lo absuelva de sus fechorías, a un político con ese expediente probablemente le da igual que el Constitucional lo acuse de violar los derechos de los diputados. Claro que tampoco parece importar demasiado el asunto a la dirección nacional del PP, ya que tras el varapalo del TC nadie del equipo de Rajoy ha salido a pedir disculpas a los ciudadanos y a anunciar que alguien como Camps no los representa. ¿O sí?
viernes, 13 de agosto de 2010
Los cerebros de Aguirre
MANUEL RICO
Público
Empecemos por los hechos. Los documentos de la trama Gürtel prueban que el PP de Madrid utilizó una fundación, llamada Fundescam, para financiar irregularmente las dos campañas autonómicas de Esperanza Aguirre en 2003. Parte de los fondos de dicha fundación se recaudaron entre conocidos empresarios, que luego recibieron cuantiosas adjudicaciones del Gobierno del PP.
Pues bien, ante estos hechos, los principales cerebros del PP de Madrid han ideado la siguiente estrategia de defensa: Esperanza Aguirre nada tiene que ver con la financiación ilegal de las campañas que llevaron a Esperanza Aguirre a la Presidencia de Madrid ni con la circunstancia de que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicase contratos millonarios a los empresarios que entregaron fondos a la fundación que pagó irregularmente gastos electorales de Esperanza Aguirre.
¿Y cómo sostienen esos cerebros principales su brillante tesis? Pues alegan que el presidente del PP de Madrid en 2003 era Pío García-Escudero. “Que pregunten a Pío, Pío, Pío”, respondió Aguirre cuando le preguntaron por las irregularidades, con una actitud que deja muy clara su estatura moral, al culpar de los hechos a uno de los compañeros de partido que más trabajó para que ella ganara las elecciones.
Claro que los cerebros del PP de Madrid olvidan que las campañas financiadas irregularmente fueron las de Aguirre, que Aguirre presidió luego Fundescam y ocultó las irregularidades, que Aguirre adjudicó contratos a los financiadores de Fundescam y que tras conocerse el escándalo Aguirre nada ha hecho para aclarar este caso de corrupción.
Público
Empecemos por los hechos. Los documentos de la trama Gürtel prueban que el PP de Madrid utilizó una fundación, llamada Fundescam, para financiar irregularmente las dos campañas autonómicas de Esperanza Aguirre en 2003. Parte de los fondos de dicha fundación se recaudaron entre conocidos empresarios, que luego recibieron cuantiosas adjudicaciones del Gobierno del PP.
Pues bien, ante estos hechos, los principales cerebros del PP de Madrid han ideado la siguiente estrategia de defensa: Esperanza Aguirre nada tiene que ver con la financiación ilegal de las campañas que llevaron a Esperanza Aguirre a la Presidencia de Madrid ni con la circunstancia de que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicase contratos millonarios a los empresarios que entregaron fondos a la fundación que pagó irregularmente gastos electorales de Esperanza Aguirre.
¿Y cómo sostienen esos cerebros principales su brillante tesis? Pues alegan que el presidente del PP de Madrid en 2003 era Pío García-Escudero. “Que pregunten a Pío, Pío, Pío”, respondió Aguirre cuando le preguntaron por las irregularidades, con una actitud que deja muy clara su estatura moral, al culpar de los hechos a uno de los compañeros de partido que más trabajó para que ella ganara las elecciones.
Claro que los cerebros del PP de Madrid olvidan que las campañas financiadas irregularmente fueron las de Aguirre, que Aguirre presidió luego Fundescam y ocultó las irregularidades, que Aguirre adjudicó contratos a los financiadores de Fundescam y que tras conocerse el escándalo Aguirre nada ha hecho para aclarar este caso de corrupción.
lunes, 9 de agosto de 2010
Ecos de Vietnam en la guerra de Afganistán
NOAM CHOMSKY
Público
The War Logs –un archivo de documentos militares clasificados que abarcan seis años de la guerra de Afganistán, subidos a Internet por la organización Wikileaks– relatan la enconada lucha, cada día más encarnizada, desde la perspectiva de Estados Unidos. Para los afganos, se trata de un horror creciente.
Aunque son valiosos, The War Logs puede contribuir a alimentar la desafortunada creencia de que las guerras son un error sólo si no son exitosas –algo parecido a lo que los nazis sintieron después de Stalingrado–.
El mes pasado asistimos al bochornoso retiro del general Stanley A. McChrystal, reemplazado como comandante de las fuerzas de EEUU en Afganistán por su superior, el general David H. Petraeus.
Una consecuencia probable de ello será el relajamiento de las normas de combate, de manera que matar civiles resulte más fácil, y una prolongación de la duración de la guerra a medida que Petraeus emplee su influencia en el Congreso para lograr este resultado.
Afganistán es la principal guerra en curso del presidente Obama. La meta oficial es protegernos de Al Qaeda, una organización virtual sin base específica –una “red de redes” y una “resistencia sin líderes”, como se denomina en la literatura profesional–. Ahora, aún más que antes, Al Qaeda consiste en facciones relativamente independientes y asociadas laxamente alrededor del mundo.
La CIA calcula que puede haber entre 50 y 100 activistas de Al Qaeda en Afganistán, y nada indica que los talibanes deseen repetir el error de ofrecer refugio a Al Qaeda. Al parecer, los talibanes están bien establecidos en su vasto y arduo territorio, una gran parte de los territorios pastún.
En febrero, en el primer ejercicio de la nueva estrategia de Obama, los marines estadounidenses conquistaron Marja, un distrito menor de la provincia de Helmand, principal centro de la insurgencia. Una vez allí, según informó Richard A. Oppel Jr., de The New York Times, “Los marines se han encontrado con una identidad talibán tan dominante que parece una organización política en un pueblo de partido único, con una influencia que abarca a todos…”.
“Tenemos que reevaluar nuestra definición de la palabra enemigo”, afirma el general Larry Nicholson, comandante de la brigada expedicionaria de marines en la provincia de Helmand. “Aquí, la mayoría de la gente se identifica como talibán… Tenemos que reajustar nuestra manera de pensar de forma que no tratemos de expulsar a los talibanes de Marja, sino a los verdaderos enemigos”.
Los marines se están enfrentando a un problema que siempre ha acosado a los conquistadores, y que es muy familiar para EEUU desde Vietnam. En 1969, Douglas Pike, experto en Vietnam del Gobierno de EEUU, se lamentaba de que el enemigo –el Frente de Liberación Nacional (FLN)– “era el único partido político con una adhesión generalizada en Vietnam del Sur’’.
Según reconoció Pike, cualquier esfuerzo por competir políticamente con ese enemigo sería como afrontar un conflicto entre una sardina y una ballena. En consecuencia, debíamos superar la fuerza política del FLN recurriendo a nuestra ventaja comparativa, la violencia, con resultados terribles.
Otros se han enfrentado a problemas similares: por ejemplo, los rusos en Afganistán durante los años ochenta, cuando ganaron todas las batallas pero perdieron la guerra.
Sobre otra invasión estadounidense –Filipinas, en 1989– Bruce Cumings, historiador especializado en Asia de la Universidad de Chicago, hizo una observación aplicable hoy a la situación de Afganistán: “Cuando un marino ve que su ruta es desastrosa cambia de rumbo, pero los ejércitos imperiales hunden sus botas en arenas movedizas y siguen marchando, aunque sea en círculos, mientras los políticos adornan el libro de frases de los ideales estadounidenses”.
Después del triunfo de Marja, se esperaba que las fuerzas lideradas por EEUU atacaran la importante ciudad de Kandahar, donde, según una encuesta del ejército estadounidense, la operación militar es rechazada por el 95% de la población y cinco de cada seis consideran a los talibanes como “nuestros hermanos afganos” –una vez más, ecos de conquistas previas–. Los planes sobre Kandahar fueron postergados, en parte debido a la salida de McChristal.
Dadas estas circunstancias, no es de extrañar que las autoridades de EEUU estén preocupadas porque el apoyo popular a la guerra en Afganistán se erosione aún más.
El pasado mayo, Wikileaks dio a conocer un informe de la CIA sobre cómo mantener el apoyo de Europa a la guerra: el subtítulo decía: “Por qué contar con la apatía quizá no sea suficiente”.
Según señala dicho informe, “El perfil bajo de la misión de Afganistán ha permitido a los líderes franceses y alemanes desoír la oposición popular y aumentar gradualmente su contribución de tropas a la Fuerza de Asistencia a la Seguridad Internacional (ISAF)”. “Berlín y París se mantienen en tercer y cuarto puesto en número de tropas de la ISAF, pese a la oposición del 80% de los encuestados alemanes y franceses a mayores envíos de fuerzas”. Es necesario, en consecuencia, “disimular los mensajes” para “impedir, o al menos contener, una reacción negativa”.
Este informe debe recordarnos que los Estados tienen un enemigo interno: su propia población, que debe ser controlada cuando la política estatal encuentra oposición entre el pueblo. Las sociedades democráticas no dependen de la fuerza sino de la propaganda, manipulando el consenso mediante “una ilusión necesaria” y una “sobresimplificación emocionalmente poderosa”, por citar al filósofo favorito de Obama, Reinhold Niebuhr.
Así que la batalla para controlar al enemigo interno sigue siendo altamente pertinente. De hecho, el futuro de la guerra en Afganistán puede depender de ella.
Público
The War Logs –un archivo de documentos militares clasificados que abarcan seis años de la guerra de Afganistán, subidos a Internet por la organización Wikileaks– relatan la enconada lucha, cada día más encarnizada, desde la perspectiva de Estados Unidos. Para los afganos, se trata de un horror creciente.
Aunque son valiosos, The War Logs puede contribuir a alimentar la desafortunada creencia de que las guerras son un error sólo si no son exitosas –algo parecido a lo que los nazis sintieron después de Stalingrado–.
El mes pasado asistimos al bochornoso retiro del general Stanley A. McChrystal, reemplazado como comandante de las fuerzas de EEUU en Afganistán por su superior, el general David H. Petraeus.
Una consecuencia probable de ello será el relajamiento de las normas de combate, de manera que matar civiles resulte más fácil, y una prolongación de la duración de la guerra a medida que Petraeus emplee su influencia en el Congreso para lograr este resultado.
Afganistán es la principal guerra en curso del presidente Obama. La meta oficial es protegernos de Al Qaeda, una organización virtual sin base específica –una “red de redes” y una “resistencia sin líderes”, como se denomina en la literatura profesional–. Ahora, aún más que antes, Al Qaeda consiste en facciones relativamente independientes y asociadas laxamente alrededor del mundo.
La CIA calcula que puede haber entre 50 y 100 activistas de Al Qaeda en Afganistán, y nada indica que los talibanes deseen repetir el error de ofrecer refugio a Al Qaeda. Al parecer, los talibanes están bien establecidos en su vasto y arduo territorio, una gran parte de los territorios pastún.
En febrero, en el primer ejercicio de la nueva estrategia de Obama, los marines estadounidenses conquistaron Marja, un distrito menor de la provincia de Helmand, principal centro de la insurgencia. Una vez allí, según informó Richard A. Oppel Jr., de The New York Times, “Los marines se han encontrado con una identidad talibán tan dominante que parece una organización política en un pueblo de partido único, con una influencia que abarca a todos…”.
“Tenemos que reevaluar nuestra definición de la palabra enemigo”, afirma el general Larry Nicholson, comandante de la brigada expedicionaria de marines en la provincia de Helmand. “Aquí, la mayoría de la gente se identifica como talibán… Tenemos que reajustar nuestra manera de pensar de forma que no tratemos de expulsar a los talibanes de Marja, sino a los verdaderos enemigos”.
Los marines se están enfrentando a un problema que siempre ha acosado a los conquistadores, y que es muy familiar para EEUU desde Vietnam. En 1969, Douglas Pike, experto en Vietnam del Gobierno de EEUU, se lamentaba de que el enemigo –el Frente de Liberación Nacional (FLN)– “era el único partido político con una adhesión generalizada en Vietnam del Sur’’.
Según reconoció Pike, cualquier esfuerzo por competir políticamente con ese enemigo sería como afrontar un conflicto entre una sardina y una ballena. En consecuencia, debíamos superar la fuerza política del FLN recurriendo a nuestra ventaja comparativa, la violencia, con resultados terribles.
Otros se han enfrentado a problemas similares: por ejemplo, los rusos en Afganistán durante los años ochenta, cuando ganaron todas las batallas pero perdieron la guerra.
Sobre otra invasión estadounidense –Filipinas, en 1989– Bruce Cumings, historiador especializado en Asia de la Universidad de Chicago, hizo una observación aplicable hoy a la situación de Afganistán: “Cuando un marino ve que su ruta es desastrosa cambia de rumbo, pero los ejércitos imperiales hunden sus botas en arenas movedizas y siguen marchando, aunque sea en círculos, mientras los políticos adornan el libro de frases de los ideales estadounidenses”.
Después del triunfo de Marja, se esperaba que las fuerzas lideradas por EEUU atacaran la importante ciudad de Kandahar, donde, según una encuesta del ejército estadounidense, la operación militar es rechazada por el 95% de la población y cinco de cada seis consideran a los talibanes como “nuestros hermanos afganos” –una vez más, ecos de conquistas previas–. Los planes sobre Kandahar fueron postergados, en parte debido a la salida de McChristal.
Dadas estas circunstancias, no es de extrañar que las autoridades de EEUU estén preocupadas porque el apoyo popular a la guerra en Afganistán se erosione aún más.
El pasado mayo, Wikileaks dio a conocer un informe de la CIA sobre cómo mantener el apoyo de Europa a la guerra: el subtítulo decía: “Por qué contar con la apatía quizá no sea suficiente”.
Según señala dicho informe, “El perfil bajo de la misión de Afganistán ha permitido a los líderes franceses y alemanes desoír la oposición popular y aumentar gradualmente su contribución de tropas a la Fuerza de Asistencia a la Seguridad Internacional (ISAF)”. “Berlín y París se mantienen en tercer y cuarto puesto en número de tropas de la ISAF, pese a la oposición del 80% de los encuestados alemanes y franceses a mayores envíos de fuerzas”. Es necesario, en consecuencia, “disimular los mensajes” para “impedir, o al menos contener, una reacción negativa”.
Este informe debe recordarnos que los Estados tienen un enemigo interno: su propia población, que debe ser controlada cuando la política estatal encuentra oposición entre el pueblo. Las sociedades democráticas no dependen de la fuerza sino de la propaganda, manipulando el consenso mediante “una ilusión necesaria” y una “sobresimplificación emocionalmente poderosa”, por citar al filósofo favorito de Obama, Reinhold Niebuhr.
Así que la batalla para controlar al enemigo interno sigue siendo altamente pertinente. De hecho, el futuro de la guerra en Afganistán puede depender de ella.
A propósito del ex Presidente Alvaro Uribe y la Corte Penal Internacional
ENRIQUE SANTIAGO ROMERO
Rebelión
La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.
Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.
Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.
De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)
Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.
Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)
"Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)
82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).
Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).
El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.
No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.
Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).
Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?
De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.
Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.
Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.
Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.
La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".
Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.
En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.
El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.
Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.
El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".
Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.
Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:
"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:
"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".
Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:
"Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"
y 14 del estatuto:
"Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."
necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"
El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)
A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.
En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"
De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.
En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.
Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):
"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",
o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.
Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
ARTICULO I Ambito de aplicación material.
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".
Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:
"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.
En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:
El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.
Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".
Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.
(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Rebelión
La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.
Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.
Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.
De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)
Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.
Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)
"Confidencial. Septiembre 1991.
Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)
82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"
Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.
El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).
Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).
El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.
No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.
Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).
Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?
De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.
Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.
Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.
Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.
La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".
Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.
En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.
No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.
En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.
Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.
El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.
Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.
El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".
Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.
Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:
"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:
"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".
Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:
"Ejercicio de la competencia
La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"
y 14 del estatuto:
"Remisión de una situación por un Estado Parte
1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."
necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"
El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)
A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.
En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"
De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.
En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.
Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):
"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",
o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.
Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO
ARTICULO I Ambito de aplicación material.
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".
Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.
En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.
Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:
"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."
En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.
Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.
La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.
De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:
La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.
Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.
En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:
El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.
Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".
Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.
No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.
(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
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